Delfy: 22 de mayo de 1979

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A primeras horas de la noche del 22 de mayo de 1979, un grupo de jóvenes manifestantes fue atacado por elementos de los cuerpos de seguridad del gobierno del general Carlos Humberto Romero. Varios murieron, entre ellos mi hermana Delfy Góchez Fernández, estudiante de Psicología de la UCA, quien estaba por cumplir 21 años.

Personalmente, el conocimiento e interpretación de las circunstancias que propiciaron su muerte ha sido un proceso lento y difícil, construido sobre la base de relatos y testimonios dispersos. Desde hace muchos años he tenido claro lo que ocurrió, lo cual pude confirmar posteriormente a través de publicaciones de personas que conocieron de primera mano los hechos, incluyendo algunas sobrevivientes.

El contexto social de 1979 en El Salvador y en toda la región era sumamente convulso. Desde hacía varios años, cinco organizaciones insurgentes se habían venido fortaleciendo, encaminadas a lanzar una ofensiva armada para derrocar a la dictadura militar, vía insurrección popular, ante la evidencia de que todos los espacios de oposición política pacífica habían sido cerrados de manera definitiva, brutal y sangrienta.

Del lado gubernamental, la única respuesta a las demandas sociales era la represión generalizada, incluyendo torturas y ejecuciones extrajudiciales. Los antecedentes del 30 de julio de 1975 y el 28 de febrero de 1977, cuando sendas manifestaciones de protesta habían sido disueltas por militares a balazo limpio en las calles de San Salvador, no habían dejado duda del talante criminal del régimen del coronel Arturo Armando Molina (1972-1977). Tal política continuó bajo el mandato del general Carlos Humberto Romero, quien ascendió al poder en 1977 de la misma forma que su antecesor: vía clamoroso fraude electoral y matanza en las calles.

Mi hermana Delfy había entrado a las luchas sociales a través de las Fuerzas Universitarias Revolucionarias “30 de julio” (FUR-30, con sede en la UCA), que eran parte del Bloque Popular Revolucionario (BPR), frente de masas de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL). Entiendo que en aquel momento era muy difícil mantenerse al margen de una aguda polarización política. En tal contexto, muchos optaron por incorporarse a dichas organizaciones, con la plena disposición de sacrificar sus vidas para alcanzar los nobles ideales de justicia y libertad. (Otra cosa muy distinta es el talante moral de algunos dirigentes de aquellas organizaciones, lo cual se fue revelando en el tiempo hasta confirmar las más amargas certezas.)

El martes 8 de mayo, dos semanas antes de la fecha que titula estos párrafos, un grupo de personas que ocupaban la catedral metropolitana fueron atacadas con armas de guerra por la policía, con saldo de varios muertos que quedaron tendidos sobre las gradas del templo católico. Este hecho dejó en claro una vez más el modus operandi de los cuerpos de seguridad del régimen: cualquier manifestación de protesta iba a ser tratada de la misma forma. A partir de entonces, esa era una verdad ineludible y de conocimiento obligatorio para la dirigencia de los grupos insurgentes, fuesen de la cúpula o de mandos medios.

Por esos días, un grupo de militantes del BPR ocuparon la embajada de Venezuela (colonia Escalón, San Salvador). con fines de protesta política y plantear reivindicaciones sociales. Los miembros del cuerpo diplomático, inicialmente retenidos por los activistas, habían logrado escapar del recinto. A la fecha del martes 22 de mayo, el local tenía cortados los suministros de agua potable y energía eléctrica; además, la sede estaba rodeada por un fuerte dispositivo de seguridad.

Ante tal situación, la dirigencia local del BPR decidió organizar una marcha para romper el cerco policial y extraer a sus compañeros de la embajada. Aunque la actividad fue promovida explícitamente como humanitaria para “llevar agua y alimentos” a los ocupantes, en realidad tenía un propósito militar de rescate.

El hecho es que el BPR, frente de masas de las FPL, mandó a un centenar de manifestantes, la gran mayoría desarmados, prácticamente como grupo de choque contra un cerco policial, a sabiendas de que los agentes del régimen tenían el aval para disparar sus fusiles de guerra G3, en espacio abierto y de manera indiscriminada, con toda la ventaja táctica, sin que necesariamente hubiese provocación de por medio.

En última instancia, yo respeto el compromiso que adquirió mi hermana Delfy en ese contexto social y dentro de la disciplina de la organización a la que pertenecía. Lo que no acepto es que aquellos dirigentes hayan enviado a tanta gente a esa misión, conscientes de que no tenían ninguna oportunidad de éxito y sabiendo que lo único que iba a producir eran muertos en las calles.

