Oposición degradada

Publicado en Diario El Salvador

Históricamente, nunca ha existido la unanimidad absoluta de opiniones y enfoques sobre los asuntos de la “polis” (la ciudad, el Estado), porque diferir, pensar distinto, ver otros ángulos aparte del oficial es parte de la naturaleza humana; por tal razón, la oposición política es indisociable de un sistema democrático y, para ejercerla, es imprescindible la libertad de expresión del pensamiento. Recordemos que, en nuestro país, aunque ese derecho estuvo formalmente reconocido por décadas, solo comenzó a tener vigencia a partir de 1992, la única conquista real y carísima de la guerra civil.

Hoy más que nunca, la oposición política tiene la posibilidad de ser escuchada a través de diversos medios tradicionales y digitales; sin embargo, también hoy más que nunca, ese sector se encuentra en una condición de deterioro crítico. Según la más reciente realidad electoral, el número de votantes opositores —sumando ARENA, FMLN, Vamos y el extinto Nuestro Tiempo— es de aproximadamente 550,000 personas, un 18 % de la población que sonaría bien si se tratara de partidos emergentes, pero su trayectoria revela exactamente lo contrario: dos partidos decadentes, que alcanzaron sus mínimos históricos; un partido que se estancó por debajo del 3 % y ya nunca despegó; y un partido de élites pseudointelectuales, que no llegó al mínimo necesario para seguir existiendo.

Hoy, cuando 9 de cada 10 salvadoreños respaldan la gestión del presidente Bukele (LPG Datos, CID-Gallup), la simpatía por la oposición no parece haber crecido. La pregunta es si, a un año de las elecciones, hay indicadores de que su realidad pueda cambiar. Y la respuesta es… no.

Razones hay muchas. Aparte de ser una oposición sistemática, con pasado salpicado de delitos, carente de propuestas y empeñada en ir contra los intereses de las mayorías, tiene un problema comunicacional grave: una deficiencia notoria en su capacidad analítica. Los nombres de sus voceros son irrelevantes, pero sus narrativas y actitudes resultan cada vez más patéticas. Al monitorear sus intervenciones públicas, se detecta un patrón general de falacias lógicas, exageraciones e incluso afirmaciones falsas. Pero incluso estas debilidades discursivas —comunes en los debates políticos de muchos países— no son su principal problema, pues en última instancia podrían deberse a sesgos, errores, distorsiones cognitivas y exceso de emociones negativas. Lo grave es que, de un tiempo para acá, han pasado de los malabares retóricos al insulto directo contra el pueblo.

Uno de los casos más notorios en esta degradación opositora es el siguiente: ya desde los primeros años de la presidencia de Nayib Bukele, sus interpretaciones de los datos electorales y de las encuestas —incluso de aquellas realizadas con marcado sesgo opositor— se esmeraban por atribuir ese masivo respaldo a la propaganda, la manipulación y el engaño del que supuestamente era víctima la población, sorprendida en su ingenuidad y a la espera de que unos iluminados, desde su infinita condescendencia, los sacaran de la oscuridad. Pero ahora, ante los repetidos golpes de la realidad y su creciente frustración, los opositores han pasado de aquella sutileza pedante al reclamo de despecho, a menudo enlodado de vulgaridad. Hoy gritan abiertamente que ese respaldo viene de “los ignorantes”, pero no de “los intelectuales” (que así se perciben).

En un panorama con tan ilustres protagonistas, pareciera que la oposición ha decidido, consciente o inconscientemente, renunciar a la conquista de nuevos votantes y concentrarse en no perder aquellos que le quedan. Si a su actitud autodestructiva le contraponemos el trabajo gubernamental para consolidar los logros alcanzados en seguridad, así como para desarrollar políticas públicas para mejorar la economía, la educación y la salud, seguramente la elección de 2027 servirá para que la población reafirme su decidido respaldo al buen rumbo que lleva el país y, de paso, certificar la minimización de la oposición actual, que deambula sin magnitud, dirección ni sentido.

