Formas de ignorancia

Publicado en ContraPunto

Una persona ignorante es alguien que desconoce algo o que carece de cultura. El calificativo es una descripción, aunque en la mayoría de situaciones comunicativas cotidianas tiene una connotación peyorativa e incluso es usado como insulto. En tanto que ningún ser humano es omnisciente, todos padecemos de ignorancia en alguna medida. Este reconocimiento, plasmado en la frase de Sócrates "yo solo sé que no sé nada", es un acto de humildad intelectual, en cuanto admite los límites del conocimiento humano y promueve una actitud de constante búsqueda y cuestionamiento. En este sentido, bien puede decirse que creerse sabio es la primera y más grave ignorancia; esta es particularmente perjudicial porque cierra la puerta al aprendizaje y al cuestionamiento, generando dogmatismo, arrogancia y una resistencia al cambio y al autoconocimiento.

La ignorancia como vicio se presenta de muchas maneras, más de las que comúnmente se cree. Una muy habitual es la que demuestran ciertas personas que presumen de su nivel educativo, títulos académicos o intelectualidad, cuando descalifican la opinión ciudadana de personas sencillas y humildes sobre temas sociales y políticos, por el solo hecho de que estas no completaron determinados niveles de escolarización. Quien padece este tipo de ignorancia desconoce la teoría de las inteligencias múltiples, especialmente la interpersonal e intrapersonal, las cuales permiten a las personas gestionar sus relaciones con el entorno humano inmediato e interpretar su realidad, formulando conclusiones a partir de su propia experiencia. Una persona puede tener baja escolaridad, pero mostrar cierto tipo de sabiduría en su vida, así como virtudes esenciales para la convivencia; por el contrario, hay gente con títulos universitarios que, no obstante, evidencia graves niveles de estupidez en su conducción por la vida.

En la galería de personajes del entorno político (activistas, periodistas, comentaristas, analistas y conexos), hay muchos que navegan con bandera de listos, pero sus palabras y acciones los colocan en entredicho. Es insólito, por ejemplo, que alguien con título de licenciatura o doctorado presuma públicamente de su falta de filtros para expresarse, más aún cuando son precisamente estas expresiones desbocadas las que le han causado problemas de imagen y credibilidad. También es inaudito que un supuesto intelectual esgrima su título obtenido en el extranjero para justificar su derecho a insultar reiteradamente (en vivo y en directo, aunque con muy poco ingenio) a la mayoría del pueblo.

En casos como los descritos, además de padecer de “la ignorancia de la imprudencia”, estas personas desconocen las diversas teorías lingüísticas que establecen la adaptación del lenguaje a la situación comunicativa (considerando emisor, receptor, código, medio y contexto), en función pragmática para lograr sus objetivos, para lo cual se requiere elegir y dominar ciertos registros lingüísticos. Demostraciones de ignorancia como las descritas son más reprochables en cuanto mayor es el presunto nivel intelectual de quienes las evidencian, pues justamente esa pregonada condición tendría que impulsarles a investigar las implicaciones de la diversidad y complejidad humanas.

Otro caso de esta “ignorancia ilustrada” ocurre cuando, justamente en virtud de su educación y conocimiento sistemático en ciertas áreas específicas, muchas personas viven sumergidas en un mundillo de autovalidación que les aleja de otras perspectivas y puntos de vista. Un término culto relacionado con esta actitud se deriva de la imagen de la torre de marfil como símbolo de belleza y pureza absolutas: el “torremarfilismo”. Este concepto se refiere a la actitud de “aislamiento intelectual, en la que personas —especialmente académicos, artistas o científicos— se desconectan de los problemas y necesidades prácticas de la sociedad”.

“La ignorancia es atrevida”, dice el dicho popular. Paradójicamente, las personas acusadas de ignorantes por su bajo nivel de escolaridad muchas veces se expresan con la humildad que les hace falta a quienes, escudados en sus títulos, viven en el constante atrevimiento de querer imponer a los demás sus puntos de vista parciales, sesgados, sectarios, fanáticos o interesados y, ante su inefectividad persuasiva, ejercen venganza verbal desde la pedantería contra quienes no han podido convencer.

Distorsión interpretativa por la fe

Publicado en ContraPunto.

El Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) dio a conocer, la semana pasada a través de la revista Disruptiva, su encuesta “Rumbo país 2024”. Los resultados se mantienen en la línea general que han venido marcando todas las encuestas recientes, en las cuales la población apoya la gestión del presidente Nayib Bukele, con algunos matices puntuales que han ocupado los espacios de opinión y análisis político.

