Qué faltó en los conciertos de Shakira

Publicado en ContraPunto

Terminó la residencia centroamericana de Shakira, la cantante colombiana que llenó en cinco ocasiones, con público regional, el Estadio Mágico González, en San Salvador. Siendo evidentes los beneficios del evento —en dinamización económica y posicionamiento de marca país— hubo, sin embargo, una carencia que, para muchos, puede parecer irrelevante, incluso impertinente o irreal, pero que conviene señalar. Me refiero al papel menor y accesorio al que han sido reducidos los artistas nacionales, a quienes los organizadores de estos espectáculos masivos internacionales, desde su infinita condescendencia, les permiten presentarse como teloneros, mientras el gran público espera pacientemente a la estrella por la que ha pagado el boleto.

A decir verdad, tras una mediana búsqueda en línea, no he podido encontrar cuál es la ley, reglamento o disposición institucional que obligue a las productoras a incluir a un artista nacional como preliminar de un extranjero que se presente en el país. Incluso podría tratarse de una práctica consuetudinaria que existe desde hace décadas. Sin embargo, por testimonios conocidos, se sabe que el trato que muchos artistas locales reciben por su participación es propio del que se dispensa a quien se considera un mendigo de espacios donde presentarse, quedando esa acción prácticamente al nivel de un favor concedido de mala gana, por el que no obstante deben agradecer la generosa migaja de permitirles pisar el escenario del grande y sumar una línea a su currículum. Y eso, en el mejor de los casos, porque ya ha habido ocasiones en que se les relega a un mini escenario afuera del recinto, mientras el público transita para ingresar.

En el caso de los cinco conciertos de Shakira —exitosos por donde se les mire— la situación fue aún más discutible, pues la plaza consuetudinaria de “artista nacional” como acto preliminar no se asignó a ninguna cantante salvadoreña —que habría sido lo más lógico por coherencia artística— sino a un DJ. Con el debido respeto al trabajo que cada quien realiza en las distintas ramas del arte, no se puede equiparar el proceso creativo, la composición y el talento de una intérprete vocal con el de quien mezcla música ya existente, por más recursos técnicos que utilice. En esa línea, el siguiente paso sería colocar una rockola en la entrada.

El problema no es aislado. Hay múltiples factores que inciden en el desprecio estructural hacia el artista nacional. Uno de ellos es la actitud de quienes controlan los principales medios de difusión musical. Las radios, por regla general, no programan música hecha en El Salvador, a menos que medien relaciones laborales o comerciales con los propios creadores. Un hecho revelador es que, en 2019, cuando se intentó aprobar una ley que estableciera un porcentaje mínimo obligatorio de música nacional en las radiodifusoras, la oposición de los dueños de las radios fue feroz y lograron abortar el proyecto: el verbo “deben” se transformó en “pueden” programar música nacional, una broma de mal gusto. Lo que les quitó el sueño fue el miedo imaginario de que el público, al escuchar en programación una canción producida en el país, cambiara inmediatamente de estación, como si la nacionalidad de la obra fuera en sí misma un defecto de fábrica.

Este es un ámbito en el que el Ministerio de Cultura podría intervenir con mayor decisión, no para obstaculizar espectáculos internacionales sino para establecer una normativa clara que garantice la presencia de un artista nacional acorde a la naturaleza del evento, asegurando no solo su inclusión formal, sino su idoneidad artística, su pertinencia y su correspondiente reconocimiento pecuniario. Incluso podría contemplarse que ese pago sea deducible del impuesto sobre la renta, de modo que el incentivo no recaiga exclusivamente en los organizadores.

Si estos conciertos movilizan millones y proyectan al país en la región, no parece desproporcionado exigir que también funcionen como plataformas reales de visibilización del arte nacional. Al final del día, la realidad es que la música nacional existe, en cierta cantidad y de cierta calidad, amateur dirán algunos, pero con el derecho a que se le abran puertas que, hasta hoy, han permanecido bien cerradas.

El futuro de los colegios privados

Publicado en Diario El Salvador.

