Silvio Rodríguez y el placer culposo

Comencé a ser fan de Silvio Rodríguez hace cuarenta años. No solo disfruté de sus canciones: también saqué los acordes a oído para tocarlos en mi guitarra —tras la debida transposición armónica, adaptada a mi voz grave— y más de una vez las interpreté en festivales artísticos durante mis tiempos universitarios en la UCA. Por supuesto, no me perdí el concierto que dio en el Estadio Mágico González en 2008. Y hoy, de cuando en cuando, regreso a esas melodías entrañables, ligadas a experiencias vitales alegres y también dolorosas, en ese territorio híbrido entre lo vivido y lo imaginado.

Pero soy consciente de que disfrutar de Silvio es un placer culposo. Para hacerlo, me resulta necesario —mandatorio, diría— disociar su música de aquello que la engendró: el comunismo y su defensa a ultranza, sublimada y estéticamente hermosa, del régimen castrista y de sus derivados ideológicos contemporáneos.

Escuchar la Canción del elegido pensando en la figura del Che Guevara, con todas las muertes que carga, es una contradicción ética insostenible. Tararear Pioneros mientras imagino el feroz adoctrinamiento al que someten a los niños en Cuba no es precisamente placentero. Pasearse por la belleza lírica de Monólogo —un hombre mayor que intenta conectar con las nuevas generaciones, mientras vende la idea de que el castrismo cuida a sus súbditos con buen pescado y verduras enlatadas— produce inevitablemente una disonancia cognitiva. Y transitar por el festival verbal y armónico de Domingo rojo, con su explícita exaltación del trabajo forzado, casi te hace justificar la esclavitud.

Disfrutar los ecos de Bach en Eva choca con la conveniente idealización de una mujer ultrafeminista con la que cualquier macho podría copular y procrear sin responsabilidad alguna. Recordar las exaltaciones de Silvio hacia la revolución sandinista en Canción urgente para Nicaragua, a la que le auguraba un camino glorioso, luce hoy como una amarga ironía a la luz de la pareja maldita Ortega-Murillo. Y referirse a la guerrilla del FMLN con la bella metáfora de que “por la loma y por el valle viene quemando la alegría” suena, ahora, como una afrenta a la sensibilidad popular.

Y así podríamos seguir…

He aquí la paradoja: pese a sus contenidos, la dimensión estética de gran parte de la obra de Silvio es tan elevada que logra sobreponerse a la racionalidad histórica y resonar en raíces antiguas, cuando muchos creímos en el Romanticismo Revolucionario y nos dejamos seducir por sus utopías. Al final, esa es la naturaleza del arte: su capacidad para cautivarnos más allá de la lógica. Y solo quien no haya caído en sus dulces redes —en cualquiera de sus variantes— puede atreverse a tirar la primera piedra.

La verdad sobre el Problema de Monty Hall

El “Problema de Monty Hall” es un famoso problema de probabilidad, inspirado en el concurso televisivo estadounidense Trato hecho. Fue planteado por el matemático Steve Selvin en 1975 y popularizado por Marilyn vos Savant en 1990.

En términos simples, el problema es así:

Tienes tres puertas cerradas. Detrás de una hay un buen premio (digamos, mil dólares), y detrás de las otras dos, nada de interés (digamos, una escoba y un trapeador).

Solo puedes elegir una puerta, pero sin abrirla todavía.

Le dices al presentador cuál quieres abrir. El presentador sabe dónde está el premio y entonces abre una de las otras dos puertas que no elegiste, asegurándose de que no tenga el premio.

Ahora quedan dos puertas cerradas. Él te ofrece la opción de mantener tu elección inicial o cambiarte a la otra puerta.

¿Qué haces: la mantienes o la cambias?

La solución clásica dice que te conviene cambiar, porque tus probabilidades iniciales eran 1/3 para la puerta que elegiste y 2/3 para las otras dos, y al descartar una de ellas (porque ya se abrió), esos 2/3 se “concentran” en puerta restante. Según esta visión, cambiar siempre tiene más chances.

Pero si lo analizamos de forma literal, considerando todos los universos posibles (combinando las opciones tuyas y las del presentador), la historia cambia. En cada escenario, una vez que el presentador abre una puerta, quedan exactamente dos posibilidades igualmente probables: o tu elección inicial es correcta, o no lo es. Veamos todo el desglose:

Si eliges la puerta 1

• Premio en la 1, él abre la 2
  → cambias a la 3, pierdes.
• Premio en la 1, él abre la 3
  → cambias a la 2, pierdes.
• Premio en la 2, él abre la 3
  → cambias a la 2, ganas.
• Premio en la 3, él abre la 2
  → cambias a la 3, ganas.

Si eliges la puerta 2

• Premio en la 1, él abre la 3
  → cambias a la 1, ganas.
• Premio en la 2, él abre la 1
  → cambias a la 3, pierdes.
• Premio en la 2, él abre la 3
  → cambias a la 1, pierdes.
• Premio en la 3, él abre la 1
  → cambias a la 3, ganas.

Si eliges la puerta 3

• Premio en la 1, él abre la 2
  → cambias a la 1, ganas.
• Premio en la 2, él abre la 1
  → cambias a la 2, ganas.
• Premio en la 3, él abre la 1
  → cambias a la 2, pierdes.
• Premio en la 3, él abre la 2
  → cambias a la 1, pierdes.

Si contamos todos estos 12 "universos paralelos", vemos que en 6 escenarios, si cambias tu elección inicial ganas y, en los otros 6, si cambias pierdes. La elección final tiene la misma probabilidad de ganar: 50/50. Es decir, no importa si mantienes o cambias. La clave está en considerar las posibilidades condicionales combinando tu elección con la acción del presentador, y no solo agrupar probabilidades globales desde el inicio.

Conclusión: la solución clásica es engañosa porque no considera los escenarios individuales. En la práctica, después de que el presentador abre una puerta, mantener o cambiar es como lanzar una moneda.

¿Explicar o justificar? Esa delgada línea...

Un asesinato político es, en esencia, un asesinato. Punto. No hay medias tintas. La etiqueta que se le ponga a un homicidio intencional y premeditado únicamente describe la motivación del victimario, pero es irrelevante al momento de condenar el hecho y exigir que sobre el responsable caiga todo el peso de la ley. No hay, en este punto, justificaciones o relativizaciones que valgan, así sean muy sutiles.

Sin embargo, esto último es precisamente lo que hace el director editorial de El Diario de Hoy, Óscar Picardo, cuando se refiere al asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, en un artículo titulado El racismo como “enemigo cultural” (Charlie Kirk), publicado en ese periódico el 22 de septiembre de 2025, apenas doce días después de la muerte del emblemático polemista.

El objetivo de Picardo es señalar que Kirk propagaba el racismo y la xenofobia bajo una reconfiguración discursiva que presenta “narrativas que apelan a la identidad, la cultura y la seguridad nacional”. Para tal fin, cita varias frases fuera de contexto. Pero, al margen de que esta acusación pueda sostenerse o no, aparece ya un párrafo revelador:

"Probablemente esta narrativa antagónica —más otros factores religiosos e inclusive su férrea defensa de la Segunda Enmienda— llevó a que otro fanático le quitara la vida de manera violenta y absurda".

Al llamar al asesino “otro fanático”, Picardo extiende ese calificativo al propio Kirk, poniéndolo en el mismo plano moral que el criminal y, en cierto sentido, responsabilizando a la víctima por haber provocado su propia muerte, por andar difundiendo semejantes ideas. A continuación, cita de manera interesada una frase de Kirk en la que este defendía el derecho de los estadounidenses a portar armas de fuego, para concluir que fue víctima de sus propios planteamientos.

Pese a que el activismo de Kirk consistía, en buena parte, en debatir —de manera abierta pero respetuosa— con sus adversarios, en el transcurso del artículo Picardo lo señala de propagar la intolerancia y lo convierte en villano, cuando afirma lo siguiente:

"Las consecuencias de este tipo de discurso no son meramente simbólicas. El enemigo cultural, al construir un relato de 'nosotros contra ellos', fomenta la polarización social y contribuye a un clima de hostilidad y violencia hacia inmigrantes, latinos, asiáticos, musulmanes o afroamericanos."

Picardo sostiene además que “la narrativa de Charlie Kirk mostraba cómo el racismo y la xenofobia contemporáneos se visten de racionalidad política y de defensa de valores universales” y que, a ese discurso, hay que “analizarlo críticamente (...) para comprender el auge de nuevas formas de exclusión en las democracias occidentales”. Hasta allí, se puede entender el desacuerdo ideológico, que es respetable. Pero el cierre del artículo revela una toxicidad no tan sutil:

"Nadie debería celebrar el asesinato de Charlie Kirk, ni tampoco festejar su discurso como héroe o mártir de una causa política inhumana e indigna..."

Aquí hay dos trampas. Primera: la tibieza del “nadie debería celebrar”, en lugar de una condena explícita. Segunda: aunque uno esté en desacuerdo con su causa, calificar lo que Kirk defendía como “inhumano” le quita dignidad al hecho de debatir ideas diferentes.

Hay una línea muy delgada entre explicar y justificar un hecho abominable, y el citado artículo parece cruzarla con temeridad. Picardo —o cualquier otra persona— puede estar en profundo desacuerdo con Kirk y criticarlo duramente, pero culpar a sus ideas de su asesinato es una revictimización repudiable y una justificación implícita, todavía más impresentable cuando proviene de alguien que se presenta como defensor de la libertad de expresión.

