La Red Soros Plus

Publicado en Diario El Salvador

A mediados de abril tuvo lugar en Barcelona, España, la Movilización Progresista Global (GPM, por sus siglas en inglés), una cumbre que reunió a líderes y organizaciones del espectro ideológico de la izquierda y el progresismo. Una de las presencias más destacadas fue la de Alexander Soros, de Open Society Foundations, quien reafirmó el compromiso financiero de su red con las causas que promueven. Esta convergencia entre magnates, activistas y mandatarios debe entenderse como la manifestación explícita y ahora pública de un frente político orientado a enfrentar el avance de los movimientos conservadores en el mundo occidental.

De un tiempo acá —en mis artículos, entrevistas y redes sociales— he venido utilizando el término Red Soros Plus para referirme a ese mismo sujeto colectivo que financia, entre otras cosas, la agenda antigobierno en El Salvador. No se trata de un hallazgo aislado: desde hace años, muchos han planteado la necesidad de reconocer la existencia de redes transnacionales de activismo, financiamiento e influencia ideológica, bajo el concepto de “globalismo”. No es una estructura jerárquica en sentido estricto, sino un ecosistema amplio en el que distintos actores coinciden en valores, diagnósticos y prioridades, y que actúan con notable sincronía en momentos clave.

El progresismo, como base ideológica de esta red, se articula alrededor de un anticapitalismo militante y la lucha contra las relaciones de supuesta opresión sobre diversas minorías. Son causas que, a primera vista, resultan atractivas —como el discurso de los derechos humanos—, pero que a menudo sirven de vehículo para la difusión de un neomarxismo sociocultural. El caso salvadoreño ha captado la atención de ese entramado especialmente en materia de criminalidad, pues los resultados obtenidos en seguridad pública desde 2019 chocan frontalmente con la visión que promueve dicha red, donde el énfasis tiende a desplazarse desde la responsabilidad individual hacia factores estructurales como la exclusión y el determinismo social. A partir de ahí, la Red Soros Plus impulsa narrativas y políticas que favorecen interpretaciones permisivas e hipergarantistas del fenómeno delictivo, con la consiguiente tendencia a justificar o defender al delincuente.

Precisamente por la ruptura —no solo discursiva y simbólica, sino práctica— que representa la estrategia de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele, la reacción de la Red Soros Plus ha sido especialmente feroz, intensa y sostenida. Las críticas no son ocasionales sino sistemáticas, para convertirse en un relato consistente que enfatiza denuncias, mientras ignora, minimiza o relativiza logros concretos en un ámbito tan sensible como la seguridad ciudadana. No es solo una discrepancia técnica, sino un choque de modelos y de concepción del orden social.

La convergencia en discursos, enfoques y validación mutua entre actores de la Red Soros Plus refuerza la idea de que operan con coherencia: desde oenegés como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, hasta medios que amplifican esas posturas —como El País y Deutsche Welle, entre otros. En este engranaje, el financiamiento cumple un papel relevante. A nivel local, organizaciones como Cristosal y medios como El Faro han recibido por años este tipo de apoyo. No siempre existe una dirección explícita ni una coordinación formal, pero la coincidencia ideológica previa facilita que los recursos fluyan como un mecanismo de amplificación, consolidando agendas y posicionamientos en distintos niveles.

Que a algunos les parezcan acertadas o equivocadas sus banderas no es el punto. Lo central es reconocer que la Red Soros Plus existe y posee capacidad de influencia, financiamiento y proyección internacional. Negarlo impide comprender el escenario real de las confrontaciones políticas e ideológicas. Dinámicas similares ya se vivieron en el país en los años 70. En estas batallas socioculturales, la ingenuidad —actuar como si se hubiera nacido ayer— se convierte en una vulnerabilidad inaceptable.

El neumólogo del desdén

A finales de los años 90, mi hijo estuvo en control médico durante cierto tiempo con un neumólogo, por un padecimiento que con los años superó satisfactoriamente. Elegimos al galeno porque formaba parte de la red de un seguro médico empresarial que, por aquel entonces, nos daba cobertura. Sus credenciales profesionales eran incuestionables; no así su actitud.

