Salarrué, la botija y CrediCash

La relectura del cuento de Salarrué, "La botija", en el contexto de la estafa piramidal de CrediCash (Chalatenango), me recuerda la ilusión heredada a la que los seres humanos nos aferramos: el dinero fácil, el palito de pisto, la fortuna enterrada que aparece por casualidad.

En esto no hay mayores diferencias entre legos e ilustrados. Recordemos que muchos de los estafados por Finsepro-Insepro, hace tres décadas, tenían estatus e incluso títulos universitarios. El problema es otro: se llama ingenuidad, ilusión, quimera, autoengaño. Y, claro, siempre hay un "testimonio" de alguien a quien sí le funcionó (Bashuto “vio” botijas y a don Pepe "sí le pagaron" sus intereses imposibles).

La diferencia es que, en el cuento, José Pashaca termina levantando una fortuna a base de trabajo mientras busca botijas imaginarias; mientras que, en el Chalate real, mucha gente va a quedar pelada y buscando a quién echarle la culpa.

Qué faltó en los conciertos de Shakira

Publicado en ContraPunto

Terminó la residencia centroamericana de Shakira, la cantante colombiana que llenó en cinco ocasiones, con público regional, el Estadio Mágico González, en San Salvador. Siendo evidentes los beneficios del evento —en dinamización económica y posicionamiento de marca país— hubo, sin embargo, una carencia que, para muchos, puede parecer irrelevante, incluso impertinente o irreal, pero que conviene señalar. Me refiero al papel menor y accesorio al que han sido reducidos los artistas nacionales, a quienes los organizadores de estos espectáculos masivos internacionales, desde su infinita condescendencia, les permiten presentarse como teloneros, mientras el gran público espera pacientemente a la estrella por la que ha pagado el boleto.

A decir verdad, tras una mediana búsqueda en línea, no he podido encontrar cuál es la ley, reglamento o disposición institucional que obligue a las productoras a incluir a un artista nacional como preliminar de un extranjero que se presente en el país. Incluso podría tratarse de una práctica consuetudinaria que existe desde hace décadas. Sin embargo, por testimonios conocidos, se sabe que el trato que muchos artistas locales reciben por su participación es propio del que se dispensa a quien se considera un mendigo de espacios donde presentarse, quedando esa acción prácticamente al nivel de un favor concedido de mala gana, por el que no obstante deben agradecer la generosa migaja de permitirles pisar el escenario del grande y sumar una línea a su currículum. Y eso, en el mejor de los casos, porque ya ha habido ocasiones en que se les relega a un mini escenario afuera del recinto, mientras el público transita para ingresar.

En el caso de los cinco conciertos de Shakira —exitosos por donde se les mire— la situación fue aún más discutible, pues la plaza consuetudinaria de “artista nacional” como acto preliminar no se asignó a ninguna cantante salvadoreña —que habría sido lo más lógico por coherencia artística— sino a un DJ. Con el debido respeto al trabajo que cada quien realiza en las distintas ramas del arte, no se puede equiparar el proceso creativo, la composición y el talento de una intérprete vocal con el de quien mezcla música ya existente, por más recursos técnicos que utilice. En esa línea, el siguiente paso sería colocar una rockola en la entrada.

El problema no es aislado. Hay múltiples factores que inciden en el desprecio estructural hacia el artista nacional. Uno de ellos es la actitud de quienes controlan los principales medios de difusión musical. Las radios, por regla general, no programan música hecha en El Salvador, a menos que medien relaciones laborales o comerciales con los propios creadores. Un hecho revelador es que, en 2019, cuando se intentó aprobar una ley que estableciera un porcentaje mínimo obligatorio de música nacional en las radiodifusoras, la oposición de los dueños de las radios fue feroz y lograron abortar el proyecto: el verbo “deben” se transformó en “pueden” programar música nacional, una broma de mal gusto. Lo que les quitó el sueño fue el miedo imaginario de que el público, al escuchar en programación una canción producida en el país, cambiara inmediatamente de estación, como si la nacionalidad de la obra fuera en sí misma un defecto de fábrica.

Este es un ámbito en el que el Ministerio de Cultura podría intervenir con mayor decisión, no para obstaculizar espectáculos internacionales sino para establecer una normativa clara que garantice la presencia de un artista nacional acorde a la naturaleza del evento, asegurando no solo su inclusión formal, sino su idoneidad artística, su pertinencia y su correspondiente reconocimiento pecuniario. Incluso podría contemplarse que ese pago sea deducible del impuesto sobre la renta, de modo que el incentivo no recaiga exclusivamente en los organizadores.

Si estos conciertos movilizan millones y proyectan al país en la región, no parece desproporcionado exigir que también funcionen como plataformas reales de visibilización del arte nacional. Al final del día, la realidad es que la música nacional existe, en cierta cantidad y de cierta calidad, amateur dirán algunos, pero con el derecho a que se le abran puertas que, hasta hoy, han permanecido bien cerradas.

Defensa de la celebración

Publicado en Diario El Salvador.

Todas las sociedades han tenido, tienen y tendrán momentos dedicados a celebraciones, sean estas religiosas o mundanas. Esto es connatural a la humanidad, individual y colectivamente, no solo desde el punto de vista funcional —como para unificar creencias y valores, dando cohesión social— sino también como un necesario espacio para desahogar las tensiones y, al mismo tiempo, fortalecer la psique para retomar el camino en la búsqueda de las metas vitales.

Es en ese contexto anímico donde surge la necesidad social de tener los espacios adecuados para dichas celebraciones, cosa que ocurre en todas partes del mundo. En nuestro país, las villas navideñas —tanto del Centro Histórico de San Salvador como en otras ciudades— se han convertido en los lugares por excelencia para que toda la población, sin distingos de estratos sociales, acuda a contagiarse del espíritu de las celebraciones decembrinas, que cierran ciclos y abren expectativas. Sumarse a estas actividades es, además, un acto de merecida generosidad hacia sí mismos.

Y no obstante… hay quienes son alérgicos a las celebraciones, negándose ese derecho por razones tan distintas como problemáticas. Igual están en su derecho y se les respeta. El problema viene cuando intentan trasladar ese mal humor a los demás, directamente o valiéndose de subterfugios retóricos. Unas veces esos gestos de sabotaje simbólico vienen desde el más puro espíritu del Grinch, ese personaje verdoso y solitario creado por el escritor norteamericano Theodor Seuss en 1957; pero en otras ocasiones lo hacen desde fijaciones ideológicas, en un extraño afán por apagar la ilusión y la alegría de la gente.

En esa línea discursiva, hace unos días circuló una declaración de un académico, quien lanzó un sutil regaño a la población por pasarla bien en esta época, instándola a cuidarse de las emociones festivas y sus manifestaciones —luces, fuegos artificiales, shows artísticos y eventos espectaculares— ya que estas pueden “ocultar que la realidad salvadoreña tiene otras caras que permanecen y que podrían quedar invisibilizadas”.

Tal discurso plantea un falso dilema: la simpleza de “o celebran o atienden los problemas”, ignorando que en la vida existen espacios para cada tarea, sin que una cosa anule la otra. La declaración tampoco fue bien recibida porque, entre otras cosas, pareciera implicar una especie de superioridad moral entre una minoría iluminada y “consciente de la realidad” por encima de “las masas hipnotizadas y alienadas”, en velada alusión a la satisfacción que expresa la inmensa mayoría de la población por el rumbo que lleva el país.

En curioso contraste con este tipo de conminaciones, constan en la memoria histórica y en registros de audio unas palabras del Dr. Ignacio Ellacuría, quien durante un acto estudiantil universitario en 1989 —un año especialmente trágico, en los estertores de la guerra civil— animaba a un grupo de jóvenes que habían organizado un espacio artístico de liberación y esparcimiento. En la presentación del evento, el entonces rector los animó explícitamente a que, sin ignorar los problemas de entonces, tuvieran “sentido de la fiesta” e hicieran fiesta como un modo de catarsis.

Al final del día, la sana alegría es un derecho fundamental. Cargar contra la gente por divertirse en estas fiestas no deja en buen predicado a quienes se afanan crónicamente por volver hegemónico un discurso de negación de logros y exageración de necesidades, frecuentemente engendrado desde un comprensible sentimiento de mínima relevancia política. Ciertamente, las luces de esta época no son para afirmar la inexistencia de dificultades sociales por resolver, sino para reflejar y reconfortar el buen ánimo que nos impulsa a continuar con optimismo.

Dicho lo anterior, no queda más que añadir lo siguiente: ¡Felices fiestas de fin de año!

Por qué la gente no les cree

Desde antes de la elección de Nayib Bukele como Presidente de la República en 2019, el periódico digital El Faro afirmó que hubo contactos entre presuntos representantes del entonces candidato y miembros de pandillas, cuando aquel fungió como Alcalde de San Salvador. La supuesta prueba era una fotografía donde se ve a varias personas en una mesa, en una venta de comida, que dicen estaría validada por testimonios de sus fuentes pandilleras, con quienes los periodistas acusadores tienen nexos.