Propuesta para Premio Nacional de Cultura: Julio Yúdice

El Ministerio de Cultura ha publicado las bases para el Premio Nacional de Cultura, edición XXXVI, dedicado a radio y televisión, personaje de influencia cultural. El alcance de este galardón abarca a “actores, actrices, presentadores y locutores salvadoreños/as cuya trayectoria en radio y televisión se haya distinguido por la creación, interpretación y sostenimiento de personajes que han marcado profundamente el imaginario colectivo salvadoreño”.

De acuerdo al documento oficial, “reconocer estos personajes es valorar su capacidad de conectar con generaciones enteras a través de la actuación, locución y animación. su papel en la construcción simbólica de la identidad nacional, su contribución a la crítica social, el humor, la pedagogía y la representación cultural por medio de los medios masivos”.

Dentro de los requisitos establecidos está “que su labor artística haya tenido influencia sostenida en la cultura popular salvadoreña, mediante programas, series, radionovelas, comedias, segmentos educativos o de entretenimiento” y “que con su trabajo hayan contribuido a la memoria colectiva, la reflexión social y la formación de públicos, además de haber inspirado a nuevas generaciones”.

Desde mi perspectiva, no se me ocurre alguien más apropiado para recibir el galardón que Julio Yúdice, conocido y reconocido por sus personajes de comedia Tenchis Céliber y Tula Altacasa. Ambas son caricaturizaciones de dos estratos sociales: una, la Tenchis, refleja a la mujer salvadoreña de escasos recursos económicos, con su idiosincrasia y lenguaje propios de una cultura de exclusión social y educativa, pero de carácter fuerte, valiente ante la adversidad y sin renunciar a la esperanza; otra, doña Tula, encarna a ese sector que en un tiempo se llamó la “pequeña burguesía”, una mujer de clase media alta, acomodada sin llegar a la opulencia y, por lo tanto, con ínfulas de grandeza, presumida y altanera, sin poder ocultar cierto arribismo y muchas veces rozando el ridículo.

Tenchis y Tula son una dicotomía genial. Yúdice las ha interpretado por décadas, con realismo pero también con bondad, disparando con sutileza y humor su crítica social a modos y costumbres, que no todos suelen ver (y me refiero a medios, prensa y espectadores), todo ello desde una asombrosa capacidad de observación e interpretación.

Por todo lo anterior, hago pública mi propuesta de que la edición XXXVI del Premio Nacional de Cultura se le entregue, merecidamente, al artista de la comedia Julio Ernesto Hernández Yúdice.

Espero que sea retomada por las instituciones correspondientes, para que la presenten con toda formalidad.

Zovatto y el temor al ejemplo

En el contexto político actual, existe una amplia red global de medios y oenegés que han asumido, por diseño e ideología, la dura tarea de deslegitimar el proceso político salvadoreño que lidera el presidente Nayib Bukele desde 2019. Para ello, esparcen una cascada de falacias a través de un pequeño ejército de periodistas, activistas e intelectuales; quienes se citan y validan entre sí para construir una narrativa para consumo de la audiencia internacional.

En el pasado reciente, esta gente logró que el Departamento de Estado de los Estados Unidos les comprara momentáneamente el discurso, especialmente en 2021 y parte de 2022. Este hecho quedó evidenciado en sanciones a funcionarios y declaraciones hostiles hacia el gobierno de El Salvador; pero dicha animadversión fue cediendo paulatinamente al pragmatismo geopolítico en los últimos años de la administración Biden, tanto así que al finalizar su periodo las relaciones bilaterales llegaron a ser no solamente cordiales, sino claramente colaborativas. Ya con la administración Trump, a partir de este año, las alianzas han sido más explícitas, propias de aliados confiables.

Pero la red de desprestigio persiste y persevera. Con Human Rights Watch y Amnistía Internacional a la vanguardia —secundados por Deutsche Welle, New York Times, El País, BBC y una larga lista— publican día tras día reportajes, artículos de opinión, informes, noticias y análisis orientados a cimentar la afirmación de que El Salvador vive bajo una dictadura, pese a que la realidad electoral y el contexto general dicen lo contrario.

En esta línea, uno de los rostros académicos y de currículum más extenso es el politólogo y jurista argentino Daniel Zovatto, quien se mueve en los círculos de analistas que se ocupan de la democracia global y, particularmente, en América Latina. En una reciente publicación en la red social X, Zovatto expresó de manera bastante sintética la esencia de la narrativa que promueven él y las instituciones aludidas. Contrario a lo que algunos pudieran creer, su abundancia de títulos no es garantía de conocimiento ni de mínima objetividad acerca de la realidad salvadoreña; sino que, por el contrario, con ellos pretende darle autoridad académica a un torrente de dogmas comunes en el círculo de autovalidación en el cual habita.

Zovatto confunde lo que él llama un “sistema autoritario” con el legítimo ejercicio de la autoridad de un gobernante, a quien el pueblo le ha dado y le ha revalidado el mandato de ocuparse de los graves problemas heredados por El Salvador, a lo largo de casi dos siglos de infructuosa vida independiente. El citado conferencista califica la reelección de Nayib Bukele en 2024 como inconstitucional, desconociendo con marcada necedad no solo la sentencia de la Sala de lo Constitucional que lo habilitó en 2021 (instancia electa conforme a las atribuciones legales de la Asamblea Legislativa), sino también la legitimidad que le otorgó el 85 % de la población y el reconocimiento de toda la comunidad internacional.

El académico activista da por sentada, a conveniencia, “la creciente represión contra periodistas —muchos de los cuales han debido abandonar el país para evitar la cárcel— y activistas de derechos humanos”, pero no quiere ver la estrategia de victimización y autoexilio desarrollada por estos sectores, reconocida incluso por voces opositoras. No pierde ocasión para censurar el estado de excepción, una herramienta imprescindible para erradicar estructuras criminales enquistadas por décadas en diferentes estratos sociales, las cuales provocaron más de 100,000 víctimas mortales durante los 30 años de la posguerra. Y así suma y sigue, con la pedantería característica de quienes creen entender la realidad desde una burbuja académica, completamente desconectada de las vivencias y experiencias de las personas.

No obstante, hay un elemento revelador en el discurso que expresa Zovatto: el temor de que el estilo de gobierno de Nayib Bukele —aun cuando tenga imperfecciones y deba ser constantemente revisado— pueda servir de inspiración para otros mandatarios que se enfoquen en resolver problemas prácticos, antes que permanecer anclados en conceptos que, por décadas, han demostrado su ineficacia y perpetuado tantos males.

En este sentido, el siguiente párrafo de Zovatto es una joya confesional:

“La región debe encender con urgencia todas las alarmas. Lo que hoy sucede en El Salvador podría anticipar el devenir autocrático de otras democracias latinoamericanas si no se actúa con determinación. Cuidado con la seducción y el peligro de la ‘bukelización’ y su ‘eficracia’: un pacto fáustico que, bajo el pretexto de orden, seguridad y resultados rápidos, legitima la cesión de libertades, degrada el Estado de derecho y desmantela la democracia”.

Lo que Zovatto y sus adeptos no aceptan ni aceptarán jamás es que esas “libertades”, ese “Estado de derecho” y esa “democracia” por la que tanto se rasgan las vestiduras nunca fueron reales, no solucionaron los problemas ingentes de la población y fueron construidas como superestructuras para perpetuar sistemas injustos y excluyentes en muchas regiones de América Latina. Y en El Salvador, solamente fueron excusas para contemplar, desde cómodas posturas intelectualoides, el hundimiento de una nación que ahora por fin tiene esperanzas sostenidas de emerger.

Republicado, con ligera edición por motivos de espacio, en Diario El Salvador.

Generación IA: ¿la muerte del pensamiento?

Publicado en Diario El Salvador.

Siempre que surge un avance tecnológico disruptivo, ciertos sectores reaccionan con temor, emitiendo predicciones catastrofistas. En el ámbito educativo, tradicionalmente conservador, muchos docentes han seguido este patrón: advertir que esta o aquella nueva herramienta arruinará a las generaciones que la utilicen. Basta recordar la transición de las tablas de logaritmos a la calculadora científica o, más recientemente, el paso de las bibliotecas físicas con ficheros de tarjetas a la biblioteca global computarizada que es Internet.

Hoy, en 2025, estamos viviendo una de esas transformaciones que redefinen la educación y la percepción del mundo: la irrupción incontenible de los generadores de texto basados en Inteligencia Artificial (IA), accesibles para cualquier persona con un smartphone. ChatGPT, Grok, Gemini, Copilot, DeepSeek y otros han alcanzado un nivel de articulación de ideas que no solo organiza la información disponible en la web, sino que lo hace con una coherencia y sofisticación que supera al humano promedio. En sus versiones más avanzadas, se sitúan al nivel de la élite educada: escritores, filósofos, científicos, académicos, artistas y otros creadores de pensamiento que desde el siglo XIX se conocen como la intelligentsia.

En la experiencia docente cotidiana con adolescentes de la Generación Z, el uso de la IA ya está normalizado, no solo para tareas escolares (cuyo formato tradicional se ha vuelto obsoleto) y el desarrollo de habilidades de investigación, sino también para actividades de lectura comprensiva y redacción dentro del aula. El problema no es la herramienta en sí, que es asombrosa, sino su uso indiscriminado como atajo para todo, sin que el estudiante haya desarrollado previamente sus habilidades básicas de razonamiento y análisis.