Como es habitual en los seguros médicos privados, los honorarios por consulta tenían una tarifa preferencial. La lógica es un quid pro quo: el profesional cobra un poco menos, pero gana clientes que llegan a él precisamente por ser miembro de esa red.

Con lo que no contábamos era con la discriminación constante que el tipo nos hacía en todas y cada una de las consultas. No importaba la hora a la que llegáramos a la clínica, con o sin cita: el señor siempre, siempre nos atendía de último, incluso después de que hubieran pasado consulta todos y cada uno de los pacientes que pagaban la tarifa normal. Así estuviésemos desde la mismísima madrugada, las horas y horas de espera eran su manera de decirnos que nosotros merecíamos menos de su valiosa atención profesional. Trato de limosneros.

En retrospectiva, sigo sin entender ese comportamiento tan poco ético. Si él no estaba conforme con los honorarios asignados por la red, lo procedente era salirse de ella. ¿Por qué seguir, si no? Porque permanecer para tratar a sus pacientes como personas de segunda categoría hace sospechar que algo en su autoestima debía estar muy dañado.

La caja comelona

El año pasado, en la institución educativa donde laboro, comenzó a difundirse la intención de prohibir los celulares durante la jornada académica, para este año. Personalmente, eso me generó un debate interno: encontraba razones válidas tanto a favor como en contra y no terminaba de tomar una postura clara… hasta que ocurrió algo en clase.

Aunque ya existía la indicación de no usarlos en el aula, siempre había algún estudiante que lo mantenía medio oculto. En esos casos, yo activaba “la caja comelona”: una cajita de plástico donde guardaba los teléfonos para devolverlos al finalizar la hora.

Un día, en una de esas pequeñas batallas cotidianas, la caja “ingirió” un aparatito recién descubierto. Pero lo verdaderamente llamativo fue la reacción del estudiante: un rostro de angustia y desesperación que me sorprendió. Literalmente, suplicaba que no se lo quitara. Pensé que habría algo importante… pero no: estaba jugando en línea.

Ahí entendí que el problema no era solo la distracción, sino un nivel de apego mucho más fuerte, cercano a la adicción, que yo no había dimensionado. Ese episodio terminó por inclinarme a favor de la medida de prohibir los celulares.

Este año, ya sin celulares, el ambiente en clase es más “normal”, dentro de los retos que siempre existen, especialmente desarrollar la atención y el pensamiento analítico.

Lo que no sé es si en casa están compensando el tiempo de pantalla que no tienen en el colegio. 🤔

GIPES, un informe pro pandillas

Publicado en Diario El Salvador

A mediados de marzo de este año, se conoció un documento titulado “El Salvador en la encrucijada”, elaborado por un grupo de “expertos y expertas”, conocido como GIPES, creado con la finalidad específica de producir dicho material. Pasados varios días de esa entrega, tiempo suficiente para alejarse de reacciones viscerales, es oportuno emitir una valoración ciudadana acerca de su contenido y, sobre todo, su finalidad o propósito.

La afirmación básica de los autores de dicho informe es que tienen “bases razonables para creer” que el actual gobierno salvadoreño ha cometido graves violaciones a Derechos Humanos, en el marco de la política de seguridad pública y el régimen de excepción, en magnitud tal que, según ellos, constituirían crímenes de lesa humanidad. Para sostenerlo, se basan en fuentes de un ecosistema conocido de organizaciones de la “sociedad civil” (Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario, etc.), supuestos testimonios individuales y, además, notas periodísticas de medios afines que los validan y amplifican. Todo esto lleva a pensar en un sistema de autovalidación, un circuito cerrado con características endogámicas.

Una primera lectura crítica exige no confundirse con semejante punto de partida. Una cosa es la posibilidad real de que algunos agentes del orden hayan cometido excesos y abusos —muchos ya sancionados, judicializados e incluso condenados— y otra muy distinta es presentar un escenario de violaciones sistemáticas a derechos fundamentales, como premisa para llegar a conclusiones preestablecidas y recomendaciones temerarias. Es precisamente esta última narrativa la que pone dicho informe en sospechosa consonancia con los cíclicos intentos para sabotear la política de seguridad ciudadana en El Salvador, por parte de un conocido entramado político-ideológico con fuerte financiamiento internacional.