En lo que a mí concierne, tengo claro que la bala criminal que mató a mi hermana Delfy salió de un fusil de los cuerpos de seguridad del régimen asesino del general Carlos Humberto Romero; pero también sé que la planificación y el diseño culposo que la colocaron fatalmente en la trayectoria de una bala que todos sabían iba a ser disparada, fueron responsabilidad de la dirigencia de las FPL, a través de sus frentes de masas BPR y FUR-30.

Aquella institucionalidad

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Desde hace algún tiempo viene sonando repetidamente, en ciertos círculos académicos y periodísticos de la oposición nacional e internacional, un discurso de preocupación y lamento por los conceptos “democracia” e “institucionalidad”, a partir de la premisa que bajo el gobierno de Nayib Bukele estos bienes sociales se estarían perdiendo progresivamente, hasta llegar a un punto de no retorno que los más tozudos califican como “dictadura”.

Puesto que dicho razonamiento ha chocado frontalmente con la realidad electoral de un fuerte apoyo popular a la gestión del mandatario, estos mismos intelectuales han formulado entonces la tesis que, ante la insoportable situación a la que se llegó bajo el reino de las pandillas, el pueblo salvadoreño acabó sacrificando la democracia y su institucionalidad a cambio de la sensación de seguridad.

Tal razonamiento es una falacia y un engaño histórico, porque presupone la existencia real de aquella institucionalidad democrática como esencialmente buena, desvinculándola de su realidad concreta, en la cual hubo un grave deterioro de la seguridad ciudadana precisamente como efecto directo de esa misma institucionalidad.

Es necesario entender que la supuesta democracia de la posguerra fue, en realidad, una partidocracia en la que las dos fuerzas beligerantes, convertidas en instituciones electorales de derecha e izquierda, ganaron la capacidad de bloquearse mutuamente, no para velar por los intereses populares sino para repartirse beneficios y prebendas en negociaciones oscuras con métodos nefastos. En estas prácticas concurrieron otros partidos políticos que, con mayor o menor descaro, asumieron cínicamente el rol de mercenarios, con la excusa de darle gobernabilidad al país, a cambio de pingües beneficios personales.

Como consecuencia de aquel estado de cosas, la falta de atención e interés de aquella institucionalidad para resolver los crecientes problemas de la población, particularmente durante los dos primeros gobiernos de Arena, facilitó enormemente la proliferación de las pandillas, que encontraron su caldo de cultivo en la marginalidad socioeconómica de amplios sectores de la población. Luego, cuando el problema ya fue imposible de ignorar, los dos siguientes gobernantes en turno lanzaron políticas propagandísticas de mano dura y súper dura, pero sin más plan que intervenciones mediáticas y esporádicas carentes de continuidad.

Después vino el primer gobierno del FMLN, que no solo se acobardó ante el desafío de la criminalidad organizada, sino que literalmente se arrodilló ante ella, implementando una tregua que vino a empoderar y convertir en actores políticos a quienes tanto daño estaban causando al país. El segundo gobierno del partido rojiblanco aparentemente intentó dar marcha atrás en esto, al menos a nivel de discurso, pero durante su gestión se tuvieron las cifras más espeluznantes y desesperanzadoras de asesinatos. Todo lo anterior ocurrió, no se olvide nunca, bajo las instancias ejecutivas, legislativas y judiciales de un estado fallido.

Lo que nunca entendieron los gestores y defensores de aquella institucionalidad es que, para combatir a organizaciones criminales de ese nivel, se necesitaba de la acción coordinada y unitaria de los tres órganos del estado, con leyes especiales y procedimientos excepcionales acordes a la lógica y la realidad operativa de dichos grupos, tal como ha quedado demostrado en la praxis.

En esta línea de pensamiento, bien puede afirmarse lo siguiente: no es que hoy se haya perdido la institucionalidad democrática, sino que esta se ha alineado en la misma dirección por mandato del soberano, que es el pueblo, para comenzar a resolver los grandes problemas históricos de los que nunca se ocupó esa decadente clase política que todavía ocupa el espacio de la oposición, si bien cada vez más desintegrada. Esta realidad es la que ha entendido la gente, incluso la más sencilla, y esta es la explicación de las decisiones electorales que han llevado al segundo mandato del presidente Bukele.

