Por qué Trump embiste a los salvadoreños

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El jueves 18 de julio de este año, en su discurso de aceptación como candidato a la presidencia de los Estados Unidos de América por el Partido Republicano, Donald Trump hizo una acusación tan falsa como desconcertante: que El Salvador está enviando intencionalmente a sus criminales a Estados Unidos, como estrategia para bajar sus índices de homicidios. Incrédulos y boquiabiertos, hubo quienes sugirieron que quizá Trump había confundido a El Salvador con Venezuela; pero dos días después, en un mitin en Michigan, repitió el discurso y quedó perfectamente claro que Trump dijo exactamente lo que había querido decir.

Este ataque artero a la política de seguridad implementada en nuestro país por el presidente Bukele ha dejado perplejos a muchos, pues entra en flagrante contradicción con el apoyo explícito que importantes sectores y líderes republicanos, entre ellos el senador Marco Rubio y la congresista María Elvira Salazar, han expresado a la guerra contra las pandillas en reiteradas ocasiones. Hay quienes ven esto como una puñalada trapera a la supuesta simpatía existente entre Trump y Bukele, aun cuando se sabe que en política no hay amistades, sino intereses.

La pregunta es por qué la campaña de Trump ha decidido estigmatizar así a los migrantes salvadoreños, de manera análoga a como lo hizo con los mexicanos en la campaña 2016 (a quienes etiquetó como “criminales, violadores y narcotraficantes”). Más allá de posibles actitudes e ideas supremacistas, la respuesta está en los fríos números y en el desalmado cálculo político electoral.

Según el sitio Real Clear Politics, el panorama para la elección presidencial de noviembre de 2024, contando los votos electorales por estado, estaba así (hasta antes de la retirada del candidato demócrata Joe Biden):

· Estados con ventaja demócrata: 198 votos electorales.
· Estados con ventaja republicana: 219 votos electorales.
· Estados en disputa (“swing states”): 121 votos electorales.

Se necesitan 270 votos electorales para ganar la elección.

Visto sobre el mapa, tenemos los “blue states” (demócratas) versus los “red states” (republicanos). Los grises son los “swing states”, en donde aún no está claro el panorama. Es en estos estados donde la campaña electoral debe ser especialmente intensa.

Ahora bien, ¿qué pintan los salvadoreños en este mapa? Según un censo de 2020, la inmensa mayoría de salvadoreños que viven en EE. UU. residen en los estados de California, Maryland y Nueva York, que son claramente favorables a los demócratas (“solid blue”); en Texas, que se inclina por Trump; y en Virginia, que está en zona gris (disputa cerrada).

Al atacar a los salvadoreños y desacreditar a Bukele, cuya simpatía entre la diáspora es aún más abrumadora que dentro de El Salvador, Trump sabe que el apoyo que pueda perder en estados como California, Maryland y Nueva York es irrelevante, puesto que de todas formas allí no tiene posibilidades de ganar; tampoco pone en gran riesgo su ventaja existente en Texas, ya que aun cuando los salvadoreños tengan voz, no tienen voto (la mitad están sin papeles desde siempre y el porcentaje de compatriotas que ya son ciudadanos es bien bajo).

El uso de la etiqueta anti salvadoreña se dirige, entonces, a los “swing states” como Michigan, Minnesota, Wisconsin y otros, en donde la presencia de salvadoreños y latinos en general es mínima. El propósito de Trump para ganar votos en esos estados es simple: generar xenofobia contra los latinos que entran a miles de kilómetros de distancia por la frontera sur, asustando a la población anglosajona de aquellas tierras con una amenaza fantasma: la vieja táctica del Bogeyman.

En conclusión, este ataque de Trump contra los salvadoreños (que seguramente se repetirá una y otra vez durante la campaña) puede que le cueste la simpatía de nuestros compatriotas en muchos lugares donde le da igual, pues no tiene oportunidad, pero él y su equipo de campaña creen que les dará réditos electorales en los estados donde más lo necesita, así sea a costa de un “backlash”.