La clave para entender el propósito último del informe del GIPES es analizar sus conceptos clave y, sobre todo, sus recomendaciones explícitas. Un primer elemento que llama la atención es que describen la guerra contra las pandillas como un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, invocando el artículo 7 del Estatuto de Roma. Literalmente, para estos “expertos y expertas” en Derechos Humanos, las pandillas han sido las víctimas y no los victimarios. ¡El mundo al revés!

A todos los 89,000 “pandilleros o percibidos como tales” los ponen en la categoría de “detenciones arbitrarias”. De acuerdo con esa definición, la única solución legal sería, necesariamente, liberarlos de inmediato, pues las autoridades no tendrían ninguna causa legal para mantenerlos presos. Ante la magnitud de esta petición, el rechazo de la ciudadanía ha sido claro, por lo que los autores del informe y sus patrocinadores han debido salir a negar que hayan pedido lo que, de hecho, sí piden. Tiran la piedra y esconden la mano.

Por si no bastara con lo antes expuesto, las recomendaciones explícitas del informe son las que merecen atención y la activación de alertas. Primero, piden quitar el régimen de excepción; es decir, la herramienta principal que ha permitido desarticular a las pandillas, nada nuevo en el discurso opositor. Pero eso no es lo único ni lo más grave. Literalmente, piden “derogar la legislación penal, procesal penal y penal juvenil complementaria a la normativa de emergencia”; o sea, plantean suprimir las herramientas legales con las que cuenta el Estado salvadoreño para enfrentar eficazmente a las estructuras criminales que tanto daño infligieron a la población durante casi tres décadas. También piden “desmilitarizar la seguridad pública”, para que la Fuerza Armada no apoye ni acompañe a la Policía Nacional Civil en patrullajes ni operativos contra la delincuencia. Y, para rematar, piden —bajo subterfugios retóricos— restituir a los magistrados de la antigua Sala de lo Constitucional, así como a los jueces del hipergarantismo. En suma, piden crear el entorno jurídico ideal para el regreso de las pandillas.

Por lo anteriormente expuesto, el informe del GIPES debe ser entendido como lo que es: un informe pro-pandillas. Habrá quienes, por agenda financiada o distorsión ideológica, traten de presentarlo como un aporte a la protección universal de los Derechos Humanos, pero la realidad es otra: su objetivo es revertir los avances logrados y que El Salvador vuelva a ser ese estado fallido que, no hace mucho, fue: una democracia de fachada que nos costó más de 100,000 víctimas mortales y sufrimientos inenarrables.

El Vía Crucis salvadoreño de 30 años

En retrospectiva, puede afirmarse que el pueblo salvadoreño sufrió un auténtico Vía Crucis durante los 30 años de la posguerra, a causa de las pandillas y el terrorismo (periodo 1992-2022). No fueron 14 sino miles de estaciones que podría convocar la memoria para tener presente ese dolor histórico, como garantía para nunca volver a dicho pasado oprobioso, con más de 100,000 víctimas mortales y una secuela de horror indescriptible.

Las estaciones aquí enumeradas no pretenden ser exhaustivas. Han sido seleccionadas desde el recuerdo personal, por su simbolismo y su relevancia. Ojalá ahora, cuando ya se superó esa etapa de horror, aquellos que pretenden enarbolar falsas e hipócritas banderas se tomaran un tiempo para revisar estos símbolos.

Estación 1
1992, instalación y expansión de pandillas, como estructuras organizadas por deportados desde EE. UU.

Estación 2
2000, normalización de asesinatos de transportistas, por no pagar “renta” (extorsión).

Estación 3
2001, secuestro del niño Gerardo Villeda y posterior asesinato durante enfrentamiento de delincuentes con PNC.

Estación 4
2003, plan demagógico Mano Dura, de Paco Flores, fracasa por descoordinación entre órganos e instituciones del Estado y empeora la situación de violencia.

Estación 5
2006, Mario Belloso (Brigada Limón, FMLN) asesina a dos policías, a sangre fría y con arma de guerra.

Estación 6
2009, pandilleros asesinan a su propio documentalista, el franco-español Christian Poveda.

Estación 7
2010, pandilla 18-R incendia microbús en Mejicanos: 17 personas, incluidos niños, mueren calcinadas o por disparos mientras intentaban huir.