El uso del poder

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La reforma del artículo 248 de nuestra Constitución —aprobada por la Asamblea Legislativa anterior para ser ratificada por la presente, de acuerdo al procedimiento establecido en su mismo texto— ha ocupado la agenda de los diversos espacios de opinión ciudadana, con justa razón debido a la trascendencia que tiene dicho acto legislativo. Esta reforma crea la posibilidad de que cualquier cambio en el texto de la Carta Magna pueda ser hecho realidad dentro del periodo de la misma legislatura que lo aprobó en primera instancia, toda vez concurran las tres cuartas partes de los votos favorables en su ratificación (es decir, no menos de 45 de 60 diputados, lo cual representa una fuerte legitimidad). En términos muy sencillos, significa que la bancada de Nuevas Ideas puede implementar las reformas constitucionales que estime convenientes en este mismo periodo legislativo, sin tener que esperar hasta 2027 para que la siguiente Asamblea las valide con mayoría calificada.

Un primer elemento para analizar —en el que todos los sectores políticos seguramente están de acuerdo, por ser evidente— es que esta llave recién creada representa un gran poder, de una magnitud que no se había visto en décadas en la historia del país. La diferencia es que, en esta ocasión, dicho poder no es arbitrario sino que proviene del pueblo a través del mecanismo establecido por la democracia representativa: el voto. Ciertamente, el proyecto político del presidente Nayib Bukele y su bancada legislativa ha recibido el respaldo popular en sucesivos eventos electorales, siendo además algo sostenido en el tiempo y de carácter abrumador, dados los números absolutos y relativos. Esta afirmación, dicha con la serenidad que impone la realidad, es clave para entender lo que viene.

Ante tal panorama, surge en la ciudadanía la inquietud natural, racional y emotiva a la vez, de para qué va a usarse un poder así de grande, emanado del soberano. Una primera reacción puede ser invocar el conocido axioma filosófico según el cual el poder es algo negativo por sí mismo, conduciendo a la opresión y posibilitando males endémicos, como la corrupción de quienes lo ejercen. Esta postura es históricamente comprensible, dado el modo como se condujeron los destinos de la nación durante casi dos siglos, pero claramente no es la única posibilidad de conceptualizarlo y ejercerlo: usado correctamente, el poder es una herramienta adecuada para resolver los grandes problemas de la gente, impulsando así el cambio social a través de un liderazgo efectivo y eficiente.

Es desde esta última perspectiva que se debe entender ese acto de confianza realizado por la población, al revalidar de manera consciente el mandato del presidente por un periodo más y ampliarle su mayoría en la Asamblea. Las victorias electorales logradas por el ejecutivo y su complemento legislativo, que han posibilitado la actual correlación de fuerzas para implementar reformas constitucionales de manera inmediata, tienen su base principalmente en el uso que le han dado al poder para combatir el terrible flagelo de las pandillas criminales, enquistado en todas las capas sociales.

La lógica más elemental indica que, si el poder así usado logró enfrentar exitosamente un problema ante el cual otros pactaron y se arrodillaron miserablemente, entonces tiene sentido esperar que el poder del soberano, delegado en esas mismas personas, pueda ir resolviendo otros desafíos mayores, como la exclusión social, cultural y económica.

Por supuesto, ese proceso implica riesgos; por eso, el camino de los cambios tendrá que ser vigilado por la población, quien deberá permanecer atenta para prevenir y señalar las fallas, cuando sea preciso hacerlo, usando las maneras y recursos pertinentes, pues en esa constante interacción entre electores y funcionarios está la mayor garantía para alcanzar las grandes metas nacionales.

Citar a Monseñor Romero

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En la historia de la humanidad, podemos reconocer a personajes que son considerados como fuentes de autoridad y referencias axiológicas por varias razones. De ellos, es común citar alguna frase o discurso para reforzar la propia postura o refutar la ajena en el debate social. Este recurso se basa en el reconocimiento del peso histórico, la importancia y sobre todo la integridad de dichas personas.

El uso de la cita de autoridad, no obstante, debe apegarse a ciertos requerimientos para cumplir su propósito argumentativo y, sobre todo, para respetar el correcto sentido de lo que dijo la figura venerada. Para ello, hay que entender el contexto histórico en el que dicha persona vivió, sus limitaciones y conflictos, en qué sentido y para quiénes pronunció tales palabras. Esto es imprescindible para evitar hacer una extrapolación indebida, extendiendo la validez de una afirmación más allá de su alcance original al aplicarla a una situación que no es pertinente, instrumentalizándola para que se ajuste a una agenda particular.