Luego, desde mediados de 2020, El Faro ha ampliado e insistido en denunciar que el gobierno de Bukele hizo un pacto con cabecillas pandilleros, para reducir homicidios a cambio de beneficios puntuales. Las pruebas presentadas al público han sido, en el transcurso de varias entregas, una fotos de personas encapuchadas, audio de conversaciones donde todos hablan en clave y con sobrenombres, y principalmente fuentes pandilleras con evidente interés en plegarse a este relato para buscar beneficios propios o perjudicar al gobierno. Últimamente publicaron un video entrevistando a un criminal prófugo, quien dijo que sí a todo lo que los hermanos Martínez d’Aubuisson le fueron sugiriendo en el transcurso de una conversación bastante amigable.

Utilizando una fuerte red de activistas patrocinados, los de El Faro consiguieron que personeros de la administración Biden le compraran ese relato, con consecuencias diplomáticas y, además, logrando que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos mencionara el tema en una acusación contra líderes de pandillas por delitos en aquel país, presentada en Nueva York. Sin embargo, en los años 2023 y 2024, la misma administración demócrata se desmarcó de dicha narrativa y comenzó acercamientos estratégicos con el gobierno de Bukele, mismos que se consolidaron y se ampliaron con la llegada del presidente republicano Donald Trump, en enero de 2025, lo cual ha resentido mucho a la red mediática y lobista anti Bukele, pues está claro que esa narrativa ya no tiene espacio en los despachos oficiales.

En el fondo de todo persiste una pregunta fundamental: ¿por qué la población salvadoreña no se cree esta teoría conspirativa del pacto?

La primera razón es porque dicha teoría se sostiene únicamente en la credibilidad de los periodistas de El Faro, caracterizados por más de una década por publicar material que de una u otra forma justifica o legitima a las pandillas, por quienes sienten una extraña fascinación. Son ellos quienes afirman haber recibido los testimonios de los criminales y, solo por ser ellos, habría que creer que sus fuentes son reales y también que lo que estas dicen es cierto (cosa ya de por sí dudosa, dada la situación de precariedad a la que los redujo el gobierno de Bukele).

La segunda razón es mucho más simple, pero contundente: la teoría del pacto choca frontalmente con la realidad de la desarticulación de las pandillas en El Salvador. El Faro y sus satélites se han esforzado en deslegitimar el logro gubernamental diciendo que este procede de una negociación. Eso es un absurdo evidente, pues no hay estructura en el mundo, criminal o no, que vaya buenamente a negociar su propia extinción a cambio de nada. Pensar que sus cabecillas —con años de experiencia en vida criminal, control territorial y manipulación de actores políticos— hayan sido tan ingenuos como para pactar y acabar rendidos, desarmados y presos, requiere un nivel de imaginación sólo proporcionado por sustancias alucinógenas.

El Faro y su red de medios amigos, sin duda, se seguirán esforzando por repetir este relato hasta la saciedad, pues aparentemente no tienen más que ofrecer. El problema para ellos es que, si no funcionó cuando pensaban que iba a ser una bomba mediática, difícilmente funcionará cuando ha quedado reducido a un refrito cuyo sabor se va degradando en cada entrega.

Quién debe conducir la PDDH

Llega el momento, como cada 3 años, de elegir titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Comparto contexto, historia y algunas ideas. Doy mi opinión al final.

1. La PDDH nace en 1992, con los Acuerdos de Chapultepec, para “velar por la protección, promoción y educación” de los DD.HH. en la sociedad. El titular lo elige la Asamblea Legislativa con mayoría calificada. Su debilidad de origen: puede investigar denuncias, pero sus resoluciones no son vinculantes.

2. Su naturaleza es no partidaria y tampoco debería ser usada para fines políticos (como pasó con las dos comisiones de DD.HH. “gubernamental” y “no-gubernamental” durante la guerra, que denunciaban solo al bando contrario).

3. ARENA y FMLN vieron en la PDDH un espacio para colocar a personas afines a sus intereses, buscando instrumentalizar la institución. Y cuando no lo lograban por negociación (bloqueo mutuo), pusieron a funcionarios anodinos y, en ocasiones, altamente incapaces (ej. Peñate Polanco, 1998).

4. Para abonar a lo anterior, recordamos a titulares que dijeron cosas muy extrañas, como Beatrice de Carrillo (2001) cuando fue a Mariona a visitar reclusos, llamándoles “mis niños”. En otra ocasión, sugirió dar instrucción militar a las pandillas.

5. La procuradora Raquel Caballero llegó al cargo en 2016, elegida por ARENA y FMLN. Recibió muchas críticas y no fue reelegida en 2019 por esos partidos, pero retomó el cargo en 2022, con el apoyo de Nuevas Ideas (que para entonces ya era la mayoría calificada).

6. El sentido político de su elección en 2022 fue presentar, ante la comunidad internacional, a una funcionaria en un cargo sensible que no pudiera ser tachada como simpatizante o afín al bukelismo; es decir, que no la deslegitimaran por esta causa. Esto fue explicado por el presidente Bukele en cadena nacional.

7. La gestión actual de Raquel Caballero se da en el contexto de la Guerra contra las Pandillas y el Régimen de Excepción, con el trasfondo de una estrategia de oenegés y activistas opositores para atacar al gobierno, arropados bajo la bandera de los DD.HH. Las críticas recibidas por la funcionaria son, principalmente, porque no se ha alineado a esta causa.

8. Superada la fase crítica de la Guerra contra las Pandillas, considero que se necesita una PDDH que no le haga el juego político a la oposición, pero tampoco parezca alineada con el oficialismo, sino que se centre en su misión institucional. Una persona con ese perfil es muy difícil de hallar, dada la polarización y etiquetas existentes.

9. Personalmente, creo que la Asamblea debería abrir espacio para nuevas postulaciones que surjan de la verdadera sociedad civil. Pero si se agota este recurso y no hay una candidatura idónea, no se extrañen de que la actual titular sea reelegida.

Propuesta para reflotar el fútbol salvadoreño

Publicado en Diario El Salvador

Si hay un tema en el que todos, absolutamente todos los sectores de la vida nacional tendríamos que estar de acuerdo, es que el fútbol salvadoreño está en la calle de la amargura desde hace varias décadas. Indicadores objetivos sobran: equipos en permanente crisis, estadios vacíos como norma, fracasos como costumbre a nivel de selección mayor, ausencia de futbolistas nacionales en ligas extranjeras importantes, etc. Lo curioso es que, a pesar de que este es un señalamiento recurrente, la dinámica decadente no ha cambiado.

Como aficionado nacido a finales de los años 60, soy de la generación que presenció cómo países que antes estaban por debajo de nosotros —muchos sin ligas profesionales medianamente armadas— y a los que les ganábamos sin complicaciones nos fueron dejando atrás: Canadá, Panamá, Jamaica y, últimamente, Nicaragua. Ni hablar del paupérrimo desempeño de los equipos nacionales en torneos regionales. Y así podría seguir el inventario de males, en un extenso diagnóstico que ya conocemos sobradamente. Pero todo eso será tinta desperdiciada en un improductivo muro de los lamentos, a menos que se propongan y ejecuten soluciones realistas, acciones concretas para sacar del estado catatónico al alicaído deporte de las mayorías.

Como punto de partida, es necesario entender que la maldición del fútbol salvadoreño es un problema de estructuras más que de personas (aunque personajes nefastos no han faltado). Esas estructuras inoperantes abarcan desde el modo en que se constituyen y gestionan los equipos de primera división hasta la manera en que se forman los jugadores y las expectativas que puede tener quien decide dedicarse profesionalmente al fútbol. La pregunta clave es si ese cambio puede ser liderado por las mismas personas que han estado enquistadas en la estructura que urge desmontar. Pareciera que no, pues es un hecho social que las estructuras obsoletas se protegen a sí mismas. De ahí que el cambio quizá deba ser conducido por actores que, hasta hoy, no se habían involucrado directamente en ese pantano, pero con la capacidad de liderazgo y poder suficiente para tirar de la carreta, superando las resistencias naturales de los obstruccionistas.

En cuanto a propuestas concretas, seguramente habrá muchas por considerar, pero hay una en particular que implica e integra múltiples soluciones necesarias: que la Liga Mayor de Fútbol adopte el modelo de franquicias fijas, con inversionistas con capacidad financiera certificada. El modelo sería análogo al de la Major League Soccer, abandonando el sistema de ascensos y descensos. Así, entre ocho y diez marcas funcionarían como asociaciones deportivas privadas o como asocios público-privados, con incentivos fiscales incluidos.

Este esquema permitiría planificar inversiones a mediano plazo. Las fuerzas básicas de cada club recibirían la atención que merecen y, con una adecuada promoción y gestión de marketing, se podría vincular al equipo con la gente y lograr que esta regresara a los estadios. Actualmente, podrían consolidarse al menos seis franquicias con viabilidad deportiva y comercial: Alianza (San Salvador), FAS y Metapán (Santa Ana), Firpo (Usulután), Águila (San Miguel) y Limeño (La Unión). También cabría explorar otras plazas como Sonsonate y San Vicente, además de un segundo equipo en San Salvador y otro en La Libertad.

