Quién debe conducir la PDDH

Llega el momento, como cada 3 años, de elegir titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Comparto contexto, historia y algunas ideas. Doy mi opinión al final.

1. La PDDH nace en 1992, con los Acuerdos de Chapultepec, para “velar por la protección, promoción y educación” de los DD.HH. en la sociedad. El titular lo elige la Asamblea Legislativa con mayoría calificada. Su debilidad de origen: puede investigar denuncias, pero sus resoluciones no son vinculantes.

2. Su naturaleza es no partidaria y tampoco debería ser usada para fines políticos (como pasó con las dos comisiones de DD.HH. “gubernamental” y “no-gubernamental” durante la guerra, que denunciaban solo al bando contrario).

3. ARENA y FMLN vieron en la PDDH un espacio para colocar a personas afines a sus intereses, buscando instrumentalizar la institución. Y cuando no lo lograban por negociación (bloqueo mutuo), pusieron a funcionarios anodinos y, en ocasiones, altamente incapaces (ej. Peñate Polanco, 1998).

4. Para abonar a lo anterior, recordamos a titulares que dijeron cosas muy extrañas, como Beatrice de Carrillo (2001) cuando fue a Mariona a visitar reclusos, llamándoles “mis niños”. En otra ocasión, sugirió dar instrucción militar a las pandillas.

5. La procuradora Raquel Caballero llegó al cargo en 2016, elegida por ARENA y FMLN. Recibió muchas críticas y no fue reelegida en 2019 por esos partidos, pero retomó el cargo en 2022, con el apoyo de Nuevas Ideas (que para entonces ya era la mayoría calificada).

6. El sentido político de su elección en 2022 fue presentar, ante la comunidad internacional, a una funcionaria en un cargo sensible que no pudiera ser tachada como simpatizante o afín al bukelismo; es decir, que no la deslegitimaran por esta causa. Esto fue explicado por el presidente Bukele en cadena nacional.

7. La gestión actual de Raquel Caballero se da en el contexto de la Guerra contra las Pandillas y el Régimen de Excepción, con el trasfondo de una estrategia de oenegés y activistas opositores para atacar al gobierno, arropados bajo la bandera de los DD.HH. Las críticas recibidas por la funcionaria son, principalmente, porque no se ha alineado a esta causa.

8. Superada la fase crítica de la Guerra contra las Pandillas, considero que se necesita una PDDH que no le haga el juego político a la oposición, pero tampoco parezca alineada con el oficialismo, sino que se centre en su misión institucional. Una persona con ese perfil es muy difícil de hallar, dada la polarización y etiquetas existentes.

9. Personalmente, creo que la Asamblea debería abrir espacio para nuevas postulaciones que surjan de la verdadera sociedad civil. Pero si se agota este recurso y no hay una candidatura idónea, no se extrañen de que la actual titular sea reelegida.

"Recuentos", una antología personal de Rafael Fco. Góchez

Publicado en Diario El Salvador
Redacción: Edgardo Rivera

El escritor Rafael Francisco Góchez lanzó recientemente su obra Recuentos, basada en una recopilación de 25 cuentos que representan su testimonio literario y un mapa íntimo de la realidad salvadoreña entre 1987 y 2002.

Esta antología ofrece una visión panorámica y depurada de esos años que el autor considera el núcleo de su carrera.

"La obra es una antología personal de mis relatos, yo diría que definitiva. La recopilación recoge una etapa de quince años como escritor de ficción, comprendida entre 1987 y 2002, durante los cuales obtuve cinco premios nacionales de narrativa, publiqué tres libros y participé en foros literarios tanto nacionales como internacionales", afirma Góchez.

La temática de su narrativa es variada. Algunos de sus cuentos se relacionan con los últimos años del conflicto armado entre la guerrilla y el ejército; mientras que otras abordan circunstancias urbanas de San Salvador.

"En cuanto al estilo, algunos cuentos se ubican en el contexto de los últimos años de la guerra civil, cuando el absurdo se había superpuesto a cualquier motivación que pudiera haber tenido ese conflicto; mientras que otros marcan una evolución hacia experimentos narrativos urbanos. Son en total 25 cuentos seleccionados con criterio personal, pero también con la asistencia de herramientas de inteligencia artificial como un intento de aportar cierta objetividad", explica el autor.

