Publicado en Diario El Salvador
La reciente aprobación de la Ley General de la Minería Metálica ha hecho emerger en el debate público dos actitudes ancestrales, inevitablemente ligadas a la tendencia natural del ser humano a explorar y modificar su entorno mediante la creación de recursos y herramientas tecnológicas: por una parte, la postura conservadora de un discurso ecologista idealista, que privilegia la prudencia a ultranza (“no a la minería”); por otra, la postura innovadora, que se lanza hacia el progreso con determinación e incluso osadía (“sí, se puede hacer minería responsable”).
La primera visión rechaza de tajo la posibilidad de cualquier explotación minera en El Salvador, basándose en la evidencia de los graves daños ambientales que esta actividad produjo hace varias décadas, especialmente en las minas de San Sebastián (departamento de La Unión). A partir de esa mala experiencia y pésima gestión que se hizo en el pasado, así como de importantes consideraciones técnicas y demográficas, quienes comparten este punto de vista lograron instalar la narrativa de la inconveniencia de extraer metales en nuestro país, habiendo elevado su tesis a rango de ley en 2017 y prevaleciendo aún en la opinión pública (cfr. encuesta Iudop).
El razonamiento en la base de esta opinión es que ya hubo considerables daños por esta actividad y “con toda seguridad” (según dicen quienes la comparten) habría perjuicios catastróficos a gran escala si se hace minería metálica. Se asume el fracaso anticipado de tal intento, concluyendo que cualquier proyecto es inviable y dañará gravemente a la población. Desde esta perspectiva, a menudo exacerbada, no tiene ningún sentido hacer esfuerzos adicionales por superar los obstáculos conocidos, ya que el costo humano y material sería demasiado alto. Habría entonces que resignarse ante nuestras limitaciones.
La segunda visión, en cambio, propone la evaluación de las experiencias anteriores y actuales, identificar errores y riesgos, y buscar formas de superarlos con estrategias, herramientas y tecnologías apropiadas. En este afán, la resiliencia (“capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o situación adversa”) es la clave para desarrollar un proyecto minero en el contexto salvadoreño, que minimice el impacto medioambiental y deje al país ganancias suficientes como para justificar ese riesgo, invirtiendo dichas utilidades en proyectos específicos para revertir la actual contaminación de más del 90 % del agua superficial, así como en obras de beneficio social.
En esta disyuntiva, aun citando estudios técnicos para apoyar una u otra postura, no hay una respuesta que se imponga por sí misma: tanto hacer minería como dejar de hacerla tiene sus pros y sus contras, sobre todo si resultan ciertas las estimaciones de las cantidades y valor de mercado del oro particulado que habría en el territorio nacional. En última instancia, la opinión de cada quién la determina su actitud personal ante un reto difícil; así, puede tenerse una resignación prudente y conservadora o, por el contrario, una adaptación emprendedora y visionaria, a fin de concretar los pasos a seguir para llegar a las metas propuestas, maximizando las medidas de protección ambiental.
En todo caso, lo cierto es que las autoridades gubernamentales ya han tomado la decisión de avalar la minería y, en este empeño, es claro que la responsabilidad del presidente Nayib Bukele es enorme y él lo sabe, a tal punto de haber puesto su capital político y su legado en juego. En esta ruta (apartando a los agoreros, apocalípticos y oportunistas de siempre), será necesario el aporte de la ciudadanía, en forma de atento acompañamiento y vigilancia en un camino todavía lleno de dudas, pero en donde también se asoman valiosas oportunidades de desarrollo.
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