Datos contra fantasmas

Publicado en Diario El Salvador

Hace unos días se completó la reforma legal —constitucional y de leyes secundarias— para otorgarle a la diáspora la capacidad de elegir directamente a sus diputados para la Asamblea Legislativa. Este cambio complementa otras acciones previas, también a nivel legislativo, encaminadas a garantizarles a todos los salvadoreños el ejercicio de sus derechos políticos sin importar dónde residan, derechos que conservan en virtud de su ciudadanía.

Serán seis los representantes de los compatriotas en el exterior, sin que esto implique aumentar el número total de diputados, que se mantiene en sesenta. Esto será posible porque se le restarán cinco escaños a San Salvador y uno a La Libertad para asignarlos a la nueva circunscripción.

Ante esto, con más precipitación que análisis, las voces opositoras de siempre han aparecido con una nueva teoría conspirativa. Según ellas, la reducción de diputados en dichos departamentos —de 16 a 11 en San Salvador y de 7 a 6 en La Libertad— sería una maniobra electoral con dedicatoria, motivada por el supuesto temor de Nuevas Ideas de perder fuerza electoral en esos territorios, en los cuales la oposición asegura estar creciendo.

El problema es que esa hipótesis no tiene sustento real, pues no existe ningún indicador de ese imaginado avance opositor: ni en las encuestas, ni en las demostraciones sociales —como las mini marchas—, ni mucho menos en la percepción social fuera de sus propios círculos de autovalidación y cámaras de eco.

Pero hay algo todavía más importante: los opositores, en su hablar por hablar, ni siquiera se han tomado el tiempo de hacer el siguiente cálculo electoral básico. Para este ejercicio numérico se tomarán como referencia los datos de 2024, redondeándolos para hacerlos más comprensibles. Hace dos años, Nuevas Ideas recibió aproximadamente 828 mil votos en San Salvador, logrando 14 de los 16 diputados elegibles. De ese volumen, unos 237 mil votos provinieron de la diáspora por internet, equivalentes al 98 % del total emitido por esa vía.

Esto quiere decir que, para 2027, el partido de gobierno ya no contará con ese caudal de votos de la diáspora en San Salvador, porque ya se ha creado la nueva circunscripción para salvadoreños domiciliados en el exterior, la cual absorberá ese flujo electoral. En términos generales, y si mantiene un desempeño similar al de hace dos años, Nuevas Ideas podría rondar los 591 mil votos legislativos en la capital.

En ese escenario, dentro del vigente sistema d’Hondt con 11 diputados en disputa, la clave está en mirar el cociente necesario para superar al décimo diputado de Nuevas Ideas, que sería aproximadamente de 59 mil votos. En términos simples, los partidos Vamos y Arena tendrían que lograr cada uno más de 59 mil votos para desplazar los cocientes 10 y 11 de Nuevas Ideas y asegurarse así un escaño legislativo. Considerando que en 2024 Vamos recibió 67 mil votos y Arena 63 mil, ambos tendrían margen suficiente para entrar nuevamente en la Asamblea Legislativa. A lo anterior habría que añadir el remanente de 21 mil votos del extinto partido Nuestro Tiempo, los cuales muy probablemente irán a los mencionados partidos opositores.

Este ejercicio de proyección electoral demuestra la falsedad de la teoría conspirativa con la que la oposición anda quejándose de medio en medio y de programa en programa. No existe ningún diseño ni “maniobra desde el oficialismo” para perjudicar las aspiraciones de reelección de las actuales diputadas Ortiz y Villatoro. Sus opciones dependen enteramente de lo que ellas mismas puedan hacer o dejar de hacer, desde su actuar legislativo y su desempeño territorial, para conservar o incrementar su caudal electoral de cara a 2027, al igual que ocurre con todos los candidatos de los distintos partidos políticos en contienda. Al final, quien pone y quita es el pueblo a través de las urnas electorales… y a ese veredicto hay que someterse.

Velas que derriten fortalezas

Un día de estos, en un evento donde unos niños llevaban velas encendidas, vi algo revelador de la crianza contemporánea. Algunos papás y mamás, para evitar que una gota de cera caliente les cayera en la mano a sus criaturas, habían incrustado las velas en platos y vasos de durapax… que es un material altamente inflamable y tóxico.

Es decir: para evitar una molestia mínima y pasajera, crearon una situación de riesgo mayor, queriendo eliminar cualquier incomodidad de la infancia, aunque sea a costa del sentido común.

