Periodistas, "youtubers", autopercepción y audiencias.

Publicado en Diario El Salvador (28 de abril de 2023)

Hace unos días, un grupo de medios digitales anunció la iniciativa “El Filtro”, un proyecto que dice tener como objetivo “realizar una verificación de hechos, detectar errores y noticias falsas” en los medios de comunicación.

El ejercicio así anunciado parece loable; sin embargo, al revisar su declaración de intenciones se ve que el objeto de su escrutinio no son los medios tradicionales, sino específicamente un grupo de comunicadores, youtubers e influencers, que según el criterio de los filtradores comparten contenido en redes sociales “sin tomarse la molestia de verificar o analizar la evidencia”.

Esto ha traído a la superficie una espinita latente en cierto sector del periodismo, acostumbrado a ejercer a sus anchas “el cuarto poder” (término popularizado en el siglo XIX en referencia a la enorme influencia de la prensa sobre los tres poderes formalmente establecidos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial).

En apariencia, el punto en discordia sería la fidelidad a la verdad de unos (los periodistas) versus la propensión a desinformar de otros (los youtubers), cosa que se derivaría de los estudios especializados de los primeros como garantía de calidad de la información, desvalorizando per se el trabajo de los segundos.

Así, hemos escuchado desde frases discretamente desdeñosas (“un periodista sí puede ser youtuber, pero no todos los youtubers son periodistas” o “los periodistas somos creadores de contenido, pero no cualquier contenido”) hasta comparaciones tan osadas como impertinentes (“nadie tiene derecho de abrir una clínica sin ser médico; si quieren jugar al periodismo, estudien y aprendan un método de trabajo”). También han emergido antiguos decálogos del periodista, lo cual evidencia una percepción bastante noble y ciertamente idealizada de su propio oficio.

Ahora bien: más allá de los egos personales o celos profesionales, es un hecho que cada día son más personas las que optan por informarse a través de medios digitales en detrimento de los tradicionales. Estas nuevas formas de compartir y comentar la vida cotidiana no necesariamente compiten con el periodismo, más bien lo complementan, incluso a veces lo aventajan en cuanto a su capacidad de conectar con el público, ganar su atención y hacerse comprender.

Por otra parte, la afamada credibilidad de los medios tradicionales (nacionales e internacionales) ha venido en declive por justas razones, principalmente porque se presentan como objetivos, imparciales y críticos cuando en realidad siguen agendas políticas bastante evidentes, con sesgos flagrantes, actuando en muchos casos como activistas más que como periodistas.

Lo dicho anteriormente no vuelve a los youtubers más confiables por definición, pues entre ellos hay variedad de estilos y diversidad de intenciones: algunos son muy ingeniosos e interesantes, algotros son sensacionalistas y engañosos; los hay muy acuciosos con sus contenidos, mientras otros simplemente se basan en el “dicen que dicen”. En ese terreno, cada quién sabrá ganarse el aprecio o el rechazo del respetable.

No obstante, si de credibilidad y confiabilidad hablamos, recordemos que históricamente los primeros en crear y esparcir desinformación, hacer redacciones tendenciosas, lanzar propaganda encubierta, diseñar fake news y producir todos esos males informativos que impactan negativamente la percepción ciudadana no fueron los youtubers, sino algunos medios y periodistas históricos que faltaron a la ética profesional.

Así pues, en vez de emprenderla contra los mensajeros alternativos digitales contemporáneos, los quejosos/as deberían hacer un ejercicio de humildad y autocrítica, a fin de entender que la confianza de la audiencia no les vendrá ni del medio en que publican ni del título obtenido (mucho menos de la pedantería que exhiben), sino de una conexión auténtica con la vida, la realidad y el sentir de la ciudadanía, dignificando así la formación académica recibida.