Otras medidas complementarias serían: capacitar a todos los entrenadores nacionales en métodos modernos (sector con enormes deficiencias técnicas y pedagógicas), limitar a tres extranjeros por equipo (no “paquetes”), reactivar el Torneo de Copa, cambiar el formato de competencia de la liga (premiando la constancia y no la mediocridad), establecer un tope salarial realista y promover una asociación de futbolistas activos.

Ojalá la FIFA usara su poder, en coordinación con el INDES, para implementar esta reforma; sin embargo, para ello se requiere que un grupo de personas capaces y con visión de cambio dé el paso al frente y esté dispuesto a hacerse cargo de esta enorme tarea.

Dilemas de la Iglesia y el nuevo papa

Publicado en Diario El Salvador

Tras el fallecimiento del papa Francisco, el cónclave para elegir al nuevo Vicario de Cristo está señalado para iniciar el 7 de mayo. No hay un tiempo límite de duración para esta solemne asamblea cardenalicia, pues el requisito es que el designado obtenga dos tercios de los votos emitidos. Siempre que se piensa en un nuevo papa, emergen especulaciones y debates sobre su perfil, de cara a las necesidades y expectativas de una institución milenaria que congrega aproximadamente 1.4 mil millones de fieles, esto es, cerca del 18 % de la población mundial.

En términos generales y además del sentir de la feligresía, dos son las principales expectativas que recaen sobre la sucesión papal, especialmente desde la sociedad laica occidental: la primera, el rol de la Iglesia como agente social en un mundo crecientemente secularizado y desigual, y, segunda, su postura sobre temas morales de amplio debate generacional.

Desde el concilio Vaticano II, concluido hace 60 años, la Iglesia Católica asumió un papel importante en la promoción de la justicia social, ya no solo a nivel de caridad individual (como hacía antes), sino cuestionando las estructuras sistémicas que marginaban a grandes sectores de la población. De allí surgió un nuevo impulso para la Doctrina Social de la Iglesia, como un llamado a la conciencia y la conversión de quienes manejaban los destinos de las naciones; pero también dio lugar a la controvertida Teología de la Liberación, una interpretación extrema que en varios países, como El Salvador, facilitó la incorporación de mucha población católica a los movimientos armados de la izquierda latinoamericana, en un contexto de dictaduras, represión y violencia estructural.

Con el ascenso del cardenal jesuita Jorge Bergoglio, investido como papa Francisco en 2013, muchos sectores creyeron o quisieron ver un nuevo giro social dentro de la Iglesia, pero Francisco mantuvo siempre un tono prudente y diplomático, lejos de la beligerancia imaginada por quienes resintieron la cruzada anticomunista de Juan Pablo II. Todo parece indicar que los electores, los 133 cardenales que no sobrepasen los 80 años de edad, mantendrán el énfasis en la espiritualidad católica posconciliar, enraizada en la fidelidad a la tradición y la apertura moderada al diálogo contemporáneo.

El segundo tema es más delicado, pues la doctrina católica parece estar cada vez más en conflicto con los cambios de creencias y consensos sociales en temas como el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, los anticonceptivos, el divorcio y el empoderamiento de la mujer al interior de la jerarquía, donde no son pocos los sectores que demandan reformas profundas y urgentes. En la pugna entre conservadores y progresistas, el papa Francisco fue catalogado dentro del segundo bloque, pues tuvo muchos gestos de comprensión y acercamiento hacia quienes se han sentido excluidos por las categorías antes mencionadas; sin embargo, es importante recalcar que la doctrina no sufrió ningún cambio sustancial bajo su papado, pues sigue siendo la misma consignada en el Catecismo de la Iglesia Católica, un volumen de aproximadamente 1,000 páginas que buena parte de los católicos no suele consultar de manera sistemática.

En este aspecto, aunque a nivel externo se presente el dilema de nombrar a un papa “conservador”, uno “moderado” o uno “liberal”, lo cierto es que la doctrina oficial se le impone a cualquiera que resulte electo, por lo que lo más probable es esperar continuidad, no grandes cambios ni revoluciones profundas. Hay que tener presente que buena parte de los temas morales en discusión provienen de enseñanzas doctrinales firmes —algunas de rango dogmático— que, por su misma conceptualización, no se pueden cambiar ni aún con la voluntad de un nuevo concilio o de una mayoría de cardenales. Lo que puede haber son cambios de actitudes, de énfasis pastoral, pero no de doctrina. En otras palabras: la Iglesia Católica seguirá siendo fiel a sí misma.

Corrupción, la herencia maldita

Publicado en Diario El Salvador

Latinoamérica es una región rica en recursos naturales, con clima benévolo y cuya población se entrega al trabajo con devoción ancestral. Pese a estas bendiciones, los países latinoamericanos aún están sumidos en el subdesarrollo, cuyas causas han sido objeto de extensos análisis y debates. Uno de ellos es el libro Por qué fracasan los países (Acemoglu y Robinson, 2012), el cual reconoce la historia colonial de América Latina como factor determinante, pero señala como más decisiva la influencia nefasta de las instituciones extractivas, que concentraron el poder y la riqueza en manos de una minoría, dificultando la consolidación de economías dinámicas y democracias estables en la vida independiente de las naciones del subcontinente.

En estrecha relación con estas estructuras sociales ha estado el fenómeno de la corrupción, históricamente utilizada como herramienta para extraer beneficios particulares del aparato estatal, mediante redes de reparto de favores y dinero a grupos de interés; en íntima connivencia con las instituciones políticas y judiciales, controladas por las élites para evadir la acción de la justicia, perpetuar la impunidad y, a la vez, mantener la vigencia de las prácticas ilícitas que les beneficiaban.

En este contexto general, puede afirmarse que El Salvador aún carga con una herencia sociocultural de corrupción institucionalizada, de la cual urge liberarse como requisito indispensable para progresar en todos los ámbitos de la vida social. Este concepto se refiere a “la transmisión generacional de patrones de corrupción dentro de una sociedad, que han sido asumidos y perpetuados a través de sus instituciones”.

En términos simples, la corrupción institucionalizada no es otra cosa que la omnipresencia de “la cultura del más vivo”, la cual se aprende y se reproduce a lo largo del tiempo en diversas prácticas cotidianas, funcionando como una regla no escrita del sistema. A este nivel, la corrupción va más allá de excepciones particulares, convirtiéndose en un fenómeno estructural muy arraigado en la cultura política, económica y social, cuya erradicación requiere no solamente de leyes fuertes y voluntad política emanadas desde las altas esferas gubernamentales, sino del compromiso activo de todos los sectores de la población.

A partir de lo anterior, la sociedad salvadoreña necesita comprender que la guerra contra la corrupción es más difícil de ganar que la guerra contra las pandillas, porque toca prácticas profundamente internalizadas e incluso normalizadas, tanto en los ámbitos públicos como privados. La Ley Anticorrupción y otras reformas, recientemente aprobadas por la Asamblea Legislativa para fortalecer los controles y aumentar las penas, no son solamente la concreción del discurso que el presidente Nayib Bukele ha mantenido desde el quinquenio anterior, con la ventaja añadida de satisfacer un requisito puntual de organismos multilaterales de financiamiento.

Este esfuerzo gubernamental tiene sentido porque ofrece posibilidades concretas de ir saneando a la sociedad salvadoreña, en cuanto ofrece la oportunidad para que todos los sectores se involucren en la lucha por la honestidad, allí donde les corresponda: desde las altas esferas del poder, con prácticas honestas de rendición de cuentas; hasta la población que supervisa, vigila y denuncia situaciones irregulares; pasando por las instituciones encargadas de detectar, investigar, documentar, juzgar y condenar a quienes hagan uso ilícito de los recursos estatales.

En esta cruzada, la participación ciudadana y la respuesta integral de sus autoridades son pilares fundamentales para romper con este nefasto ciclo perverso. Ya que se tienen la voluntad política y las herramientas fortalecidas, este es un momento decisivo y una oportunidad única en la historia nacional para hacerlo, sin contemplaciones hacia colores políticos, nexos sociales o incluso lazos familiares. El camino hacia una sociedad más justa, en ruta a su desarrollo integral, pasa necesariamente por el combate constante, firme, sistemático e implacable contra la corrupción, en el tiempo y en el lugar que esta se encuentre.

Formas de ignorancia

Publicado en ContraPunto

Una persona ignorante es alguien que desconoce algo o que carece de cultura. El calificativo es una descripción, aunque en la mayoría de situaciones comunicativas cotidianas tiene una connotación peyorativa e incluso es usado como insulto. En tanto que ningún ser humano es omnisciente, todos padecemos de ignorancia en alguna medida. Este reconocimiento, plasmado en la frase de Sócrates "yo solo sé que no sé nada", es un acto de humildad intelectual, en cuanto admite los límites del conocimiento humano y promueve una actitud de constante búsqueda y cuestionamiento. En este sentido, bien puede decirse que creerse sabio es la primera y más grave ignorancia; esta es particularmente perjudicial porque cierra la puerta al aprendizaje y al cuestionamiento, generando dogmatismo, arrogancia y una resistencia al cambio y al autoconocimiento.