Pero lo que hoy es solo preocupante podría tornarse desolador en la siguiente generación: aquellos nacidos a partir de 2020, que bien podrían llamarse Generación IA. Para ellos, el proceso educativo, desde la lectoescritura (que están aprendiendo ahora mismo, a sus cinco años), estará mediado por sistemas de inteligencia artificial cada vez más sofisticados. Así, lo que podría parecer una enorme ventaja de la civilización encierra un riesgo considerable: que estos niños y niñas deleguen desde la infancia la generación y expresión de sus ideas en la IA, no como herramienta complementaria, sino como sustituto de una de las facultades esenciales del ser humano: el pensamiento. Esto recuerda aquel principio evolutivo que asoma amenazante: “órgano que no se usa, se atrofia”.

No obstante, el futuro del pensamiento no tiene por qué ser necesariamente apocalíptico. Es posible que esta camada de humanos, la Generación IA, al interactuar constantemente con modelos de lenguaje avanzados, adopte sus patrones y desarrolle naturalmente ciertas inteligencias, como la lingüística y la intrapersonal; por ejemplo, recibir consejos fundamentados e instantáneos podría incluso fortalecer la inteligencia emocional y la capacidad de afrontar crisis existenciales.

Siendo ecuánimes, el rumbo que tome la humanidad en su relación con la IA aún no está definido. Gran parte de lo que venga dependerá del sistema educativo y de cómo las familias, los docentes y las autoridades integren estas herramientas, cuya presencia e influencia es imposible ignorar, aunque se pueda debatir sobre sus implicaciones. Tal como ha sucedido en el pasado con otros avances, la clave está en no satanizar el recurso sino, en primer lugar, entenderlo y luego diseñar estrategias que permitan aprovecharlo de manera crítica y responsable. La IA puede ser una aliada en la educación si se le otorga el rol correcto, como ya ocurre en el ajedrez (donde el motor más poderoso, Stockfish, es imprescindible en el entrenamiento de los jugadores de alto nivel). Si esto se logra, podría ser el mayor salto educativo de la historia; si no, podría ser la antesala de una generación intelectualmente dependiente, perezosa y sin ningún sentido crítico.

El Síndrome del Frankenstein Cognitivo

Publicado en ContraPunto

La literatura clásica y la psicología están profundamente vinculadas, pues ambas exploran la naturaleza humana: la primera a través de universos de ficción que plantean dilemas existenciales; la segunda, desde una perspectiva clínica. No sorprende, por tanto, que algunos comportamientos humanos hayan sido nombrados en alusión a personajes literarios o mitológicos; por ejemplo, el narcisismo, derivado del mito de Narciso, o el complejo de Edipo, formulado por Freud a partir de la tragedia griega de Sófocles.

Actualmente, no existen en la psicología ni en la psiquiatría referencias clínicas al Síndrome del Frankenstein Cognitivo, pero el concepto bien podría proponerse para describir la conducta de ciertos individuos —especialmente académicos o intelectuales— que, en el ámbito político, producen una narrativa ficticia tan elaborada y persuasiva… que terminan creyéndosela. El temor a las supuestas consecuencias de un discurso, que ellos mismos han alimentado, los lleva finalmente a huir del mismo contexto que ayudaron a distorsionar. En este patrón concurren múltiples factores: sesgos cognitivos, profecías autocumplidas, burbujas de autovalidación, refuerzos grupales, distorsión perceptiva de la realidad y, en algunos casos, cierta dosis de paranoia.

Como es sabido, el doctor Víctor Frankenstein es un personaje de ficción creado en 1818 por la escritora inglesa Mary W. Shelley, en una novela considerada precursora tanto de la ciencia ficción como de la literatura gótica. Frankenstein es un científico obsesionado con la posibilidad de reanimar materia muerta. Su ambición lo lleva a ensamblar un ser humano a partir de partes de cadáveres. Cuando logra darle vida a la Criatura, queda horrorizado ante el resultado y huye de ella. El resto de la historia gira en torno a la persecución del creador por parte de su Criatura, quien, abandonada y rechazada, desarrolla un profundo resentimiento y una sed de venganza.

Un ejemplo contemporáneo de este Síndrome del Frankenstein Cognitivo podría ser el del académico Jason Stanley, profesor de la Universidad de Yale y autor del libro “Cómo funciona el fascismo” (2018), quien ha anunciado recientemente su intención de abandonar los Estados Unidos. Stanley sostiene que, bajo el liderazgo de Donald Trump, el país ya opera como un régimen fascista, en el que se han vulnerado el Estado de derecho, la libertad académica y los derechos civiles. Según una entrevista publicada por la BBC (cuya tesis central fue extraída con ayuda de ChatGPT), Stanley teme por su seguridad y la de su familia ante un clima crecientemente autoritario, antisemita y represivo. Como académico y padre de hijos negros y judíos, considera que las instituciones democráticas han cedido ante el poder ejecutivo y que ya no actúan como freno al avance del fascismo, lo que lo impulsa a mudarse a Canadá buscando libertad y protección.

Sin duda, el clima político en los Estados Unidos merece debate y análisis. Sin embargo, las afirmaciones de Stanley resultan excesivas y, francamente, muy dudosas. Más que una reacción racional a una amenaza inminente, su postura parece el resultado de haberse asustado con el mismo monstruo que ha venido estudiando durante años y del cual extrae una certeza: “el fascismo vive y está aquí”. En este sentido, su especialización académica podría haber influido no solo en su diagnóstico, sino también en su respuesta emocional.

En El Salvador contemporáneo, se han visto casos análogos de algunos periodistas, activistas e incluso académicos que han llegado a convencerse de que viven bajo una terrible dictadura, alimentando esa idea con ríos de tinta digital, discursos encendidos en diversos medios, artículos alarmistas y noticias catastróficas. Generalmente, no dan evidencia concluyente de persecución sistemática, pero han optado por autoexiliarse o solicitar asilo político, más por convicción personal que por amenazas objetivamente comprobadas. En ese trance, tampoco puede descartarse que en algunos casos haya influido el deseo de mejorar su situación laboral o económica, como también podría ser el caso de Stanley.

Como se ha señalado, el “Síndrome del Frankenstein Cognitivo” no está definido en la literatura científica; por ello, esta es una propuesta conceptual para nombrar y analizar un patrón observable. El fenómeno no es menor, si se considera que la decisión de abandonar un país, haciendo toda la alharaca posible, no solo tiene implicaciones políticas, sino que puede generar rupturas familiares y un desarraigo traumático para personas cercanas que, sin compartir esas creencias, terminan lidiando con sus consecuencias.

ARENA: ¿la crisis final?

Publicado en La Noticia SV

En días recientes han aflorado con gran virulencia rencillas y señalamientos personales entre miembros y exmiembros del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Si bien es cierto que los dimes y diretes han alimentado las noticias y el contenido sensacionalista, la realidad de fondo es que el otrora partido mayoritario, que gobernó el Ejecutivo durante 20 años y tuvo una presencia protagónica en el Legislativo por más de tres décadas, enfrenta un serio problema estructural, mucho más profundo que los exabruptos particulares y a menudo folclóricos que emergen periódicamente.

Lo anterior se sustenta en un breve análisis de los elementos esenciales para que un partido político tenga una existencia significativa e incidencia real en la vida nacional. El principal y más visible es su base: ¿a qué sectores de la sociedad representa? ARENA surgió a principios de los ochenta como instrumento político-electoral de la vieja oligarquía agroexportadora, en reacción al programa político contrainsurgente patrocinado por Estados Unidos, iniciado con el golpe de Estado de 1979 a través de la inestable alianza entre un sector del ejército y el Partido Demócrata Cristiano. En esa época se impusieron tres reformas clave en la economía nacional: la reforma agraria, la nacionalización de la banca y la nacionalización del comercio exterior. ARENA fue fundada bajo el liderazgo del mayor Roberto d’Aubuisson como reacción a dichas reformas, con una ideología nacionalista y anticomunista. Sus cuadros políticos provinieron en buena medida del defenestrado Partido de Conciliación Nacional (PCN) y, sobre todo, de la disuelta Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), enraizada en el campo y la ciudad como grupos de apoyo y acción de los gobiernos militares de los años setenta.

Con el tiempo, ARENA evolucionó desde esa versión primitiva hacia una más civilizada, pasando de sus orígenes oligárquicos agroexportadores a representar a los nuevos grupos de poder económico del sector terciario (bienes y servicios), logrando cuatro periodos presidenciales consecutivos. Su salida del Ejecutivo en 2009 no representó una debacle inmediata en términos de apoyo popular, pues siguió obteniendo bancadas legislativas cada vez más grandes desde 2012 hasta 2018. Sin embargo, la pérdida masiva de votantes comenzó en la elección presidencial de 2019, se profundizó en 2021 y alcanzó su punto más bajo en 2024, con poco más de 225,000 votos, apenas un 7 % a nivel nacional, una tendencia que sigue en descenso según todas las encuestas recientes.

Vinculado estrechamente a esta pérdida de apoyo popular está el tema del financiamiento del partido. Los grupos de poder económico que tradicionalmente aportaban recursos para el sostenimiento de ARENA y sus costosas campañas ya no lo ven como su instrumento político, por lo que han retirado progresivamente su respaldo, hecho reconocido (prácticamente entre sollozos) por su actual dirigencia. La reciente eliminación del financiamiento estatal vía deuda política ha sido solo otra estocada para un organismo en estado agonizante.