Pero más allá de la lógica inmisericorde de los cálculos numéricos, ningún salvadoreño, sin importar su preferencia política local, puede alegrarse o justificar esa campaña estigmatizante, pues tal discurso potencia la discriminación y puede propiciar ataques (verbales e incluso físicos) contra nuestros compatriotas allá. Ojalá no sea así y rectifiquen a tiempo.

La finalidad del arte

Publicado en Diario El Salvador

La reestructuración del Ministerio de Cultura, anunciada recientemente junto con el nombramiento del nuevo titular de dicha cartera de estado, presenta una ocasión propicia para reflexionar sobre una pregunta fundamental relacionada con el objeto y propósito de tal institución; pero antes de formularla, es necesario precisar a qué nos referimos dentro de ese campo asombrosamente amplio que abarca la cultura (“conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”), enfocándonos aquí en la acepción generalizada del término como sinónimo de arte o bellas artes: arquitectura, escultura, pintura, música, danza, literatura (narrativa, poesía, teatro), cine y otras disciplinas nuevas que pudieran incluirse.

Delimitado así el terreno, la pregunta prenunciada en el párrafo anterior es la siguiente: ¿para qué sirve el arte, cuál es su finalidad, cuál su propósito? Tal cuestionamiento es inmensamente más simple que su respuesta, la cual ha sido ampliamente teorizada a lo largo de la historia, oscilando entre dos polos que a primera vista parecen contradictorios: de un lado, el “arte por el arte”; del otro, el utilitarismo.

La doctrina del "arte por el arte" surgió en Francia a principios del siglo XIX y rápidamente se extendió a toda Europa y América. El poeta Teófilo Gautier, uno de sus principales representantes, afirmó con claridad la esencia de esta postura: “el único propósito del arte es la belleza”. Desde tal punto de vista, una obra de arte no tiene que cumplir ninguna función moral, didáctica, política o de cualquier otra índole que no sea estética, pues esta se justifica por sí misma y solamente debe ser juzgada de acuerdo a cánones estrictamente artísticos, técnicos.

En contraparte, la visión utilitaria afirma que el arte debe tener una función práctica y servir a propósitos morales, educativos, religiosos, políticos o de cualquier otro tipo, que se consideren útiles para la sociedad. Ya desde la lejana antigüedad, el filósofo griego Platón afirmaba que el arte debía promover la virtud y la justicia. El arte renacentista de los siglos XV y XVI, aun con su exquisita perfección formal, solo fue posible en la medida en que sirvió a propósitos como la didáctica religiosa, el conocimiento y difusión del humanismo, la promoción de valores morales e incluso la propaganda política y social (promoción de la imagen de poderosos de la época, que fueron los mecenas de aquellos genios). En el siglo pasado, el arte de denuncia y compromiso social tuvo gran auge, sostenido en buena parte por los planteamientos de Jean-Paul Sartre y otros teóricos. Contemporáneamente, el arte se usa cada vez más como terapia para mejorar y fortalecer la salud mental, emocional y física de las personas; asimismo, este también es visto como una herramienta para alejar a los jóvenes de la delincuencia.

Aterrizando en la coyuntura actual, es claro que el trabajo del Ministerio de Cultura en este quinquenio irá por esta última línea, tal como lo expresa textualmente el comunicado oficial del nombramiento del ministro, al asignarle la misión de “impulsar los valores familiares y patrióticos, que son prioridad en la agenda del presidente”.

Por supuesto, en el país seguirán existiendo y presentándose, en diversos espacios gestionados por personas e instituciones privadas, otras expresiones artísticas, tanto en una línea puramente esteticista como también obras al servicio de causas diversas, incluso activismo no necesariamente coincidente con la perspectiva estatal o la idiosincrasia local. Es en ese panorama de conjunto donde hay que visualizar la diversidad de la oferta artística, aprovechando esa variedad de oportunidades para disfrutar de sus valores formales, reflexionar sobre sus valores vitales y desarrollar el propio sentido crítico.

Para personas de amplio criterio

El fin de semana del 15 y 16 de junio se presentó, en el Teatro Nacional de San Salvador, la obra titulada “Inmoral”, producida por el Proyecto Inari, que en su publicidad incluyó el logo del Ministerio de Cultura. Según la nota de un periódico local, es “una fusión entre las artes performáticas drag y las artes dramáticas del teatro”.