Daños colaterales

El término “daño colateral” se refiere a los perjuicios accidentales, no intencionales, causados a terceros como resultado de una operación militar, ya sea en sus bienes materiales o su integridad física. Estos daños han existido desde la más lejana antigüedad, pero el término como tal lo acuñó el ejército de los Estados Unidos en el contexto de la guerra de Vietnam. Actualmente su uso (literal o figurado) se ha ampliado a otros ámbitos, incluso en la medicina (donde son llamados “efectos adversos” de un medicamento, que en algunos casos pueden ser devastadores).

En la actual coyuntura sociopolítica de El Salvador, donde está vigente la medida constitucional del régimen de excepción desde marzo de 2022 para apresar a todos los miembros de las pandillas criminales, las autoridades han usado el término para referirse a aquellas personas capturadas erróneamente, sin ser miembros de dichas estructuras delincuenciales; es decir, son inocentes que psaron meses en prisión mientras se hacían las averiguaciones (algunos de los cuales llegaron a fallecer por diversas causas).

Se tiene entonces, por un lado, la presente política de seguridad del gobierno, que ha logrado desarticular casi por completo la actividad de las pandillas (con la subsiguiente reducción al mínimo de homicidios y demás delitos cometidos por estas estructuras); pero, en contraparte, también hay un conjunto de afectaciones a personas inocentes, producto de esa misma política.

¿Qué cabe hacer ante tal panorama? La verdad es que no existe una respuesta simple ni fácil.

Como punto de partida, sin faltar el respeto al dolor de las personas injustamente afectadas por la medida, es necesario aceptar que toda acción humana es susceptible de errores y que la probabilidad de cometerlos aumenta según sea el número de individuos involucrados en su implementación. Por supuesto, se trata de evitar estos yerros lo más que se pueda, pero en el campo de lo real se sabe que van a ocurrir y que se tendrá que lidiar con ellos.

Lo anterior crea la necesidad de hacer una evaluación permanente de la cuantía de los daños colaterales de la acción tomada, en contraposición a los beneficios objetivos y resultados de la misma.

Tomando como referencia la tasa de homicidios en El Salvador durante el periodo 2009-2018 (64 por cada 100,000 habitantes), en el país hubo aproximadamente 41,000 asesinatos en una década (casi 340 al mes, 11 al día). En contraparte, durante el régimen de excepción el promedio de homicidios ha bajado drásticamente a 2.3 por cada 100,000 habitantes. Ojo: pasar de 64 a 2 (o a lo sumo 3) no es cosa baladí, aparte de la reducción significativa de otros delitos graves como la extorsión.

Visto en una perspectiva temporal y desde un ángulo inverso, numéricamente hablando, el costo estimado en vidas humanas por no aplicar esta política de seguridad (bajo el argumento de sus imperfecciones) habría sido de 4,100 asesinatos anuales, aparte de continuar sin esperanza en la debacle social de las décadas anteriores.

Ahora bien: está claro que estos datos, aunque objetivos, no resuelven el dolor de los inocentes que han sufrido directamente los daños colaterales, pues ninguna explicación alivia el sufrimiento de las personas capturadas injustamente, tampoco de sus familiares.

No obstante, al ser la aplicación de esta política de seguridad una decisión consciente en defensa de la ciudadanía en general, el Estado debe redoblar esfuerzos para minimizar los errores en su aplicación y, además, considerar a futuro hacer una reparación simbólica de los daños colaterales, en los casos que corresponda.

El respeto a la opinión ciudadana

 

* Publicado en Diario El Salvador (18 de abril de 2023, página 25).  

El concepto de democracia (“sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes”) es más amplio y exigente que la sola realización de elecciones periódicas, pero no puede prescindir de un componente fundamental, sin el cual perdería su sentido: “la participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones”.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene tales derechos y libertades “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Dicho lo anterior, es curioso ver cómo en el contexto político actual hay cierto sector, que gusta de posar como intelectual, que reclama para sí el tener una influencia política privilegiada en virtud de sus títulos académicos, menospreciando la opinión mayoritaria del soberano, que es ese conjunto heterogéneo de personas al que llamamos pueblo.

