Dos posturas mineras

Publicado en La Noticia SV

A finales de noviembre de 2024, el presidente Nayib Bukele dio a conocer en sus redes sociales su propuesta de eliminar la prohibición absoluta de la minería metálica en El Salvador, vigente desde 2017. Desde entonces, el debate ha estado en la agenda pública, emergiendo dos posturas opuestas a considerar seriamente: por una parte, el discurso ecologista ortodoxo que apoya la prohibición de toda actividad minera, debido a los impactos ambientales que produce (uso de grandes cantidades de agua, vertido de químicos nocivos, etc.); por la otra, el discurso de la minería responsable, que si bien no oculta las afectaciones medioambientales, considera que es posible minimizarlas, haciendo uso eficiente de los recursos (agua, energía) y gestionando adecuadamente los residuos tóxicos.

La tesis de la prohibición absoluta se justificó en nuestro país a partir de las prácticas mineras históricas irresponsables, especialmente en las minas de San Sebastián, en el departamento de La Unión, donde varias décadas después del cese de operaciones aún persiste un elevado nivel de contaminación del agua por mercurio, cobre y arsénico, entre otros elementos. Si esto se tiene como único parámetro, es evidente que los daños no compensan de ninguna manera los pocos beneficios económicos que supuestamente pudieron haberse obtenido en el pasado. Además de los grupos ambientalistas ya conocidos y la Iglesia Católica, a esta postura también se han sumado (como era previsible) los partidos políticos de oposición. El hecho que El Salvador sea el único país en el mundo que, por ley, se priva de explotar sus recursos mineros, se traduce en una declaratoria universal de incapacidad nacional para lidiar con el tema: mejor “cortar por lo sano”.

La tesis de la minería responsable, en cambio, tiene muchos más desafíos y complicadas ramificaciones. La viabilidad de su implementación en El Salvador pasa por consideraciones no solamente ambientales (uso de agua, gestión de desechos), sino también económicas (porcentaje de beneficios, fondos de garantía y compensación), demográficas (densidad poblacional, desplazamientos forzados), políticas (aceptación social, transparencia de la gestión), etc. Incluso con una regulación estricta en todas las áreas involucradas, aceptar o rechazar un proyecto minero dependería de las condiciones concretas que se ofrezcan y el balance final que se establezca entre riesgos y beneficios. “En los detalles está el Diablo”, reza el dicho popular; de ahí que, para prevenir sorpresas desagradables y consecuencias catastróficas, se necesita poner muchísima atención en “la letra pequeña” de cualquier licencia o contrato que pudiera convenirse con empresas mineras de gran envergadura.

A la fecha de la redacción de este artículo, los diputados/as del partido de gobierno aún no se han pronunciado sobre el tema, pero la sensación es que, al pedirlo el presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas apoyará el levantamiento de la prohibición minera. De ser así, es imprescindible entender que la gestión del tema no puede ser personal sino institucional, la cual requerirá de la convicción, concurso e integridad de todo el estado salvadoreño, con una población siempre atenta y vigilante. El reto que se vislumbra en este escenario es crear controles apropiados, con personas capaces al frente de instancias que puedan monitorear y verificar su estricto cumplimiento.

De las dos posturas expuestas, la más fácil es mantener la puerta cerrada, sin meterse a complicaciones, aunque se descarte el potencial beneficio económico que pudiera obtenerse (incluso para invertirlo en la reparación de los recursos hídricos existentes, contaminados en más del 90 por ciento). En cambio, abrir la puerta a proyectos de extracción minera es el camino difícil, por todo lo que implica en cuanto a responsabilidad ambiental y gestión de riesgos; pero también daría la posibilidad de resolver a mediano plazo problemas económicos como la deuda pública (que asciende a unos 28 mil millones de dólares, que representa más del 80 por ciento del PIB), con la consiguiente mejora de la inversión social. El dilema es si lanzarse o no, considerando riesgos y beneficios: he ahí la cuestión.

El bitcoin: una apuesta ganada

Publicado en Diario El Salvador.

Cuando El Salvador adoptó el bitcoin como moneda de curso legal, a mediados de 2021, la gran mayoría de ciudadanos jamás habían escuchado hablar de esta o cualquier otra criptomoneda. En el debate público que generó esta iniciativa, predominaron las posturas conservadoras, que iban desde la razonable cautela hasta los vaticinios de escenarios económicos catastróficos. El hecho de ser el primer país en el mundo en dar este paso dejaba flotando en el sentido común una pregunta que justificaba razonablemente las dudas: “¿por qué nadie lo había hecho antes?”

La fluctuación del valor del bitcoin en los meses posteriores pareció confirmar los temores. De cotizarse al inicio en $46,000 aproximadamente, pasó por un breve periodo de estabilidad e incluso una notable subida de valor; pero luego, diversos factores a nivel global propiciaron una ola de desconfianza durante 2022, principalmente el colapso de algunas plataformas que operaban con otros criptoactivos y las amenazas de su prohibición (como ya había ocurrido en China). Ciertamente, hubo pánico al ver que el máximo precio entonces alcanzado ($68,789 en noviembre de 2021) cayó un año después a menos de la cuarta parte de su valor: $15,500. Quienes habían pronosticado su fracaso e incluso su desaparición, parecían tener los números.

Sin embargo, el bitcoin no solo sobrevivió a la crisis, sino que comenzó a revalorizarse de manera sostenida durante 2023 y 2024, al punto de sobrepasar sus máximos históricos y ponerse actualmente a tiro de los $100,000. Varios factores económicos contribuyeron a esta recuperación (mismos que sabrán explicar los expertos), pero el hecho es que el bitcoin emergió fortalecido, demostrando ser viable y resistente a las crisis financieras, en razón de lo cual ha aumentado la confianza de los inversores institucionales. El anuncio del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de crear una reserva estratégica en bitcoin en la economía más grande del mundo, es un espaldarazo trascendental en su consolidación.

Si bien es cierto el bitcoin aún no es utilizado mayoritariamente como una moneda de cambio en el día a día, y pese a que sus márgenes de fluctuación aún son relativamente altos, su utilidad como inversión a mediano y largo plazo es cada vez más clara. Que El Salvador tenga en reserva casi 6,000 BTC, con un valor aproximado de 575 millones de dólares, habiendo en invertido en ello la mitad de esa cantidad, tiene ventajas inherentes incluso si no se capitaliza en dólares en este momento: ese monto de respaldo podría revalorizar al país como sujeto de crédito ante organismos internacionales, pudiendo obtener financiamiento para inversión pública en mejores condiciones; además, permitiría afrontar con mayor solvencia una emergencia nacional grave (que ojalá no se produzca) y hace atractivo al país para inversores tecnológicos del sector cripto.

Visto en retrospectiva y a manera de comentario condescendiente, no sería justo señalar con demasiada severidad a quienes criticaron acremente y proclamaron jubilosos la muerte del bitcoin hace apenas un par de años (aunque quien creyó en él tiene cierto derecho a espetarles el clásico “yo se los dije”; sea por conocimiento, intuición o una inusual combinación de ambos). Ciertamente, hace tres años no era descabellado ver mal al bitcoin; por el contrario: lo que resultaba osado, atrevido y riesgoso era tomar el camino de lo nuevo, como todo pionero. Sin embargo ahora, con la ventaja de conocer el pasado, lo que resulta bastante incomprensible es la necedad de quienes aún persisten en ir contra el bitcoin (ya sea con calcomanías o con argumentos alambicados) a pesar de la evidencia, acaso por el capricho personalista de no aceptar con madurez una verdad bastante clara: que el bitcoin es una apuesta que ganó el presidente Bukele.