En cuanto a la ideología, ARENA tampoco tiene muchas esperanzas. Seguir aferrados al discurso anticomunista es combatir a un enemigo aún más debilitado que ellos mismos (el FMLN es un zombi político); pero si se examinan los principios de libre mercado que el partido siempre ha defendido, no habría razón para ser oposición. En realidad, lo único que cohesiona a lo poco que queda de ARENA es su resentimiento hacia el presidente de la República, Nayib Bukele, por haberlos desplazado del poder y reducido a la irrelevancia, lo cual no es un elemento aglutinador significativo más allá de los pequeños círculos en los que se reúnen a criticar como pasatiempo.

Por si fuera poco, ARENA padece una alarmante falta de liderazgo en todos sus niveles. No hay dentro del partido una figura de autoridad capaz de conciliar intereses, superar diferencias y encaminarlo con propuestas viables y convincentes; más bien, abundan quienes hacen exactamente lo contrario. Para colmo, considerando su historial de corrupción ampliamente documentado, tampoco existe la expectativa de que un líder externo llegue a rescatarlos, pues nadie con las capacidades necesarias arriesgaría su nombre vinculándose a figuras de semejante calaña.

Así pues, sin base, sin financiamiento, sin ideología y sin liderazgos, el panorama para ARENA es objetivamente sombrío. Su única expectativa electoral para 2027 es alcanzar al menos 50,000 votos o lograr un diputado para evitar su desaparición formal. Sin embargo, un escenario aún peor para ellos sería superar apenas esa marca y continuar con una existencia irrelevante, vegetativa, esperando su extinción por inanición política.

Si sus maltrechas autoridades y escasos militantes tuvieran un ataque de realismo y humildad, lo mejor que podrían hacer sería reconocer que su tiempo ya pasó, con el legado del mucho mal y el poco bien que pudieron haber hecho. Luego, en un acto final de dignidad, deberían convocar a una asamblea general extraordinaria y, con las dos terceras partes de los votos de los asambleístas, según sus propios estatutos, disolver el partido.

Sacerdotes, pastores y prédicas políticas

Publicado en La Noticia SV

El debate sobre los límites entre la religión y la política es tan antiguo como el Evangelio mismo: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22, 21). Durante los siglos medievales, Iglesia y Estado llegaron a estar en tal grado de interdependencia que se consideró una sola cosa. Con la llegada de la Ilustración, en el siglo XVIII, se comenzó a instaurar la idea de que el poder político debía ser secular (Estado laico) para garantizar la libertad de conciencia. A lo largo del siglo XIX, en toda América y Europa se fue propagando e imponiendo este principio, no siempre de manera pacífica. En las sociedades occidentales contemporáneas, esta separación se considera esencial en los sistemas políticos.

No obstante lo anterior, en el caso particular de El Salvador no es tan sencillo plantearlo, no solamente porque entre los principales gestores de la independencia patria hubo sacerdotes (José Matías Delgado, José Simeón Cañas y los padres Aguilar), sino especialmente por la acción pastoral-política de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, santo de la Iglesia Católica, desde su asunción como Arzobispo en febrero de 1977 hasta su asesinato en marzo de 1980. A la luz de la Doctrina Social de la Iglesia —y, para muchos, influenciado también por la hoy menos influyente y en muchos círculos eclesiales marginada Teología de la Liberación— Monseñor Romero asumió el compromiso personal y auténtico de denunciar las barbaridades del gobierno militar pro oligárquico del general Carlos Humberto Romero, así como de sus “cuerpos de seguridad”, contra amplios sectores de la población civil; todo ello en el contexto de un clima pre insurreccional propulsado por las guerrillas marxistas y sus grupos de masas. Esto lo hacía en sus homilías dominicales, dando también amplia justificación ética y teológica para este compromiso en particular.

Un elemento imprescindible para entender por qué Monseñor Romero fue "la voz de los sin voz" es el cierre absoluto de espacios de expresión en aquella época. La radio, prensa y televisión de entonces ocultaban deliberadamente lo que estaba ocurriendo, no solamente por la fuerte censura gubernamental sino en muchos casos por mezquinos intereses. Monseñor Romero tuvo que asumir el compromiso de la denuncia ciudadana, porque nadie más pudo hacerlo. De ahí que hubo quienes lo acusaron de desnaturalizar su labor pastoral en aras de lo político, pero aun cuando este señalamiento fuese bienintencionado, lo cierto es que él entendió que no tenía más opción, en aquel momento y en aquel lugar.

El devenir histórico salvadoreño transcurrió por una guerra civil de doce años y ochenta mil muertos. Los Acuerdos de Chapultepec, que dieron fin al conflicto armado en 1992, abrieron una esperanza de renacimiento nacional que pronto se tradujo en desencanto. Al hacer cuentas, el único resultado positivo y logro concreto que puede citarse como producto del armisticio y las reformas posteriores es el reconocimiento y práctica de la libertad de expresión, con su respectiva representación partidaria: caro bien para tanta sangre. De ahí que, a medida surgieron más y más espacios informativos y de opinión para todas las tendencias, fueron perdiendo relevancia las conferencias de prensa y declaraciones públicas de la Iglesia Católica sobre temas de realidad nacional, heredadas de los años setenta y ochenta, permitiéndole a los curas dedicarse de lleno a la labor pastoral para la cual fueron ordenados, sin contaminarse con el inmisericorde mundo de la política.

Hoy, con la llegada y consolidación de los tiempos digitales y su abundancia de recursos para que cualquiera se informe y se exprese por donde mejor le parezca, se ha configurado un contexto de libertad para el flujo de todo tipo de pensamientos e ideas, de tal manera que suena impertinente (si no anacrónico) que haya sacerdotes y pastores que aún continúen utilizando el púlpito o la plataforma de adoración para tratar temas políticos, queriendo influir en las opiniones y preferencias de su feligresía, asamblea o congregación, aunque pretendan justificarse con razonamientos teológicos autorreferenciales.

Los ministros, de cualquier denominación religiosa y que son salvadoreños, tienen el derecho de expresar sus opiniones individualmente, en cuanto ciudadanos. Otra cosa muy distinta es aprovecharse de su investidura, y de que la gente va a los templos en busca de orientación y apoyo espiritual, para soltarles su análisis o prédica política en un espacio donde la relación de poder es asimétrica; pues allí, en caso de que el feligrés o congregado no esté de acuerdo con lo expuesto, este no tiene posibilidad de réplica (como ocurriría, por ejemplo, en un foro de discusión o plataforma de debate). Quienes incurren en estas prácticas deben tener presente que la continuidad, aumento o disminución de asistencia a las iglesias y cultos religiosos depende de que estas instituciones respondan a los intereses de quienes las buscan, los cuales son fundamentalmente de carácter espiritual.

Distorsión interpretativa por la fe

Publicado en ContraPunto.

El Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) dio a conocer, la semana pasada a través de la revista Disruptiva, su encuesta “Rumbo país 2024”. Los resultados se mantienen en la línea general que han venido marcando todas las encuestas recientes, en las cuales la población apoya la gestión del presidente Nayib Bukele, con algunos matices puntuales que han ocupado los espacios de opinión y análisis político.

Los datos que ofrece dicho estudio no deberían ser objeto de duda, en el entendido de que una institución académica responsable no se va a prestar a manipulaciones ni falseos; sin embargo, hay en él al menos una pregunta mal redactada y, sobre todo, una interpretación bastante caprichosa y fundamentalmente errónea en su sentido general por parte de su director, Óscar Picardo.

El título de la portada en el PDF disponible para descarga es “La gente tiene fe…” Sin embargo, en su sitio web está más detallada la intención, pues dice así:

La gente tiene fe… aunque le falten $254.60 para llegar a fin de mes.

Tras presentar 45 gráficas de datos, al final se añade una diapositiva donde se define la fe, junto con un esquema titulado “Comportamiento humano y epistemología”, que en una parte menciona al psicoterapeuta y psicólogo estadounidense Albert Ellis y su modelo para explicar la relación entre los pensamientos o creencias con las emociones y comportamientos. El propósito general de la mencionada diapositiva es mostrar la dicotomía entre el pensamiento de tipo religioso (fe, creencias, emociones) y el científico (razón, evidencias, datos), todo ello para validar la tesis que Picardo ha enarbolado desde hace un buen tiempo en diversos medios, la cual puede formularse así: “El apoyo que la gente le da al presidente Bukele se debe al pensamiento irracional de la mayoría de la población, que se basa en la fe”.

En este complejo tema, hay por lo menos dos errores y engaños graves que señalar. En primer lugar, el dato que a la gente le faltan $ 254.60 para llegar a fin de mes (como señala el título con el que se ha promocionado el estudio) no se desprende de lo que la gente respondió en la encuesta, sino de una interpretación errónea de una pregunta confusa.

La interrogante original (textual, literal) que se formuló, según la lámina 21, es esta:

Aproximadamente, ¿cuánto dinero le hace falta al mes para cubrir sus necesidades?

La interpretación más natural del sentido de la pregunta es “con cuánto dinero al mes logra usted cubrir sus necesidades”. La mala redacción original está reconocida tácitamente por la propia publicación, pues cuando la trasladan a la nota en su sitio web no la transcriben literalmente, sino que la reformulan como “cuánto dinero le falta para llegar a fin de mes”, incorporando la traducción del modismo anglosajón “make ends meet”, en donde la respuesta adquiere ya el sentido de déficit, es decir, la diferencia entre lo que se gana y el costo de lo que se necesita comprar. Esta nueva formulación ni es lo mismo ni es igual a lo que se preguntó.

