El futuro de los colegios privados

Publicado en Diario El Salvador.

La educación es un derecho fundamental de la persona, consignado en todas las constituciones salvadoreñas y organizado bajo la responsabilidad del Estado; sin embargo, la Carta Magna también “garantiza a las personas naturales y jurídicas la libertad de establecer centros privados de enseñanza” (art. 54). Históricamente, la gran mayoría de la población ha asistido a escuelas públicas, en proporciones que han oscilado entre el 85 y el 90 por ciento, según la época. Para 2024, el dato era que el 87 % de la población estudiantil iba a centros escolares públicos y el 13 %, a privados.

La pregunta que emerge es por qué, desde el siglo XIX, siempre han existido instituciones educativas que, para funcionar y sostenerse, deben cobrar colegiaturas, no siendo financiadas por el Estado. La respuesta puede remitirse al principio de la oferta y la demanda; es decir, qué buscan las familias para sus hijos y qué ofrecen los colegios privados que no los públicos. En esto, la gama de posibilidades ha sido bien amplia a lo largo de la historia: estatus, nivel educativo, disciplina, valores religiosos, segregación social, cupo, identidad, etc.

Como elemento de contexto necesario, cabe mencionar que, allá por los años sesenta, la educación pública se consideraba relativamente buena, aunque muy limitada en su cobertura. Quienes se graduaron de bachilleres en institutos nacionales, como el Inframen, suelen referirse con orgullo y nostalgia a su centro de estudios. La referencia es necesaria para dimensionar el proceso de degradación de la educación pública que El Salvador comenzó a sufrir a partir de los años setenta, durante el periodo inmediatamente anterior a la guerra civil. Este hundimiento se profundizó durante la década del conflicto armado y llegó a su peor momento en las primeras décadas del siglo XXI, cuando las escuelas e institutos se convirtieron en centros de reclutamiento y propagación de las pandillas. La situación paupérrima heredada en la educación pública añadió un par de componentes más a lo que podían ofrecer los colegios privados: infraestructura mínima y, sobre todo, protección para sus hijos, al sacarlos de un entorno criminal. Claro está, este privilegio quedó reservado para familias que, aun dentro de la escasez económica, pudieran hacer el sacrificio de pagar colegiatura y transporte privado.

Ahora, la situación comienza a cambiar radicalmente. La desarticulación de las pandillas y la mejora en seguridad ciudadana son las bases imprescindibles para iniciar el proceso no solamente de rescate de la educación pública, sino de su transformación profunda, para que su nivel sea tan bueno o mejor que el de los colegios privados de mayor prestigio. Esto se logrará a través de la reconstrucción de infraestructura, el equipamiento adecuado, los cambios en el currículo escolar y, sobre todo, con la formación y evolución del magisterio. En el horizonte de la próxima década aparece la posibilidad real de que la educación pública llegue a ser digna y de calidad.

Y, en ese escenario, hay quienes se preguntan: ¿qué será de los colegios privados?

Una predicción razonable es que los colegios privados seguirán existiendo, aunque en menor porcentaje, siempre que puedan ofrecer un plus frente a los centros escolares públicos y respondan a necesidades de sectores específicos. Aunque la educación pública llegue a ser muy buena, siempre habrá quienes prefieran y puedan pagar por determinada confesión religiosa, cierto enfoque o tradición educativa específica, el bilingüismo integrado en todas las materias o, incluso, la pretensión de mantenerse dentro de su misma élite socioeconómica. Lo importante es que, si de aquí a una década se logra llevar el sistema de educación pública hasta un nivel adecuado, la excelencia educativa ya no será un privilegio que dependa de la capacidad de pago individual, sino un derecho al alcance de todas las familias salvadoreñas.