La deuda política es un dinero que el estado otorga a los partidos políticos, como un financiamiento “encaminado a promover su libertad e independencia” (art. 210 de la Constitución). Dos son las justificaciones generalmente aceptadas para esta erogación. La primera, que con ese financiamiento los partidos no tendrían que depender tanto de grandes donantes o financistas económicamente poderosos para existir y realizar sus campañas proselitistas; reduciendo así el riesgo de que, una vez llegados al poder, tuviesen que pagar aquellas dádivas con favores políticos para beneficio particular de ciertos sectores y no de toda la población. La segunda es que, con este mecanismo, se estaría promoviendo la participación ciudadana de más sectores, especialmente aquellos que no tienen acceso a grandes capitales. Dato pertinente: según Hacienda, los partidos políticos en su conjunto recibieron unos 85 millones de dólares en financiamiento estatal, durante el periodo 2014-2024.
Pese a que la formulación teórica de la deuda política suena razonable, la sensación general es que la población tiende a rechazarla. Este es un sentimiento histórico muy arraigado, cuyo origen está en el desprestigio absoluto en que cayó la partidocracia Arena-FMLN, junto con sus partidos aliados ocasionales, identificados con la corrupción. De ahí que, desde antes del quinquenio anterior, algunos sectores de la población generaron la expectativa de reformar o incluso eliminar la deuda política.
Más allá de los intereses, preferencias y sentimientos del momento, este tema requiere de un análisis profundo a partir de dos preguntas clave: la primera, si la deuda política cumple realmente con los objetivos para los cuales fue creada; la segunda, si la existencia de esta produce efectos no deseados, perjudiciales para la democracia.
En cuanto a la primera pregunta, habría que conocer los montos de las donaciones particulares a los partidos y contrastarlos con el financiamiento estatal. Hace una década (elecciones de 2014 y 2015, cuando las campañas proselitistas eran más caras que en la actualidad), el 65 % de los casi 23 millones de dólares que reportaron como ingresos los partidos políticos vigentes provino de la deuda política (aunque seguramente gastaron más, pues la tradición local hace plausible la existencia de muchas formas de donación privada y sostenimiento de institutos políticos que no necesariamente quedaban registradas en la contabilidad). En todo caso, la deuda política no evita los compromisos partidarios con personas o grupos de interés que se sientan representados por cada uno de ellos y les aporten fondos; lo cual no está mal, siempre que se respeten leyes y procedimientos para garantizar su transparencia.
Por otra parte, en cuanto a los efectos indeseados de este financiamiento, cabe señalar que la proliferación de partidos pequeños no necesariamente es un signo de mayor democracia. Lamentablemente, en la historia nacional han existido demasiadas formaciones electorales irrelevantes por sí mismas, cuyo propósito al participar en los comicios nunca ha sido ganar, sino obtener dinero público para continuar en una existencia intrascendente, irrelevante pero efectiva para conservar su cuota de presencia en el tinglado político y, en el mejor de los casos, aspirar a recibir también alguna que otra donación de incautos (que los hay).
Obviamente, la discusión del tema es mucho más compleja y tiene aristas que considerar. En este 2025, que no es año electoral ni preelectoral, sería oportuno que la Asamblea Legislativa lo agendara y escuchase las opiniones de la ciudadanía para concretar las reformas a que hubiere lugar, ya sea para procurar que se cumplan los propósitos para los que la deuda política fue creada o para suprimirla definitivamente, si acaso esa fuese la voluntad popular.
