jueves, 26 de junio de 2014

¿Negocio redondo en la "salud modelo"?

Mientras no se vea el funcionamiento real de las “ciudades modelo” o charter cities propuestas para Honduras, cuya huella quiere seguir la cúpula empresarial salvadoreña, se podrán decir muchas cosas en calidad de especulaciones y prejuicios a favor o en contra. Sin embargo, cuidado con creerse ingenuamente el discurso con que se quiere vender la idea, especialmente si se tienen en cuenta experiencias anteriores en nuestros países, las cuales -si bien no son idénticas a lo que ahora se propone- aportan indicadores de comportamiento que no pintan un futuro muy halagüeño.

Permítaseme en este artículo elucubrar sobre el sistema de cobertura de salud que podría haber en esas ciudades, a partir de sus leyes especiales de funcionamiento interno.

Lo previsible es que las empresas y sus trabajadores/as no coticen al Seguro Social, sino que dicha cobertura sea ofrecida por un seguro médico-hospitalario privado obligatorio. Para darle sentido de realidad, recordemos que en el periodo 1999-2004 el entonces presidente de El Salvador, Francisco Flores, intentó privatizar la salud bajo este esquema.

La idea se venderá, como siempre se hace, enumerando sus ventajas, principalmente la atención rápida y esmerada; sin embargo, este tipo de seguro siempre opera con un deducible mensual pagado por el usuario/a, da una cobertura del 80% o 90% sobre el exceso de este monto, excluye muchas enfermedades y, sobre todo, tiene un límite monetario de cobertura, más allá de lo cual todo queda a cuenta y cargo del paciente.

En relación con el Seguro Social, es clara su desventaja en cuanto a cobertura, aunque mejora sustancialmente los tiempos de atención y trámites del ISSS, que son prolongadísimos, ya no se diga en comparación con el sistema de salud pública.

Pero detrás de todo esto hay un punto interesante a considerar: la política laboral de contratación por parte de los consorcios que regirán la charter city bien puede ser contar únicamente con personas solteras, sin hijos/as y, sobre todo, siempre menores de 30 años, porque se enferman menos.

Así, la población trabajadora será siempre joven y así también el seguro médico-hospitalario será un negocio redondo para los inversionistas, que obviamente no derivará en la reducción de las primas a pagar por parte de los usuarios/as.

¿Habría lugar para protestar por esto? Por supuesto que no, pues habiéndose firmado un contrato de adhesión, por su "libre y soberana voluntad", su otra opción sería el desempleo y la pobreza.

La pregunta que queda flotando es la siguiente: ¿es ético aprovecharse de la miseria para proponer la sobreexplotación incondicional pero "voluntaria" como única opción?