La ignorancia como vicio se presenta de muchas maneras, más de las que comúnmente se cree. Una muy habitual es la que demuestran ciertas personas que presumen de su nivel educativo, títulos académicos o intelectualidad, cuando descalifican la opinión ciudadana de personas sencillas y humildes sobre temas sociales y políticos, por el solo hecho de que estas no completaron determinados niveles de escolarización. Quien padece este tipo de ignorancia desconoce la teoría de las inteligencias múltiples, especialmente la interpersonal e intrapersonal, las cuales permiten a las personas gestionar sus relaciones con el entorno humano inmediato e interpretar su realidad, formulando conclusiones a partir de su propia experiencia. Una persona puede tener baja escolaridad, pero mostrar cierto tipo de sabiduría en su vida, así como virtudes esenciales para la convivencia; por el contrario, hay gente con títulos universitarios que, no obstante, evidencia graves niveles de estupidez en su conducción por la vida.

En la galería de personajes del entorno político (activistas, periodistas, comentaristas, analistas y conexos), hay muchos que navegan con bandera de listos, pero sus palabras y acciones los colocan en entredicho. Es insólito, por ejemplo, que alguien con título de licenciatura o doctorado presuma públicamente de su falta de filtros para expresarse, más aún cuando son precisamente estas expresiones desbocadas las que le han causado problemas de imagen y credibilidad. También es inaudito que un supuesto intelectual esgrima su título obtenido en el extranjero para justificar su derecho a insultar reiteradamente (en vivo y en directo, aunque con muy poco ingenio) a la mayoría del pueblo.

En casos como los descritos, además de padecer de “la ignorancia de la imprudencia”, estas personas desconocen las diversas teorías lingüísticas que establecen la adaptación del lenguaje a la situación comunicativa (considerando emisor, receptor, código, medio y contexto), en función pragmática para lograr sus objetivos, para lo cual se requiere elegir y dominar ciertos registros lingüísticos. Demostraciones de ignorancia como las descritas son más reprochables en cuanto mayor es el presunto nivel intelectual de quienes las evidencian, pues justamente esa pregonada condición tendría que impulsarles a investigar las implicaciones de la diversidad y complejidad humanas.

Otro caso de esta “ignorancia ilustrada” ocurre cuando, justamente en virtud de su educación y conocimiento sistemático en ciertas áreas específicas, muchas personas viven sumergidas en un mundillo de autovalidación que les aleja de otras perspectivas y puntos de vista. Un término culto relacionado con esta actitud se deriva de la imagen de la torre de marfil como símbolo de belleza y pureza absolutas: el “torremarfilismo”. Este concepto se refiere a la actitud de “aislamiento intelectual, en la que personas —especialmente académicos, artistas o científicos— se desconectan de los problemas y necesidades prácticas de la sociedad”.

“La ignorancia es atrevida”, dice el dicho popular. Paradójicamente, las personas acusadas de ignorantes por su bajo nivel de escolaridad muchas veces se expresan con la humildad que les hace falta a quienes, escudados en sus títulos, viven en el constante atrevimiento de querer imponer a los demás sus puntos de vista parciales, sesgados, sectarios, fanáticos o interesados y, ante su inefectividad persuasiva, ejercen venganza verbal desde la pedantería contra quienes no han podido convencer.

Los otros símbolos patrios

Publicado en Diario El Salvador

Un símbolo es un “elemento u objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición, etcétera”. Nuestra Ley de Símbolos Patrios establece oficialmente tres: escudo, bandera e himno. Allí también se reconoce la Oración a la Bandera, de David J. Guzmán, “como una exaltación a la patria”; asimismo, en diversos momentos fueron declarados como representativos nacionales el torogoz, el maquilishuat, el bálsamo y el izote.

Sin embargo, existen otros símbolos más allá de los oficiales, que también representan la salvadoreñidad. La manera de detectarlos es bastante sencilla: si su evocación o exposición es asociada claramente con el colectivo y es reconocida como elemento identitario, tanto en la percepción interna de sus miembros como externa desde otros grupos, entonces estamos en presencia de un símbolo patrio fáctico, informal o extraoficial, pero plenamente funcional. El ejemplo más claro lo tenemos en la gastronomía: las pupusas.

Estos símbolos aglutinadores también pueden ser personas que, por sus notables obras y acciones meritorias, llegaron a convertirse en personajes que identifican y representan a la ciudadanía urbi et orbi. Tal estatus se alcanza solamente cuando ya se han superado las controversias y discusiones coyunturales, es decir, cuando ese gran juez que es el tiempo ha dado su sentencia. Tal es el caso de nuestro profeta y mártir, San Óscar Arnulfo Romero, el salvadoreño más universal, cuya palabra y legado son innegables referentes morales.

La cultura y el deporte también son campos fértiles para el surgimiento de personajes que puedan ocupar tan privilegiados pedestales, si bien muchas veces la devoción de las multitudes tiende a la indulgencia con sus yerros, perfectamente humanos. En el ámbito artístico, Alfredo Espino, Salarrué y Claudia Lars son una tríada sólida de autores clásicos salvadoreños que bien podrían representarnos, por cuanto supieron entender y plasmar con singular estilo y depurada técnica la esencia de nuestra tierra y nuestra gente; pese a ello, lo cierto es que no son tan conocidos por las mayorías populares y su trascendencia tampoco llega a ser un claro referente ante la mirada del extranjero. En cambio, en la cancha futbolera sí tenemos a uno que fue, es y será admirado por generaciones, reconocido por propios y extraños: nuestro genio y figura, el Mágico González.

La política es, seguramente, el campo menos prolífico para aportar nombres que lleguen a convertirse en símbolos merecedores de respeto y admiración, pese a los intentos de sus partidarios por hacerles monumentos (muchos de los cuales, con el paso de los años, acaban siendo ignorados, despreciados y hasta demolidos). Tristemente, en casi dos siglos de vida republicana, lo que hemos tenido —y en abundancia— no son políticos ilustres sino todo lo contrario, a tal grado que elaborar una lista del oprobio es tan fácil como nombrar, en orden cronológico inverso, a los expresidentes de la república: prófugos, refugiados, procesados, encarcelados, señalados y repudiados por el pueblo. En este ámbito cabe comentar lo siguiente: en atención a su indiscutible popularidad e impacto mediático dentro y fuera del país, muchos mencionan la posibilidad que el presidente Bukele sea recordado de manera distinta a la de sus predecesores; sin embargo, ese veredicto solamente lo dará el tiempo, pasadas un par de décadas después de finalizar su gestión.

En suma, los símbolos que fortalecen la nacionalidad son importantes, no solo por lo que unifican e identifican, sino por los sentimientos de pertenencia y compromiso que pueden inspirar en cada una de las personas, dándole sentido y trascendencia al trabajo diario, teniendo la certeza que ese esfuerzo vale la pena y nos hace partícipes de la tarea colectiva para dejar un mejor legado del que recibimos.

Gestión de conflictos en las instituciones

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Todas las instituciones sociales (religiosas, políticas, militares, gremiales, etc.) tienen mecanismos de coordinación y toma de decisiones para la consecución de sus fines. En dicha labor es esencial el papel de quienes las conducen, para armonizar y administrar no solo los aportes de cada miembro, sino también sus diferencias. Existen distintos estilos y modelos de gestión institucional, que van desde los más verticales (jerárquicos o autoritarios) hasta los más horizontales (participativos, colaborativos), cada uno con sus ventajas y desventajas, dependiendo del tipo y tamaño del colectivo, así como de sus liderazgos.

Las instituciones militares y religiosas, por su misma naturaleza, suelen ser fuertemente verticales, con líneas de mando claramente definidas emanadas desde la cúpula; mientras que las asociaciones civiles y comunales tienden a implementar mecanismos con mayor posibilidad para que sus integrantes expresen diversidad de opiniones y se les tome en cuenta. La familia y la escuela, en cuanto instituciones sociales, han transitado en el tiempo entre unas formas y otras, según los paradigmas vigentes, pero en general se perciben cada vez menos rígidas, con las bondades que eso supone, pero también con los riesgos inherentes a la excesiva permisividad.

En perspectiva histórica, no es difícil demostrar que, como sociedad, nuestro común denominador en la gestión de conflictos institucionales han sido los esquemas de comportamiento que privilegian las reacciones primarias e instintivas de protección (de lo que se considera el propio territorio) y defensa (de aquellas posesiones físicas o afectivas). Así, ante un cuestionamiento o crítica que se recibe por parte de otra persona, el impulso básico de autoconservación actúa y se le etiqueta inmediatamente como enemiga, cediendo a la fácil tentación de atacarla y alejarla, en lugar de buscar un diálogo constructivo y con madurez. Un ejemplo típico es la discusión familiar entre padres e hijos, sea por un noviazgo, un permiso para salir o cualquier otra causa discutible, la cual pronto escala a gritos y amenazas en donde el adulto acaba señalándole la puerta y ofreciéndole la calle al joven, como única alternativa a vivir bajo normas incuestionables, sin abrir la posibilidad de flexibilizarlas, establecer acuerdos sobre la base de la autoridad parental o incluso adaptar las reglas a nuevas realidades.