Qué faltó en los conciertos de Shakira

Publicado en ContraPunto

Terminó la residencia centroamericana de Shakira, la cantante colombiana que llenó en cinco ocasiones, con público regional, el Estadio Mágico González, en San Salvador. Siendo evidentes los beneficios del evento —en dinamización económica y posicionamiento de marca país— hubo, sin embargo, una carencia que, para muchos, puede parecer irrelevante, incluso impertinente o irreal, pero que conviene señalar. Me refiero al papel menor y accesorio al que han sido reducidos los artistas nacionales, a quienes los organizadores de estos espectáculos masivos internacionales, desde su infinita condescendencia, les permiten presentarse como teloneros, mientras el gran público espera pacientemente a la estrella por la que ha pagado el boleto.

A decir verdad, tras una mediana búsqueda en línea, no he podido encontrar cuál es la ley, reglamento o disposición institucional que obligue a las productoras a incluir a un artista nacional como preliminar de un extranjero que se presente en el país. Incluso podría tratarse de una práctica consuetudinaria que existe desde hace décadas. Sin embargo, por testimonios conocidos, se sabe que el trato que muchos artistas locales reciben por su participación es propio del que se dispensa a quien se considera un mendigo de espacios donde presentarse, quedando esa acción prácticamente al nivel de un favor concedido de mala gana, por el que no obstante deben agradecer la generosa migaja de permitirles pisar el escenario del grande y sumar una línea a su currículum. Y eso, en el mejor de los casos, porque ya ha habido ocasiones en que se les relega a un mini escenario afuera del recinto, mientras el público transita para ingresar.

En el caso de los cinco conciertos de Shakira —exitosos por donde se les mire— la situación fue aún más discutible, pues la plaza consuetudinaria de “artista nacional” como acto preliminar no se asignó a ninguna cantante salvadoreña —que habría sido lo más lógico por coherencia artística— sino a un DJ. Con el debido respeto al trabajo que cada quien realiza en las distintas ramas del arte, no se puede equiparar el proceso creativo, la composición y el talento de una intérprete vocal con el de quien mezcla música ya existente, por más recursos técnicos que utilice. En esa línea, el siguiente paso sería colocar una rockola en la entrada.

El problema no es aislado. Hay múltiples factores que inciden en el desprecio estructural hacia el artista nacional. Uno de ellos es la actitud de quienes controlan los principales medios de difusión musical. Las radios, por regla general, no programan música hecha en El Salvador, a menos que medien relaciones laborales o comerciales con los propios creadores. Un hecho revelador es que, en 2019, cuando se intentó aprobar una ley que estableciera un porcentaje mínimo obligatorio de música nacional en las radiodifusoras, la oposición de los dueños de las radios fue feroz y lograron abortar el proyecto: el verbo “deben” se transformó en “pueden” programar música nacional, una broma de mal gusto. Lo que les quitó el sueño fue el miedo imaginario de que el público, al escuchar en programación una canción producida en el país, cambiara inmediatamente de estación, como si la nacionalidad de la obra fuera en sí misma un defecto de fábrica.

Este es un ámbito en el que el Ministerio de Cultura podría intervenir con mayor decisión, no para obstaculizar espectáculos internacionales sino para establecer una normativa clara que garantice la presencia de un artista nacional acorde a la naturaleza del evento, asegurando no solo su inclusión formal, sino su idoneidad artística, su pertinencia y su correspondiente reconocimiento pecuniario. Incluso podría contemplarse que ese pago sea deducible del impuesto sobre la renta, de modo que el incentivo no recaiga exclusivamente en los organizadores.

Si estos conciertos movilizan millones y proyectan al país en la región, no parece desproporcionado exigir que también funcionen como plataformas reales de visibilización del arte nacional. Al final del día, la realidad es que la música nacional existe, en cierta cantidad y de cierta calidad, amateur dirán algunos, pero con el derecho a que se le abran puertas que, hasta hoy, han permanecido bien cerradas.

