Publicado en ContraPunto.
Todas las instituciones sociales (religiosas, políticas, militares, gremiales, etc.) tienen mecanismos de coordinación y toma de decisiones para la consecución de sus fines. En dicha labor es esencial el papel de quienes las conducen, para armonizar y administrar no solo los aportes de cada miembro, sino también sus diferencias. Existen distintos estilos y modelos de gestión institucional, que van desde los más verticales (jerárquicos o autoritarios) hasta los más horizontales (participativos, colaborativos), cada uno con sus ventajas y desventajas, dependiendo del tipo y tamaño del colectivo, así como de sus liderazgos.
Las instituciones militares y religiosas, por su misma naturaleza, suelen ser fuertemente verticales, con líneas de mando claramente definidas emanadas desde la cúpula; mientras que las asociaciones civiles y comunales tienden a implementar mecanismos con mayor posibilidad para que sus integrantes expresen diversidad de opiniones y se les tome en cuenta. La familia y la escuela, en cuanto instituciones sociales, han transitado en el tiempo entre unas formas y otras, según los paradigmas vigentes, pero en general se perciben cada vez menos rígidas, con las bondades que eso supone, pero también con los riesgos inherentes a la excesiva permisividad.
En perspectiva histórica, no es difícil demostrar que, como sociedad, nuestro común denominador en la gestión de conflictos institucionales han sido los esquemas de comportamiento que privilegian las reacciones primarias e instintivas de protección (de lo que se considera el propio territorio) y defensa (de aquellas posesiones físicas o afectivas). Así, ante un cuestionamiento o crítica que se recibe por parte de otra persona, el impulso básico de autoconservación actúa y se le etiqueta inmediatamente como enemiga, cediendo a la fácil tentación de atacarla y alejarla, en lugar de buscar un diálogo constructivo y con madurez. Un ejemplo típico es la discusión familiar entre padres e hijos, sea por un noviazgo, un permiso para salir o cualquier otra causa discutible, la cual pronto escala a gritos y amenazas en donde el adulto acaba señalándole la puerta y ofreciéndole la calle al joven, como única alternativa a vivir bajo normas incuestionables, sin abrir la posibilidad de flexibilizarlas, establecer acuerdos sobre la base de la autoridad parental o incluso adaptar las reglas a nuevas realidades.
Un área especialmente interesante para el análisis de los modelos de gestión de conflictos es la que involucra a las fuerzas políticas en la historia del país, particularmente aquellas que en su momento se definieron como revolucionarias en sus luchas contra las dictaduras militares de los años setenta. En aquel contexto de guerra declarada, los cuestionamientos y divergencias internas fueron percibidos como amenazas a la existencia misma de dichas organizaciones. La intolerancia extrema de los psicópatas que estaban en los cargos de dirección de aquellos grupos se concretizó en asesinatos emblemáticos, como los de Roque Dalton (ERP) y Mélida Anaya Montes (FPL). Luego, a partir de la posguerra, los conflictos internos que siguieron existiendo en todo el espectro político e ideológico del país dejaron de resolverse con la eliminación física de la disidencia, dando paso a maneras relativamente pacíficas pero igualmente excluyentes: escisiones y expulsiones basadas en una supuesta búsqueda de pureza ideológica o lealtad absoluta, quimeras que acabaron debilitando a los entonces fuertes partidos políticos, Arena y FMLN.
De un análisis más amplio de todo lo anterior, se tendría que concluir que el camino del aprendizaje y desarrollo de las inteligencias emocionales, aplicadas al ámbito institucional, es largo pero imprescindible. La meta debería ser aprender a gestionar apropiadamente los conflictos naturales dentro de las distintas organizaciones sociales, formadas en última instancia por personas que no necesariamente han de caber en un molde único, pero que pueden sumar esfuerzos en aras de sus fines comunes.
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