Los que crecimos en otras generaciones recordamos que una gotita de cera accidental era parte de la experiencia y, en ocasiones, hasta un reto de valentía. Nadie terminaba traumatizado ni hospitalizado por eso.

Ahí van a disculpar, pero veces pareciera que están criando niños incapaces de tolerar el más mínimo malestar o lidiar de manera pragmática con estas cosas, mientras los adultos pierden la capacidad de distinguir entre un riesgo real y una simple incomodidad.

La Red Soros Plus

Publicado en Diario El Salvador

A mediados de abril tuvo lugar en Barcelona, España, la Movilización Progresista Global (GPM, por sus siglas en inglés), una cumbre que reunió a líderes y organizaciones del espectro ideológico de la izquierda y el progresismo. Una de las presencias más destacadas fue la de Alexander Soros, de Open Society Foundations, quien reafirmó el compromiso financiero de su red con las causas que promueven. Esta convergencia entre magnates, activistas y mandatarios debe entenderse como la manifestación explícita y ahora pública de un frente político orientado a enfrentar el avance de los movimientos conservadores en el mundo occidental.

De un tiempo acá —en mis artículos, entrevistas y redes sociales— he venido utilizando el término Red Soros Plus para referirme a ese mismo sujeto colectivo que financia, entre otras cosas, la agenda antigobierno en El Salvador. No se trata de un hallazgo aislado: desde hace años, muchos han planteado la necesidad de reconocer la existencia de redes transnacionales de activismo, financiamiento e influencia ideológica, bajo el concepto de “globalismo”. No es una estructura jerárquica en sentido estricto, sino un ecosistema amplio en el que distintos actores coinciden en valores, diagnósticos y prioridades, y que actúan con notable sincronía en momentos clave.

El progresismo, como base ideológica de esta red, se articula alrededor de un anticapitalismo militante y la lucha contra las relaciones de supuesta opresión sobre diversas minorías. Son causas que, a primera vista, resultan atractivas —como el discurso de los derechos humanos—, pero que a menudo sirven de vehículo para la difusión de un neomarxismo sociocultural. El caso salvadoreño ha captado la atención de ese entramado especialmente en materia de criminalidad, pues los resultados obtenidos en seguridad pública desde 2019 chocan frontalmente con la visión que promueve dicha red, donde el énfasis tiende a desplazarse desde la responsabilidad individual hacia factores estructurales como la exclusión y el determinismo social. A partir de ahí, la Red Soros Plus impulsa narrativas y políticas que favorecen interpretaciones permisivas e hipergarantistas del fenómeno delictivo, con la consiguiente tendencia a justificar o defender al delincuente.

Precisamente por la ruptura —no solo discursiva y simbólica, sino práctica— que representa la estrategia de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele, la reacción de la Red Soros Plus ha sido especialmente feroz, intensa y sostenida. Las críticas no son ocasionales sino sistemáticas, para convertirse en un relato consistente que enfatiza denuncias, mientras ignora, minimiza o relativiza logros concretos en un ámbito tan sensible como la seguridad ciudadana. No es solo una discrepancia técnica, sino un choque de modelos y de concepción del orden social.

La convergencia en discursos, enfoques y validación mutua entre actores de la Red Soros Plus refuerza la idea de que operan con coherencia: desde oenegés como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, hasta medios que amplifican esas posturas —como El País y Deutsche Welle, entre otros. En este engranaje, el financiamiento cumple un papel relevante. A nivel local, organizaciones como Cristosal y medios como El Faro han recibido por años este tipo de apoyo. No siempre existe una dirección explícita ni una coordinación formal, pero la coincidencia ideológica previa facilita que los recursos fluyan como un mecanismo de amplificación, consolidando agendas y posicionamientos en distintos niveles.

Que a algunos les parezcan acertadas o equivocadas sus banderas no es el punto. Lo central es reconocer que la Red Soros Plus existe y posee capacidad de influencia, financiamiento y proyección internacional. Negarlo impide comprender el escenario real de las confrontaciones políticas e ideológicas. Dinámicas similares ya se vivieron en el país en los años 70. En estas batallas socioculturales, la ingenuidad —actuar como si se hubiera nacido ayer— se convierte en una vulnerabilidad inaceptable.