En nuestro país, tenemos a Monseñor Romero como fuente de citas y frases célebres, por ser una de las tres figuras históricas más relevantes, queridas y admiradas por la población, proclamado santo de la Iglesia Católica en 2018. Desde antes de su asesinato en 1980, ya era tenido como referente por la gente más humilde, aunque al mismo tiempo era odiado por los sectores más recalcitrantes de la derecha política y siempre fue visto con desconfianza por la guerrilla insurgente.

Una vez consumado su magnicidio —producto de una infame conspiración derechista— fue la izquierda armada quien comenzó a manipular la figura del mártir, para asociarlo con aquella pretendida revolución de corte marxista-leninista, poniéndolo en todo tipo de pancartas e incluso canciones emblemáticas (“Monseñor, tu verdad nos hace marchar a la victoria final”). Por otra parte y décadas después, cuando los herederos ideológicos del difunto mayor D’Aubuisson vieron que era políticamente incorrecto referirse en malos términos al amado pastor, la derecha civilizada lanzó a través de sus aparatos mediáticos una versión light de San Óscar Arnulfo, presentándolo a lo más como un anciano dulce, inofensivo y piadoso.

Actualmente, no faltan personas e instituciones que siguen tratando de instrumentalizar su voz, citando y trasladando al presente —de manera simplista y mecánica— frases suyas que fueron dichas en un contexto esencialmente diferente, para sujetos distintos y con intenciones que no son las que dichos activistas convenientemente le quieren atribuir.

Si de citar a Monseñor Romero se trata, en algo no hay que confundirse: él siempre defendió a las víctimas y nunca a los victimarios. En los años 70, los principales perpetradores de las vejaciones eran el ejército y los antiguos cuerpos de seguridad, por eso se dirigió a ellos para exigirles el cese de la brutal represión política. Durante la guerra civil de los 80, sin duda les habría hablado en términos igualmente fuertes a ambos bandos combatientes, por ser ellos los principales propiciadores de dolor y muerte. Pero a partir de los 90, quienes fueron sometiendo progresivamente a la gente a todo tipo de sufrimientos hasta llegar a los más abominables actos de crueldad fueron las innombrables bandas del crimen organizado, autores de una masacre lenta e implacable, sostenida en el tiempo, de aproximadamente 100,000 asesinatos en los 30 años posteriores. Siendo fiel a su esencia, seguramente Monseñor Romero los habría encarado a ellos para reclamarles que “son de nuestro mismo pueblo” y “matan a sus mismos hermanos”, recalcándoles que “ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios, que dice ¡no matar!" Y aunque esa intercesión también le hubiera costado la vida, Monseñor Romero la habría hecho con valentía por amor a su pueblo.

Calenturas ajenas y política exterior

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No todo lo que dice la sabiduría popular es sabio, porque los tiempos y las ideologías cambian, y lo que una vez fue incuestionablemente cierto puede haber quedado obsoleto; sin embargo, en la tradición oral hay ocasiones en que se hallan auténticas cápsulas de inteligencia emocional (interpersonal y, en ese sentido, políticas), condensadas como pequeños consejos que son ciertamente iluminadores.

Tal es el caso de la recomendación ancestral de las abuelas: “no andés sudando calenturas ajenas”, en referencia a la inconveniencia de tomar partido en pleitos de terceros, especialmente si el asunto objetivamente no nos incumbe; o si, al meter mano, existe la alta probabilidad de acarrearnos consecuencias negativas.

El mencionado axioma bien podría aplicarse para definir lo que parece ser la política exterior del gobierno de Nayib Bukele, en cuanto a no tomar partido, vía declaraciones oficiales, en conflictos que aquejan a otros países, tanto de la región como del otro lado del mundo. Así se entendería, por ejemplo, que El Salvador no emitiera postura oficial acerca de la guerra entre Rusia y Ucrania, pese a las presiones diplomáticas existentes. Otro caso candente donde hasta hoy se ha guardado silencio es sobre la actual crisis diplomática entre Ecuador y México, originada por la captura del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, convicto pero refugiado en la embajada mexicana en Quito. De la misma forma, este principio de fondo explicaría que El Salvador se haya abstenido de adherirse a pronunciamientos sobre temas de inestabilidad política interna, tanto en países vecinos y sudamericanos.