El significado pertinente de “drag”, del sitio web WordReference, es un slang o jerga: “associated with the opposite sex, transvestite”, lo cual queda claro en las fotos promocionales pero no en el afiche. Seguramente el término más conocido es el que incluye las dos palabras: drag queen. Se trata, pues, de una obra enmarcada dentro del movimiento LGBT+ cuyo argumento se describe así:

A la protagonista de esta obra, se le es anunciado que su mejor amigo fue asesinado, agregado a esto es violentada por el cuerpo de seguridad y, al regresar a su casa asustada, se da cuenta que todos los fantasmas de su pasado han venido a visitarla.

Luego de las dos funciones de la obra, y seguramente atendiendo quejas de algunas personas que asistieron, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado en donde manifiesta que la compañía teatral “no describió con precisión el contenido de su obra, que resultó ser no apta para todo público”; además, reclama que hayan usado el logo institucional sin su autorización. Por estas razones, se lee, “las funciones restantes del Proyecto Inari en el Teatro Nacional de San Salvador han sido canceladas” (aun cuando aparentemente ya no había más programadas).

Este incidente da pie para revivir el antiquísimo debate sobre la censura. Sabiendo que el arte es una compleja integración de aspectos formales y de contenido, la calidad artística tiende a establecerse a partir del manejo de los registros y códigos propios de cada rama del arte, mientras que el contenido siempre queda sujeto a valoraciones morales, políticas o de cualquier otra índole. Así, la censura puede ejercerse sobre obras que no alcanzan los estándares mínimos de calidad puramente estética o también, como en este caso, contra espectáculos cuyo contenido sea considerado por algún motivo inapropiado, inconveniente, perjudicial, incorrecto, etc. Este debate es infinito y no tiene mucho sentido pretender zanjarlo de una vez por todas (allá cada quién con su opinión).

La postura del Ministerio de Cultura es que dicha institución arrienda los espacios que administra, como el Teatro Nacional, “exclusivamente para eventos culturales que sean apropiados para audiencias de todas las edades”. Este incidente se enmarca en el contexto de una fuerte polémica en la cultura occidental, especialmente en países del primer mundo, sobre la exposición de menores de edad a espectáculos queer. A nivel local, responde a una política explícita de supresión en ámbitos estatales (culturales, educativos, etc.) de cualquier contenido que promueva —explícita o implícitamente— la así llamada Ideología de Género.

De acuerdo a declaraciones de sus productores, la obra “Inmoral” se ha presentado libremente en diversos espacios escénicos desde hace un año. Se entiende que el público ha acudido consciente y a sabiendas de qué va el tema. La polémica actual surge por hacerla en espacios estatales supuestamente familiares, a los cuales ingresarían personas incautas que podrían sentirse ofendidas en sus valores conservadores. Siendo así, acaso habría que añadir obligatoriamente en la promoción de dichos espectáculos esta antigua y nunca superflua prevención: “Para personas de amplio criterio”.

Delfy: 22 de mayo de 1979

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A primeras horas de la noche del 22 de mayo de 1979, un grupo de jóvenes manifestantes fue atacado por elementos de los cuerpos de seguridad del gobierno del general Carlos Humberto Romero. Varios murieron, entre ellos mi hermana Delfy Góchez Fernández, estudiante de Psicología de la UCA, quien estaba por cumplir 21 años.

Personalmente, el conocimiento e interpretación de las circunstancias que propiciaron su muerte ha sido un proceso lento y difícil, construido sobre la base de relatos y testimonios dispersos. Desde hace muchos años he tenido claro lo que ocurrió, lo cual pude confirmar posteriormente a través de publicaciones de personas que conocieron de primera mano los hechos, incluyendo algunas sobrevivientes.

El contexto social de 1979 en El Salvador y en toda la región era sumamente convulso. Desde hacía varios años, cinco organizaciones insurgentes se habían venido fortaleciendo, encaminadas a lanzar una ofensiva armada para derrocar a la dictadura militar, vía insurrección popular, ante la evidencia de que todos los espacios de oposición política pacífica habían sido cerrados de manera definitiva, brutal y sangrienta.