Estación 8
2011, periódico El Faro lanza “La Sala Negra”, crónica de crímenes pandilleriles con fascinación y estilo literario, dándoles espacio para vanagloriarse de sus retorcidas hazañas.

Estación 9
2012, pacto del gobierno de Mauricio Funes con pandillas, que al final deriva en fortalecimiento de estas estructuras.

Estación 10
2014, ARENA y FMLN negocian con pandillas apoyo electoral presidencial.

Estación 11
2015, pandillas profundizan táctica de asesinar policías y familiares, más de 60 solo ese año.

Estación 12
2015, El Salvador alcanza 106 homicidios por cada 100,000 habitantes, máximo mundial.

Estación 13
2016, pandillas masacran a 11 trabajadores en San Juan Opico, con extrema crueldad y espontaneidad.

Estación 14
2022, en un fin de semana de marzo, pandillas asesinan al azar a 87 personas, último intento por presionar y someter al gobierno.

¡Nunca, nunca volveremos a esto!

Que así sea.

Salarrué, la botija y CrediCash

La relectura del cuento de Salarrué, "La botija", en el contexto de la estafa piramidal de CrediCash (Chalatenango), me recuerda la ilusión heredada a la que los seres humanos nos aferramos: el dinero fácil, el palito de pisto, la fortuna enterrada que aparece por casualidad.

En esto no hay mayores diferencias entre legos e ilustrados. Recordemos que muchos de los estafados por Finsepro-Insepro, hace tres décadas, tenían estatus e incluso títulos universitarios. El problema es otro: se llama ingenuidad, ilusión, quimera, autoengaño. Y, claro, siempre hay un "testimonio" de alguien a quien sí le funcionó (Bashuto “vio” botijas y a don Pepe "sí le pagaron" sus intereses imposibles).

La diferencia es que, en el cuento, José Pashaca termina levantando una fortuna a base de trabajo mientras busca botijas imaginarias; mientras que, en el Chalate real, mucha gente va a quedar pelada y buscando a quién echarle la culpa.

El ajedrez y yo

Desde hace medio siglo, el ajedrez ha sido parte importante de mi vida. Empezó como un vínculo familiar y luego se transformó en un pasatiempo interminable. Recuerdo muchísimas horas tranquilas frente al tablero, entretenido, concentrado, compartiendo partidas con personas cercanas, sin saber mucho de teoría y basándonos apenas en una escueta enciclopedia.

Con el tiempo, el ajedrez se convirtió también en una prueba personal. Quise demostrarme que podía hacerlo bien en un deporte que es, en esencia, profundamente mental. Tuve mi etapa de competencia formal. Participé en las distintas categorías oficiales y, aunque nunca fui una figura extraordinaria, llegué a mostrar cierta valía. No fui un rival fácil e incluso guardo una pequeña colección de triunfos que me dieron satisfacciones personales.

Aquella etapa me exigió muchas horas de preparación, estudio y análisis. Mirando hacia atrás, a veces pienso que parte de ese tiempo lo robé a mis seres queridos, pero viéndolos hoy en su plenitud creo que no fue tan grave y salimos relativamente indemnes.

Más adelante, tuve la oportunidad de descubrir talentos infanto-juveniles y darles un primer impulso para que continuaran su formación. Algunos de esos chicos y chicas llegaron, con el tiempo, a obtener títulos importantes. Naturalmente, los méritos son de ellos, pero no deja de producir cierta satisfacción pensar que uno contribuyó en algo a esos logros.

Una de las lecciones más valiosas que me dejó el ajedrez es que toda decisión tiene consecuencias. En el tablero, como en la vida, hay momentos en que es imposible calcular todas las implicaciones de una jugada, pero aun así uno debe intentar hacerlo lo mejor posible. Esa conciencia genera también una cierta responsabilidad frente a las decisiones. El juego-ciencia también contribuyó a fortalecer en mí la concentración, la constancia y la perseverancia.

Hoy tengo casi 59 años y llevo casi veinte sin jugar una partida oficial presencial en modalidad clásica. Muy ocasionalmente participo en alguna competición rápida, en línea o presencial, y de vez en cuando juego simultáneas con estudiantes o, en casos excepcionales, partidas sueltas en modo relax. También me entretengo resolviendo problemas de ajedrez y ocasionalmente comento sobre el tema.