Los datos que ofrece dicho estudio no deberían ser objeto de duda, en el entendido de que una institución académica responsable no se va a prestar a manipulaciones ni falseos; sin embargo, hay en él al menos una pregunta mal redactada y, sobre todo, una interpretación bastante caprichosa y fundamentalmente errónea en su sentido general por parte de su director, Óscar Picardo.

El título de la portada en el PDF disponible para descarga es “La gente tiene fe…” Sin embargo, en su sitio web está más detallada la intención, pues dice así:

La gente tiene fe… aunque le falten $254.60 para llegar a fin de mes.

Tras presentar 45 gráficas de datos, al final se añade una diapositiva donde se define la fe, junto con un esquema titulado “Comportamiento humano y epistemología”, que en una parte menciona al psicoterapeuta y psicólogo estadounidense Albert Ellis y su modelo para explicar la relación entre los pensamientos o creencias con las emociones y comportamientos. El propósito general de la mencionada diapositiva es mostrar la dicotomía entre el pensamiento de tipo religioso (fe, creencias, emociones) y el científico (razón, evidencias, datos), todo ello para validar la tesis que Picardo ha enarbolado desde hace un buen tiempo en diversos medios, la cual puede formularse así: “El apoyo que la gente le da al presidente Bukele se debe al pensamiento irracional de la mayoría de la población, que se basa en la fe”.

En este complejo tema, hay por lo menos dos errores y engaños graves que señalar. En primer lugar, el dato que a la gente le faltan $ 254.60 para llegar a fin de mes (como señala el título con el que se ha promocionado el estudio) no se desprende de lo que la gente respondió en la encuesta, sino de una interpretación errónea de una pregunta confusa.

La interrogante original (textual, literal) que se formuló, según la lámina 21, es esta:

Aproximadamente, ¿cuánto dinero le hace falta al mes para cubrir sus necesidades?

La interpretación más natural del sentido de la pregunta es “con cuánto dinero al mes logra usted cubrir sus necesidades”. La mala redacción original está reconocida tácitamente por la propia publicación, pues cuando la trasladan a la nota en su sitio web no la transcriben literalmente, sino que la reformulan como “cuánto dinero le falta para llegar a fin de mes”, incorporando la traducción del modismo anglosajón “make ends meet”, en donde la respuesta adquiere ya el sentido de déficit, es decir, la diferencia entre lo que se gana y el costo de lo que se necesita comprar. Esta nueva formulación ni es lo mismo ni es igual a lo que se preguntó.

Ahora bien, para clarificar un poco esta confusión semántica, la lámina 22 indica que el 45 % de la población dice que no logra hacer ningún ahorro mensual, frente al 54 % que responde afirmativamente; por otra parte, en la lámina 18, el 31 % de los encuestados dice que su presupuesto no le alcanza para cubrir sus necesidades, mientras que el 46 % responde prácticamente que sí pero “muy ajustado” y solo el 23 % expresa que es suficiente.

A partir de lo anterior, podría describirse la situación económica general como tendiente a buena o tendiente a mala, según la interpretación, actitud y postura política del sujeto a cargo. Eso sería válido. Lo que resulta inadmisible es que se saque una conclusión absoluta (“la situación económica está muy mal”) a partir de un dato incierto obtenido con una pregunta confusa: la falacia de la premisa falsa o dudosa.

El segundo y más grave error es el que se refiere a la fe, en cuanto explicación de la opinión aparentemente irracional de un pueblo que estaría en pésima situación económica y, no obstante, apoya a su mandatario.

La definición de fe, usada en la encuesta, es la siguiente:

La fe es un tipo de conocimiento, en donde la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas, enseñanzas o religión, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad.

Esta definición es, ciertamente, más estirada y compleja que la más simple que se deduce del Evangelio de San Juan (capítulo 20, versículo 29), cuando Jesús le dice a su discípulo: “Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron”.

En cualquier caso, el grave error de interpretación que comete Picardo (por distorsión ideológica involuntaria o intención política expresa) es asumir que la gente tiene confianza en el presidente Bukele en contradicción con las evidencias, cuando lo cierto es que la gente confía en su presidente justamente debido a las evidencias, pues bajo su mandato es que se han puesto bajo control a las pandillas que tuvieron sometida a la población por décadas (logro que hasta hace pocos años se consideraba prácticamente imposible de conseguir), hito que ha tenido evidentes implicaciones económicas al liberar a la gente del lastre de la extorsión, permitirle comenzar sus pequeños emprendimientos o recuperar sus viviendas, por mencionar algunas situaciones.

