Publicado en La Noticia SV
El debate sobre los límites entre la religión y la política es tan antiguo como el Evangelio mismo: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22, 21). Durante los siglos medievales, Iglesia y Estado llegaron a estar en tal grado de interdependencia que se consideró una sola cosa. Con la llegada de la Ilustración, en el siglo XVIII, se comenzó a instaurar la idea de que el poder político debía ser secular (Estado laico) para garantizar la libertad de conciencia. A lo largo del siglo XIX, en toda América y Europa se fue propagando e imponiendo este principio, no siempre de manera pacífica. En las sociedades occidentales contemporáneas, esta separación se considera esencial en los sistemas políticos.
No obstante lo anterior, en el caso particular de El Salvador no es tan sencillo plantearlo, no solamente porque entre los principales gestores de la independencia patria hubo sacerdotes (José Matías Delgado, José Simeón Cañas y los padres Aguilar), sino especialmente por la acción pastoral-política de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, santo de la Iglesia Católica, desde su asunción como Arzobispo en febrero de 1977 hasta su asesinato en marzo de 1980. A la luz de la Doctrina Social de la Iglesia —y, para muchos, influenciado también por la hoy menos influyente y en muchos círculos eclesiales marginada Teología de la Liberación— Monseñor Romero asumió el compromiso personal y auténtico de denunciar las barbaridades del gobierno militar pro oligárquico del general Carlos Humberto Romero, así como de sus “cuerpos de seguridad”, contra amplios sectores de la población civil; todo ello en el contexto de un clima pre insurreccional propulsado por las guerrillas marxistas y sus grupos de masas. Esto lo hacía en sus homilías dominicales, dando también amplia justificación ética y teológica para este compromiso en particular.
Un elemento imprescindible para entender por qué Monseñor Romero fue "la voz de los sin voz" es el cierre absoluto de espacios de expresión en aquella época. La radio, prensa y televisión de entonces ocultaban deliberadamente lo que estaba ocurriendo, no solamente por la fuerte censura gubernamental sino en muchos casos por mezquinos intereses. Monseñor Romero tuvo que asumir el compromiso de la denuncia ciudadana, porque nadie más pudo hacerlo. De ahí que hubo quienes lo acusaron de desnaturalizar su labor pastoral en aras de lo político, pero aun cuando este señalamiento fuese bienintencionado, lo cierto es que él entendió que no tenía más opción, en aquel momento y en aquel lugar.
El devenir histórico salvadoreño transcurrió por una guerra civil de doce años y ochenta mil muertos. Los Acuerdos de Chapultepec, que dieron fin al conflicto armado en 1992, abrieron una esperanza de renacimiento nacional que pronto se tradujo en desencanto. Al hacer cuentas, el único resultado positivo y logro concreto que puede citarse como producto del armisticio y las reformas posteriores es el reconocimiento y práctica de la libertad de expresión, con su respectiva representación partidaria: caro bien para tanta sangre. De ahí que, a medida surgieron más y más espacios informativos y de opinión para todas las tendencias, fueron perdiendo relevancia las conferencias de prensa y declaraciones públicas de la Iglesia Católica sobre temas de realidad nacional, heredadas de los años setenta y ochenta, permitiéndole a los curas dedicarse de lleno a la labor pastoral para la cual fueron ordenados, sin contaminarse con el inmisericorde mundo de la política.
Hoy, con la llegada y consolidación de los tiempos digitales y su abundancia de recursos para que cualquiera se informe y se exprese por donde mejor le parezca, se ha configurado un contexto de libertad para el flujo de todo tipo de pensamientos e ideas, de tal manera que suena impertinente (si no anacrónico) que haya sacerdotes y pastores que aún continúen utilizando el púlpito o la plataforma de adoración para tratar temas políticos, queriendo influir en las opiniones y preferencias de su feligresía, asamblea o congregación, aunque pretendan justificarse con razonamientos teológicos autorreferenciales.
Los ministros, de cualquier denominación religiosa y que son salvadoreños, tienen el derecho de expresar sus opiniones individualmente, en cuanto ciudadanos. Otra cosa muy distinta es aprovecharse de su investidura, y de que la gente va a los templos en busca de orientación y apoyo espiritual, para soltarles su análisis o prédica política en un espacio donde la relación de poder es asimétrica; pues allí, en caso de que el feligrés o congregado no esté de acuerdo con lo expuesto, este no tiene posibilidad de réplica (como ocurriría, por ejemplo, en un foro de discusión o plataforma de debate). Quienes incurren en estas prácticas deben tener presente que la continuidad, aumento o disminución de asistencia a las iglesias y cultos religiosos depende de que estas instituciones respondan a los intereses de quienes las buscan, los cuales son fundamentalmente de carácter espiritual.
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