Góchez ha querido hacer accesible su obra, llevándola al ámbito digital sin ningún costo. "Decidí publicar la obra en línea, con acceso gratuito, privilegiando el criterio de máxima difusión, pero también considerando el contexto sociocultural actual en el que se privilegia el acceso digital por sobre la tradicional obra en papel", expone el autor. Para entrar en este mundo íntimo de Rafael Góchez puedes ingresar a 👉🏼 este sitio.

Para esta colección hace un extracto de algunas de obras como el libro Del asfalto, el libro ¿Guerrita, no? y la colección Los Encierros, que ha publicado a lo largo de su producción literaria. En su antología se puede navegar por historias de Desvaríos entretenedores, El eclipse, El escupefuego, El rostro, El cadáver, La tarde de José Dolores, Leonor y el espejo, Te juro que no estaba bolo, Estados transitorios tras el cristal, entre otras.

"Se han seleccionado veinticinco cuentos que representan distintos registros, desde el humor corrosivo hasta la fábula fantástica, desde la sátira política hasta la introspección psicológica, desde el realismo urbano hasta el lirismo simbólico. El criterio de organización es deliberadamente alfabético, no se busca imponer un itinerario emocional, sino permitir que el lector explore un catálogo de obsesiones, tonos y mundos", expone.

Amigues e ideología de género

Sobre este punto, tengo una entrada anterior donde sugiero algunos criterios para un uso racional del lenguaje no sexista, relacionado pero diferente a esta polémica.

La primera semana de octubre de 2025, el gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Educación, prohibió el uso del llamado “lenguaje inclusivo” o “lenguaje de género” en los centros educativos públicos, así como en todas las oficinas de esa cartera de estado. Y como todo en el país, la polémica ha sido inmediata.

Hay, por lo menos, dos ángulos desde donde se puede abordar el tema. El primero es estrictamente gramatical. Términos como “amigue”, “compañer@s” (con arroba), “nosotrxs” (que es impronunciable), así como la redundancia de decir “todos y todas”, son formas que no están reconocidas en la gramática normativa.

El segundo aspecto es ideológico y, ciertamente, mucho más complejo. La pregunta es si, al utilizar ese tipo de lenguaje, se está promoviendo, de manera explícita o implícita, eso que muchos llaman “ideología de género”, según la cual la identidad y las preferencias sexuales de una persona deben ser completamente electivas, libres de condicionamientos biológicos y socioculturales. No olvidemos que el lenguaje es ideología, ya que el vocabulario contiene una determinada visión de mundo.

A mi criterio, promover y normalizar en edades tempranas el uso de palabras propias de una ideología que pretende desplazar a otra —cuando los niños y niñas no tienen la madurez ni los elementos de juicio necesarios para comprender la complejidad de un tema, en el que ni siquiera los adultos estamos de acuerdo entre nosotros— puede ser contraproducente, causando conflictos de identidad y de valores.

Creo que, por prudencia, lo mejor es dejar esas discusiones para cuando llegue el momento y la edad apropiada, con la anuencia y acompañamiento de las familias, sobre la base del respeto a la dignidad de la persona y teniendo siempre como prioridad el mayor bienestar de los menores.

@gochez.rf Amigues e ideología en la escuela. 🏫 #ElSalvador #ideologíadegénero #Educacion #Bukele #LGBT ♬ sonido original - Rafael Fco. Góchez 👍🏼

Los datos y las actitudes

Publicado en Diario El Salvador

En días recientes, se han publicado dos datos oficiales como muestra de la clara mejora de la seguridad ciudadana en El Salvador: la etiqueta Mil días sin homicidios (no continuos, pero sí acumulados desde el inicio de la gestión Bukele en 2019) y la confirmación de haber logrado la tasa anual más baja de homicidios en el continente, que fue de 1.90 por cada 100,000 habitantes en 2024 (menor que la cifra de 1.91 que reportó Canadá).

Ante estas evidencias, no han faltado las voces opositoras que de inmediato se lanzaron a desacreditar los números ni bien fueron publicados, basándose en diferencias de criterio sobre cómo contabilizar las muertes violentas, cruzando fuentes y esgrimiendo argumentos supuestamente técnicos, otras veces falaces e incluso hasta sin sentido. En este contexto, resultan llamativas las actitudes públicas de algunos que navegan con bandera de expertos en el tema, así como de ciertos académicos desarraigados de la realidad cotidiana.