La educación es un derecho fundamental de la persona, consignado en todas las constituciones salvadoreñas y organizado bajo la responsabilidad del Estado; sin embargo, la Carta Magna también “garantiza a las personas naturales y jurídicas la libertad de establecer centros privados de enseñanza” (art. 54). Históricamente, la gran mayoría de la población ha asistido a escuelas públicas, en proporciones que han oscilado entre el 85 y el 90 por ciento, según la época. Para 2024, el dato era que el 87 % de la población estudiantil iba a centros escolares públicos y el 13 %, a privados.

La pregunta que emerge es por qué, desde el siglo XIX, siempre han existido instituciones educativas que, para funcionar y sostenerse, deben cobrar colegiaturas, no siendo financiadas por el Estado. La respuesta puede remitirse al principio de la oferta y la demanda; es decir, qué buscan las familias para sus hijos y qué ofrecen los colegios privados que no los públicos. En esto, la gama de posibilidades ha sido bien amplia a lo largo de la historia: estatus, nivel educativo, disciplina, valores religiosos, segregación social, cupo, identidad, etc.

Como elemento de contexto necesario, cabe mencionar que, allá por los años sesenta, la educación pública se consideraba relativamente buena, aunque muy limitada en su cobertura. Quienes se graduaron de bachilleres en institutos nacionales, como el Inframen, suelen referirse con orgullo y nostalgia a su centro de estudios. La referencia es necesaria para dimensionar el proceso de degradación de la educación pública que El Salvador comenzó a sufrir a partir de los años setenta, durante el periodo inmediatamente anterior a la guerra civil. Este hundimiento se profundizó durante la década del conflicto armado y llegó a su peor momento en las primeras décadas del siglo XXI, cuando las escuelas e institutos se convirtieron en centros de reclutamiento y propagación de las pandillas. La situación paupérrima heredada en la educación pública añadió un par de componentes más a lo que podían ofrecer los colegios privados: infraestructura mínima y, sobre todo, protección para sus hijos, al sacarlos de un entorno criminal. Claro está, este privilegio quedó reservado para familias que, aun dentro de la escasez económica, pudieran hacer el sacrificio de pagar colegiatura y transporte privado.

Ahora, la situación comienza a cambiar radicalmente. La desarticulación de las pandillas y la mejora en seguridad ciudadana son las bases imprescindibles para iniciar el proceso no solamente de rescate de la educación pública, sino de su transformación profunda, para que su nivel sea tan bueno o mejor que el de los colegios privados de mayor prestigio. Esto se logrará a través de la reconstrucción de infraestructura, el equipamiento adecuado, los cambios en el currículo escolar y, sobre todo, con la formación y evolución del magisterio. En el horizonte de la próxima década aparece la posibilidad real de que la educación pública llegue a ser digna y de calidad.

Y, en ese escenario, hay quienes se preguntan: ¿qué será de los colegios privados?

Una predicción razonable es que los colegios privados seguirán existiendo, aunque en menor porcentaje, siempre que puedan ofrecer un plus frente a los centros escolares públicos y respondan a necesidades de sectores específicos. Aunque la educación pública llegue a ser muy buena, siempre habrá quienes prefieran y puedan pagar por determinada confesión religiosa, cierto enfoque o tradición educativa específica, el bilingüismo integrado en todas las materias o, incluso, la pretensión de mantenerse dentro de su misma élite socioeconómica. Lo importante es que, si de aquí a una década se logra llevar el sistema de educación pública hasta un nivel adecuado, la excelencia educativa ya no será un privilegio que dependa de la capacidad de pago individual, sino un derecho al alcance de todas las familias salvadoreñas.

He resucitado

Hace unos días, a propósito de un mensaje sospechoso que recibí por WhatsApp —de un número que decía ser de cierta institución— decidí verificar mi registro en esa dependencia.

Para mi sorpresa, aparecía como “difunto”, literalmente.

Me palpé y confirmé que no: aún pienso, por lo tanto existo.