Cabe acotar que, en esta política de observación pasiva, definitivamente no entran los cruces de declaraciones de Bukele con mandatarios foráneos (Boric y Petro, por ejemplo), así como ciertos comentarios indirectos y alusiones sobre temas de política interna en los Estados Unidos (participación en la CPAC incluida); pues en todos estos casos fueron ellos quienes iniciaron las menciones directas y, en este ámbito, cualquier intercambio de dimes y diretes no es sino una respuesta en los mismos términos (técnicamente, calentura propia y no ajena). Tampoco hay que meter en el mismo saco las posibilidades de colaboración que El Salvador pueda aportar, a partir de su experiencia y si así se lo piden, en la construcción de soluciones que los gobernantes de otras naciones estén implementando en sus propios países, especialmente en el tema de seguridad pública, si estos lo solicitan.

Acerca de la conveniencia o no de aplicar la aludida máxima ancestral (no meter las narices donde no nos corresponde), puede haber mucho debate. Para unos, podría poner en peligro ciertas alianzas estratégicas con los países que presionan por obtener un respaldo o declaración acorde a sus intereses (más de un funcionario europeo mencionó que ellos “recordarán” a aquellos países que no se plegaron a la posición de la OTAN frente a Putin); para otros, en cambio, esta manera de no azuzar la leña en otros lugares puede favorecer una mayor amplitud en las relaciones internacionales, las cuales necesariamente se ven restringidas al alinearse a un solo bloque político o ideológico. Otra posible ventaja añadida que se podría esperar es reciprocidad en cuanto a no meterse en nuestros asuntos internos y evitar posibles expresiones de censura, especialmente porque la figura y el estilo peculiar de gobernar de Nayib Bukele han estado en la mira del establishment.

Lo cierto es que solo el tiempo revelará los frutos de esta manera de conducir las relaciones internacionales del país. De momento, hay que reconocer buena dosis de valentía al tomar ese riesgo y, en ello, recuperar algo de la soberanía nacional que se perdió en décadas anteriores… al menos en cuanto a declaraciones internacionales respecta.

De partidos y favores

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Todos los partidos políticos son instrumentos para acceder al poder, esto es una verdad tan simple como contundente; de ahí que todas las personas o grupos que simpatizan con ellos —se afilian, hacen activismo o los dirigen— siempre tienen algún interés que, según su criterio, puede ser defendido o materializado a través de estos. La naturaleza de los intereses que motivan la militancia política es muy variada: pueden ser desde los más nobles hasta los más pedestres, colectivos o individuales, objetivos o subjetivos, ocultos o confesados; lo cierto es que nadie está en un partido político sólo por amor al arte.

A partir de lo anterior (no por obvio menos verdadero), hay que entender que en la construcción y gestión de un partido político intervienen muchísimas personas en todos los niveles, cada una de las cuales tiene intereses propios que debe compaginar y equilibrar con otros tantos intereses ajenos, en una relación quid pro quo. De ahí que estas instituciones descansen sobre un complejo andamiaje de lealtades y recompensas, o lo que es lo mismo, pago de favores. Quien crea que estas congregaciones funcionan por puro altruismo, peca de mucha ingenuidad.

Por supuesto, la administración de estas estructuras político-partidarias requiere de mucha sabiduría, a fin de mantener cierto sentido de justicia entre sus militantes, en lo tocante a los beneficios mencionados; pero también exige del mayor apego posible a criterios superiores de honestidad y eficiencia, cuando lo que se da afecta a personas más allá del ámbito partidario (entiéndase, la administración pública).

Aterrizando el tema en la actualidad política nacional, llama la atención una fuerte polémica alrededor del partido Nuevas Ideas, visibilizada en redes sociales por algunos de sus miembros y simpatizantes (muchos llamados “de criterio propio”) y amplificada por uno de sus estrategas más importantes. Se trata de la aparente confirmación, vía audio filtrado, de que en la Asamblea Legislativa habría plazas laborales o de asesores que fueron asignadas no por competencias profesionales, sino por vínculos familiares con un activista cian residente en el exterior. Obviamente dicha práctica, en caso de resultar cierta la denuncia, tampoco sería cosa nueva sino más bien tradicional, pero precisamente allí está el detalle: que el partido del presidente Bukele no tendría que comportarse como “los mismos de siempre”.

La interrogante esencial, más allá de cómo resuelvan el asunto, es hasta qué punto un partido político en el ejercicio del poder puede existir y manejarse de manera esencialmente distinta a como lo han hecho sus antecesores. Aunque esto esté muy normalizado, está claro que otorgar plazas estatales a cambio de apoyos partidarios es algo muy mal visto por la población, no solo porque destina fondos públicos para beneficios particulares, sino también porque atenta contra la eficiencia del Estado.