Uno de ellos, periodista que por más de una década se ha presentado como conocedor de la subcultura pandilleril, dijo que las cifras antes mencionadas son un “constructo publicitario propagandístico” del gobierno. Más de un opinador ha llegado a afirmar que el recuento presentado no incluye “los homicidios comunes y los feminicidios” —afirmación que es falsa, pues el reporte diario que publica la Policía Nacional Civil da cuenta de los homicidios tanto de víctimas masculinas como femeninas, independientemente de quiénes sean sus victimarios o de su clasificación jurídica posterior. Incluso ha habido quien, en su paroxismo antigobierno, ha pedido incluir en la cuenta de asesinatos a personas detenidas que fallecieron por enfermedades graves preexistentes, así como a supuestos “sepultados clandestinamente” —replicando, en este último caso, afirmaciones difundidas previamente por fuentes de dudosa credibilidad, sin ningún criterio de validación objetiva ni evidencia.

Declaraciones como las antes mencionadas no parecen propias de un afán de exactitud estadística, sino de una consigna por opacar logros a como dé lugar, lo cual se infiere no solo del tiempo que dedican a esta tarea en sus intervenciones en programas propios y ajenos, artículos de opinión y otros espacios mediáticos, sino también por su tono y lenguaje corporal, todo lo cual delata una actitud de franca molestia ante la drástica reversión de la violencia delincuencial que costó más de 106,000 vidas desde la firma de la supuesta paz en 1992.

La discusión fundamental no es si a la fecha del 30 de agosto se habían alcanzado 1,000 días limpios o si en ese momento iban 995, tampoco si la tasa es de 1.90 o de 1.93 sobre 100,000 habitantes. Lo verdaderamente importante es la existencia real y efectividad del Plan Control Territorial, que ha devuelto a la población la libertad de vivir, trabajar y movilizarse sin estar bajo el permanente acoso criminal de las pandillas. Lo central, aquí y ahora, es la constatación estadística, testimonial y vivencial de que los esfuerzos cotidianos de la gente por salir adelante ya no son bloqueados por intimidaciones, extorsiones, reclutamientos delincuenciales, desplazamientos forzados, violaciones y homicidios de las pandillas, que fueron la norma durante las tres décadas de terror en que el país se vio sumergido.

En la tarea de reducir la violencia, está claro que aún hay mucho trabajo por hacer. Este desafío nacional requiere trabajar en conjunto, desde todas las instancias públicas y privadas, para bajar hasta donde se pueda —y ojalá erradicar— los hechos violentos que aún ocurren, producto de la falta de gestión de las propias emociones y una cultura de intolerancia milenaria. La clave está en entender los avances logrados como motivación y prueba palpable de que cuando se quiere, se puede.

¿Explicar o justificar? Esa delgada línea...

Un asesinato político es, en esencia, un asesinato. Punto. No hay medias tintas. La etiqueta que se le ponga a un homicidio intencional y premeditado únicamente describe la motivación del victimario, pero es irrelevante al momento de condenar el hecho y exigir que sobre el responsable caiga todo el peso de la ley. No hay, en este punto, justificaciones o relativizaciones que valgan, así sean muy sutiles.

Sin embargo, esto último es precisamente lo que hace el director editorial de El Diario de Hoy, Óscar Picardo, cuando se refiere al asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, en un artículo titulado El racismo como “enemigo cultural” (Charlie Kirk), publicado en ese periódico el 22 de septiembre de 2025, apenas doce días después de la muerte del emblemático polemista.

El objetivo de Picardo es señalar que Kirk propagaba el racismo y la xenofobia bajo una reconfiguración discursiva que presenta “narrativas que apelan a la identidad, la cultura y la seguridad nacional”. Para tal fin, cita varias frases fuera de contexto. Pero, al margen de que esta acusación pueda sostenerse o no, aparece ya un párrafo revelador:

"Probablemente esta narrativa antagónica —más otros factores religiosos e inclusive su férrea defensa de la Segunda Enmienda— llevó a que otro fanático le quitara la vida de manera violenta y absurda".