En términos reales, considero que mi etapa ajedrecística como jugador o entrenador activo ya concluyó. Respeto mucho a quienes, a esta edad, todavía conservan el ímpetu competitivo, pero en mi caso siento que ya demostré lo que tenía y no veo sentido en asumir nuevas rivalidades, como tampoco en revivir las antiguas, cosa por demás imposible. Preparar seriamente una partida exige sacrificios y tensiones que hoy no deseo volver a asumir. “Todas las cosas tienen su tiempo”, como dice el verso. Por eso, el ajedrez siempre estará presente en mí, hoy como un recuerdo bonito, dulce y agradable.

Gracias por todo.

Oposición degradada

Publicado en Diario El Salvador

Históricamente, nunca ha existido la unanimidad absoluta de opiniones y enfoques sobre los asuntos de la “polis” (la ciudad, el Estado), porque diferir, pensar distinto, ver otros ángulos aparte del oficial es parte de la naturaleza humana; por tal razón, la oposición política es indisociable de un sistema democrático y, para ejercerla, es imprescindible la libertad de expresión del pensamiento. Recordemos que, en nuestro país, aunque ese derecho estuvo formalmente reconocido por décadas, solo comenzó a tener vigencia a partir de 1992, la única conquista real y carísima de la guerra civil.

Hoy más que nunca, la oposición política tiene la posibilidad de ser escuchada a través de diversos medios tradicionales y digitales; sin embargo, también hoy más que nunca, ese sector se encuentra en una condición de deterioro crítico. Según la más reciente realidad electoral, el número de votantes opositores —sumando ARENA, FMLN, Vamos y el extinto Nuestro Tiempo— es de aproximadamente 550,000 personas, un 18 % de la población que sonaría bien si se tratara de partidos emergentes, pero su trayectoria revela exactamente lo contrario: dos partidos decadentes, que alcanzaron sus mínimos históricos; un partido que se estancó por debajo del 3 % y ya nunca despegó; y un partido de élites pseudointelectuales, que no llegó al mínimo necesario para seguir existiendo.

Hoy, cuando 9 de cada 10 salvadoreños respaldan la gestión del presidente Bukele (LPG Datos, CID-Gallup), la simpatía por la oposición no parece haber crecido. La pregunta es si, a un año de las elecciones, hay indicadores de que su realidad pueda cambiar. Y la respuesta es… no.

Razones hay muchas. Aparte de ser una oposición sistemática, con pasado salpicado de delitos, carente de propuestas y empeñada en ir contra los intereses de las mayorías, tiene un problema comunicacional grave: una deficiencia notoria en su capacidad analítica. Los nombres de sus voceros son irrelevantes, pero sus narrativas y actitudes resultan cada vez más patéticas. Al monitorear sus intervenciones públicas, se detecta un patrón general de falacias lógicas, exageraciones e incluso afirmaciones falsas. Pero incluso estas debilidades discursivas —comunes en los debates políticos de muchos países— no son su principal problema, pues en última instancia podrían deberse a sesgos, errores, distorsiones cognitivas y exceso de emociones negativas. Lo grave es que, de un tiempo para acá, han pasado de los malabares retóricos al insulto directo contra el pueblo.

Uno de los casos más notorios en esta degradación opositora es el siguiente: ya desde los primeros años de la presidencia de Nayib Bukele, sus interpretaciones de los datos electorales y de las encuestas —incluso de aquellas realizadas con marcado sesgo opositor— se esmeraban por atribuir ese masivo respaldo a la propaganda, la manipulación y el engaño del que supuestamente era víctima la población, sorprendida en su ingenuidad y a la espera de que unos iluminados, desde su infinita condescendencia, los sacaran de la oscuridad. Pero ahora, ante los repetidos golpes de la realidad y su creciente frustración, los opositores han pasado de aquella sutileza pedante al reclamo de despecho, a menudo enlodado de vulgaridad. Hoy gritan abiertamente que ese respaldo viene de “los ignorantes”, pero no de “los intelectuales” (que así se perciben).