Dicho de otra forma y a modo de cierre, la gente aquí es como Tomás: cree porque ha visto indicadores, elementos, señas de que sí se pueden lograr mejoras. Eso no es fe, sino esperanza fundada en hechos: “estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea”. Otra cosa es que, en el transcurso de este quinquenio, dicha esperanza crezca, se mantenga o se pierda (como sucedió, triste y cíclicamente, en las décadas anteriores), pero eso será motivo de otros análisis. Por el momento y en la coyuntura actual, lo que procede es acreditar y respetar dicha esperanza, no sabotearla ni desacreditarla con razonamientos de ropaje intelectual, pero claramente sesgados.

La necesaria sintonía

Publicado en Diario El Salvador.

Hace unos días, fueron electos siete magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ): cinco por haberse cumplido el plazo de los anteriores, uno en sustitución de otro que había renunciado y el último para cubrir una vacante por fallecimiento. A diferencia del presidente de la república y los diputados, que son elegidos directamente por el pueblo a través de las urnas, las máximas autoridades del Órgano Judicial provienen de una elección de segundo grado hecha por la Asamblea Legislativa, con mayoría calificada.

Durante todo proceso de selección de magistrados de la CSJ, es normal que se escuchen voces que pidan la necesaria idoneidad para el cargo, pero sobre todo la independencia judicial de los funcionarios en cuestión, entendida esta como “el principio según el cual los jueces y tribunales deben poder tomar decisiones de manera imparcial y libre de influencias externas, ya sean políticas, económicas, sociales o de cualquier otro tipo”. Sin embargo, hay que tener claro que la deseada independencia judicial es más bien una formulación ideal, una utopía que como tal no existe en su estado puro, pues lo que hay en realidad son grados o niveles de independencia (cuanto mayor, mejor), dentro de los cuales cabe la discusión acerca de qué candidatos dan indicios más sólidos para desempeñar el cargo con un nivel razonable de apego a este precepto.

Aquí es oportuno recordar que, contrario al deseo y expectativas naturales de las personas, las leyes y procesos jurídicos no suelen aplicarse por sí mismos de manera automática, sino que surten efecto a partir de la acción y la interpretación de seres humanos condicionados por muchísimos factores objetivos y subjetivos; por ello, no es extraño que puedan sostenerse jurídicamente argumentos para una postura a favor y otra en contra, en un mismo caso y basándose en el mismo cuerpo legal. Esto se aprecia con toda claridad en las resoluciones de tribunales colegiados que se toman por mayoría, cuando quienes no lograron hacer prevalecer su postura razonan su voto disidente.

En la práctica concreta, no solo en nuestro país sino en todas las democracias occidentales, lo cierto es que al momento de nominar o elegir magistrados de tribunales supremos siempre se tiene en cuenta un amplio conjunto de elementos fácticos, pragmáticos y de sentido común que intervienen, condicionan y de alguna manera justifican por qué decantarse hacia esta o aquella persona.

En el proceso de selección de los magistrados recién nombrados, la Asamblea Legislativa ha de haber considerado un elemento contextual importantísimo: la política de seguridad pública, que ha permitido poner bajo control el fenómeno delincuencial de origen pandilleril que durante décadas estuvo desbordado y afectó no solamente las vidas y los bienes de las personas, sino que también socavó cualquier posibilidad de desarrollo en otras áreas, como la economía y la educación. Es por ello que, en este ámbito, la línea de interpretación o hermenéutica jurídica de los profesionales del derecho elegidos, especialmente en la Sala de lo Constitucional, no debe estar en disonancia sino en coherencia con la conducción general del país, protegiendo así el interés de la población y descartando el riesgo de que se bloqueen o desmantelen los logros por vía de sentencias insólitas (como ocurría en un pasado no tan lejano).

La Constitución Política de la República de El Salvador, en su artículo 86, establece que los órganos ejecutivo, legislativo y judicial, aun cuando son independientes dentro de sus respectivas atribuciones y competencias, “colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas”. La práctica histórica ha demostrado que solamente con el concurso y sintonía de los tres órganos del Estado es posible enfrentar los desafíos históricos y llevar adelante las grandes transformaciones que demanda la nación.