Al llamar al asesino “otro fanático”, Picardo extiende ese calificativo al propio Kirk, poniéndolo en el mismo plano moral que el criminal y, en cierto sentido, responsabilizando a la víctima por haber provocado su propia muerte, por andar difundiendo semejantes ideas. A continuación, cita de manera interesada una frase de Kirk en la que este defendía el derecho de los estadounidenses a portar armas de fuego, para concluir que fue víctima de sus propios planteamientos.

Pese a que el activismo de Kirk consistía, en buena parte, en debatir —de manera abierta pero respetuosa— con sus adversarios, en el transcurso del artículo Picardo lo señala de propagar la intolerancia y lo convierte en villano, cuando afirma lo siguiente:

"Las consecuencias de este tipo de discurso no son meramente simbólicas. El enemigo cultural, al construir un relato de 'nosotros contra ellos', fomenta la polarización social y contribuye a un clima de hostilidad y violencia hacia inmigrantes, latinos, asiáticos, musulmanes o afroamericanos."

Picardo sostiene además que “la narrativa de Charlie Kirk mostraba cómo el racismo y la xenofobia contemporáneos se visten de racionalidad política y de defensa de valores universales” y que, a ese discurso, hay que “analizarlo críticamente (...) para comprender el auge de nuevas formas de exclusión en las democracias occidentales”. Hasta allí, se puede entender el desacuerdo ideológico, que es respetable. Pero el cierre del artículo revela una toxicidad no tan sutil:

"Nadie debería celebrar el asesinato de Charlie Kirk, ni tampoco festejar su discurso como héroe o mártir de una causa política inhumana e indigna..."

Aquí hay dos trampas. Primera: la tibieza del “nadie debería celebrar”, en lugar de una condena explícita. Segunda: aunque uno esté en desacuerdo con su causa, calificar lo que Kirk defendía como “inhumano” le quita dignidad al hecho de debatir ideas diferentes.

Hay una línea muy delgada entre explicar y justificar un hecho abominable, y el citado artículo parece cruzarla con temeridad. Picardo —o cualquier otra persona— puede estar en profundo desacuerdo con Kirk y criticarlo duramente, pero culpar a sus ideas de su asesinato es una revictimización repudiable y una justificación implícita, todavía más impresentable cuando proviene de alguien que se presenta como defensor de la libertad de expresión.

Propuesta para Premio Nacional de Cultura: Julio Yúdice

El Ministerio de Cultura ha publicado las bases para el Premio Nacional de Cultura, edición XXXVI, dedicado a radio y televisión, personaje de influencia cultural. El alcance de este galardón abarca a “actores, actrices, presentadores y locutores salvadoreños/as cuya trayectoria en radio y televisión se haya distinguido por la creación, interpretación y sostenimiento de personajes que han marcado profundamente el imaginario colectivo salvadoreño”.

De acuerdo al documento oficial, “reconocer estos personajes es valorar su capacidad de conectar con generaciones enteras a través de la actuación, locución y animación. su papel en la construcción simbólica de la identidad nacional, su contribución a la crítica social, el humor, la pedagogía y la representación cultural por medio de los medios masivos”.

Dentro de los requisitos establecidos está “que su labor artística haya tenido influencia sostenida en la cultura popular salvadoreña, mediante programas, series, radionovelas, comedias, segmentos educativos o de entretenimiento” y “que con su trabajo hayan contribuido a la memoria colectiva, la reflexión social y la formación de públicos, además de haber inspirado a nuevas generaciones”.

Desde mi perspectiva, no se me ocurre alguien más apropiado para recibir el galardón que Julio Yúdice, conocido y reconocido por sus personajes de comedia Tenchis Céliber y Tula Altacasa. Ambas son caricaturizaciones de dos estratos sociales: una, la Tenchis, refleja a la mujer salvadoreña de escasos recursos económicos, con su idiosincrasia y lenguaje propios de una cultura de exclusión social y educativa, pero de carácter fuerte, valiente ante la adversidad y sin renunciar a la esperanza; otra, doña Tula, encarna a ese sector que en un tiempo se llamó la “pequeña burguesía”, una mujer de clase media alta, acomodada sin llegar a la opulencia y, por lo tanto, con ínfulas de grandeza, presumida y altanera, sin poder ocultar cierto arribismo y muchas veces rozando el ridículo.