Un área especialmente interesante para el análisis de los modelos de gestión de conflictos es la que involucra a las fuerzas políticas en la historia del país, particularmente aquellas que en su momento se definieron como revolucionarias en sus luchas contra las dictaduras militares de los años setenta. En aquel contexto de guerra declarada, los cuestionamientos y divergencias internas fueron percibidos como amenazas a la existencia misma de dichas organizaciones. La intolerancia extrema de los psicópatas que estaban en los cargos de dirección de aquellos grupos se concretizó en asesinatos emblemáticos, como los de Roque Dalton (ERP) y Mélida Anaya Montes (FPL). Luego, a partir de la posguerra, los conflictos internos que siguieron existiendo en todo el espectro político e ideológico del país dejaron de resolverse con la eliminación física de la disidencia, dando paso a maneras relativamente pacíficas pero igualmente excluyentes: escisiones y expulsiones basadas en una supuesta búsqueda de pureza ideológica o lealtad absoluta, quimeras que acabaron debilitando a los entonces fuertes partidos políticos, Arena y FMLN.

De un análisis más amplio de todo lo anterior, se tendría que concluir que el camino del aprendizaje y desarrollo de las inteligencias emocionales, aplicadas al ámbito institucional, es largo pero imprescindible. La meta debería ser aprender a gestionar apropiadamente los conflictos naturales dentro de las distintas organizaciones sociales, formadas en última instancia por personas que no necesariamente han de caber en un molde único, pero que pueden sumar esfuerzos en aras de sus fines comunes.

Para personas de amplio criterio

El fin de semana del 15 y 16 de junio se presentó, en el Teatro Nacional de San Salvador, la obra titulada “Inmoral”, producida por el Proyecto Inari, que en su publicidad incluyó el logo del Ministerio de Cultura. Según la nota de un periódico local, es “una fusión entre las artes performáticas drag y las artes dramáticas del teatro”.

El significado pertinente de “drag”, del sitio web WordReference, es un slang o jerga: “associated with the opposite sex, transvestite”, lo cual queda claro en las fotos promocionales pero no en el afiche. Seguramente el término más conocido es el que incluye las dos palabras: drag queen. Se trata, pues, de una obra enmarcada dentro del movimiento LGBT+ cuyo argumento se describe así:

A la protagonista de esta obra, se le es anunciado que su mejor amigo fue asesinado, agregado a esto es violentada por el cuerpo de seguridad y, al regresar a su casa asustada, se da cuenta que todos los fantasmas de su pasado han venido a visitarla.

Luego de las dos funciones de la obra, y seguramente atendiendo quejas de algunas personas que asistieron, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado en donde manifiesta que la compañía teatral “no describió con precisión el contenido de su obra, que resultó ser no apta para todo público”; además, reclama que hayan usado el logo institucional sin su autorización. Por estas razones, se lee, “las funciones restantes del Proyecto Inari en el Teatro Nacional de San Salvador han sido canceladas” (aun cuando aparentemente ya no había más programadas).

Este incidente da pie para revivir el antiquísimo debate sobre la censura. Sabiendo que el arte es una compleja integración de aspectos formales y de contenido, la calidad artística tiende a establecerse a partir del manejo de los registros y códigos propios de cada rama del arte, mientras que el contenido siempre queda sujeto a valoraciones morales, políticas o de cualquier otra índole. Así, la censura puede ejercerse sobre obras que no alcanzan los estándares mínimos de calidad puramente estética o también, como en este caso, contra espectáculos cuyo contenido sea considerado por algún motivo inapropiado, inconveniente, perjudicial, incorrecto, etc. Este debate es infinito y no tiene mucho sentido pretender zanjarlo de una vez por todas (allá cada quién con su opinión).

La postura del Ministerio de Cultura es que dicha institución arrienda los espacios que administra, como el Teatro Nacional, “exclusivamente para eventos culturales que sean apropiados para audiencias de todas las edades”. Este incidente se enmarca en el contexto de una fuerte polémica en la cultura occidental, especialmente en países del primer mundo, sobre la exposición de menores de edad a espectáculos queer. A nivel local, responde a una política explícita de supresión en ámbitos estatales (culturales, educativos, etc.) de cualquier contenido que promueva —explícita o implícitamente— la así llamada Ideología de Género.

De acuerdo a declaraciones de sus productores, la obra “Inmoral” se ha presentado libremente en diversos espacios escénicos desde hace un año. Se entiende que el público ha acudido consciente y a sabiendas de qué va el tema. La polémica actual surge por hacerla en espacios estatales supuestamente familiares, a los cuales ingresarían personas incautas que podrían sentirse ofendidas en sus valores conservadores. Siendo así, acaso habría que añadir obligatoriamente en la promoción de dichos espectáculos esta antigua y nunca superflua prevención: “Para personas de amplio criterio”.

Messi y una semiestafa consentida

Publicado en ContraPunto

Hay aclaraciones no pedidas que no necesariamente son culpas confesadas, sino precauciones necesarias en un contexto donde cualquier cosa que uno diga puede ser y seguramente será usada en su contra, “haters” al acecho. Comienzo, pues, negando cualquier posible acusación de ser anti Messi; por el contrario, he participado desde el inicio en la fundada admiración a uno de los tres mejores futbolistas de todos los tiempos, por lo que su reciente venida al país es, lejos de toda duda, un hecho histórico cuya importancia traspasa las fronteras deportivas.

En esta línea, confieso que me tentó ir al partido de su actual equipo, el Inter de Miami, contra nuestra maltrecha y maltratada Selecta, convocado para el pasado 19 de enero en el Estadio Cuscatlán. Lo que me detuvo no fue el precio en sí (US$ 200 la localidad más accesible, que me pudo quedar en 12 cuotas sin intereses), sino el resultado de analizar objetivamente la relación costo-beneficio de esa inversión en entretenimiento y emociones.

En primer lugar, vi que no iba a ser un partido jugado al cien, sino prácticamente el entreno con público de un equipo —el Inter Miami FC— que apenas iba a iniciar su pretemporada, con jugadores aún lejos de su forma física óptima, frente a otro —la Selecta, prácticamente un “trabuco”— que ni siquiera tenía entrenador a dos semanas del compromiso y además está en su racha más larga de no conocer la victoria. Esto, de entrada, no auguraba un encuentro de gran nivel futbolístico como para justificar el desembolso del billete, más considerando que la expectativa obvia era que Messi jugase entre 45 a 60 minutos, si acaso.

En segundo lugar, tuve que hacer un ejercicio de honestidad para recordar la realidad futbolística actual de quiénes venían, en contraste con cualquier recuerdo nostálgico e idealizado. Hablando en oro, el Inter Miami FC es un equipo de la Major League Soccer que terminó penúltimo en su conferencia, mientras que sus figuras ya están en la última fase de su carrera profesional: Messi y Suárez con 36 años, Busquets con 35 y Alba con 34. Si bien son veteranos de envidiable palmarés y el nivel de la liga gringa es muy superior a la nuestra (ya quisiéramos tener media docena de jugadores cuscatlecos en la MLS, pero no hay ni se vislumbran, salvo que los nacionalicemos), lo que se veía venir era un equipo de medio pelo, a años luz de distancia de aquel glorioso FC Barcelona de la temporada 2014-2015; sin embargo, los organizadores pusieron los precios como si de este último se tratase y, calculando que hayan vendido el 80 % de las localidades, se embolsaron una taquilla de entre 5 y 6 millones de dólares.

En tercer lugar, ya en la plataforma para comprar el boleto (sí, admito que ingresé y pese a los anteriores razonamientos estuve a punto de darle clic), me encontré con la desagradable sorpresa de que, por cada boleto comprado, la empresa expendedora del ticket digital iba a cobrar US$ 25 por el solo hecho de emitirlo. Este cargo no fue anunciado previamente y me pareció, además de publicidad engañosa, excesivo y abusivo. Digamos que fueran 30,000 personas al evento, la empresa se embolsa US$ 750,000 dólares del puro aire, un “palito de pisto” que de solo pensarlo da grima.

Con estas tres razones me bastó para desistir de cualquier intento de hacerme presente al estadio, pues desde antes ya estaba planteado el cuasiatraco: me hacen pasar un entreno como partido, vendiéndome al Inter como el Barsa y, de ribete, me bolsean veinticinco dólares adicionales al precio ya de por sí carísimo. Aceptar este trato es exactamente lo que planteo en el título: una semiestafa consentida, que se reveló en toda su plenitud cuando inició el segundo tiempo del juego y, ante la salida de Messi y los estelares, mucha gente comenzó a retirarse del estadio.

A lo anterior hay que añadir un par de detalles de mal gusto: primero, que no haya habido rueda de prensa ni antes ni después del partido, ni siquiera una entrevista en el pasillo de Messi ni los ex Barsa (vamos, ni siquiera del cuerpo técnico); segundo, que Messi se retirara de la banca hacia los camerinos faltando cinco minutos para terminar el juego, una auténtica falta de respeto deportiva.

