Desde hace varios años, tanto el gobierno como diversas personas e instituciones han venido planteando reformas sustanciales al sistema de pensiones. Los siguientes párrafos explican de modo sucinto el estado de cosas, a fin de tener un conocimiento más realista y opinar con cierto fundamento.
En el antiguo sistema de pensiones ISSS-INPEP (llamado “de reparto”), una persona podía jubilarse con una pensión del 70% de su salario, por una contribución obligatoria relativamente pequeña durante su vida laboral. Naturalmente, la gente lo añora, pero ese sistema quebró aquí y en otros países, porque los pagos pronto acabaron siendo mucho mayores que los aportes. El subsidio suena bien cuando uno no tiene que financiarlo, y el dinero de ese fondo común no corrió la suerte de aquellos panes y peces milagrosamente multiplicados.
La realidad obligó al cambio y fue así como en 1998 comenzó a funcionar el nuevo Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), en el cual cada persona ahorra obligatoriamente durante décadas, vía AFP, aproximadamente la décima parte de su salario y, llegado el momento del retiro, puede disponer de su capital más intereses, ya sea totalmente o en cuotas.
Casi veinte años después de creado, este sistema de ahorro privado goza de estabilidad financiera, pero por sí mismo sólo es capaz de dar pensiones que apenas superan el 30% del salario. No hay truco. Para subir el monto, además de mejorar las condiciones de inversión de los fondos, tendrían que subir las cotizaciones y aumentar la edad mínima de jubilación (55 años para mujeres y 60 para hombres, las más bajas de Centroamérica). El dinero no crece en arbustos.
Pero el mayor problema no está ahí, sino en el enorme déficit que dejó el anterior sistema público, para cuya solución no se tomaron medidas oportunas ni cuando se cambió al nuevo esquema ni en los años posteriores. El Estado quedó con la obligación de pagar las pensiones de decenas de miles de antiguos afiliados, además de trasladar a las AFP lo aportado por quienes migraron voluntariamente al nuevo sistema y compensar sus beneficios, así como asumir la pensión mínima para los jubilados del SAP cuando se agoten sus saldos. El valor total estimado de dicha deuda supera los veinte mil millones de dólares: eso es lo que el Estado deberá pagar hasta que fallezca el último beneficiario del antiguo sistema público.
Cuando las reservas del ISSS e INPEP se agotaron a principios del milenio, para hacer frente a las obligaciones estatales se creó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) en 2006, que prácticamente es un préstamo forzoso que las AFP deben conceder al Estado. En otras palabras: las pensiones y compensaciones del sistema público se pagan hoy con los ahorros de los afiliados al SAP, pero como el interés pagado a los acreedores es bajísimo (1.4% en promedio), cuando finalmente se amortice la deuda ese capital prestado por los trabajadores/as habrá perdido valor real. Además, está a punto de alcanzarse el límite legal permitido (es decir, esa tarjeta pronto va a topar).
La salida inmediata que el actual gobierno estaría proponiendo es un sistema mixto, donde los ahorros de quienes ganan hasta dos salarios mínimos serían trasladados del sistema privado a uno público, manejados por el Estado. De esta manera, habría fondos frescos para honrar la deuda previsional pública por un tiempo. Las AFP seguirían operando con el resto de la población cotizante, que sería la minoría.
Tal propuesta mueve a desconfianza.
El riesgo de poner esos fondos directamente en manos del Estado sería el mismo que si usted le diera en custodia una barra de oro a un su amigo/a que tiene deudas hasta el cuello, vive asediado por sus acreedores (prácticamente escondiéndose de ellos) y está en mora con varias casas comerciales. Ese valor podría diluirse con facilidad, al tenor de las urgencias del momento, sean políticas o económicas.
La solución a este problema no es fácil y tampoco admite demagogias e irresponsabilidades. Hace falta un análisis multisectorial muy técnico y muy serio, por las implicaciones humanas que tiene. Esto no puede depender de las típicas negociaciones políticas para conseguir los votos necesarios.
Este artículo fue publicado en La Prensa Gráfica, edición del domingo 7 de febrero de 2016.
* Vaya mi agradecimiento para Maryelos y Lourdes, exalumnas y ahora periodistas del área económica, quienes gentilmente leyeron el borrador y me hicieron las observaciones pertinentes a los aspectos técnicos.