Tenchis y Tula son una dicotomía genial. Yúdice las ha interpretado por décadas, con realismo pero también con bondad, disparando con sutileza y humor su crítica social a modos y costumbres, que no todos suelen ver (y me refiero a medios, prensa y espectadores), todo ello desde una asombrosa capacidad de observación e interpretación.

Por todo lo anterior, hago pública mi propuesta de que la edición XXXVI del Premio Nacional de Cultura se le entregue, merecidamente, al artista de la comedia Julio Ernesto Hernández Yúdice.

Espero que sea retomada por las instituciones correspondientes, para que la presenten con toda formalidad.

EDH: progresismo oportunista

El Diario de Hoy, periódico fundado en 1936 por Napoleón Viera Altamirano, tiene en su haber casi ocho décadas siendo, en esencia, el vocero ideológico de la oligarquía agroexportadora, del firme anticomunismo y del conservadurismo más radical. Salvo algunas escaramuzas iniciales en la época del general Martínez, por el tema de la censura, su política informativa se alineó con los gobiernos militares de turno, encubriendo sus desmanes.

Durante la etapa preinsurreccional de los setenta, así como en la guerra civil, sus páginas sirvieron de plataforma para todo tipo de instigadores contra la izquierda, incluyendo publicaciones pagadas anónimas que acusaban de comunistas no solo a quienes lo eran, sino también a sectores de la sociedad civil cuyo único pecado era estar en contra de los abusos de las dictaduras que sometieron al país por décadas. En esa cuenta, aparecieron señalamientos graves y amenazantes contra Monseñor Romero y contra Ignacio Ellacuría, por mencionar solo dos nombres emblemáticos.

Después de la firma de la paz, en 1992, hubo cierta apertura en la sección informativa: por primera vez se incorporó el contraste de fuentes y se dieron espacios —aunque con reserva y cautela— a voces de izquierda, tanto del FMLN como de otros sectores intelectuales y profesionales. No obstante, la línea editorial —la nota del día y los artículos de opinión— se mantuvo fiel a su tradición: conservadurismo y anticomunismo, en una línea nostálgica por aquel capitalismo semifeudal de antaño, un día sí y otro también.

Con la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia, en 2019, y la ruptura del bipartidismo ARENA–FMLN, El Diario de Hoy no vio con buenos ojos al outsider que irrumpía en el poder, desplazando a los sectores tradicionales. Como reacción de la derecha era lógico que actuara así. Pero, poco a poco, aquel empresariado —otrora patrocinador de ARENA, su instrumento político— entró en un compás de espera y, en los últimos años, comenzó a leer con pragmatismo la nueva realidad política y social, marcada por la seguridad ciudadana y la mejora del clima de inversión.

La crisis ideológica de El Diario de Hoy está ahí: la derecha económica e intelectual a la que representaba ya no tiene motivos reales para oponerse al rumbo económico del país, ni tampoco para enarbolar la lucha contra un comunismo reducido a nada. Ese abandono ha dejado huérfano al periódico, que se quedó anclado en egos y personalismos, refunfuñando por lo perdido. Y es que resulta imposible sostener una política editorial únicamente sobre la base de la animadversión, que suele ser irracional. Dicho de modo sencillo: el “Nayib me cae mal” tiene serios límites de cara a los lectores.

Consciente del callejón ideológico y mercadológico en que se encuentra, El Diario de Hoy ensaya ahora una jugada de supervivencia: como no le trae cuenta mantener la línea dura de derecha, abraza un progresismo oportunista, en un afán de alcanzar nuevas audiencias. El fichaje del académico Óscar Picardo, junto con periodistas damnificados por el desfinanciamiento de medios digitales opositores, permite ver al periódico enmascarado, abanderando causas sociales legítimas que siempre despreció: derechos humanos, combate a la pobreza, dignificación del salario, derechos de los trabajadores, iglesia popular y progresista, revisión histórica de mitos nacionales, servicio doméstico no dignificado y... hasta Roque Dalton en portada.

“Se verán cosas, dice la Palabra”.

Allá quien les crea que lo hacen con honestidad intelectual.

Mi hipótesis es la siguiente: su objetivo estratégico es infiltrarse en públicos incautos y bienintencionados, para no desaparecer como medio ideológico y, llegado el momento, intentar arrastrarlos hacia su verdadero propósito político, que es minar al bukelismo.