Este tema revela un pernicioso hábito, profundamente arraigado en nuestra idiosincrasia, del cual ningún partido político —antiguo o nuevo, grande o pequeño— puede declararse libre de culpa. Tampoco es un problema menor o que no traiga consecuencias, pues los resultados electorales han demostrado que la gente repudia estas prácticas y acaba pasando factura (si no, pregunten a Arena y especialmente al FMLN).

En el plano de lo ideal, en la gestión de Nuevas Ideas tendría que prevalecer el interés superior de una causa, que es la refundación nacional bajo principios orientados al beneficio de la población, servir y no servirse del poder, en donde quienes se adhieran a este proyecto lo hagan por convicción y no por dádivas. Pero el mundo real es otra cosa, cinismo aparte. La pregunta clave es si Nuevas Ideas tendrá la inteligencia política suficiente para encontrar un equilibrio práctico entre los apoyos que reciba y las gracias que devuelva, sin deteriorar gravemente su imagen ante la población, previniendo y suprimiendo a tiempo situaciones como la apuntada, que pueden caer en el terreno de lo escandaloso.

Éxito ampliado

Ha concluido una edición más del Certamen de Debate Intercolegial, organizado por la ESEN, en el cual participó este nuevo equipo Perico del Colegio Externado de San José, bajo mi tutela. La institución ha estado presente desde la primera vez en 2009, pero el agitado ejercicio de acompañamiento y coaching lo vengo realizando hace ocho ediciones, con resultados educativos bastante satisfactorios y una pequeña colección de logros acreditados (4 bronces, 1 plata, 2 oros y cosas aún por contar).

En esta ocasión, nos correspondió el tercer lugar. Si bien nos quedó la sensación de que pudo ser para más, en el transcurso del tiempo hemos aprendido a respetar la diversidad de criterios de los jueces, por lo que —atendiendo al puro resultado— nos declaramos satisfechos.

Mi logro personal más disciplinado (como docente rumbo a la jubilación) lo ubico en otra área, que es la progresiva autonomía de mis estudiantes. Me explico: a veces, en la urgencia competitiva, uno tiende a tener demasiado protagonismo en la construcción del caso a debatir, lo cual puede llegar a quitarles espacio de desarrollo a los y las jóvenes, aparte de significar una importante carga de estrés para mi propia humanidad. En esta ocasión, creo haber logrado avanzar un paso más en la dirección correcta, permitiéndoles saber y sentir que la tarea ha sido principalmente de ellos y entendiendo que el galardón es merced a sus virtudes.

Agradezco mucho a Gabriela Castro y Adriana Hernández, sólidas argumentadoras principales; Lara Lemus, elegante oradora; y Rafael Iraheta, diligente miembro suplente y ojo crítico interno; así como a nuestros apoyos Gabriel Palomo, inspirado redactor; y Samadhi Ayala, combativa asesora.

¡Felicitaciones y muchos éxitos en sus vidas!

Apuntes para una oposición sana

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Han concluido las elecciones y es momento de preguntarse sobre la viabilidad de la oposición política de cara a los próximos años, viendo el amplio respaldo popular a la gestión del presidente Nayib Bukele y su bancada legislativa, la reconfiguración de los municipios entre Nuevas Ideas y el conjunto de partidos alternativos pero aliados, la confirmación de la caída sostenida de los otrora grandes institutos políticos Arena y FMLN y, finalmente, el poco o nulo impacto de los partidos opositores emergentes.

Un primer elemento imprescindible para considerar es que, teóricamente y en una sociedad democrática, la oposición política es necesaria, entendida esta como la contraparte argumentativa que desde su óptica puede notar fallos y áreas de mejora del gobierno, proponiendo iniciativas razonables y honestas orientadas a mejorar la gestión pública en beneficio de la población. Conforme a la anterior definición, y teniendo en cuenta discursos y acciones concretas, está claro que la actual oposición ha estado muy lejos de este ideal y, por el contrario, se ha esmerado en decir que no prácticamente a todo y a toda costa, como un infantil capricho. De ahí que cualquier oposición que pretenda ser opción elegible, tendría que aspirar a mucho más que ser simples haters.

Ahora bien, aparte de la necesaria madurez y actitud constructiva, la oposición política no será viable mientras siga estando contaminada por partidos y voceros caducos. En este sentido, aunque legalmente hayan cumplido los requisitos para seguir existiendo, los partidos Arena y FMLN deben aceptar que ya concluyeron sus ciclos históricos (con más pena que gloria) y deberían buscar una salida si no digna, al menos humilde y hasta cierto punto elegante, disolviéndose por voluntad propia en sendas asambleas generales, conforme a sus estatutos.

