Dos posturas mineras

Publicado en La Noticia SV

A finales de noviembre de 2024, el presidente Nayib Bukele dio a conocer en sus redes sociales su propuesta de eliminar la prohibición absoluta de la minería metálica en El Salvador, vigente desde 2017. Desde entonces, el debate ha estado en la agenda pública, emergiendo dos posturas opuestas a considerar seriamente: por una parte, el discurso ecologista ortodoxo que apoya la prohibición de toda actividad minera, debido a los impactos ambientales que produce (uso de grandes cantidades de agua, vertido de químicos nocivos, etc.); por la otra, el discurso de la minería responsable, que si bien no oculta las afectaciones medioambientales, considera que es posible minimizarlas, haciendo uso eficiente de los recursos (agua, energía) y gestionando adecuadamente los residuos tóxicos.

La tesis de la prohibición absoluta se justificó en nuestro país a partir de las prácticas mineras históricas irresponsables, especialmente en las minas de San Sebastián, en el departamento de La Unión, donde varias décadas después del cese de operaciones aún persiste un elevado nivel de contaminación del agua por mercurio, cobre y arsénico, entre otros elementos. Si esto se tiene como único parámetro, es evidente que los daños no compensan de ninguna manera los pocos beneficios económicos que supuestamente pudieron haberse obtenido en el pasado. Además de los grupos ambientalistas ya conocidos y la Iglesia Católica, a esta postura también se han sumado (como era previsible) los partidos políticos de oposición. El hecho que El Salvador sea el único país en el mundo que, por ley, se priva de explotar sus recursos mineros, se traduce en una declaratoria universal de incapacidad nacional para lidiar con el tema: mejor “cortar por lo sano”.

La tesis de la minería responsable, en cambio, tiene muchos más desafíos y complicadas ramificaciones. La viabilidad de su implementación en El Salvador pasa por consideraciones no solamente ambientales (uso de agua, gestión de desechos), sino también económicas (porcentaje de beneficios, fondos de garantía y compensación), demográficas (densidad poblacional, desplazamientos forzados), políticas (aceptación social, transparencia de la gestión), etc. Incluso con una regulación estricta en todas las áreas involucradas, aceptar o rechazar un proyecto minero dependería de las condiciones concretas que se ofrezcan y el balance final que se establezca entre riesgos y beneficios. “En los detalles está el Diablo”, reza el dicho popular; de ahí que, para prevenir sorpresas desagradables y consecuencias catastróficas, se necesita poner muchísima atención en “la letra pequeña” de cualquier licencia o contrato que pudiera convenirse con empresas mineras de gran envergadura.

A la fecha de la redacción de este artículo, los diputados/as del partido de gobierno aún no se han pronunciado sobre el tema, pero la sensación es que, al pedirlo el presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas apoyará el levantamiento de la prohibición minera. De ser así, es imprescindible entender que la gestión del tema no puede ser personal sino institucional, la cual requerirá de la convicción, concurso e integridad de todo el estado salvadoreño, con una población siempre atenta y vigilante. El reto que se vislumbra en este escenario es crear controles apropiados, con personas capaces al frente de instancias que puedan monitorear y verificar su estricto cumplimiento.

De las dos posturas expuestas, la más fácil es mantener la puerta cerrada, sin meterse a complicaciones, aunque se descarte el potencial beneficio económico que pudiera obtenerse (incluso para invertirlo en la reparación de los recursos hídricos existentes, contaminados en más del 90 por ciento). En cambio, abrir la puerta a proyectos de extracción minera es el camino difícil, por todo lo que implica en cuanto a responsabilidad ambiental y gestión de riesgos; pero también daría la posibilidad de resolver a mediano plazo problemas económicos como la deuda pública (que asciende a unos 28 mil millones de dólares, que representa más del 80 por ciento del PIB), con la consiguiente mejora de la inversión social. El dilema es si lanzarse o no, considerando riesgos y beneficios: he ahí la cuestión.