En un panorama con tan ilustres protagonistas, pareciera que la oposición ha decidido, consciente o inconscientemente, renunciar a la conquista de nuevos votantes y concentrarse en no perder aquellos que le quedan. Si a su actitud autodestructiva le contraponemos el trabajo gubernamental para consolidar los logros alcanzados en seguridad, así como para desarrollar políticas públicas para mejorar la economía, la educación y la salud, seguramente la elección de 2027 servirá para que la población reafirme su decidido respaldo al buen rumbo que lleva el país y, de paso, certificar la minimización de la oposición actual, que deambula sin magnitud, dirección ni sentido.

Qué faltó en los conciertos de Shakira

Publicado en ContraPunto

Terminó la residencia centroamericana de Shakira, la cantante colombiana que llenó en cinco ocasiones, con público regional, el Estadio Mágico González, en San Salvador. Siendo evidentes los beneficios del evento —en dinamización económica y posicionamiento de marca país— hubo, sin embargo, una carencia que, para muchos, puede parecer irrelevante, incluso impertinente o irreal, pero que conviene señalar. Me refiero al papel menor y accesorio al que han sido reducidos los artistas nacionales, a quienes los organizadores de estos espectáculos masivos internacionales, desde su infinita condescendencia, les permiten presentarse como teloneros, mientras el gran público espera pacientemente a la estrella por la que ha pagado el boleto.

A decir verdad, tras una mediana búsqueda en línea, no he podido encontrar cuál es la ley, reglamento o disposición institucional que obligue a las productoras a incluir a un artista nacional como preliminar de un extranjero que se presente en el país. Incluso podría tratarse de una práctica consuetudinaria que existe desde hace décadas. Sin embargo, por testimonios conocidos, se sabe que el trato que muchos artistas locales reciben por su participación es propio del que se dispensa a quien se considera un mendigo de espacios donde presentarse, quedando esa acción prácticamente al nivel de un favor concedido de mala gana, por el que no obstante deben agradecer la generosa migaja de permitirles pisar el escenario del grande y sumar una línea a su currículum. Y eso, en el mejor de los casos, porque ya ha habido ocasiones en que se les relega a un mini escenario afuera del recinto, mientras el público transita para ingresar.

En el caso de los cinco conciertos de Shakira —exitosos por donde se les mire— la situación fue aún más discutible, pues la plaza consuetudinaria de “artista nacional” como acto preliminar no se asignó a ninguna cantante salvadoreña —que habría sido lo más lógico por coherencia artística— sino a un DJ. Con el debido respeto al trabajo que cada quien realiza en las distintas ramas del arte, no se puede equiparar el proceso creativo, la composición y el talento de una intérprete vocal con el de quien mezcla música ya existente, por más recursos técnicos que utilice. En esa línea, el siguiente paso sería colocar una rockola en la entrada.

El problema no es aislado. Hay múltiples factores que inciden en el desprecio estructural hacia el artista nacional. Uno de ellos es la actitud de quienes controlan los principales medios de difusión musical. Las radios, por regla general, no programan música hecha en El Salvador, a menos que medien relaciones laborales o comerciales con los propios creadores. Un hecho revelador es que, en 2019, cuando se intentó aprobar una ley que estableciera un porcentaje mínimo obligatorio de música nacional en las radiodifusoras, la oposición de los dueños de las radios fue feroz y lograron abortar el proyecto: el verbo “deben” se transformó en “pueden” programar música nacional, una broma de mal gusto. Lo que les quitó el sueño fue el miedo imaginario de que el público, al escuchar en programación una canción producida en el país, cambiara inmediatamente de estación, como si la nacionalidad de la obra fuera en sí misma un defecto de fábrica.

Este es un ámbito en el que el Ministerio de Cultura podría intervenir con mayor decisión, no para obstaculizar espectáculos internacionales sino para establecer una normativa clara que garantice la presencia de un artista nacional acorde a la naturaleza del evento, asegurando no solo su inclusión formal, sino su idoneidad artística, su pertinencia y su correspondiente reconocimiento pecuniario. Incluso podría contemplarse que ese pago sea deducible del impuesto sobre la renta, de modo que el incentivo no recaiga exclusivamente en los organizadores.