El neumólogo del desdén

A finales de los años 90, mi hijo estuvo en control médico durante cierto tiempo con un neumólogo, por un padecimiento que con los años superó satisfactoriamente. Elegimos al galeno porque formaba parte de la red de un seguro médico empresarial que, por aquel entonces, nos daba cobertura. Sus credenciales profesionales eran incuestionables; no así su actitud.

Como es habitual en los seguros médicos privados, los honorarios por consulta tenían una tarifa preferencial. La lógica es un quid pro quo: el profesional cobra un poco menos, pero gana clientes que llegan a él precisamente por ser miembro de esa red.

Con lo que no contábamos era con la discriminación constante que el tipo nos hacía en todas y cada una de las consultas. No importaba la hora a la que llegáramos a la clínica, con o sin cita: el señor siempre, siempre nos atendía de último, incluso después de que hubieran pasado consulta todos y cada uno de los pacientes que pagaban la tarifa normal. Así estuviésemos desde la mismísima madrugada, las horas y horas de espera eran su manera de decirnos que nosotros merecíamos menos de su valiosa atención profesional. Trato de limosneros.

En retrospectiva, sigo sin entender ese comportamiento tan poco ético. Si él no estaba conforme con los honorarios asignados por la red, lo procedente era salirse de ella. ¿Por qué seguir, si no? Porque permanecer para tratar a sus pacientes como personas de segunda categoría hace sospechar que algo en su autoestima debía estar muy dañado.

La caja comelona

El año pasado, en la institución educativa donde laboro, comenzó a difundirse la intención de prohibir los celulares durante la jornada académica, para este año. Personalmente, eso me generó un debate interno: encontraba razones válidas tanto a favor como en contra y no terminaba de tomar una postura clara… hasta que ocurrió algo en clase.

Aunque ya existía la indicación de no usarlos en el aula, siempre había algún estudiante que lo mantenía medio oculto. En esos casos, yo activaba “la caja comelona”: una cajita de plástico donde guardaba los teléfonos para devolverlos al finalizar la hora.

Un día, en una de esas pequeñas batallas cotidianas, la caja “ingirió” un aparatito recién descubierto. Pero lo verdaderamente llamativo fue la reacción del estudiante: un rostro de angustia y desesperación que me sorprendió. Literalmente, suplicaba que no se lo quitara. Pensé que habría algo importante… pero no: estaba jugando en línea.

Ahí entendí que el problema no era solo la distracción, sino un nivel de apego mucho más fuerte, cercano a la adicción, que yo no había dimensionado. Ese episodio terminó por inclinarme a favor de la medida de prohibir los celulares.

Este año, ya sin celulares, el ambiente en clase es más “normal”, dentro de los retos que siempre existen, especialmente desarrollar la atención y el pensamiento analítico.

Lo que no sé es si en casa están compensando el tiempo de pantalla que no tienen en el colegio. 🤔

GIPES, un informe pro pandillas

Publicado en Diario El Salvador

A mediados de marzo de este año, se conoció un documento titulado “El Salvador en la encrucijada”, elaborado por un grupo de “expertos y expertas”, conocido como GIPES, creado con la finalidad específica de producir dicho material. Pasados varios días de esa entrega, tiempo suficiente para alejarse de reacciones viscerales, es oportuno emitir una valoración ciudadana acerca de su contenido y, sobre todo, su finalidad o propósito.

La afirmación básica de los autores de dicho informe es que tienen “bases razonables para creer” que el actual gobierno salvadoreño ha cometido graves violaciones a Derechos Humanos, en el marco de la política de seguridad pública y el régimen de excepción, en magnitud tal que, según ellos, constituirían crímenes de lesa humanidad. Para sostenerlo, se basan en fuentes de un ecosistema conocido de organizaciones de la “sociedad civil” (Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario, etc.), supuestos testimonios individuales y, además, notas periodísticas de medios afines que los validan y amplifican. Todo esto lleva a pensar en un sistema de autovalidación, un circuito cerrado con características endogámicas.

Una primera lectura crítica exige no confundirse con semejante punto de partida. Una cosa es la posibilidad real de que algunos agentes del orden hayan cometido excesos y abusos —muchos ya sancionados, judicializados e incluso condenados— y otra muy distinta es presentar un escenario de violaciones sistemáticas a derechos fundamentales, como premisa para llegar a conclusiones preestablecidas y recomendaciones temerarias. Es precisamente esta última narrativa la que pone dicho informe en sospechosa consonancia con los cíclicos intentos para sabotear la política de seguridad ciudadana en El Salvador, por parte de un conocido entramado político-ideológico con fuerte financiamiento internacional.

