Publicado en Diario El Salvador
Latinoamérica es una región rica en recursos naturales, con clima benévolo y cuya población se entrega al trabajo con devoción ancestral. Pese a estas bendiciones, los países latinoamericanos aún están sumidos en el subdesarrollo, cuyas causas han sido objeto de extensos análisis y debates. Uno de ellos es el libro Por qué fracasan los países (Acemoglu y Robinson, 2012), el cual reconoce la historia colonial de América Latina como factor determinante, pero señala como más decisiva la influencia nefasta de las instituciones extractivas, que concentraron el poder y la riqueza en manos de una minoría, dificultando la consolidación de economías dinámicas y democracias estables en la vida independiente de las naciones del subcontinente.
En estrecha relación con estas estructuras sociales ha estado el fenómeno de la corrupción, históricamente utilizada como herramienta para extraer beneficios particulares del aparato estatal, mediante redes de reparto de favores y dinero a grupos de interés; en íntima connivencia con las instituciones políticas y judiciales, controladas por las élites para evadir la acción de la justicia, perpetuar la impunidad y, a la vez, mantener la vigencia de las prácticas ilícitas que les beneficiaban.
En este contexto general, puede afirmarse que El Salvador aún carga con una herencia sociocultural de corrupción institucionalizada, de la cual urge liberarse como requisito indispensable para progresar en todos los ámbitos de la vida social. Este concepto se refiere a “la transmisión generacional de patrones de corrupción dentro de una sociedad, que han sido asumidos y perpetuados a través de sus instituciones”.
En términos simples, la corrupción institucionalizada no es otra cosa que la omnipresencia de “la cultura del más vivo”, la cual se aprende y se reproduce a lo largo del tiempo en diversas prácticas cotidianas, funcionando como una regla no escrita del sistema. A este nivel, la corrupción va más allá de excepciones particulares, convirtiéndose en un fenómeno estructural muy arraigado en la cultura política, económica y social, cuya erradicación requiere no solamente de leyes fuertes y voluntad política emanadas desde las altas esferas gubernamentales, sino del compromiso activo de todos los sectores de la población.
A partir de lo anterior, la sociedad salvadoreña necesita comprender que la guerra contra la corrupción es más difícil de ganar que la guerra contra las pandillas, porque toca prácticas profundamente internalizadas e incluso normalizadas, tanto en los ámbitos públicos como privados. La Ley Anticorrupción y otras reformas, recientemente aprobadas por la Asamblea Legislativa para fortalecer los controles y aumentar las penas, no son solamente la concreción del discurso que el presidente Nayib Bukele ha mantenido desde el quinquenio anterior, con la ventaja añadida de satisfacer un requisito puntual de organismos multilaterales de financiamiento.
Este esfuerzo gubernamental tiene sentido porque ofrece posibilidades concretas de ir saneando a la sociedad salvadoreña, en cuanto ofrece la oportunidad para que todos los sectores se involucren en la lucha por la honestidad, allí donde les corresponda: desde las altas esferas del poder, con prácticas honestas de rendición de cuentas; hasta la población que supervisa, vigila y denuncia situaciones irregulares; pasando por las instituciones encargadas de detectar, investigar, documentar, juzgar y condenar a quienes hagan uso ilícito de los recursos estatales.
En esta cruzada, la participación ciudadana y la respuesta integral de sus autoridades son pilares fundamentales para romper con este nefasto ciclo perverso. Ya que se tienen la voluntad política y las herramientas fortalecidas, este es un momento decisivo y una oportunidad única en la historia nacional para hacerlo, sin contemplaciones hacia colores políticos, nexos sociales o incluso lazos familiares. El camino hacia una sociedad más justa, en ruta a su desarrollo integral, pasa necesariamente por el combate constante, firme, sistemático e implacable contra la corrupción, en el tiempo y en el lugar que esta se encuentre.
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