Si estos conciertos movilizan millones y proyectan al país en la región, no parece desproporcionado exigir que también funcionen como plataformas reales de visibilización del arte nacional. Al final del día, la realidad es que la música nacional existe, en cierta cantidad y de cierta calidad, amateur dirán algunos, pero con el derecho a que se le abran puertas que, hasta hoy, han permanecido bien cerradas.

El futuro de los colegios privados

Publicado en Diario El Salvador.

La educación es un derecho fundamental de la persona, consignado en todas las constituciones salvadoreñas y organizado bajo la responsabilidad del Estado; sin embargo, la Carta Magna también “garantiza a las personas naturales y jurídicas la libertad de establecer centros privados de enseñanza” (art. 54). Históricamente, la gran mayoría de la población ha asistido a escuelas públicas, en proporciones que han oscilado entre el 85 y el 90 por ciento, según la época. Para 2024, el dato era que el 87 % de la población estudiantil iba a centros escolares públicos y el 13 %, a privados.

La pregunta que emerge es por qué, desde el siglo XIX, siempre han existido instituciones educativas que, para funcionar y sostenerse, deben cobrar colegiaturas, no siendo financiadas por el Estado. La respuesta puede remitirse al principio de la oferta y la demanda; es decir, qué buscan las familias para sus hijos y qué ofrecen los colegios privados que no los públicos. En esto, la gama de posibilidades ha sido bien amplia a lo largo de la historia: estatus, nivel educativo, disciplina, valores religiosos, segregación social, cupo, identidad, etc.

Como elemento de contexto necesario, cabe mencionar que, allá por los años sesenta, la educación pública se consideraba relativamente buena, aunque muy limitada en su cobertura. Quienes se graduaron de bachilleres en institutos nacionales, como el Inframen, suelen referirse con orgullo y nostalgia a su centro de estudios. La referencia es necesaria para dimensionar el proceso de degradación de la educación pública que El Salvador comenzó a sufrir a partir de los años setenta, durante el periodo inmediatamente anterior a la guerra civil. Este hundimiento se profundizó durante la década del conflicto armado y llegó a su peor momento en las primeras décadas del siglo XXI, cuando las escuelas e institutos se convirtieron en centros de reclutamiento y propagación de las pandillas. La situación paupérrima heredada en la educación pública añadió un par de componentes más a lo que podían ofrecer los colegios privados: infraestructura mínima y, sobre todo, protección para sus hijos, al sacarlos de un entorno criminal. Claro está, este privilegio quedó reservado para familias que, aun dentro de la escasez económica, pudieran hacer el sacrificio de pagar colegiatura y transporte privado.

Ahora, la situación comienza a cambiar radicalmente. La desarticulación de las pandillas y la mejora en seguridad ciudadana son las bases imprescindibles para iniciar el proceso no solamente de rescate de la educación pública, sino de su transformación profunda, para que su nivel sea tan bueno o mejor que el de los colegios privados de mayor prestigio. Esto se logrará a través de la reconstrucción de infraestructura, el equipamiento adecuado, los cambios en el currículo escolar y, sobre todo, con la formación y evolución del magisterio. En el horizonte de la próxima década aparece la posibilidad real de que la educación pública llegue a ser digna y de calidad.

Y, en ese escenario, hay quienes se preguntan: ¿qué será de los colegios privados?

Una predicción razonable es que los colegios privados seguirán existiendo, aunque en menor porcentaje, siempre que puedan ofrecer un plus frente a los centros escolares públicos y respondan a necesidades de sectores específicos. Aunque la educación pública llegue a ser muy buena, siempre habrá quienes prefieran y puedan pagar por determinada confesión religiosa, cierto enfoque o tradición educativa específica, el bilingüismo integrado en todas las materias o, incluso, la pretensión de mantenerse dentro de su misma élite socioeconómica. Lo importante es que, si de aquí a una década se logra llevar el sistema de educación pública hasta un nivel adecuado, la excelencia educativa ya no será un privilegio que dependa de la capacidad de pago individual, sino un derecho al alcance de todas las familias salvadoreñas.

He resucitado

Hace unos días, a propósito de un mensaje sospechoso que recibí por WhatsApp —de un número que decía ser de cierta institución— decidí verificar mi registro en esa dependencia.