Ese tipo de pensamiento elitista lo vemos particularmente en los análisis que ciertas personas e instituciones hacen de las encuestas de opinión pública, cuando se esmeran en desacreditar los datos por ellos mismos recolectados, atribuyendo el resultado a la supuesta ignorancia, desinformación o engaño de la población encuestada, incluso estableciendo correlaciones estadísticamente inválidas.

Su tesis de fondo (más o menos oculta por decoro) es que la población que así se ha manifestado no tiene el mismo derecho que los ilustrados para opinar de política y dar su voto a quien consideren que mejor vela por sus intereses, porque una minoría iluminada sabría qué es lo mejor para unos y otros, aunque no sea capaz de convencer al conglomerado social de la validez, sensatez y conveniencia de sus propuestas.

La presunta superioridad de la élite por encima del vulgo no es una idea política nueva, pues ya desde la antigüedad griega Platón se decantó por la República de los Sabios, una sofocracia en donde gobernarían los filósofos (sistema que él consideraba superior a la democracia).

Pero en este punto hay un error esencial. Es cierto que la sabiduría es una cualidad imprescindible en los gobernantes y, por otra parte, está claro que la formación académica superior es una aspiración legítima y deseable para toda persona; sin embargo, no hay evidencia de que la sabiduría se derive mecánicamente de la simple acumulación de saberes, más bien sobran ejemplos de opiniones y acciones insensatas producidas por personas bien tituladas.

El problema es que se confunde conocimiento con sabiduría, lo cual ya no es sostenible a partir de la conceptualización de las inteligencias múltiples (Howard Gardner, 1983). Recordemos que según este enfoque las personas tienen diversas capacidades en distintos campos de acción (verbal, matemático, espacial, auditivo, kinestésico, intrapersonal, interpersonal y naturalista). De aquí se sigue que la sensatez y la sabiduría no vienen dadas por la inteligencia académica sino por la inteligencia emocional, la cual involucra fundamentalmente lo intrapersonal (comprensión de sí mismo) y lo interpersonal (comprensión de las demás personas).

Ojo: no se trata de desacreditar a la academia, pues la educación formal proporciona valiosas herramientas para la vida personal y social; el punto es entender que tener un grado académico no implica necesariamente que la persona produzca un análisis más objetivo de su situación personal, social o política, libre de prejuicios y distorsiones ideológicas.

Así pues, al hablar de democracia es preciso entender que todos los miembros de una sociedad tienen el derecho a opinar a partir de sus propias vivencias y experiencias particulares, siendo cada opinión igualmente respetable y válida para el recuento general, sea cual sea su nivel educativo formal. Pretender lo contrario es esencialmente antidemocrático.

Para enmarcar

En mi séptimo ejercicio como coach del equipo de debate del colegio Externado de San José, creo que esta ha sido la ocasión en la que más he logrado balancear mi ímpetu con la autonomía del grupo, en el sentido de intervenir lo menos posible para que sean ellos quienes realicen la mayor parte del trabajo de preparación de los argumentos, si bien aún hay una parte importante de corrección y ajustes que me corresponde hacer (pero sin desvelarme).

Es así como en la XIV edición del Certamen de Debate Intercolegial, organizado por la ESEN, tenemos oficialmente el tercer lugar, conscientes de nuestros aciertos y sabedores de que no todo fue perfecto, pero contentos porque hicimos un esfuerzo muy respetable. Gracias Óscar, Camilo, Helena e Ingrid, por su dedicación y esmero para sumar un galardón más a esta bonita colección colegial de experiencias exitosas (que ninguna hay que darla por sentada antes de trabajarla arduamente). Gracias también a Leonardo y Ximena, por sus aportes como redactores auxiliares.

Posdata: Óscar ganó el premio al mejor orador, con una expresión del discurso tras la cual todos queríamos pasarnos ya mismo a las CBDC.