En la vecina Honduras están por comenzar la construcción de la primera “ciudad modelo”, como se conoce a la propuesta de charter cities hecha por el economista norteamericano Paul Romer, tomada con ligeras adaptaciones por el gobierno de ese país, que no ha vacilado en hacer incluso reformas constitucionales para despejar el camino de lo que consideran una vía de desarrollo rápido.
Esta semana, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), propuso para El Salvador ese mismo modelo.
En síntesis, el concepto de charter city es que un consorcio de empresas transnacionales, en una considerable extensión de tierra que les cede un país, edifica sus instalaciones y construyen una ciudad con todos sus servicios básicos, para que vivan allí sus trabajadores/as.
El atractivo para el país sede es la generación de empleos directos donde antes no los había. La pregunta que surge es “¿a cambio de qué?”, pues es sabido que el gran capital no invierte por bondad sino por interés.
La respuesta la da el propio Romer, al distinguir entre las “buenas normas” del capitalismo a ultranza y las “malas normas” que frenan el desarrollo dentro de dicho esquema, como la inestabilidad política y jurídica, así como cierta legislación que, si bien no menciona de manera explícita, claramente alude a los derechos laborales y la intromisión del Estado en el libre mercado.
Por tal razón, la “ciudad modelo” tendrá sus propias normas jurídicas, policía, autoridades, sistema previsional, impuestos y demás regulaciones específicas autónomas, todo lo cual será aceptado “libremente” por la persona que decida trabajar allí, mediante la firma de un contrato de adhesión.
En la práctica, será una ciudad-estado dentro de un país.
Semejante esquema genera más dudas que certezas, algunas de las cuales se pueden señalar a priori:
a) Al estar libres de impuestos nacionales, las ganancias que obtengan las empresas allí establecidas no se reinvertirán en el resto del país (a menos que sea bajo el mismo esquema de charter city).
b) La actividad económica de la población allí residente será endógena, sin extenderse al resto del país, puesto que allí estarán todos los bienes y servicios necesarios para la vida de las personas, provistos por las empresas autorizadas por el gobierno citadino. Nótese que el régimen tributario de sus habitantes también será autónomo.
c) Se prevé la limitación o retroceso en cuanto a derechos laborales e incluso derechos humanos constitucionales (como la libertad de expresión y de movilización). Esto abriría la puerta a abusos laborales, como ha mostrado la experiencia reciente en las maquilas.
d) Una concesión a tan largo plazo (se habla de 100 años) es ceder la soberanía nacional en ese territorio.
e) Al vivir dentro de una ciudad cuyos propietarios son los mismos patronos, a cuyos intereses la persona se ha adherido por contrato, se produciría una alineación -y alienación- prácticamente incondicional del sector obrero, separándolos además ideológica y culturalmente del resto del país.
Desde la lógica del gran capital, la idea es magnífica: un paraíso ultracapitalista donde ellos ponen las reglas a su entera conveniencia, sabedores de que aún las migajas serán tenidas como bendición por el hambriento. Pero esto sólo puede funcionar en un país que sea y siempre siga siendo pobre, pues de otra manera sus pobladores no renunciarían a sus derechos firmando un contrato abusivo.
No nos olvidemos de que, aun cuando para algunos esté pasado de moda, el concepto marxista de “ejército industrial de reserva” es una realidad palpable.
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