Publicado en Diario El Salvador
La incursión militar salvadoreña en Haití, en colaboración con el Gobierno de esa nación para recuperar el territorio controlado por las pandillas, ha puesto sobre la mesa un asunto incómodo del que debe hablarse con franqueza: el fracaso del modelo de cooperación internacional a través de las organizaciones no gubernamentales y los organismos multilaterales.
Según diversas estimaciones, durante el primer cuarto del siglo XXI Haití recibió no menos de 25,000 millones de dólares en ayuda internacional, procedentes de gobiernos y fundaciones privadas y canalizados a través de distintos mecanismos, entre ellos organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales (ONG). La magnitud de estos recursos explica por qué Haití llegó a ser conocido como “el país de las oenegés”. Miles de organizaciones, financiadas por donantes supuestamente filantrópicos, han desarrollado proyectos para atender los gravísimos problemas de esa nación caribeña; sin embargo, el país continúa sumido en la pobreza, la miseria y el caos institucional, con un Estado prácticamente desmantelado y el consiguiente dominio territorial de las pandillas.
¿Cómo se explica semejante contradicción? Una parte de la respuesta está en el propio funcionamiento de muchas de estas organizaciones. Su modelo de trabajo suele basarse en la presentación de proyectos atractivos sobre el papel, para la asignación de fondos, y en el posterior envío de evidencias de su ejecución, aunque estas se limiten a fotografías y videos. Es decir, se privilegia el cumplimiento de compromisos administrativos por encima de los resultados concretos. Los donantes contratan personal u organizaciones locales para ejecutar las actividades, pero la fiscalización suele limitarse a informes producidos para la ocasión, con los cuales quienes financian los proyectos satisfacen su aspiración de sentirse bien por haber ayudado a los necesitados, pero sin haber puesto un pie en el territorio donde supuestamente se desarrolló el proyecto. Sucede que es relativamente sencillo documentar actividades y presentar resultados formalmente satisfactorios, aunque su impacto en la población sea mínimo o inexistente.
En este esquema de funcionamiento, una parte considerable de los recursos termina circulando dentro de una estructura de intermediarios, consultores y funcionarios de las propias organizaciones, con salarios elevados según los estándares de los países de origen de sus donantes. Se construye entonces un circuito que parece justificar su existencia mediante proyectos sucesivos, mientras los problemas que supuestamente pretende resolver permanecen prácticamente intactos.
A esto se suma otra dificultad estructural: la atomización de los esfuerzos. Muchos proyectos son temporales, atienden necesidades inmediatas y parecen aliviar algunos efectos de la pobreza, pero no intervienen sobre sus causas y, además, suelen ejecutarse de manera descoordinada con las instituciones del Estado. Cada organización tiene sus propios objetivos, presupuestos y prioridades, sin que necesariamente exista una estrategia común de desarrollo.
El caso haitiano debería servir de advertencia para otros países y poblaciones que depositan ingenuamente sus esperanzas en estas organizaciones, convencidos de que sus propósitos declarados y sus discursos humanitarios garantizan resultados. En El Salvador se han visto no pocos casos de organizaciones que dicen defender los derechos humanos, los derechos de las mujeres o promover el libre ejercicio del periodismo, pero que han terminado acomodándose a esquemas de financiamiento e intermediación que benefician más a sus propias estructuras que a las poblaciones que dicen representar.
El problema no es la solidaridad internacional ni la existencia de organizaciones dedicadas a causas legítimas, sino que esta ayuda muchas veces termina convirtiéndose en un negocio institucional, en el que pareciera que la permanencia de las organizaciones depende de que los problemas nunca terminen de resolverse. Haití representa una advertencia que no debería ignorarse: después de miles de millones de dólares y décadas de proyectos, no basta con preguntar cuánto dinero se ha invertido. Las preguntas decisivas son qué se ha conseguido y, sobre todo, quiénes se han beneficiado realmente.