La clave para entender el propósito último del informe del GIPES es analizar sus conceptos clave y, sobre todo, sus recomendaciones explícitas. Un primer elemento que llama la atención es que describen la guerra contra las pandillas como un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, invocando el artículo 7 del Estatuto de Roma. Literalmente, para estos “expertos y expertas” en Derechos Humanos, las pandillas han sido las víctimas y no los victimarios. ¡El mundo al revés!

A todos los 89,000 “pandilleros o percibidos como tales” los ponen en la categoría de “detenciones arbitrarias”. De acuerdo con esa definición, la única solución legal sería, necesariamente, liberarlos de inmediato, pues las autoridades no tendrían ninguna causa legal para mantenerlos presos. Ante la magnitud de esta petición, el rechazo de la ciudadanía ha sido claro, por lo que los autores del informe y sus patrocinadores han debido salir a negar que hayan pedido lo que, de hecho, sí piden. Tiran la piedra y esconden la mano.

Por si no bastara con lo antes expuesto, las recomendaciones explícitas del informe son las que merecen atención y la activación de alertas. Primero, piden quitar el régimen de excepción; es decir, la herramienta principal que ha permitido desarticular a las pandillas, nada nuevo en el discurso opositor. Pero eso no es lo único ni lo más grave. Literalmente, piden “derogar la legislación penal, procesal penal y penal juvenil complementaria a la normativa de emergencia”; o sea, plantean suprimir las herramientas legales con las que cuenta el Estado salvadoreño para enfrentar eficazmente a las estructuras criminales que tanto daño infligieron a la población durante casi tres décadas. También piden “desmilitarizar la seguridad pública”, para que la Fuerza Armada no apoye ni acompañe a la Policía Nacional Civil en patrullajes ni operativos contra la delincuencia. Y, para rematar, piden —bajo subterfugios retóricos— restituir a los magistrados de la antigua Sala de lo Constitucional, así como a los jueces del hipergarantismo. En suma, piden crear el entorno jurídico ideal para el regreso de las pandillas.

Por lo anteriormente expuesto, el informe del GIPES debe ser entendido como lo que es: un informe pro-pandillas. Habrá quienes, por agenda financiada o distorsión ideológica, traten de presentarlo como un aporte a la protección universal de los Derechos Humanos, pero la realidad es otra: su objetivo es revertir los avances logrados y que El Salvador vuelva a ser ese estado fallido que, no hace mucho, fue: una democracia de fachada que nos costó más de 100,000 víctimas mortales y sufrimientos inenarrables.

El Vía Crucis salvadoreño de 30 años

En retrospectiva, puede afirmarse que el pueblo salvadoreño sufrió un auténtico Vía Crucis durante los 30 años de la posguerra, a causa de las pandillas y el terrorismo (periodo 1992-2022). No fueron 14 sino miles de estaciones que podría convocar la memoria para tener presente ese dolor histórico, como garantía para nunca volver a dicho pasado oprobioso, con más de 100,000 víctimas mortales y una secuela de horror indescriptible.

Las estaciones aquí enumeradas no pretenden ser exhaustivas. Han sido seleccionadas desde el recuerdo personal, por su simbolismo y su relevancia. Ojalá ahora, cuando ya se superó esa etapa de horror, aquellos que pretenden enarbolar falsas e hipócritas banderas se tomaran un tiempo para revisar estos símbolos.

Estación 1
1992, instalación y expansión de pandillas, como estructuras organizadas por deportados desde EE. UU.

Estación 2
2000, normalización de asesinatos de transportistas, por no pagar “renta” (extorsión).

Estación 3
2001, secuestro del niño Gerardo Villeda y posterior asesinato durante enfrentamiento de delincuentes con PNC.

Estación 4
2003, plan demagógico Mano Dura, de Paco Flores, fracasa por descoordinación entre órganos e instituciones del Estado y empeora la situación de violencia.

Estación 5
2006, Mario Belloso (Brigada Limón, FMLN) asesina a dos policías, a sangre fría y con arma de guerra.

Estación 6
2009, pandilleros asesinan a su propio documentalista, el franco-español Christian Poveda.

Estación 7
2010, pandilla 18-R incendia microbús en Mejicanos: 17 personas, incluidos niños, mueren calcinadas o por disparos mientras intentaban huir.