Ahora bien, para clarificar un poco esta confusión semántica, la lámina 22 indica que el 45 % de la población dice que no logra hacer ningún ahorro mensual, frente al 54 % que responde afirmativamente; por otra parte, en la lámina 18, el 31 % de los encuestados dice que su presupuesto no le alcanza para cubrir sus necesidades, mientras que el 46 % responde prácticamente que sí pero “muy ajustado” y solo el 23 % expresa que es suficiente.

A partir de lo anterior, podría describirse la situación económica general como tendiente a buena o tendiente a mala, según la interpretación, actitud y postura política del sujeto a cargo. Eso sería válido. Lo que resulta inadmisible es que se saque una conclusión absoluta (“la situación económica está muy mal”) a partir de un dato incierto obtenido con una pregunta confusa: la falacia de la premisa falsa o dudosa.

El segundo y más grave error es el que se refiere a la fe, en cuanto explicación de la opinión aparentemente irracional de un pueblo que estaría en pésima situación económica y, no obstante, apoya a su mandatario.

La definición de fe, usada en la encuesta, es la siguiente:

La fe es un tipo de conocimiento, en donde la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas, enseñanzas o religión, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad.

Esta definición es, ciertamente, más estirada y compleja que la más simple que se deduce del Evangelio de San Juan (capítulo 20, versículo 29), cuando Jesús le dice a su discípulo: “Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron”.

En cualquier caso, el grave error de interpretación que comete Picardo (por distorsión ideológica involuntaria o intención política expresa) es asumir que la gente tiene confianza en el presidente Bukele en contradicción con las evidencias, cuando lo cierto es que la gente confía en su presidente justamente debido a las evidencias, pues bajo su mandato es que se han puesto bajo control a las pandillas que tuvieron sometida a la población por décadas (logro que hasta hace pocos años se consideraba prácticamente imposible de conseguir), hito que ha tenido evidentes implicaciones económicas al liberar a la gente del lastre de la extorsión, permitirle comenzar sus pequeños emprendimientos o recuperar sus viviendas, por mencionar algunas situaciones.

Dicho de otra forma y a modo de cierre, la gente aquí es como Tomás: cree porque ha visto indicadores, elementos, señas de que sí se pueden lograr mejoras. Eso no es fe, sino esperanza fundada en hechos: “estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea”. Otra cosa es que, en el transcurso de este quinquenio, dicha esperanza crezca, se mantenga o se pierda (como sucedió, triste y cíclicamente, en las décadas anteriores), pero eso será motivo de otros análisis. Por el momento y en la coyuntura actual, lo que procede es acreditar y respetar dicha esperanza, no sabotearla ni desacreditarla con razonamientos de ropaje intelectual, pero claramente sesgados.

Por qué Trump embiste a los salvadoreños

Publicado en ContraPunto

El jueves 18 de julio de este año, en su discurso de aceptación como candidato a la presidencia de los Estados Unidos de América por el Partido Republicano, Donald Trump hizo una acusación tan falsa como desconcertante: que El Salvador está enviando intencionalmente a sus criminales a Estados Unidos, como estrategia para bajar sus índices de homicidios. Incrédulos y boquiabiertos, hubo quienes sugirieron que quizá Trump había confundido a El Salvador con Venezuela; pero dos días después, en un mitin en Michigan, repitió el discurso y quedó perfectamente claro que Trump dijo exactamente lo que había querido decir.

Este ataque artero a la política de seguridad implementada en nuestro país por el presidente Bukele ha dejado perplejos a muchos, pues entra en flagrante contradicción con el apoyo explícito que importantes sectores y líderes republicanos, entre ellos el senador Marco Rubio y la congresista María Elvira Salazar, han expresado a la guerra contra las pandillas en reiteradas ocasiones. Hay quienes ven esto como una puñalada trapera a la supuesta simpatía existente entre Trump y Bukele, aun cuando se sabe que en política no hay amistades, sino intereses.

La pregunta es por qué la campaña de Trump ha decidido estigmatizar así a los migrantes salvadoreños, de manera análoga a como lo hizo con los mexicanos en la campaña 2016 (a quienes etiquetó como “criminales, violadores y narcotraficantes”). Más allá de posibles actitudes e ideas supremacistas, la respuesta está en los fríos números y en el desalmado cálculo político electoral.

Según el sitio Real Clear Politics, el panorama para la elección presidencial de noviembre de 2024, contando los votos electorales por estado, estaba así (hasta antes de la retirada del candidato demócrata Joe Biden):

· Estados con ventaja demócrata: 198 votos electorales.
· Estados con ventaja republicana: 219 votos electorales.
· Estados en disputa (“swing states”): 121 votos electorales.

Se necesitan 270 votos electorales para ganar la elección.

Visto sobre el mapa, tenemos los “blue states” (demócratas) versus los “red states” (republicanos). Los grises son los “swing states”, en donde aún no está claro el panorama. Es en estos estados donde la campaña electoral debe ser especialmente intensa.

Ahora bien, ¿qué pintan los salvadoreños en este mapa? Según un censo de 2020, la inmensa mayoría de salvadoreños que viven en EE. UU. residen en los estados de California, Maryland y Nueva York, que son claramente favorables a los demócratas (“solid blue”); en Texas, que se inclina por Trump; y en Virginia, que está en zona gris (disputa cerrada).

Al atacar a los salvadoreños y desacreditar a Bukele, cuya simpatía entre la diáspora es aún más abrumadora que dentro de El Salvador, Trump sabe que el apoyo que pueda perder en estados como California, Maryland y Nueva York es irrelevante, puesto que de todas formas allí no tiene posibilidades de ganar; tampoco pone en gran riesgo su ventaja existente en Texas, ya que aun cuando los salvadoreños tengan voz, no tienen voto (la mitad están sin papeles desde siempre y el porcentaje de compatriotas que ya son ciudadanos es bien bajo).

El uso de la etiqueta anti salvadoreña se dirige, entonces, a los “swing states” como Michigan, Minnesota, Wisconsin y otros, en donde la presencia de salvadoreños y latinos en general es mínima. El propósito de Trump para ganar votos en esos estados es simple: generar xenofobia contra los latinos que entran a miles de kilómetros de distancia por la frontera sur, asustando a la población anglosajona de aquellas tierras con una amenaza fantasma: la vieja táctica del Bogeyman.

En conclusión, este ataque de Trump contra los salvadoreños (que seguramente se repetirá una y otra vez durante la campaña) puede que le cueste la simpatía de nuestros compatriotas en muchos lugares donde le da igual, pues no tiene oportunidad, pero él y su equipo de campaña creen que les dará réditos electorales en los estados donde más lo necesita, así sea a costa de un “backlash”.

Pero más allá de la lógica inmisericorde de los cálculos numéricos, ningún salvadoreño, sin importar su preferencia política local, puede alegrarse o justificar esa campaña estigmatizante, pues tal discurso potencia la discriminación y puede propiciar ataques (verbales e incluso físicos) contra nuestros compatriotas allá. Ojalá no sea así y rectifiquen a tiempo.

La finalidad del arte

Publicado en Diario El Salvador

La reestructuración del Ministerio de Cultura, anunciada recientemente junto con el nombramiento del nuevo titular de dicha cartera de estado, presenta una ocasión propicia para reflexionar sobre una pregunta fundamental relacionada con el objeto y propósito de tal institución; pero antes de formularla, es necesario precisar a qué nos referimos dentro de ese campo asombrosamente amplio que abarca la cultura (“conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”), enfocándonos aquí en la acepción generalizada del término como sinónimo de arte o bellas artes: arquitectura, escultura, pintura, música, danza, literatura (narrativa, poesía, teatro), cine y otras disciplinas nuevas que pudieran incluirse.

Delimitado así el terreno, la pregunta prenunciada en el párrafo anterior es la siguiente: ¿para qué sirve el arte, cuál es su finalidad, cuál su propósito? Tal cuestionamiento es inmensamente más simple que su respuesta, la cual ha sido ampliamente teorizada a lo largo de la historia, oscilando entre dos polos que a primera vista parecen contradictorios: de un lado, el “arte por el arte”; del otro, el utilitarismo.

La doctrina del "arte por el arte" surgió en Francia a principios del siglo XIX y rápidamente se extendió a toda Europa y América. El poeta Teófilo Gautier, uno de sus principales representantes, afirmó con claridad la esencia de esta postura: “el único propósito del arte es la belleza”. Desde tal punto de vista, una obra de arte no tiene que cumplir ninguna función moral, didáctica, política o de cualquier otra índole que no sea estética, pues esta se justifica por sí misma y solamente debe ser juzgada de acuerdo a cánones estrictamente artísticos, técnicos.

En contraparte, la visión utilitaria afirma que el arte debe tener una función práctica y servir a propósitos morales, educativos, religiosos, políticos o de cualquier otro tipo, que se consideren útiles para la sociedad. Ya desde la lejana antigüedad, el filósofo griego Platón afirmaba que el arte debía promover la virtud y la justicia. El arte renacentista de los siglos XV y XVI, aun con su exquisita perfección formal, solo fue posible en la medida en que sirvió a propósitos como la didáctica religiosa, el conocimiento y difusión del humanismo, la promoción de valores morales e incluso la propaganda política y social (promoción de la imagen de poderosos de la época, que fueron los mecenas de aquellos genios). En el siglo pasado, el arte de denuncia y compromiso social tuvo gran auge, sostenido en buena parte por los planteamientos de Jean-Paul Sartre y otros teóricos. Contemporáneamente, el arte se usa cada vez más como terapia para mejorar y fortalecer la salud mental, emocional y física de las personas; asimismo, este también es visto como una herramienta para alejar a los jóvenes de la delincuencia.