Dejé un escrito en el área de atención para solventar la situación, con la persona que me atendió como testigo ocular de que sigo vivo. De paso, denuncié el número falso.

Felizmente, ayer recibí la confirmación de que mi solicitud ha lugar, por lo que oficialmente he resucitado.

¡Aleluya!

Contrapesos tóxicos

Publicado en Diario El Salvador

En la formulación de una democracia, como ideal de convivencia social, está arraigada la idea del equilibrio de poder, lo que comúnmente se conoce como “pesos y contrapesos”, aunque la formulación inglesa de "checks and balances” es más ajustada a su función práctica. Este concepto se refiere a la distribución del poder entre los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial; un diseño que, en teoría, previene que uno de ellos se vuelva demasiado poderoso y dé lugar a abusos. Los "checks" son los instrumentos funcionales que limitan ese poder, como por ejemplo la exigencia de mayorías calificadas para elecciones y remociones de funcionarios de segundo grado, los vetos presidenciales, los recursos de inconstitucionalidad, etc.

Aunque en teoría esa idea suena bien, la experiencia histórica de El Salvador —después de la finalización de la guerra civil de los años ochenta— la tradujo en algo nefasto. Esto se debió, principalmente, a que los partidos dominantes en ese periodo pasaron de largo de un supuesto fundamental, implícito en la distribución del poder político, sin el cual el sistema necesariamente se corrompe. La idea de una democracia robusta se basa en que los representantes de los diversos sectores sociales, a través de sus respectivos partidos políticos, pueden tener diferentes visiones de la realidad, pero sus diagnósticos y propuestas parten de una genuina buena voluntad, con el ánimo de encontrar soluciones que convengan a todo el cuerpo social, por encima de los intereses particulares.

Sin embargo, lo que ocurrió en aquellas décadas fue que dichos partidos, al tener cuotas de poder que les permitían bloquear las iniciativas del contrario, se dedicaron —con buena dosis de descaro— a negociar ventajas sectarias e individuales, dejando de lado las aspiraciones populares. Esto se reflejó en el incremento mutuo de privilegios y prebendas, así como en el reparto de cuotas en instituciones como la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas y otras tantas. En aquella lujuria de poder, desconectada de las necesidades de la gente, pecaron de omisión al dejar crecer el cáncer de las pandillas, que infligieron un terrible e imperdonable sufrimiento a toda la sociedad, pero especialmente a los sectores más vulnerables de la población; y cuando el problema los desbordó, optaron por empoderar a esas estructuras delincuenciales, dándoles beligerancia política y negociando privilegios a cambio de apoyos electorales y cuotas diarias de homicidios.

A la luz de su nefasta trayectoria —documentada e incluso judicializada— cabe preguntarse cuál sería la conveniencia social de que ARENA y FMLN volvieran a tener una cuota de poder relevante. La misma pregunta podemos hacernos con el partido VAMOS, que de palabra se ha presentado como distinto y desvinculado de los dos anteriores, pero cuya práctica legislativa y discursiva ha funcionado en plena concordancia con aquellos, más allá de algunas escaramuzas personalistas e irrelevantes.

El problema real, hoy y aquí en El Salvador, no es que la oposición como categoría general sea cosa mala o no deseable; sino que esta oposición en particular, con sus características concretas y nombres propios que la visibilizan, se ha configurado a sí misma como negativa para los intereses nacionales, por sus rasgos reaccionarios y obstruccionistas —sea que provengan de anclas ideológicas, animadversiones biliares o financiamientos perversos.

Retomando el concepto de “check and balances” —y dentro de un genuino espíritu democrático, con diversidad enriquecedora— el país podría llegar a tener, en el mediano plazo, una oposición sana, no contaminada con vicios ideológicos ni personalistas, libre de rémoras visibles e invisibles, que no siguiera el modelo de los tradicionales contrapesos tóxicos y, por el contrario, se constituyera como un conjunto de actores políticos responsables, propositivos y constructivos. Pero, para 2027, el escenario opositor no apunta a eso, sino a reafirmar sus resultados de 2024.