Estación 8
2011, periódico El Faro lanza “La Sala Negra”, crónica de crímenes pandilleriles con fascinación y estilo literario, dándoles espacio para vanagloriarse de sus retorcidas hazañas.

Estación 9
2012, pacto del gobierno de Mauricio Funes con pandillas, que al final deriva en fortalecimiento de estas estructuras.

Estación 10
2014, ARENA y FMLN negocian con pandillas apoyo electoral presidencial.

Estación 11
2015, pandillas profundizan táctica de asesinar policías y familiares, más de 60 solo ese año.

Estación 12
2015, El Salvador alcanza 106 homicidios por cada 100,000 habitantes, máximo mundial.

Estación 13
2016, pandillas masacran a 11 trabajadores en San Juan Opico, con extrema crueldad y espontaneidad.

Estación 14
2022, en un fin de semana de marzo, pandillas asesinan al azar a 87 personas, último intento por presionar y someter al gobierno.

¡Nunca, nunca volveremos a esto!

Que así sea.

Salarrué, la botija y CrediCash

La relectura del cuento de Salarrué, "La botija", en el contexto de la estafa piramidal de CrediCash (Chalatenango), me recuerda la ilusión heredada a la que los seres humanos nos aferramos: el dinero fácil, el palito de pisto, la fortuna enterrada que aparece por casualidad.

En esto no hay mayores diferencias entre legos e ilustrados. Recordemos que muchos de los estafados por Finsepro-Insepro, hace tres décadas, tenían estatus e incluso títulos universitarios. El problema es otro: se llama ingenuidad, ilusión, quimera, autoengaño. Y, claro, siempre hay un "testimonio" de alguien a quien sí le funcionó (Bashuto “vio” botijas y a don Pepe "sí le pagaron" sus intereses imposibles).

La diferencia es que, en el cuento, José Pashaca termina levantando una fortuna a base de trabajo mientras busca botijas imaginarias; mientras que, en el Chalate real, mucha gente va a quedar pelada y buscando a quién echarle la culpa.

El ajedrez y yo

Desde hace medio siglo, el ajedrez ha sido parte importante de mi vida. Empezó como un vínculo familiar y luego se transformó en un pasatiempo interminable. Recuerdo muchísimas horas tranquilas frente al tablero, entretenido, concentrado, compartiendo partidas con personas cercanas, sin saber mucho de teoría y basándonos apenas en una escueta enciclopedia.

Con el tiempo, el ajedrez se convirtió también en una prueba personal. Quise demostrarme que podía hacerlo bien en un deporte que es, en esencia, profundamente mental. Tuve mi etapa de competencia formal. Participé en las distintas categorías oficiales y, aunque nunca fui una figura extraordinaria, llegué a mostrar cierta valía. No fui un rival fácil e incluso guardo una pequeña colección de triunfos que me dieron satisfacciones personales.

Aquella etapa me exigió muchas horas de preparación, estudio y análisis. Mirando hacia atrás, a veces pienso que parte de ese tiempo lo robé a mis seres queridos, pero viéndolos hoy en su plenitud creo que no fue tan grave y salimos relativamente indemnes.

Más adelante, tuve la oportunidad de descubrir talentos infanto-juveniles y darles un primer impulso para que continuaran su formación. Algunos de esos chicos y chicas llegaron, con el tiempo, a obtener títulos importantes. Naturalmente, los méritos son de ellos, pero no deja de producir cierta satisfacción pensar que uno contribuyó en algo a esos logros.

Una de las lecciones más valiosas que me dejó el ajedrez es que toda decisión tiene consecuencias. En el tablero, como en la vida, hay momentos en que es imposible calcular todas las implicaciones de una jugada, pero aun así uno debe intentar hacerlo lo mejor posible. Esa conciencia genera también una cierta responsabilidad frente a las decisiones. El juego-ciencia también contribuyó a fortalecer en mí la concentración, la constancia y la perseverancia.

Hoy tengo casi 59 años y llevo casi veinte sin jugar una partida oficial presencial en modalidad clásica. Muy ocasionalmente participo en alguna competición rápida, en línea o presencial, y de vez en cuando juego simultáneas con estudiantes o, en casos excepcionales, partidas sueltas en modo relax. También me entretengo resolviendo problemas de ajedrez y ocasionalmente comento sobre el tema.