Al final del día y dicho lo dicho, como salvadoreño a punto de haber caído en esa treta parcial (porque sí, lo importante es que vino Messi y fue todo abrazos con el Mágico y cara de admiración con Nayib), sólo me quedan dos pequeñas satisfacciones reivindicativas: la primera, los dos quites que nuestro portero Mario González le hizo al astro argentino (único momento realmente emocionante mientras La Pulga estuvo en el césped); la segunda, la cara de disgusto que deben haber puesto los directivos del Inter Miami FC al ver la multitud de camisetas rosadas “chabeleadas” que compró y lució la afición, sin que a ellos les quedara un cinco por sus derechos de marca.

Contra la mentalidad de escasez cultural

Publicado en ContraPunto.

Los conceptos de “mentalidad de escasez” y “mentalidad de abundancia” se han propagado mucho en tiempos recientes, no solo en el ámbito de la psicología aplicada a los negocios y la autoayuda, sino en todos los ámbitos para describir la actitud personal en cualquier área de la vida. En general, esta dicotomía afirma que una persona con mentalidad de escasez se centra en las limitaciones y dificultades en cuanto obstáculos para lograr un objetivo, privilegiando así el negativismo, mientras que alguien con mentalidad de abundancia ve las oportunidades y posibilidades de crecer, incluso en medio de las dificultades.

Evidentemente, la sola actitud o perspectiva subjetiva por sí misma no es suficiente para cambiar los resultados de la tarea que se emprenda, especialmente si no tienen en cuenta las condiciones del contexto. Así, sería ingenuo creer que con el solo optimismo vendrá la prosperidad, pero también es innegable que la actitud personal ejerce una importante influencia en el ánimo y el desempeño individual al momento de plantear y desarrollar un proyecto, tanto así que una persona difícilmente saldrá adelante si su mente está inundada de pensamientos que llaman al fracaso.

Todo lo anterior es pertinente para analizar una publicación reciente en la red social X, antes Twitter, referida a la nueva Biblioteca Nacional. Dicho post cuenta, al momento de la redacción de este artículo, con más de 162,000 impresiones, 929 likes, 272 republicaciones directas y más de mil comentarios (la mayoría negativos, cabe aclarar). La transcribo íntegramente, incluyendo los errores ortográficos:

Todos alegres por la biblioteca y a nadie le gusta leer y mucho menos estudiar hoy todo está en Internet copias, pegas y imprimís. El populismo los tiene segados.

Este es un inmejorable ejemplo de esa pobre “mentalidad de escasez” mencionada en los párrafos introductorios anteriores. Es sorprendente cómo, en menos de treinta palabras, el autor del citado post (cuyo nombre no es relevante) deja ver su terrible ignorancia y falta de perspectiva en este tema, en primer lugar porque las bibliotecas modernas hace ya mucho tiempo dejaron de ser meros depósitos de libros, para convertirse en amplios centros de apoyo al conocimiento. Bibliotecas como esta —así como las de las principales universidades del país— cuentan actualmente no solo con los recursos físicos usuales, libros impresos tradicionales, sino también con amplia gama de herramientas digitales para la investigación, así como otras áreas de recreación y esparcimiento cultural enfocadas a usuarios de distintas edades.

En todo caso, querer anular la importancia de una biblioteca con la afirmación festinada (y falacia ad populum) de que “a nadie le gusta leer” es olvidar que esta puede servir, precisamente, para promover y fomentar hábitos de lectura y desarrollo del pensamiento. Esa es la diferencia entre la mentalidad de escasez y la de abundancia: la primera se ciega (con “c”) a las posibilidades, segando (con “s”) las oportunidades, mientras que la segunda abre un abanico de potencialidades para provecho de la sociedad. Por poner un ejemplo muy simple, consideremos que hay cientos de centros escolares que no tienen biblioteca propia y quedan a menos de una hora de camino del Centro Histórico: estos pueden llevar allí a sus estudiantes con fines de promoción cultural (como, de hecho, ya se hacía en el antiguo edificio).

Un último aspecto a mencionar es que quien así se exhibió cree, ingenua y equivocadamente, que todos los libros están en internet en modalidad de libre acceso y, en consecuencia, que una biblioteca está de más. Esto no es así: no todo está en la web de gratis y esta carencia digital es especialmente sensible en cuanto a literatura centroamericana y salvadoreña. El libre acceso a libros es un bien intrínseco que sólo puede rechazarse desde la más profunda miseria cultural.

Ciertamente, es lamentable que este tipo de gente, en su escasa visión cultural y en su profunda obsesión antigubernamental, tire dardos contra una obra de claro potencial formativo para todas las generaciones. Aquí no se trata de defender esta biblioteca porque sea de este gobierno, sino de rechazar y superar esquemas de pensamiento mezquinos que nos anclan en el subdesarrollo.

Realidad, ficción y distorsión de la justicia

El 10 de octubre de 2023 se conoció del vil asesinato de una niña de 7 años en un barrio popular del área metropolitana de San Salvador, hecho abominable en el cual, según las primeras pesquisas, el criminal habría actuado por motivaciones sexuales. El presunto responsable, ya capturado, es un vecino contra quien las autoridades aseguran tener suficientes pruebas testimoniales, documentales y científicas que lo incriminan. Este caso recuerda a otro execrable hecho, como lo fue la violación y asesinato de la niña Katya Miranda en 1999, crimen que quedó en la impunidad aunque las investigaciones señalaron a su propio abuelo como el perpetrador.

Crímenes como los antes referidos provocan la inmediata condena ciudadana, avivando el clamor de justicia así como la exigencia del más duro castigo para esta clase de individuos. Nadie en su sano juicio debería pensar siquiera en esgrimir algún tipo de descargo para semejante conducta. Nadie en su sano juicio. Nadie.

Pero en tiempo de relativismos morales, oportunismos políticos y estupideces ideológicas, nunca se sabe, pues existe cierto sector de la sociedad, supuestamente ilustrado, que desde hace muchos años se ha esmerado en presentar a los miembros de las peores estructuras criminales no como victimarios sino como víctimas de la sociedad, en un retorcido esfuerzo por aplicar a su conveniencia teorías sociales y psicológicas del más diverso origen (desde Rousseau hasta Marx, pasando por Freud) para entender y acaso justificar las más horrendas acciones.

Aparte de reportajes, publicaciones y expresiones de cierto sector del periodismo actual, que documentan esta enfermiza tendencia, hay una notable obra en la literatura de ficción nacional que toca este tema: la novela ¡Justicia, señor gobernador!, publicada por Hugo Lindo en 1961. Su trama es el esfuerzo de su personaje principal —el doctor Amenábar, juez y abogado— por examinar la formación (o deformación) de la personalidad de un reo de apellido López Gámez, convicto por la violación y asesinato de una niña de 6 años.

Lo interesante del caso es que el propio doctor Amenábar no tiene ninguna duda de que López Gámez fue, en efecto, el autor material del crimen; sin embargo, se resiste a creer en la maldad del individuo y, por el contrario, se empeña en indagar en su miserable pasado psicosocial para explicar su conducta. En ese afán, se remonta hasta la infancia del criminal y los abusos que este sufrió, de donde derivan los serios traumas que finalmente empujaron a López Gámez a cometer el horroroso hecho. A partir de tales hallazgos, el doctor Amenábar dicta una insólita sentencia que lleva hasta las últimas consecuencias la traslación de las culpas, por cuya causa es destituido de su cargo y acaba recluido en un manicomio.

¡Justicia, señor gobernador! plantea, a través de su protagonista, una conclusión absurda a partir de razonamientos que pueden tener algún sentido por separado, tanto desde el punto de vista social como psicológico y moral, como lo son la interconexión de las acciones humanas y los orígenes de las aberraciones conductuales; sin embargo, una vez más, en la realidad de casos como el mencionado al principio, nadie debería atreverse a insinuar siquiera que el asesino tenga algún tipo de explicación, justificación o atenuante.

¿O habrá aún quienes lo intenten…?

Migración inversa y burbuja inmobiliaria

Publicado en ContraPunto

Hace algunos meses, un joven profesional me comentaba acerca de sus planes para formar familia, con simultánea ilusión y desazón, este último sentimiento provocado por la enorme dificultad de adquirir una casa propia acorde a sus expectativas y a precio razonable. En pláticas informales con diversas personas al hablar del tema, la conclusión ha sido siempre generalizada: los precios de las viviendas están elevadísimos y las cuotas son inaccesibles, incluso para aquellos afortunados que califiquen como sujetos de crédito. El corolario apareció en un tuit reciente de un periódico digital: “Sector inmobiliario enloquece y elevan las viviendas a precios irreales”, mencionando casos concretos en colonias populosas y populares.