Para mi sorpresa, aparecía como “difunto”, literalmente.

Me palpé y confirmé que no: aún pienso, por lo tanto existo.

Dejé un escrito en el área de atención para solventar la situación, con la persona que me atendió como testigo ocular de que sigo vivo. De paso, denuncié el número falso.

Felizmente, ayer recibí la confirmación de que mi solicitud ha lugar, por lo que oficialmente he resucitado.

¡Aleluya!

Contrapesos tóxicos

Publicado en Diario El Salvador

En la formulación de una democracia, como ideal de convivencia social, está arraigada la idea del equilibrio de poder, lo que comúnmente se conoce como “pesos y contrapesos”, aunque la formulación inglesa de "checks and balances” es más ajustada a su función práctica. Este concepto se refiere a la distribución del poder entre los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial; un diseño que, en teoría, previene que uno de ellos se vuelva demasiado poderoso y dé lugar a abusos. Los "checks" son los instrumentos funcionales que limitan ese poder, como por ejemplo la exigencia de mayorías calificadas para elecciones y remociones de funcionarios de segundo grado, los vetos presidenciales, los recursos de inconstitucionalidad, etc.

Aunque en teoría esa idea suena bien, la experiencia histórica de El Salvador —después de la finalización de la guerra civil de los años ochenta— la tradujo en algo nefasto. Esto se debió, principalmente, a que los partidos dominantes en ese periodo pasaron de largo de un supuesto fundamental, implícito en la distribución del poder político, sin el cual el sistema necesariamente se corrompe. La idea de una democracia robusta se basa en que los representantes de los diversos sectores sociales, a través de sus respectivos partidos políticos, pueden tener diferentes visiones de la realidad, pero sus diagnósticos y propuestas parten de una genuina buena voluntad, con el ánimo de encontrar soluciones que convengan a todo el cuerpo social, por encima de los intereses particulares.

Sin embargo, lo que ocurrió en aquellas décadas fue que dichos partidos, al tener cuotas de poder que les permitían bloquear las iniciativas del contrario, se dedicaron —con buena dosis de descaro— a negociar ventajas sectarias e individuales, dejando de lado las aspiraciones populares. Esto se reflejó en el incremento mutuo de privilegios y prebendas, así como en el reparto de cuotas en instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas y otras tantas. En aquella lujuria de poder, desconectada de las necesidades de la gente, pecaron de omisión al dejar crecer el cáncer de las pandillas, que infligieron un terrible e imperdonable sufrimiento a toda la sociedad, pero especialmente a los sectores más vulnerables de la población; y cuando el problema los desbordó, optaron por empoderar a esas estructuras delincuenciales, dándoles beligerancia política y negociando privilegios a cambio de apoyos electorales y cuotas diarias de homicidios.

A la luz de su nefasta trayectoria —documentada e incluso judicializada— cabe preguntarse cuál sería la conveniencia social de que ARENA y FMLN volvieran a tener una cuota de poder relevante. La misma pregunta podemos hacernos con el partido VAMOS, que de palabra se ha presentado como distinto y desvinculado de los dos anteriores, pero cuya práctica legislativa y discursiva ha funcionado en plena concordancia con aquellos, más allá de algunas escaramuzas personalistas e irrelevantes.

El problema real, hoy y aquí en El Salvador, no es que la oposición como categoría general sea cosa mala o no deseable; sino que esta oposición en particular, con sus características concretas y nombres propios que la visibilizan, se ha configurado a sí misma como negativa para los intereses nacionales, por sus rasgos reaccionarios y obstruccionistas —sea que provengan de anclas ideológicas, animadversiones biliares o financiamientos perversos.

Retomando el concepto de “check and balances” —y dentro de un genuino espíritu democrático, con diversidad enriquecedora— el país podría llegar a tener, en el mediano plazo, una oposición sana, no contaminada con vicios ideológicos ni personalistas, libre de rémoras visibles e invisibles, que no siguiera el modelo de los tradicionales contrapesos tóxicos y, por el contrario, se constituyera como un conjunto de actores políticos responsables, propositivos y constructivos. Pero, para 2027, el escenario opositor no apunta a eso, sino a reafirmar sus resultados de 2024.