El futuro de los colegios privados

Publicado en Diario El Salvador.

La educación es un derecho fundamental de la persona, consignado en todas las constituciones salvadoreñas y organizado bajo la responsabilidad del Estado; sin embargo, la Carta Magna también “garantiza a las personas naturales y jurídicas la libertad de establecer centros privados de enseñanza” (art. 54). Históricamente, la gran mayoría de la población ha asistido a escuelas públicas, en proporciones que han oscilado entre el 85 y el 90 por ciento, según la época. Para 2024, el dato era que el 87 % de la población estudiantil iba a centros escolares públicos y el 13 %, a privados.

La pregunta que emerge es por qué, desde el siglo XIX, siempre han existido instituciones educativas que, para funcionar y sostenerse, deben cobrar colegiaturas, no siendo financiadas por el Estado. La respuesta puede remitirse al principio de la oferta y la demanda; es decir, qué buscan las familias para sus hijos y qué ofrecen los colegios privados que no los públicos. En esto, la gama de posibilidades ha sido bien amplia a lo largo de la historia: estatus, nivel educativo, disciplina, valores religiosos, segregación social, cupo, identidad, etc.

Como elemento de contexto necesario, cabe mencionar que, allá por los años sesenta, la educación pública se consideraba relativamente buena, aunque muy limitada en su cobertura. Quienes se graduaron de bachilleres en institutos nacionales, como el Inframen, suelen referirse con orgullo y nostalgia a su centro de estudios. La referencia es necesaria para dimensionar el proceso de degradación de la educación pública que El Salvador comenzó a sufrir a partir de los años setenta, durante el periodo inmediatamente anterior a la guerra civil. Este hundimiento se profundizó durante la década del conflicto armado y llegó a su peor momento en las primeras décadas del siglo XXI, cuando las escuelas e institutos se convirtieron en centros de reclutamiento y propagación de las pandillas. La situación paupérrima heredada en la educación pública añadió un par de componentes más a lo que podían ofrecer los colegios privados: infraestructura mínima y, sobre todo, protección para sus hijos, al sacarlos de un entorno criminal. Claro está, este privilegio quedó reservado para familias que, aun dentro de la escasez económica, pudieran hacer el sacrificio de pagar colegiatura y transporte privado.

Ahora, la situación comienza a cambiar radicalmente. La desarticulación de las pandillas y la mejora en seguridad ciudadana son las bases imprescindibles para iniciar el proceso no solamente de rescate de la educación pública, sino de su transformación profunda, para que su nivel sea tan bueno o mejor que el de los colegios privados de mayor prestigio. Esto se logrará a través de la reconstrucción de infraestructura, el equipamiento adecuado, los cambios en el currículo escolar y, sobre todo, con la formación y evolución del magisterio. En el horizonte de la próxima década aparece la posibilidad real de que la educación pública llegue a ser digna y de calidad.

Y, en ese escenario, hay quienes se preguntan: ¿qué será de los colegios privados?

Una predicción razonable es que los colegios privados seguirán existiendo, aunque en menor porcentaje, siempre que puedan ofrecer un plus frente a los centros escolares públicos y respondan a necesidades de sectores específicos. Aunque la educación pública llegue a ser muy buena, siempre habrá quienes prefieran y puedan pagar por determinada confesión religiosa, cierto enfoque o tradición educativa específica, el bilingüismo integrado en todas las materias o, incluso, la pretensión de mantenerse dentro de su misma élite socioeconómica. Lo importante es que, si de aquí a una década se logra llevar el sistema de educación pública hasta un nivel adecuado, la excelencia educativa ya no será un privilegio que dependa de la capacidad de pago individual, sino un derecho al alcance de todas las familias salvadoreñas.