El término “burbuja inmobiliaria” se utiliza, desde hace un par de décadas, para describir el incremento sensible de los precios de bienes inmuebles, percibido por los posibles compradores como excesivo o injustificado, muchas veces puramente especulativo. En este tema, como en casi todo, opera la simple y primitiva ley de la oferta y la demanda: si hay suficientes personas con el dinero y la voluntad de comprar a semejantes precios (a lo sumo, con un moderado regateo), la oferta se adecúa a esa demanda y los precios se mantienen altos. Si, por el contrario, los montos solicitados por las viviendas no encuentran suficientes clientes con los recursos monetarios para pagarlos, la oferta supera a la demanda y necesariamente los precios bajan.

De acuerdo a lo anterior, la pregunta clave en esto es, entonces, la siguiente: ¿de dónde sale tanta gente comprando viviendas a esos precios?

Una de las hipótesis más mencionada es que hay una significativa cantidad de salvadoreños que trabajan y residen en el exterior, especialmente en Estados Unidos y Canadá, interesados en regresar al país a corto o mediano plazo, en muchos casos con miras a vivir aquí su retiro laboral. Esto se explicaría principalmente por dos factores: el primero, el peso de la raíz sociocultural (clima tropical incluido); el segundo, la notable mejora de la seguridad ciudadana en el país que los vio nacer. Dicho en otras palabras: el anhelo de muchos compatriotas por volver a su tierra en condiciones favorables parece ser ahora mucho más factible. El término acuñado desde la esfera gubernamental para describir este fenómeno es “migración inversa”.

Para indagar más sobre esta hipótesis, consulté con una persona experimentada que trabaja en el rubro de bienes raíces, quien maneja inmuebles de amplio rango de precios: desde viviendas moderadamente sencillas hasta casas y apartamentos que podrían considerarse relativamente lujosos. Me dijo que, efectivamente, la clientela formada por salvadoreños en el exterior es un factor que ha influido en la creación de esta burbuja, por cuanto el valor de cambio del dólar en El Salvador no es el mismo que en Estados Unidos, pues cien mil dólares representa un valor muchísimo más elevado aquí que allá (digamos diez años de salario contra dos, para alguien con un empleo donde gane moderadamente bien).

Sin embargo, la agente de bienes raíces consultada me aclaró que no es tan cierta la queja local frecuente de que los hermanos lejanos compran al precio que sea; sino que ellos generalmente investigan, comparan, buscan referencias y toman decisiones informadas, para no dejarse sorprender por intermediarios informales que quieran domárselos. Otro elemento que mencionó es que, al parecer, la efervescencia inmobiliaria de la primera mitad del año está tendiendo a aminorar, no en cuanto a que bajen los precios alcanzados sino que ya no están aumentando al mismo ritmo que lo hicieron hace algunos meses.

Así explicado el fenómeno, queda la interrogante de cuáles van a ser las opciones de vivienda accesible para aquellas personas que, como el joven profesional mencionado al inicio del artículo, quieren pero no pueden independizarse e iniciar su propio núcleo familiar. Los especialistas en el tema, tanto del sector público como del privado, son los llamados a hacer propuestas viables y además sostenibles en el tiempo y en el espacio.

Requisitos discriminatorios

Publicado en ContraPunto.

Toda persona que anda en busca de una oportunidad laboral seguramente ha experimentado ese instante emocional e íntimo, al momento de ver un anuncio de plaza vacante y leer los requisitos para aplicar a dicho empleo, celebrando como una pequeña pero esperanzadora victoria cada una de las características solicitadas que está segura de cumplir e incluso lanzándose con optimismo al reto de asumir aquellas de los cuales duda tener al cien por ciento (entre ellas, las que son de dudosa medición objetiva, como el “espíritu colaborativo y de superación”).

Sin embargo, en estos afanes no todas son alegrías, pues también hay que rumiar con amargura esas otras condiciones de la convocatoria que descartan a la persona de entrada, no siendo por habilidades técnicas específicas e imprescindibles para el puesto, sino exigencias realmente antojadizas, objetivamente discriminatorias, francamente ambiguas o incluso que tocan aspectos del propio ser y su dignidad.

Evidentemente, si alguien sabe desde el inicio a qué tipo de empleo y en qué tipo de institución se está postulando, la misma persona ajusta sus expectativas a esa realidad y decide aplicar o no al puesto. No tiene ningún sentido, por ejemplo, que un farmacéutico pida trabajo como ingeniero civil, tampoco que alguien envíe una solicitud para puesto de electricista si no sabe ni cómo cambiar un foco. El problema viene cuando en las convocatorias hay requisitos que nada tienen que ver con la calificación profesional o las habilidades necesarias para desempeñar el trabajo requerido, tales como la edad, el sexo o la profesión religiosa.

En el caso de la discriminación por edad (cuyo término acuñado y registrado en el diccionario es “edadismo”), es frecuente encontrar en las convocatorias restricciones tipo “no mayor de 35 años” y a veces menos, lo cual no obedece sino a una burda lógica empresarial de sumisión, en tanto se considera a las personas de mayor experiencia y edad como proclives al conflicto si estas tienen que defender sus derechos laborales.

En el caso del sexo, pedir que el candidato sea hombre o la postulante sea mujer generalmente se debe a los estereotipos sociales en cuanto a las profesiones, excepto en casos muy específicos en donde puede tener sentido este requisito (por ejemplo, si busca una dependiente para la sección de ropa íntima femenina en un almacén, o si quiere un custodio para un centro penal destinado exclusivamente a población masculina).

En cuanto al tema religioso, exigir una determinada profesión de fe para poder aplicar a un empleo no solo es inverosímil en una sociedad secular supuestamente fundamentada en las libertades, entre ellas la religiosa, sino que también es ilegal. Una sentencia de 2008, de la Sala de lo Constitucional salvadoreña, esclarece que el Estado y los particulares están obligados a “no adoptar medidas coercitivas para que [una persona] manifieste sus creencias” y también los inhibe para “investigar sobre las creencias de los particulares”.

En este último caso, se podría argüir que si el empleador fuese una institución confesional en donde el puesto estuviese directamente relacionado con la propagación de sus creencias fundamentales (por ejemplo, una iglesia que busque un director para sus escuelas dominicales en donde se adoctrina a los asistentes), el requisito de profesar la misma religión del convocante sí tendría sentido; sin embargo, sería discriminación injustificada si una universidad, cualquiera sea su filiación, incluyese esta exigencia específica para contratar docentes, confundiendo su rol con el proselitismo.

Si lo que se quiere es construir una sociedad fundamentada en la integración y el respeto a la diversidad, persistir en requisitos como los apuntados no abona en nada; por el contrario, dicha actitud refuerza prejuicios e impone de facto limitaciones al derecho al trabajo. En este sentido, conviene pensar en crear o ajustar la normativa al respecto, tarea que corresponde al Ministerio de Trabajo y, de ser necesario, a la Asamblea Legislativa.

Un discurso inconsecuente

Publicado en ContraPunto.

La legalidad de la candidatura de Nayib Bukele para un segundo mandato presidencial es un tema que está sobrediscutido. Desde que la Sala de lo Constitucional habilitó dicha candidatura, mediante fallo de septiembre de 2021, se han vertido hasta la saciedad todas las argumentaciones posibles de quienes están a favor y en contra.

Ambas posturas tienen su fundamento y su lógica interna, como debe ser en un buen debate. En su elaboración han intervenido respetados juristas y, en ese sentido, es importante que la ciudadanía entienda en qué se basa cada cual, para tener una opinión informada. Sin embargo, dado que son posturas mutuamente excluyentes, es imposible que ambas tengan vigencia simultánea. Llegados a este punto, más allá de la diversidad de opiniones sobre doctrinas y procedimientos, y para evitar una discusión infinita, debe prevalecer el criterio de la instancia que la Constitución misma señala para tal fin, la cual es precisamente la Sala de lo Constitucional.

Ante dicha realidad, hay partidos de oposición que mantienen su discurso sobre la alegada inconstitucionalidad de dicha candidatura, pero al mismo tiempo ya tienen electas a sus propias fórmulas presidenciales y están listos para oficializar ante el Tribunal Supremo Electoral sus inscripciones en la contienda, lo cual es incoherente con su propio planteamiento.

Esto sólo se explica por una de dos causas: o bien, dichos partidos no se creen el argumento de la inconstitucionalidad; o, si se lo creen, son completamente inconsecuentes con dicha creencia. La razón es clara y simple: si realmente creyeran que la competencia está viciada, lo correcto sería no participar en ella; ya que al competir en condiciones que consideran contrarias a Derecho, en verdad estarían legitimando la contienda y a todos sus participantes.

Como referencia de una actitud política coherente en la historia de El Salvador, cabe recordar que ya hubo un caso en donde la oposición en bloque no participó o se retiró de las elecciones, por considerar que estas no ofrecían las garantías mínimas. Fue en 1956, en la época de las dictaduras militares, cuando el teniente coronel José María Lemus llegó al poder como candidato único por el Partido Revolucionario de Unidad Democrática (PRUD), sin que hubiese otras opciones. Esto supuso una mancha de ilegitimidad desde el inicio de su mandato, dentro del cual fueron creciendo cada vez más las protestas sociales hasta culminar con su derrocamiento en 1960.