Aterrizando en la coyuntura actual, es claro que el trabajo del Ministerio de Cultura en este quinquenio irá por esta última línea, tal como lo expresa textualmente el comunicado oficial del nombramiento del ministro, al asignarle la misión de “impulsar los valores familiares y patrióticos, que son prioridad en la agenda del presidente”.

Por supuesto, en el país seguirán existiendo y presentándose, en diversos espacios gestionados por personas e instituciones privadas, otras expresiones artísticas, tanto en una línea puramente esteticista como también obras al servicio de causas diversas, incluso activismo no necesariamente coincidente con la perspectiva estatal o la idiosincrasia local. Es en ese panorama de conjunto donde hay que visualizar la diversidad de la oferta artística, aprovechando esa variedad de oportunidades para disfrutar de sus valores formales, reflexionar sobre sus valores vitales y desarrollar el propio sentido crítico.

Citar a Monseñor Romero

Publicado en Diario El Salvador

En la historia de la humanidad, podemos reconocer a personajes que son considerados como fuentes de autoridad y referencias axiológicas por varias razones. De ellos, es común citar alguna frase o discurso para reforzar la propia postura o refutar la ajena en el debate social. Este recurso se basa en el reconocimiento del peso histórico, la importancia y sobre todo la integridad de dichas personas.

El uso de la cita de autoridad, no obstante, debe apegarse a ciertos requerimientos para cumplir su propósito argumentativo y, sobre todo, para respetar el correcto sentido de lo que dijo la figura venerada. Para ello, hay que entender el contexto histórico en el que dicha persona vivió, sus limitaciones y conflictos, en qué sentido y para quiénes pronunció tales palabras. Esto es imprescindible para evitar hacer una extrapolación indebida, extendiendo la validez de una afirmación más allá de su alcance original al aplicarla a una situación que no es pertinente, instrumentalizándola para que se ajuste a una agenda particular.

En nuestro país, tenemos a Monseñor Romero como fuente de citas y frases célebres, por ser una de las tres figuras históricas más relevantes, queridas y admiradas por la población, proclamado santo de la Iglesia Católica en 2018. Desde antes de su asesinato en 1980, ya era tenido como referente por la gente más humilde, aunque al mismo tiempo era odiado por los sectores más recalcitrantes de la derecha política y siempre fue visto con desconfianza por la guerrilla insurgente.

Una vez consumado su magnicidio —producto de una infame conspiración derechista— fue la izquierda armada quien comenzó a manipular la figura del mártir, para asociarlo con aquella pretendida revolución de corte marxista-leninista, poniéndolo en todo tipo de pancartas e incluso canciones emblemáticas (“Monseñor, tu verdad nos hace marchar a la victoria final”). Por otra parte y décadas después, cuando los herederos ideológicos del difunto mayor D’Aubuisson vieron que era políticamente incorrecto referirse en malos términos al amado pastor, la derecha civilizada lanzó a través de sus aparatos mediáticos una versión light de San Óscar Arnulfo, presentándolo a lo más como un anciano dulce, inofensivo y piadoso.

Actualmente, no faltan personas e instituciones que siguen tratando de instrumentalizar su voz, citando y trasladando al presente —de manera simplista y mecánica— frases suyas que fueron dichas en un contexto esencialmente diferente, para sujetos distintos y con intenciones que no son las que dichos activistas convenientemente le quieren atribuir.

Si de citar a Monseñor Romero se trata, en algo no hay que confundirse: él siempre defendió a las víctimas y nunca a los victimarios. En los años 70, los principales perpetradores de las vejaciones eran el ejército y los antiguos cuerpos de seguridad, por eso se dirigió a ellos para exigirles el cese de la brutal represión política. Durante la guerra civil de los 80, sin duda les habría hablado en términos igualmente fuertes a ambos bandos combatientes, por ser ellos los principales propiciadores de dolor y muerte. Pero a partir de los 90, quienes fueron sometiendo progresivamente a la gente a todo tipo de sufrimientos hasta llegar a los más abominables actos de crueldad fueron las innombrables bandas del crimen organizado, autores de una masacre lenta e implacable, sostenida en el tiempo, de aproximadamente 100,000 asesinatos en los 30 años posteriores. Siendo fiel a su esencia, seguramente Monseñor Romero los habría encarado a ellos para reclamarles que “son de nuestro mismo pueblo” y “matan a sus mismos hermanos”, recalcándoles que “ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios, que dice ¡no matar!" Y aunque esa intercesión también le hubiera costado la vida, Monseñor Romero la habría hecho con valentía por amor a su pueblo.

El sistema D'Hondt y la próxima Asamblea

Publicado en ContraPunto.

Para la elección de la próxima Asamblea Legislativa, convocada para el 4 de febrero de 2024, en El Salvador se usará un método distinto al usual para asignar el número de diputados/as correspondiente a cada partido político en cada departamento del país. Este es el sistema D’Hondt, el cual viene a sustituir al método Hare (conocido como “cocientes y residuos”) usado hasta hoy.

Ambos métodos, D’Hondt y Hare, son fórmulas utilizadas en países con sistemas de democracia representativa en donde se ponen en juego varias curules al mismo tiempo, a las cuales optan candidatos de diversos partidos políticos (o independientes) en circunscripciones electorales determinadas.

Aquí en El Salvador, por ejemplo, el departamento de La Libertad tendrá 7 escaños en el congreso y estos deberían distribuirse proporcionalmente al número de votos obtenidos por cada partido, lo cual presenta la dificultad intrínseca de tener que aproximar los porcentajes reales a números enteros que se correspondan lo más cercanamente posible con la voluntad de los votantes.

Si un partido lograse, por poner un caso, la mitad de los votos válidos, esto ya supone una dificultad de inicio, pues no se le pueden asignar 3½ escaños de los 7 en disputa: es necesario aproximar hacia abajo (3) o hacia arriba (4), lo cual implica cierta distorsión o ajuste del porcentaje cabal. Es allí donde entran las fórmulas matemáticas.

El método Hare

En términos sencillos, el sistema de cocientes y residuos (Hare) establece un valor para cada diputación, algo así como un “precio a pagar en votos” (cifra que resulta de dividir el número de votos válidos entre el número de escaños). Digamos que en La Libertad hubiese 315,000 votos válidos, esto significaría que cada una de las 7 curules en juego tendría un “valor” de 45,000 votos (esto es el “cociente”). Si un partido lograse 180,000 votos, le corresponderían 4 curules; otro que tenga 90,000 lograría 2 curules y un tercero que obtenga 45,000 se agenciaría el escaño restante.

Pero en la realidad, las cifras no son múltiplos exactos del cociente. Puede ser que el partido más votado tenga 200,000 votos y, al haber “pagado” 180,000 en 4 diputaciones, le queden 20,000 de remanente (“residuo”). Esto no le alcanza para un quinto escaño por cociente, pero podría obtenerlo si dicho residuo es mayor que los residuos de los demás partidos políticos en contienda (luego de que cada uno hubiese “canjeado” sus respectivos votos según el cociente). Este mecanismo también permite que un partido pequeño alcance una sola diputación aún si no logra llegar al cociente, si su residuo es mayor que el remanente de los demás al considerar la última plaza disponible.

El método D’Hondt

Este mecanismo, a usar por primera vez en el país, asigna las diputaciones por etapas o pasadas sucesivas, tantas como el número de escaños en juego. En la primera tanda, la primera curul se le da al partido que tiene más votos válidos; a continuación, se configura la segunda tanda con los mismos votos válidos de los partidos que no obtuvieron nada en la primera, mientras que al partido que logró la diputación en la tanda anterior se le divide su caudal inicial entre la cifra resultante de sumarle uno al número de diputados logrados por dicho partido hasta ese momento (1 + 1 = 2). Establecida esa cantidad, se procede de la misma forma dándole la segunda curul al partido que tenga el mayor número de votos. El procedimiento se repite hasta completar todos los escaños en juego.

Sirva el siguiente ejemplo, para un departamento de 5 diputaciones.

RONDA 1:
Partido “A” → 150,000 votos
Partido “B” → 70,000 votos
Partido “C” → 20,000 votos
El Partido “A” gana este primer escaño y pasa a la siguiente tanda con 75,000 votos (150,000 ÷ 2).

RONDA 2:
Partido “A” → 75,000 votos
Partido “B” → 70,000 votos
Partido “C” → 20,000 votos
El Partido “A” gana este segundo escaño y pasa a la siguiente tanda con 50,000 votos (150,000 ÷ 3).

RONDA 3:
Partido “A” → 50,000 votos
Partido “B” → 70,000 votos
Partido “C” → 20,000 votos
El Partido “B” gana este escaño y pasa a la siguiente tanda con 35,000 votos (70,000 ÷ 2).

RONDA 4:
Partido “A” → 50,000 votos
Partido “B” → 35,000 votos
Partido “C” → 20,000 votos
El Partido “A” gana este otro escaño y pasa a la siguiente tanda con 37,500 votos (150,000 ÷ 4).

RONDA 5:
Partido “A” → 37,500 votos
Partido “B” → 35,000 votos
Partido “C” → 20,000 votos.
El Partido “A” gana este escaño.

En resumen, el Partido “A” gana 4 escaños, el Partido “B” se queda con 1 y el Partido “C” con ninguno.