En términos reales, considero que mi etapa ajedrecística como jugador o entrenador activo ya concluyó. Respeto mucho a quienes, a esta edad, todavía conservan el ímpetu competitivo, pero en mi caso siento que ya demostré lo que tenía y no veo sentido en asumir nuevas rivalidades, como tampoco en revivir las antiguas, cosa por demás imposible. Preparar seriamente una partida exige sacrificios y tensiones que hoy no deseo volver a asumir. “Todas las cosas tienen su tiempo”, como dice el verso. Por eso, el ajedrez siempre estará presente en mí, hoy como un recuerdo bonito, dulce y agradable.

Gracias por todo.

Oposición degradada

Publicado en Diario El Salvador

Históricamente, nunca ha existido la unanimidad absoluta de opiniones y enfoques sobre los asuntos de la “polis” (la ciudad, el Estado), porque diferir, pensar distinto, ver otros ángulos aparte del oficial es parte de la naturaleza humana; por tal razón, la oposición política es indisociable de un sistema democrático y, para ejercerla, es imprescindible la libertad de expresión del pensamiento. Recordemos que, en nuestro país, aunque ese derecho estuvo formalmente reconocido por décadas, solo comenzó a tener vigencia a partir de 1992, la única conquista real y carísima de la guerra civil.

Hoy más que nunca, la oposición política tiene la posibilidad de ser escuchada a través de diversos medios tradicionales y digitales; sin embargo, también hoy más que nunca, ese sector se encuentra en una condición de deterioro crítico. Según la más reciente realidad electoral, el número de votantes opositores —sumando ARENA, FMLN, Vamos y el extinto Nuestro Tiempo— es de aproximadamente 550,000 personas, un 18 % de la población que sonaría bien si se tratara de partidos emergentes, pero su trayectoria revela exactamente lo contrario: dos partidos decadentes, que alcanzaron sus mínimos históricos; un partido que se estancó por debajo del 3 % y ya nunca despegó; y un partido de élites pseudointelectuales, que no llegó al mínimo necesario para seguir existiendo.

Hoy, cuando 9 de cada 10 salvadoreños respaldan la gestión del presidente Bukele (LPG Datos, CID-Gallup), la simpatía por la oposición no parece haber crecido. La pregunta es si, a un año de las elecciones, hay indicadores de que su realidad pueda cambiar. Y la respuesta es… no.

Razones hay muchas. Aparte de ser una oposición sistemática, con pasado salpicado de delitos, carente de propuestas y empeñada en ir contra los intereses de las mayorías, tiene un problema comunicacional grave: una deficiencia notoria en su capacidad analítica. Los nombres de sus voceros son irrelevantes, pero sus narrativas y actitudes resultan cada vez más patéticas. Al monitorear sus intervenciones públicas, se detecta un patrón general de falacias lógicas, exageraciones e incluso afirmaciones falsas. Pero incluso estas debilidades discursivas —comunes en los debates políticos de muchos países— no son su principal problema, pues en última instancia podrían deberse a sesgos, errores, distorsiones cognitivas y exceso de emociones negativas. Lo grave es que, de un tiempo para acá, han pasado de los malabares retóricos al insulto directo contra el pueblo.

Uno de los casos más notorios en esta degradación opositora es el siguiente: ya desde los primeros años de la presidencia de Nayib Bukele, sus interpretaciones de los datos electorales y de las encuestas —incluso de aquellas realizadas con marcado sesgo opositor— se esmeraban por atribuir ese masivo respaldo a la propaganda, la manipulación y el engaño del que supuestamente era víctima la población, sorprendida en su ingenuidad y a la espera de que unos iluminados, desde su infinita condescendencia, los sacaran de la oscuridad. Pero ahora, ante los repetidos golpes de la realidad y su creciente frustración, los opositores han pasado de aquella sutileza pedante al reclamo de despecho, a menudo enlodado de vulgaridad. Hoy gritan abiertamente que ese respaldo viene de “los ignorantes”, pero no de “los intelectuales” (que así se perciben).

En un panorama con tan ilustres protagonistas, pareciera que la oposición ha decidido, consciente o inconscientemente, renunciar a la conquista de nuevos votantes y concentrarse en no perder aquellos que le quedan. Si a su actitud autodestructiva le contraponemos el trabajo gubernamental para consolidar los logros alcanzados en seguridad, así como para desarrollar políticas públicas para mejorar la economía, la educación y la salud, seguramente la elección de 2027 servirá para que la población reafirme su decidido respaldo al buen rumbo que lleva el país y, de paso, certificar la minimización de la oposición actual, que deambula sin magnitud, dirección ni sentido.