Del lado gubernamental, la única respuesta a las demandas sociales era la represión generalizada, incluyendo torturas y ejecuciones extrajudiciales. Los antecedentes del 30 de julio de 1975 y el 28 de febrero de 1977, cuando sendas manifestaciones de protesta habían sido disueltas por militares a balazo limpio en las calles de San Salvador, no habían dejado duda del talante criminal del régimen del coronel Arturo Armando Molina (1972-1977). Tal política continuó bajo el mandato del general Carlos Humberto Romero, quien ascendió al poder en 1977 de la misma forma que su antecesor: vía clamoroso fraude electoral y matanza en las calles.

Mi hermana Delfy había entrado a las luchas sociales a través de las Fuerzas Universitarias Revolucionarias “30 de julio” (FUR-30, con sede en la UCA), que eran parte del Bloque Popular Revolucionario (BPR), frente de masas de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL). Entiendo que en aquel momento era muy difícil mantenerse al margen de una aguda polarización política. En tal contexto, muchos optaron por incorporarse a dichas organizaciones, con la plena disposición de sacrificar sus vidas para alcanzar los nobles ideales de justicia y libertad. (Otra cosa muy distinta es el talante moral de algunos dirigentes de aquellas organizaciones, lo cual se fue revelando en el tiempo hasta confirmar las más amargas certezas.)

El martes 8 de mayo, dos semanas antes de la fecha que titula estos párrafos, un grupo de personas que ocupaban la catedral metropolitana fueron atacadas con armas de guerra por la policía, con saldo de varios muertos que quedaron tendidos sobre las gradas del templo católico. Este hecho dejó en claro una vez más el modus operandi de los cuerpos de seguridad del régimen: cualquier manifestación de protesta iba a ser tratada de la misma forma. A partir de entonces, esa era una verdad ineludible y de conocimiento obligatorio para la dirigencia de los grupos insurgentes, fuesen de la cúpula o de mandos medios.

Por esos días, un grupo de militantes del BPR ocuparon la embajada de Venezuela (colonia Escalón, San Salvador). con fines de protesta política y plantear reivindicaciones sociales. Los miembros del cuerpo diplomático, inicialmente retenidos por los activistas, habían logrado escapar del recinto. A la fecha del martes 22 de mayo, el local tenía cortados los suministros de agua potable y energía eléctrica; además, la sede estaba rodeada por un fuerte dispositivo de seguridad.

Ante tal situación, la dirigencia local del BPR decidió organizar una marcha para romper el cerco policial y extraer a sus compañeros de la embajada. Aunque la actividad fue promovida explícitamente como humanitaria para “llevar agua y alimentos” a los ocupantes, en realidad tenía un propósito militar de rescate.

El hecho es que el BPR, frente de masas de las FPL, mandó a un centenar de manifestantes, la gran mayoría desarmados, prácticamente como grupo de choque contra un cerco policial, a sabiendas de que los agentes del régimen tenían el aval para disparar sus fusiles de guerra G3, en espacio abierto y de manera indiscriminada, con toda la ventaja táctica, sin que necesariamente hubiese provocación de por medio.

En última instancia, yo respeto el compromiso que adquirió mi hermana Delfy en ese contexto social y dentro de la disciplina de la organización a la que pertenecía. Lo que no acepto es que aquellos dirigentes hayan enviado a tanta gente a esa misión, conscientes de que no tenían ninguna oportunidad de éxito y sabiendo que lo único que iba a producir eran muertos en las calles.

En lo que a mí concierne, tengo claro que la bala criminal que mató a mi hermana Delfy salió de un fusil de los cuerpos de seguridad del régimen asesino del general Carlos Humberto Romero; pero también sé que la planificación y el diseño culposo que la colocaron fatalmente en la trayectoria de una bala que todos sabían iba a ser disparada, fueron responsabilidad de la dirigencia de las FPL, a través de sus frentes de masas BPR y FUR-30.