De igual manera, ciertas figuras opositoras con voz pública (llámense analistas, articulistas o influencers en redes sociales) deberían retirarse de la escena política, en un sano ejercicio de autocrítica y por el bien de su propia causa, pues su presencia y exposición solamente atrae el repudio de la gente. Esto no tiene que ver necesariamente con la edad, sino con enfoques y planteamientos, pues de nada sirve que un personaje sea o se vea joven externamente si su retórica es de un pasado muy obsoleto.

Finalmente, es claro que ninguna oposición va a prosperar si pretende revertir políticas y logros concretos de este gobierno, que han sido entendidos y bien aceptados por la población. El mayor de ellos es la política de seguridad pública, la cual ha aliviado grandemente la espantosa situación de angustia y terror pandilleril a la que el pueblo se vio sometido durante las décadas anteriores. Claro que esta política no ha sido perfecta, pues ha tenido algunos errores procedimentales y costos humanos no intencionales; sin embargo, el discurso opositor nunca fue hacer sugerencias para mejorarla, sino ir con todo en contra de ella para eliminarla. De esa forma, la misma oposición validó la percepción generalizada de que solo iban tras los votos de los afectados para recuperar su anterior estatus, además de seguir una agenda ideológica objetivamente dañina. En términos sencillos, cualquier futura oposición tiene que entender, como imperativo categórico, que los logros en seguridad no se tocan.

En este ejercicio de pensamiento, no se trata de diseñar una oposición a la medida del gobierno, sino de proyectar una gestión opositora propositiva que le convenga al país, a fin de que todos los sectores sean capaces de aportar y sumar esfuerzos, a diferencia de aquella mezquina tradición política de bloqueos, obstrucciones y prebendas mutuas a la que nadie sensato quiere volver.

Bukele entra a la política en EE.UU.

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¿Qué propósito y significado tiene la participación de Nayib Bukele como orador invitado en la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), realizada en Washington DC del 21 al 24 de febrero de 2024? Tal es la pregunta que debió quedar para la reflexión en la esfera del análisis político nacional, más allá de la anécdota, los extractos de su discurso, las reacciones favorables de sus partidarios y las usuales rabietas de sus detractores.

En primer lugar, hay que entender el porqué de darle una vitrina como la de la CPAC al presidente del país más pequeño del continente americano, que no tiene visos de ser potencia militar ni económica. Algunos podrán argüir, con simpleza, que este es el resultado del trabajo sostenido que los lobistas contratados por Bukele han hecho en la esfera política republicana desde 2020. Puede ser, pero por más cabildeos que pudieran hacerse, tal invitación no se habría dado si no fuese porque la figura de Bukele debe tener algo atractivo que ofrecer a los organizadores, en un trato de mutuo beneficio para ambas partes.

¿Cuál sería, entonces, ese atractivo? Una explicación plausible es que Bukele representa el éxito continental concreto de una gestión que refuerza la visión conservadora en un área de mucha preocupación para ellos: la seguridad pública. Importantes ciudades de los Estados Unidos han experimentado, en los últimos años, un crecimiento de la criminalidad que, en parte, se explica por la relajación e incluso negligencia en la aplicación de las leyes (como ha ocurrido, por ejemplo, en recientes oleadas de smash and grab, vandalismo organizado, frente a la pasividad policial y las políticas tolerantes progresistas del partido Demócrata). En el horizonte, esto conecta con otros dos temas de la campaña republicana: tráfico de drogas e inmigración ilegal.

En este debate, hay que tener presente la ideología conservadora y su acción social, dentro de la cual lo que interesa es detectar y castigar al delincuente; mientras que, en contraparte, el progresismo de izquierdas pone el enfoque en tratar de entender los motivos del delincuente y, de una u otra forma, acaba justificándolo por el contexto sociocultural u otras razones, suavizando el control social ejercido por las autoridades. Es así como la política de seguridad aplicada por Bukele en El Salvador emerge como un claro ejemplo de efectividad conservadora, avalada por cifras y aceptación popular, frente al fracaso de décadas de políticas progres malamente aplicadas en el contexto de un estado corrupto.

El sentido de que este importantísimo sector, con fuertes vínculos con el partido Republicano, le haya abierto la puerta a Bukele para entrar a la política interna estadounidense fue claramente expresado por el senador del estado de Florida, Marco Rubio, quien escribió lo siguiente (en un artículo publicado el 23 de febrero de 2024 en el sitio Informe Orwell):

Mientras más próspero se vuelva El Salvador, más se convertirá en un modelo a seguir para sus vecinos en nuestra región. Esto ayudará a los Estados Unidos, porque a medida que el crimen y la emigración disminuyan en América Latina y el Caribe, tendremos que preocuparnos menos por el cruce de pandilleros y drogas mortales en nuestra frontera sur.