A modus operandi se le llama "entrismo", una táctica trotskista.

Suerte con eso. 😉

Democracia para la libertad

Publicado en Diario El Salvador

La democracia como forma de gobierno tiene características básicas y, además, variantes propias del contexto en el cual se aplica. En lo esencial, supone que el poder lo ejerce el pueblo mediante elecciones libres y periódicas, a través de diversos mecanismos de representación, en el entendido de que es este colectivo quien mejor puede decidir a quién delegar la tarea de atender sus necesidades. Las variantes de cada aplicación se expresan en los énfasis que cada sociedad da a su modelo —ya sea en el fortalecimiento de la participación, en los controles sobre los funcionarios electos o en el alcance de los derechos garantizados—, de modo que la democracia nunca es una copia uniforme, sino una adaptación concreta.

En el ejercicio democrático contemporáneo hay, no obstante, un riesgo cada vez más inquietante: creer que la formalidad democrática es un fin en sí mismo, en vez de comprenderla como un medio para garantizar los derechos de la población. Cuando se incurre en este error, producto de una desconexión entre la teoría y las necesidades reales de la ciudadanía, la consecuencia inmediata es la sacralización de ciertos principios y procedimientos supuestamente democráticos, incluso a costa de dejar intactos los problemas graves que la gente exige resolver.

Lo que El Salvador vivió en las décadas posteriores a la finalización de la guerra civil es un claro ejemplo del desastre causado por esta idolatría de las formas. El bipartidismo que se instaló en todas las instancias del poder era citado frecuentemente como un ejemplo de convivencia democrática y pacífica entre quienes habían librado una guerra fratricida. Se cumplían los ciclos electorales, sí, pero las opciones y propuestas partidarias llegaron a diferenciarse únicamente por el logo. Había pesos y contrapesos, sí, pero solo como capacidad de bloquearse mutuamente para negociar privilegios entre ambos y ganar encubrimiento por reciprocidad. Se daban procedimientos judiciales apegados a Derecho, sí, pero con un marco normativo excesivamente garantista que pronto fue rebasado por las estructuras criminales. Entretanto, la inmensa mayoría de la población era abandonada por el Estado y dejada a merced de las pandillas, que pronto impusieron su reino de terror en los territorios.

De ese triste periodo en la historia del país, en el cual hubo más muertes violentas que durante la misma guerra civil, la población llegó a una conclusión demoledora, expresada en dos caras de una misma moneda: por un lado, que no tiene sentido un Estado con supuesta democracia formal, si este es incapaz de garantizar los derechos más fundamentales, que son la vida y la seguridad de sus ciudadanos; por el otro, que la defensa de estos derechos tiene prioridad absoluta sobre antiguos tecnicismos y recovecos jurídicos (con perdón de los puristas). Esta verdad de consenso no se instaló de un día para otro, sino que fue el resultado de la interacción constante entre las expectativas populares y los logros obtenidos, lo cual explica el aumento del respaldo electoral al presidente Bukele: del 53 % en 2019 al 85 % en 2024.

El devenir sociopolítico aquí referido obliga a replantear paradigmas, especialmente los de algunos académicos que, desde sus escritorios acaso bienintencionados, se refugian en la nostalgia de los principios en los cuales fueron formados, desde los cuales resulta imposible comprender realidades que no caben en sus manuales. La democracia debe servir para dar a la persona “libertad de” y “libertad para”, según la distinción planteada por el filósofo Isaiah Berlin. “Libertad de” aquello que le negó derechos fundamentales —es decir, las estructuras criminales que impusieron terror por décadas— y “libertad para” desarrollar todas sus potencialidades, construyendo las condiciones socioeconómicas y educativas apropiadas para tal fin. Así, bajo esta doble dimensión, la democracia será entendida, valorada y defendida por todos como un instrumento de desarrollo y progreso.

De imparcialidad y objetividad

Publicado en Diario El Salvador

Imparcialidad y objetividad son dos términos que se usan mucho en los ámbitos del periodismo y las opiniones políticas. En ambos casos, aunque con matices, dichos conceptos suelen utilizarse como una forma de validación personal o institucional para respaldar lo que se comunica; sin embargo, con demasiada frecuencia, estos términos se confunden, generando percepciones erróneas que conviene aclarar.