Volviendo al contexto actual, algunos voceros de la oposición política interpretan que, de consumarse la asunción de un segundo periodo presidencial de Bukele, la Constitución obliga a la insurrección. No es así, según se desprende de la mencionada sentencia de la Sala de lo Constitucional, ya que este cargo le vendría por mandato popular vía elecciones, no por extensión arbitraria de su primer periodo. Pero en cualquier caso, ni en el escenario más delirante y surrealista cabe imaginar a estos personajes opositores liderando una revuelta popular (ni pacífica ni violenta), pues como ya ha quedado evidenciado en numerosos intentos fallidos, carecen de respaldo y medios para congregar o acarrear siquiera cinco mil personas en una plaza pública en un día soleado y feriado.

Queda entonces la interrogante de por qué van a participar en algo que consideran ilegal. Como respuestas, se han vertido especulaciones de todo tipo: desde que su único interés es beneficiarse con los fondos de campaña, provenientes de donantes fervorosos pero ingenuos, hasta que su propósito es invocar a una imaginaria comunidad internacional para que desconozca a Bukele (como ganador previsible, según todas las encuestas) y reconozca como presidente “legítimo” (al estilo del venezolano Juan Guaidó) al que quede en segundo lugar. Ciertamente, aquí el límite es la imaginación.

Sea como sea, lo cierto es que las contradicciones, incoherencias y fantasías que exhibe la actual pero caduca oposición política son un lastre creciente que hace presagiar su propio hundimiento definitivo.

De censuras y dobles raseros

Publicado en Contrapunto.

A principios del mes de julio de 2023, la editorial guatemalteca F&G Editores publicó un comunicado, asegurando que el gobierno salvadoreño había solicitado a los organizadores de la XX Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) que no incluyera en la programación el libro Sustancia de hígado, de la escritora y periodista salvadoreña Michelle Recinos.

Es importante mencionar que, en esta edición de la Filgua, El Salvador fue invitado de honor; razón por la cual el gobierno salvadoreño, a través de la Secretaría de Cultura y la embajada en Guatemala, pudo acordar con los organizadores la agenda de actividades a presentar en el espacio concedido.

La presentación del libro nunca estuvo en cartelera oficial y este sigue en circulación libremente para quien lo desee adquirir; sin embargo, el hecho se vendió en muchos titulares sesgados como un oprobioso acto de censura, aunque lo ocurrido admite otra lectura menos dramática (sustentada en el único reporte periodístico más o menos informado que se publicó al respecto): que el gobierno salvadoreño por alguna razón no consideró oportuno, conveniente ni apropiado aceptar la propuesta de F&G Editores para presentar dicho libro.

Como era de esperar, personas que están pendientes del quehacer cultural salvadoreño (es decir, muy pocas) reaccionaron en redes sociales con indignación y elevados tonos de denuncia que, en síntesis, vienen a decir lo mismo: “¡No a la censura de la dictadura!”

De este episodio, podría ser interesante discutir sobre si realmente hubo o no censura; asimismo, también podría debatirse qué tan trascendente puede ser un cuento que pretende sumarse a la campaña contra el régimen de excepción, habiendo ya cierto sector del periodismo plenamente consagrado a tal activismo.

Sin embargo, dejando esas elucubraciones para quien las quiera retomar, lo que este hecho revela con meridiana claridad es el doble rasero (doble moral o doble estándar) de quienes esta vez explotaron en ira reivindicativa virtual, pero en el pasado cercano no solo guardaron silencio, sino que hasta aplaudieron un acto de censura bastante más claro que el antes referido.

Este otro caso fue el de la presentación del libro Un cuento de mayo, del autor Jairo Lara, evento que había sido anunciado para el 4 de septiembre de 2021 en la Librería y Papelería UCA, de Soho Las Cascadas, pero que fue cancelado por la empresa anfitriona una semana antes de realizarse, sin que hubiera mayor explicación de su parte, más que una enigmática declaración en estos términos: “Rechazamos cualquier tipo de conducta que atente contra los derechos humanos y reiteramos nuestro compromiso de apoyar a la literatura salvadoreña”.

En un primer momento, pudo pensarse que esta suspensión tendría algo que ver con el contenido de dicho libro; sin embargo, Un cuento de mayo retrata las vivencias de unos terremotos ocurridos en 1951 y cualquiera que lo haya leído sabe que es política e ideológicamente inocuo.

¿Por qué, entonces, semejante abrupta cancelación? Atando un par de cabos y conociendo mínimamente el contexto, resulta evidente que este acto de censura no vino ni por el contenido del relato ni por su autor, sino por la fuerte animadversión de los dueños de dicho espacio cultural hacia quien iba a dar las palabras de presentación del libro: el diputado Carlos H. Bruch, del partido Nuevas Ideas, a quien evidentemente no estaban dispuestos a recibir, por motivos políticos.

Las reacciones de protesta por parte de los simpatizantes del partido cian fueron bastante naturales, esperadas dentro de cualquier batalla política (sea que les interesara o no el tema estrictamente literario). En contraparte, lo que no se vio tan bien fueron los aplausos y felicitaciones progres de ciertas personas tenidas como intelectuales, hacia un evidente acto de censura literaria; peor cuando ahora, a la distancia, se rasgan las vestiduras en nombre de la libertad creativa y de expresión… a su conveniencia ideológica.

En conclusión, las condenas por supuestas violaciones a la libertad de expresión se descalifican a sí mismas cuando sólo se hacen de manera conveniente y exclusiva para los intereses propios. Llegados a ese punto, son ruido de fondo... cada vez más inaudible.

Polémica LGBT

Publicado en Contrapunto

La historia de las reivindicaciones sociales está llena de gestas cuyo elemento común fue el haber buscado el reconocimiento de la dignidad inherente a la persona, con las implicaciones jurídicas correspondientes. Estas luchas buscaron derribar barreras legales y morales que legitimaban tratos injustos y, pasado un tiempo después de cada batalla ganada, cada conquista fue asimilada por el conglomerado social, volviéndose irreversible. Nadie en su sano juicio pensaría hoy, por ejemplo, en retirar el derecho al voto de las mujeres o restablecer la esclavitud.

En perspectiva histórica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) tendría que haber sido la conquista teórica final, enfocándose los esfuerzos de allí en adelante en su implementación efectiva para todas las personas en todos los países. En esta línea de pensamiento es que hoy, sobre la tercera década del siglo XXI, se libra una fuerte batalla ideológica relativa a la diversidad sexual y el reconocimiento de derechos a las personas LGBT.

En este tema, en el mundo occidental ya había habido ciertos avances básicos desde la segunda mitad del siglo pasado, como cuando la Asociación Estadounidense de Psicología y la Organización Mundial de la Salud dejaron de considerar a la homosexualidad como una enfermedad; o como cuando la Iglesia Católica, pese a rechazar los actos homosexuales, reconoció en su Catecismo que hay personas con “tendencias homosexuales profundamente arraigadas” y estableció que deben ser tratadas “con respeto y delicadeza”, evitando “cualquier estigma que indique una injusta discriminación”.

Siendo El Salvador un país conservador, aquí parecía haberse llegado a una especie de tolerancia mínima, tácita y genérica, del tipo “cada quién que viva su vida como mejor le parezca, sin dañar a los demás”; sin embargo, ese equilibrio inestable se vio agitado por recientes incidentes ocurridos principalmente en Estados Unidos, retomados por activistas ultraconservadores salvadoreños para relanzar su campaña permanente de rechazo al tema. Dos casos recientes lo ilustran.

En abril de este año, la marca estadounidense de cerveza Bud Light lanzó una campaña con la influencer transgénero Dylan Mulvaney, hecho que le costó una caída en ventas del 30 % por el boicot de consumidores conservadores. Inspirados en ello, usuarios de redes sociales en El Salvador atacaron un spot de inclusión LGBT lanzado hace tres años por una reconocida industria cervecera local, presentándolo como si aún estuviera en circulación.

El otro caso fue el de Target, cadena de tiendas norteamericana que desde 2010 tiene una sección pride con prendas para diversas edades, pero que en 2023 incluyó mercancía del controversial diseñador trans Erik Carnell, por lo cual recibió fuertes reclamos de los consumidores y acabó retirándola, además de sufrir serias pérdidas económicas. Miméticamente, en El Salvador hubo quienes propusieron una campaña de boicot contra un supermercado, por poner a la venta calcetines de arcoíris (no por su absurdo precio de 10 dólares, sino por promover la ideología de género).

Este año en particular, la polémica entre promotores y detractores de la causa LGBT ha escalado en países del primer mundo a agrios niveles de violencia verbal y simbólica, especialmente cuando involucra a la niñez como destinataria de la propaganda a favor o en contra. Aquí en la periferia, apenas toca la cola de ese huracán, pero las fobias ancestrales afloran ante la sola mención del tema.

Tal parece que un asunto tan controversial como este no se va a resolver a corto plazo, pues con la polarización existente no hay debate entre las partes, solamente reafirmaciones de las creencias preexistentes. Corresponderá a las nuevas generaciones, millenials y centennials no fanatizados, construir y consolidar soluciones equilibradas, respetuosas, duraderas y razonables, por el bien de todos los sectores involucrados.