martes, 23 de diciembre de 2025

Doctor SV: tercerización, no privatización

Publicado en Diario El Salvador

El lanzamiento de la aplicación Doctor SV para ofrecer consultas virtuales de padecimientos leves, así como de monitoreo y seguimiento, ha generado una expectativa favorable en la población salvadoreña, que ahora dispone de este servicio estatal, habilitado progresivamente por grupos etarios. El recurso es gratuito para los usuarios, aunque evidentemente tiene costos operativos que salen del presupuesto de la nación, financiado con los impuestos de todos los salvadoreños. De esta manera, se busca democratizar el acceso al nivel primario de la salud, cuya única limitación momentánea es la dificultad técnica que algunas personas puedan tener para manejar la aplicación, cosa que se irá superando con el tiempo.

Las bondades prácticas de este sistema son notables, teniendo siempre presente que no es para emergencias ni tampoco sustituye la atención presencial necesaria para enfermedades de mayor complejidad. Esto quedó claramente explicado desde su lanzamiento; sin embargo, no han faltado las críticas y negaciones torpes de cierto tipo de oposición que no se distingue precisamente por la solidez de sus argumentos. Una de esas líneas discursivas es asustar con el fantasma de la supuesta privatización de la salud, cosa que es falsa y, además, convenientemente amnésica.

Dentro de la gama de declaraciones públicas que intentan instalar esta creencia infundada, se encuentran párrafos como el siguiente: “La prioridad del DoctorSV no es la salud del pueblo, sino su privatización, una medida típica del capitalismo neoliberal. Hecho el diagnóstico, la plataforma enviará al usuario al laboratorio clínico o le expedirá sin más una receta. Los exámenes y los medicamentos serán proveídos por una nutrida red de laboratorios y farmacias privadas, dado que el Estado no tiene esa capacidad”, refiriéndose a que esto último lo realicen empleados públicos en locales operados directamente por el gobierno.

La descripción del proceso es fundamentalmente correcta, excepto en su primera línea, donde afirma que esto es “privatizar”. No lo es. Esa dinámica se llama “tercerizar”, verbo que la Real Academia Española define como “subcontratar o externalizar trabajos o servicios con terceros”. El Estado sigue siendo el responsable de financiar y supervisar el servicio, cosa que no ocurre con la privatización, que es “transferir una empresa o actividad pública al sector privado” —como ocurrió hace tres décadas con la compañía estatal de telefonía, ANTEL.

La tercerización de algunos servicios es algo que hace normalmente cualquier gobierno —de aquí y de allá; de hoy y de mañana— cuando no tiene, por sí mismo, la capacidad operativa de realizar dicha actividad. Para construir escuelas, hospitales y carreteras, el gobierno a través de sus dependencias puede contratar a empresas privadas que se encarguen de ese trabajo. Nadie en su sano juicio dirá que el servicio que recibe la población se esté privatizando. No hay confusión posible, a menos que exista la mala intención de manipular, distorsionar o mentir.

Por otra parte, afirmar que Doctor SV no tiene como prioridad la salud del pueblo es ignorar deliberadamente sus beneficios: accesibilidad y prontitud para cierto tipo de atención primaria, así como su contribución al descongestionamiento de hospitales y unidades de salud. Estas ventajas han sido reconocidas —al menos como posibilidad y beneficio de la duda— incluso por gremiales y sindicatos médicos que normalmente tienen una actitud desfavorable hacia el gobierno, ante la imposibilidad de sostenerse en la negación caprichosa y obcecada.

En todo caso, más allá de las discusiones interesadas del momento, será la experiencia de la ciudadanía la que irá dando los elementos suficientes para valorar el aporte de Doctor SV. Lo que hay, por el momento, es una sensación positiva ante la oportunidad de incorporar una herramienta que facilite el acceso a ese derecho tan preciado como es la salud, dentro de un sistema universal que no discrimine por ninguna condición social, económica o ideológica.

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