Este reconocimiento explícito le sirve a Bukele como respaldo frente a los ataques de ciertos sectores de la izquierda estadounidense (traducidos no solo en recelos y acosos, sino en pasadas sanciones para sus funcionarios: lista Engel y ley Magnitsky). Así, Bukele entra a la escena política norteamericana como un líder conservador fuerte, que representa estabilidad en la región y ofrece el beneficio esencial de siempre haber manifestado ser un aliado de los Estados Unidos, dentro del respeto a la soberanía de las naciones.

El mal perder

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Si hay un término que calza a perfección con la actitud de la oposición política en El Salvador, tras conocerse los resultados de la elección presidencial y especialmente la legislativa del 4 de febrero, es precisamente el “mal perder”. En términos simples, esto es un conjunto de reacciones anormales ante la derrota, que van más allá de la natural frustración que cualquier persona puede sentir en esa situación, negándose a aceptar la pérdida a base de manifestaciones emocionalmente inmaduras y viscerales, tales como culpar a otros (personas, reglas, circunstancias menores) o alegar supuestas trampas, elaborando explicaciones y excusas bastante distanciadas de la realidad.

El abrumador caudal de votos obtenido por el presidente Nayib Bukele (85 %) y su partido Nuevas Ideas (69 %) parece haber sido un golpe demasiado duro para políticos, analistas, perio-activistas y voceros opositores, quienes ahora transitan y oscilan entre las diferentes etapas de un duelo anunciado (negación, negociación, ira y depresión), sin asomarse aún a la fase de aceptación para superar el trauma. Lo más penoso de su situación es que tales resultados no son ninguna sorpresa, puesto que todas las encuestas y sondeos de opinión se los habían anunciado una y otra vez de manera sostenida en el tiempo y en las magnitudes, incluyendo los de instituciones claramente opuestas al gobierno.

La expresión máxima de inmadurez política de la oposición, producto de su incapacidad para gestionar saludablemente sus trastornos emotivo-cognitivos, es la petición de anular las elecciones, exigencia extemporánea y sin fundamento. Si bien es cierto que el Tribunal Supremo Electoral falló miserablemente en la transmisión de actas para el escrutinio preliminar, esto nada tiene que ver con la voluntad popular depositada en las urnas durante ese día, cuya custodia e integridad jamás fueron vulneradas.

El escrutinio final ordenado por el máximo tribunal electoral, urna por urna y voto por voto, ha permitido conocer finalmente dicha voluntad y traducirla en resultados, a la vista de autoridades, testigos y observadores nacionales e internacionales. Claro está que este recuento extraordinario no ha sido perfecto y ha tenido los incidentes propios de toda elección nacional desde hace 40 años; sin embargo, los pretendidos argumentos opositores para querer anular la voluntad popular han sido a cual más insólitos y descabellados: desde pedir la anulación de votos porque fueron marcados con plumón y no con crayola (o porque la papeleta había perdido la marca del doblez), hasta decir que los integrantes de las mesas de escrutinio estaban haciendo mal el recuento porque no les habían puesto aire acondicionado o les hacían bullying.

En este juego político poselectoral, cabe preguntarse si la actitud de la oposición es producto de una estrategia diseñada por dos o tres cabezas frías, que saben la precaria realidad en la que se encuentran pero quieren sostener la maltrecha moral de sus simpatizantes y hacer algo de ruido en los medios internacionales con agenda anti-Bukele, así sea a base de negacionismo extremo; o, por el contrario, tal conjunto de insensateces se debe a que los aspirantes a líderes opositores han llegado a creerse sus propias falacias, quedando completamente enajenados ante el hecho duro y estadístico que la gente los rechaza cada vez más y que los intentos de emerger con nuevas vestiduras no han tenido el éxito esperado.

El mal perder es un trastorno tóxico y perjudicial, principalmente para quienes lo sufren sin reconocerlo, pues impide cualquier posibilidad de superación futura en tanto bloquea la autocrítica y el reconocimiento de los propios errores, siendo así imposible reformular estrategias y tácticas basadas en la realidad. Persistir en ese error no les traerá más que perjuicios y extinciones progresivas, por más atención y portadas que les dediquen sus medios afines.