En términos porcentuales comparativos, queda así:

- Partido “A”: logra el 80 % de los escaños con el 62.5 % de los votos.
- Partido “B”: logra el 20 % de los escaños con el 29 % de los votos.
- Partido “C”: no logra ningún escaño con el 8 % de los votos.

En este caso, si se hubiese aplicado el sistema Hare (cocientes y residuos), la distribución final habría quedado así: 3 escaños para el Partido “A” contra 2 escaños para el Partido “B”, mientras que el Partido “C” seguiría sin obtener ninguno.

Diferencias posibles

Para la elección de 2024, hay 6 departamentos que aportarán únicamente 2 diputados cada uno (La Unión, Cuscatlán, Chalatenango, Morazán, San Vicente y Cabañas). Con el antiguo sistema Hare, si el Partido “A” tuviese el 70 % de los votos válidos y el Partido “B” apenas el 30 %, cada uno tendría un diputado (en virtud de que el residuo de “A” sería menor que el de “B”).

En cambio, con el sistema D’Hondt el Partido “A” obtendría ambos diputados (ya que en la segunda franja para la asignación llegaría con el 35 %, más que el 30% del “B”). En este escenario, el sistema Hare le exige al Partido “A” superar el 75 % (más un voto) para agenciarse las dos curules, mientras que en el sistema D’Hondt le bastaría llegar al 67 %.

Con los números de votos de la elección 2021 y usando el sistema Hare, en el departamento de San Salvador el partido Nuevas Ideas logró 17 diputados, Arena 3, FMLN 1, GANA 1, Nuestro Tiempo 1 y Vamos 1. Si se hubiera usado el sistema D’Hondt, Nuevas Ideas habría subido a 19 diputados, dejando a los minoritarios Nuestro Tiempo (4 %) y Vamos (2 %) sin curules.

Es claro que el sistema D’Hondt favorece a los partidos grandes por sobre los pequeños y, en ese sentido, se dice que propicia la gobernabilidad porque realiza el poder de los grandes y evita las trabas, negociaciones y prebendas que los muy pequeños podrían significar. Esto es, simplemente, un tributo a lo pragmático, en detrimento de lo simbólico.

A ver qué pasa.

Reelección, legalidad y legitimidad

Publicado en Diario El Salvador

Sin duda, el tema primordial en la agenda política nacional durante varios meses ha sido la habilitación de la candidatura presidencial de Nayib Bukele para el periodo 2024-2029. La discusión —necesaria, amplia y extendida— fue resuelta de manera favorable y oportuna por las instancias correspondientes, pero entre la agitación y vehemencia de las posturas antagónicas e incluso viscerales al respecto hay dos conceptos importantes que, considerados en su dualidad y complementariedad, merecen especial atención: legalidad y legitimidad, palabras que tienen la misma raíz y con frecuencia se usan como sinónimos, pero que en realidad son bastante distintos.

Un acto es legal si está “prescrito por la ley y conforme a ella”, pero solo adquiere la cualidad de legítimo si es permitido “según justicia y razón”, siendo reconocido por la colectividad como algo correcto, apropiado, sensato. Así, para que algo sea aceptado en el devenir humano, especialmente en lo político, debe tener ambas características: ser legal y, además, ser legítimo. En esta conceptualización es importante enfatizar dos cosas: una, que no todo lo legal es legítimo; otra, que no todo lo legítimo es legal.

Para ilustrar la diferencia, recordemos a aquel funcionario de elección popular que, a principios del milenio y en estado de ebriedad, lesionó de bala a una agente policial. No fue a la cárcel porque la Asamblea Legislativa de entonces le mantuvo el fuero constitucional, amén de otras triquiñuelas judiciales. El proceso fue legal, estrictamente hablando, pero completamente ilegítimo. En contraparte, pensemos en la víctima de un delito de agresión, que publica su caso en contra del victimario en redes sociales. Esta denuncia puede ser legítima, lícita, justa; pero si no acude a un tribunal competente con las pruebas necesarias, tal proceder carece de legalidad y no obtendrá justicia.

Volviendo al plano político, en cuanto a la reelección presidencial, destacados juristas ya han aclarado de manera suficiente que la legalidad de esa opción viene dada por la sentencia de septiembre de 2021 de la Sala de lo Constitucional, la cual interpretó varios artículos de la Carta Magna basándose en la jurisprudencia establecida por salas anteriores. Bien puede decirse que los anteriores magistrados (aquellos conocidos como “los magníficos”) diseñaron, zanjaron y pavimentaron el camino para que los actuales magistrados lo recorrieran y fundamentaran esta decisión.

Ahora bien: una cosa es la habilitación legal de la reelección y otra muy distinta la aceptación que dicha opción tenga. Si el próximo 4 de febrero la gente llegase a respaldar un segundo mandato de Bukele con amplia mayoría en las urnas, esto le daría legitimidad, pues representaría la clara y directa voluntad del soberano, que es el pueblo salvadoreño, para continuar en la ruta trazada por el actual gobernante. En cambio, si el resultado fuera muy ajustado aun siéndole favorable, la legitimidad del acto legal en cuestión quedaría en entredicho.

Así planteado el escenario, cabe preguntarse si habría un criterio estadístico para determinar dicha legitimidad, en una posible victoria de Bukele. Considerando que él ganó la presidencia en 2019 con el 53 % de los votos y, además, que gracias a él su partido Nuevas Ideas logró el 66 % de apoyo en las elecciones legislativas de 2021 (hecho esencial e imprescindible para la implementación de las políticas actuales), es razonable plantear que una reelección que tenga menos de los dos tercios favorables de la votación sería interpretada como un cuestionamiento a su legitimidad; por el contrario, si Bukele llegase a vencer con un porcentaje arriba de ese 66 % de referencia (1.8 millones de votos, calculados sobre la elección anterior y contando a los partidos aliados) entonces no habrá político, analista, periodista, comentarista o académico serio que pueda cuestionar la legitimidad de su reelección, ante un mandato popular de tal contundencia y magnitud.

La Constitución, la Sala y Yo.

El 3 de septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia de 27 páginas en la cual se habilita al Presidente de la República para que pueda presentarse como candidato a elección popular para el mismo cargo en el próximo periodo; es decir, este puede buscar su reelección (o, como algunos prefieren decir, postularse para “un segundo mandato” consecutivo).

Ante eso, las opiniones de la comunidad jurídica y las entidades políticas quedaron divididas, pues hay quienes sostienen que la Constitución prohíbe la reelección “hasta en seis artículos”, siendo ese un importante caballo de batalla para la oposición.

En esta entrada se contrastará cada uno de dichos artículos con lo que ha dicho la Sala, con un mínimo comentario personal que tiene exactamente el mismo valor que los de cualquier otro ciudadano, sea jurista o no, puesto que a fin de cuentas todos podemos opinar, pero las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son de cumplimiento obligatorio.

Artículo 152

No podrá ser candidato a Presidente de la República “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.

Dice la Sala que esta prohibición no es para el actual Presidente, sino para los actuales candidatos a Presidente; de ahí que, durante el presente periodo 2019-2024 se aplica a ese que fue Presidente “durante el periodo inmediato anterior”: Salvador Sánchez Cerén. En cumplimiento del mismo artículo, si el actual presidente Nayib Bukele es candidato presidencial para el periodo 2024-2029, debe dejar sus funciones seis meses antes del inicio del próximo periodo, es decir, el 1 de diciembre de 2023.

Mi opinión de lego: este artículo no prohíbe la reelección inmediata. Dato complementario: la interpretación del signficado de "el periodo inmediato anterior" viene desde junio de 2014, de aquella Sala conocida como la de “Los Magníficos”. 

Artículo 131

Corresponde a la Asamblea Legislativa “desconocer obligatoriamente al Presidente de la República, o al que haga sus veces, cuando terminado su período constitucional continúe en el ejercicio del cargo”.

Dice la Sala que este artículo se aplica a la continuación en el ejercicio del cargo sin que haya habido de por medio un evento electoral que le dé un segundo mandato.

Mi opinión de lego: este artículo tampoco prohíbe la reelección, pues un mandatario reelecto por voluntad popular no continúa porque sí, habiendo terminado su primer mandato, sino que en realidad está iniciando un segundo mandato.

Artículo 154

“El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.

Dice la Sala que, al haber un segundo mandato emanado de la voluntad popular mediante elecciones libres, no se está extendiendo el periodo presidencial, sino iniciando uno nuevo.

Mi opinión de lego: este artículo no prohíbe la reelección.

Artículo 88

“La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección”.

Dice la Sala que la alternancia en el ejercicio de la Presidencia se refiere a la posibilidad de que el soberano (el pueblo) tenga la oportunidad de elegir libremente entre distintas opciones (candidaturas) a través de un evento electoral; por lo tanto, sólo si tal mecanismo no existiera (o sea, si no hubiera elecciones de por medio) es que se violaría este artículo.

Mi opinión de lego: la interpretación anterior es un poco estirada, pero válida desde la lógica de ofrecerle al pueblo todas las opciones.

Artículo 248

“No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”.

Dice la Sala que no ve una reforma o alteración en lo relativo a la alternabilidad, según su propia interpretación del artículo 88.

Mi opinión de lego: una cosa lleva a la otra, técnicamente no existe tal reforma, de ahí que este artículo tampoco prohíba la reelección. Ya más en lo personal, este artículo me parece una osadía absurda, como si la Constitución fuera para toda la eternidad, sin tomar en cuenta los cambios sociales e históricos.

Artículo 75

Pierden los derechos de ciudadano “los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”.