La imparcialidad es la “falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo”, sinónimo de equilibrio. Es lo que generalmente conocemos como neutralidad. Pensemos en un juez, que no puede ser ecuánime si, de entrada, tiene preferencia o animadversión hacia el acusado. Pero en la vida social, y especialmente en el debate político, difícilmente puede haber neutralidad. Ya sea por acción u omisión, por simpatía o antipatía, por palabras o silencios, de una u otra forma las personas adoptan una postura más o menos definida a favor o en contra de determinadas causas y actores, la cual admite distintos grados o niveles de adhesión, compromiso, militancia o incluso defensa a ultranza.

La objetividad, en cambio, es aquello “perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir”. Este es un dilema filosófico de larga data, especialmente en el campo de las humanidades. Filósofos escépticos, como David Hume, pusieron en duda la posibilidad de alcanzar conocimiento seguro, al señalar que nuestras ideas derivan de impresiones sensibles que no garantizan la verdad universal. Nietzsche sostuvo que no existen hechos, solo interpretaciones, negando así la existencia de una verdad objetiva accesible al sujeto. Desde esta mirada, todo conocimiento está mediado por la perspectiva, el lenguaje o el interés, lo que pone en entredicho la idea de una objetividad pura. No obstante, el ser humano se empeña en asirse a lo seguro, porque, si todo es relativo, la consecuencia inevitable es la angustia existencial. De ahí que la objetividad se mantenga como utopía: inalcanzable en su plenitud, pero con posibilidades razonables de aproximarse a ella.

Se desprende de lo anterior que sí es posible alcanzar buenos niveles de objetividad, pese a las propias preferencias. Lo importante es, en todo caso, sustentar aquello que afirmamos con datos, con lógica, con hechos y referencias verificables, dotándola de una solidez argumental mayor que la mera opinión subjetiva.

Un ejemplo muy ilustrativo de la realidad salvadoreña actual es el tema de seguridad ciudadana. Hay una notable mayoría de personas que apoyan la gestión del presidente Nayib Bukele, mientras que una minoría la rechaza; es decir, muchos son parciales a favor y pocos son parciales en contra del gobierno. Todos tienen distintos grados de convicción, pero difícilmente son neutrales, pues hasta la indiferencia puede considerarse como una aceptación tácita. Dentro de este espectro de parcialidades, unos tenderán a hablar cosas buenas y otros seguramente buscarán el pelo en la sopa… a lo cual tienen derecho. Sin embargo, objetivamente hablando, las estadísticas de la drástica reducción de homicidios y otros delitos son datos fríos y contundentes; por lo tanto, esto tendrían que reconocerlo, tanto quienes manifiestan su simpatía como su antipatía hacia el gobierno.

El problema surge cuando, con el fin de validar los relatos surgidos de sus preferencias racionales o expresiones emocionales, hay quienes optan por ignorar, manipular o incluso falsear los datos, con tal de sostener sus relatos. Teóricamente, ningún bando es inmune a caer en esta tentación; sin embargo, quienes llevan años en desventaja ante la opinión pública —y sin indicios ni asomos de emerger— parecen ser más proclives a recurrir a falacias y falsedades, presionados por la desesperación que provoca el verse rechazados una y otra vez por la población.

Zovatto y el temor al ejemplo

En el contexto político actual, existe una amplia red global de medios y oenegés que han asumido, por diseño e ideología, la dura tarea de deslegitimar el proceso político salvadoreño que lidera el presidente Nayib Bukele desde 2019. Para ello, esparcen una cascada de falacias a través de un pequeño ejército de periodistas, activistas e intelectuales; quienes se citan y validan entre sí para construir una narrativa para consumo de la audiencia internacional.

En el pasado reciente, esta gente logró que el Departamento de Estado de los Estados Unidos les comprara momentáneamente el discurso, especialmente en 2021 y parte de 2022. Este hecho quedó evidenciado en sanciones a funcionarios y declaraciones hostiles hacia el gobierno de El Salvador; pero dicha animadversión fue cediendo paulatinamente al pragmatismo geopolítico en los últimos años de la administración Biden, tanto así que al finalizar su periodo las relaciones bilaterales llegaron a ser no solamente cordiales, sino claramente colaborativas. Ya con la administración Trump, a partir de este año, las alianzas han sido más explícitas, propias de aliados confiables.

Pero la red de desprestigio persiste y persevera. Con Human Rights Watch y Amnistía Internacional a la vanguardia —secundados por Deutsche Welle, New York Times, El País, BBC y una larga lista— publican día tras día reportajes, artículos de opinión, informes, noticias y análisis orientados a cimentar la afirmación de que El Salvador vive bajo una dictadura, pese a que la realidad electoral y el contexto general dicen lo contrario.

En esta línea, uno de los rostros académicos y de currículum más extenso es el politólogo y jurista argentino Daniel Zovatto, quien se mueve en los círculos de analistas que se ocupan de la democracia global y, particularmente, en América Latina. En una reciente publicación en la red social X, Zovatto expresó de manera bastante sintética la esencia de la narrativa que promueven él y las instituciones aludidas. Contrario a lo que algunos pudieran creer, su abundancia de títulos no es garantía de conocimiento ni de mínima objetividad acerca de la realidad salvadoreña; sino que, por el contrario, con ellos pretende darle autoridad académica a un torrente de dogmas comunes en el círculo de autovalidación en el cual habita.

Zovatto confunde lo que él llama un “sistema autoritario” con el legítimo ejercicio de la autoridad de un gobernante, a quien el pueblo le ha dado y le ha revalidado el mandato de ocuparse de los graves problemas heredados por El Salvador, a lo largo de casi dos siglos de infructuosa vida independiente. El citado conferencista califica la reelección de Nayib Bukele en 2024 como inconstitucional, desconociendo con marcada necedad no solo la sentencia de la Sala de lo Constitucional que lo habilitó en 2021 (instancia electa conforme a las atribuciones legales de la Asamblea Legislativa), sino también la legitimidad que le otorgó el 85 % de la población y el reconocimiento de toda la comunidad internacional.

El académico activista da por sentada, a conveniencia, “la creciente represión contra periodistas —muchos de los cuales han debido abandonar el país para evitar la cárcel— y activistas de derechos humanos”, pero no quiere ver la estrategia de victimización y autoexilio desarrollada por estos sectores, reconocida incluso por voces opositoras. No pierde ocasión para censurar el estado de excepción, una herramienta imprescindible para erradicar estructuras criminales enquistadas por décadas en diferentes estratos sociales, las cuales provocaron más de 100,000 víctimas mortales durante los 30 años de la posguerra. Y así suma y sigue, con la pedantería característica de quienes creen entender la realidad desde una burbuja académica, completamente desconectada de las vivencias y experiencias de las personas.

No obstante, hay un elemento revelador en el discurso que expresa Zovatto: el temor de que el estilo de gobierno de Nayib Bukele —aun cuando tenga imperfecciones y deba ser constantemente revisado— pueda servir de inspiración para otros mandatarios que se enfoquen en resolver problemas prácticos, antes que permanecer anclados en conceptos que, por décadas, han demostrado su ineficacia y perpetuado tantos males.

En este sentido, el siguiente párrafo de Zovatto es una joya confesional:

“La región debe encender con urgencia todas las alarmas. Lo que hoy sucede en El Salvador podría anticipar el devenir autocrático de otras democracias latinoamericanas si no se actúa con determinación. Cuidado con la seducción y el peligro de la ‘bukelización’ y su ‘eficracia’: un pacto fáustico que, bajo el pretexto de orden, seguridad y resultados rápidos, legitima la cesión de libertades, degrada el Estado de derecho y desmantela la democracia”.

Lo que Zovatto y sus adeptos no aceptan ni aceptarán jamás es que esas “libertades”, ese “Estado de derecho” y esa “democracia” por la que tanto se rasgan las vestiduras nunca fueron reales, no solucionaron los problemas ingentes de la población y fueron construidas como superestructuras para perpetuar sistemas injustos y excluyentes en muchas regiones de América Latina. Y en El Salvador, solamente fueron excusas para contemplar, desde cómodas posturas intelectualoides, el hundimiento de una nación que ahora por fin tiene esperanzas sostenidas de emerger.

Republicado, con ligera edición por motivos de espacio, en Diario El Salvador.