Dice la Sala que hay una condicionante para definir el “apoyo a la reelección”, estableciendo que la pérdida de derechos sólo procedería si se promoviera una “reelección ilegítima”, es decir, no emanada de la voluntad popular en un evento electoral (como ya lo interpretaron en los artículos anteriores).

Mi opinión de lego: en este caso, lo que la Sala añade como condicionante no es lo que todos podríamos entender, pero desde que la Sala anterior (la de “Los Magníficos”) abrió la puerta para reescribir el texto constitucional (como el caso del artículo 85 y las candidaturas “no partidarias”), estableciendo con ello jurisprudencia, el camino legal quedó establecido y validado por el consenso social de ese entonces.

En conclusión...

Como ciudadano, creo que la candidatura de Bukele para un segundo mandato presidencial tiene legalidad y, si llegase a recibir un masivo apoyo popular en las elecciones de 2024, tendría toda la legitimidad necesaria.

Realidad, ficción y distorsión de la justicia

El 10 de octubre de 2023 se conoció del vil asesinato de una niña de 7 años en un barrio popular del área metropolitana de San Salvador, hecho abominable en el cual, según las primeras pesquisas, el criminal habría actuado por motivaciones sexuales. El presunto responsable, ya capturado, es un vecino contra quien las autoridades aseguran tener suficientes pruebas testimoniales, documentales y científicas que lo incriminan. Este caso recuerda a otro execrable hecho, como lo fue la violación y asesinato de la niña Katya Miranda en 1999, crimen que quedó en la impunidad aunque las investigaciones señalaron a su propio abuelo como el perpetrador.

Crímenes como los antes referidos provocan la inmediata condena ciudadana, avivando el clamor de justicia así como la exigencia del más duro castigo para esta clase de individuos. Nadie en su sano juicio debería pensar siquiera en esgrimir algún tipo de descargo para semejante conducta. Nadie en su sano juicio. Nadie.

Pero en tiempo de relativismos morales, oportunismos políticos y estupideces ideológicas, nunca se sabe, pues existe cierto sector de la sociedad, supuestamente ilustrado, que desde hace muchos años se ha esmerado en presentar a los miembros de las peores estructuras criminales no como victimarios sino como víctimas de la sociedad, en un retorcido esfuerzo por aplicar a su conveniencia teorías sociales y psicológicas del más diverso origen (desde Rousseau hasta Marx, pasando por Freud) para entender y acaso justificar las más horrendas acciones.

Aparte de reportajes, publicaciones y expresiones de cierto sector del periodismo actual, que documentan esta enfermiza tendencia, hay una notable obra en la literatura de ficción nacional que toca este tema: la novela ¡Justicia, señor gobernador!, publicada por Hugo Lindo en 1961. Su trama es el esfuerzo de su personaje principal —el doctor Amenábar, juez y abogado— por examinar la formación (o deformación) de la personalidad de un reo de apellido López Gámez, convicto por la violación y asesinato de una niña de 6 años.

Lo interesante del caso es que el propio doctor Amenábar no tiene ninguna duda de que López Gámez fue, en efecto, el autor material del crimen; sin embargo, se resiste a creer en la maldad del individuo y, por el contrario, se empeña en indagar en su miserable pasado psicosocial para explicar su conducta. En ese afán, se remonta hasta la infancia del criminal y los abusos que este sufrió, de donde derivan los serios traumas que finalmente empujaron a López Gámez a cometer el horroroso hecho. A partir de tales hallazgos, el doctor Amenábar dicta una insólita sentencia que lleva hasta las últimas consecuencias la traslación de las culpas, por cuya causa es destituido de su cargo y acaba recluido en un manicomio.

¡Justicia, señor gobernador! plantea, a través de su protagonista, una conclusión absurda a partir de razonamientos que pueden tener algún sentido por separado, tanto desde el punto de vista social como psicológico y moral, como lo son la interconexión de las acciones humanas y los orígenes de las aberraciones conductuales; sin embargo, una vez más, en la realidad de casos como el mencionado al principio, nadie debería atreverse a insinuar siquiera que el asesino tenga algún tipo de explicación, justificación o atenuante.

¿O habrá aún quienes lo intenten…?

Raza e identidad nacional

Publicado en Diario El Salvador.

El 12 de octubre aún está marcado en los calendarios de varios países como el Día de la Raza o Día de la Hispanidad, denominaciones que conmemoran la fecha de la llegada del navegante Cristóbal Colón a la isla de Guanahani (actual archipiélago de las Bahamas), hecho que en la cultura popular se conoce como “el descubrimiento de América” (pese a que Colón, en sus cuatro viajes y hasta su muerte, siempre creyó haber estado en las Indias Orientales, en el Asia).

En El Salvador, la festividad se instauró en 1915 mediante decreto legislativo, “como recuerdo de gratitud y admiración al descubridor del Nuevo Mundo”, en sintonía con la propuesta continental del funcionario español Faustino Rodríguez-San Pedro, quien eligió la fecha como símbolo de la unión iberoamericana, iniciativa que fue aceptada de inicio por prácticamente todos los países implicados.

Aunque desde el principio su denominación suscitó algunas polémicas, no fue sino hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX cuando esta se cuestionó fuertemente y de manera bastante generalizada, a la luz de una revisión crítica de la historia, tanto así que para 1992 y la celebración del quinto centenario del así llamado “descubrimiento” (que es, en sí, un término eurocéntrico), el lema contestatario más recordado fue la pregunta retórica “500 años ¿de qué?”

En diferentes momentos de su historia, los países latinoamericanos han ido modificando la denominación y el sentido inicial de la conmemoración aludida, sustituyéndola en algunos casos por una visión más respetuosa e integradora. En nuestro país, la Asamblea Legislativa suprimió en 2021 la “Fiesta de la Raza”, por considerar que dicho concepto lesiona la dignidad de los pueblos indígenas, que sufrieron terribles vejaciones durante la conquista y colonia española.

Sin embargo, más allá de la perspectiva que se asuma al momento de visualizar y entender los hechos ocurridos hace 500 años, es importante ser fieles a la historia y reconocer nuestra identidad nacional como un mestizaje étnico y cultural, forjado a lo largo de siglos. En este tema no caben los simplismos, pues tan nuestras son las raíces de los pueblos originarios (pipiles, mayas, lencas y otros) como aquellas que provienen de la vertiente peninsular española, sin olvidar el aporte afrodescendiente (aunque mucho menor en comparación con países vecinos) y otras etnias que a través de la historia se han fundido en el crisol de la salvadoreñidad (como la de ascendencia árabe, entre otras).

En consonancia con lo anterior, es curioso notar cómo aquellas que consideramos “nuestras tradiciones”, expresadas en diversas formas de folclore (bailes, trajes típicos, gastronomía, mitos y leyendas, etc.) no se remontan mayoritariamente al pasado prehispánico sino a las épocas colonial y posteriores. Piezas musicales y coreográficas tradicionales como “Las cortadoras” y el “Pregón de los nísperos” aluden a la recolección del café, cultivo que se introdujo a gran escala en el país hasta mediados del siglo XIX. El sentido de las danzas de los Historiantes (moros y cristianos) y El Torito Pinto viene de España: la primera referida a la guerra de reconquista de casi ocho siglos en la península ibérica y la segunda, la representación de la tauromaquia. El Cipitío no va con taparrabo sino con cotón de manta, sombrero de palma y caites, tal como se les mandó vestir a los indios una vez finalizada la conquista. Y así hay muchos otros ejemplos.

Lo dicho anteriormente no es para minimizar nuestras raíces indígenas, sino para evidenciar nuestra identidad mestiza, lo cual requiere de honestidad histórica e implica la aceptación y el respeto por las diversas fuentes vitales que nos han alimentado durante nuestra historia y nos han llevado a ser lo que somos: un colectivo multicultural en donde ya no caben las discriminaciones injustas ni las intolerancias obsoletas.

Un espacio más

Ya impulsado al riesgoso arte del comentario político (que insisten en ponerme "analista"), atendí la invitación de Radio Fuego 107.7 FM, para conversar sobre temas de actualidad (panorama electoral y estado de excepción), así como un brevísimo repaso a mi trayectoria como escritor. Siento que estuve a la altura.

Hoy en #BuenosDiasElSalvador nos tomamos #UnCafeCon Rafael Góchez escritor y analista político

Hoy en #BuenosDiasElSalvador nos tomamos #UnCafeCon Rafael Góchez escritor y analista político

Publicado por Fuego 107.7 en Viernes, 29 de septiembre de 2023

Hablando con prudencia

Este día fui invitado al programa matutino "Las cosas como son", que conduce el periodista Natan Váquiz, para conversar largo y tendido sobre temas políticos. Hay varias citas de lo que dije, frases que hay que poner en su debido contexto, pero en general considero haber hablado con prudencia y tratado de fundamentar lo dicho. No sé qué tantos haters pueda haber ganado (espero que no muchos), pero creo importante ejercer la ciudadanía expresando mis opiniones con respeto y algo de sensatez. Cruzo los dedos por que, si en el futuro hay más oportunidades así, esté a la altura de las circunstancias.

“Si yo fuera de una oposición sana yo tendría que reconocer la alta efectividad del plan de seguridad, e insistir en acelerar los procesos para que las personas inocentes sean liberadas en la mejores condiciones” indicó, Rafael Góchez (@rfgochez). pic.twitter.com/CH9z3YtFOw

— Natan Vaquiz (@NatanVaquiz) September 20, 2023

👉🏽 Entrevista completa.