Aquella institucionalidad

Publicado en Diario El Salvador

Desde hace algún tiempo viene sonando repetidamente, en ciertos círculos académicos y periodísticos de la oposición nacional e internacional, un discurso de preocupación y lamento por los conceptos “democracia” e “institucionalidad”, a partir de la premisa que bajo el gobierno de Nayib Bukele estos bienes sociales se estarían perdiendo progresivamente, hasta llegar a un punto de no retorno que los más tozudos califican como “dictadura”.

Puesto que dicho razonamiento ha chocado frontalmente con la realidad electoral de un fuerte apoyo popular a la gestión del mandatario, estos mismos intelectuales han formulado entonces la tesis que, ante la insoportable situación a la que se llegó bajo el reino de las pandillas, el pueblo salvadoreño acabó sacrificando la democracia y su institucionalidad a cambio de la sensación de seguridad.

Tal razonamiento es una falacia y un engaño histórico, porque presupone la existencia real de aquella institucionalidad democrática como esencialmente buena, desvinculándola de su realidad concreta, en la cual hubo un grave deterioro de la seguridad ciudadana precisamente como efecto directo de esa misma institucionalidad.

Es necesario entender que la supuesta democracia de la posguerra fue, en realidad, una partidocracia en la que las dos fuerzas beligerantes, convertidas en instituciones electorales de derecha e izquierda, ganaron la capacidad de bloquearse mutuamente, no para velar por los intereses populares sino para repartirse beneficios y prebendas en negociaciones oscuras con métodos nefastos. En estas prácticas concurrieron otros partidos políticos que, con mayor o menor descaro, asumieron cínicamente el rol de mercenarios, con la excusa de darle gobernabilidad al país, a cambio de pingües beneficios personales.

Como consecuencia de aquel estado de cosas, la falta de atención e interés de aquella institucionalidad para resolver los crecientes problemas de la población, particularmente durante los dos primeros gobiernos de Arena, facilitó enormemente la proliferación de las pandillas, que encontraron su caldo de cultivo en la marginalidad socioeconómica de amplios sectores de la población. Luego, cuando el problema ya fue imposible de ignorar, los dos siguientes gobernantes en turno lanzaron políticas propagandísticas de mano dura y súper dura, pero sin más plan que intervenciones mediáticas y esporádicas carentes de continuidad.

Después vino el primer gobierno del FMLN, que no solo se acobardó ante el desafío de la criminalidad organizada, sino que literalmente se arrodilló ante ella, implementando una tregua que vino a empoderar y convertir en actores políticos a quienes tanto daño estaban causando al país. El segundo gobierno del partido rojiblanco aparentemente intentó dar marcha atrás en esto, al menos a nivel de discurso, pero durante su gestión se tuvieron las cifras más espeluznantes y desesperanzadoras de asesinatos. Todo lo anterior ocurrió, no se olvide nunca, bajo las instancias ejecutivas, legislativas y judiciales de un estado fallido.

Lo que nunca entendieron los gestores y defensores de aquella institucionalidad es que, para combatir a organizaciones criminales de ese nivel, se necesitaba de la acción coordinada y unitaria de los tres órganos del estado, con leyes especiales y procedimientos excepcionales acordes a la lógica y la realidad operativa de dichos grupos, tal como ha quedado demostrado en la praxis.

En esta línea de pensamiento, bien puede afirmarse lo siguiente: no es que hoy se haya perdido la institucionalidad democrática, sino que esta se ha alineado en la misma dirección por mandato del soberano, que es el pueblo, para comenzar a resolver los grandes problemas históricos de los que nunca se ocupó esa decadente clase política que todavía ocupa el espacio de la oposición, si bien cada vez más desintegrada. Esta realidad es la que ha entendido la gente, incluso la más sencilla, y esta es la explicación de las decisiones electorales que han llevado al segundo mandato del presidente Bukele.

El uso del poder

Publicado en Diario El Salvador

La reforma del artículo 248 de nuestra Constitución —aprobada por la Asamblea Legislativa anterior para ser ratificada por la presente, de acuerdo al procedimiento establecido en su mismo texto— ha ocupado la agenda de los diversos espacios de opinión ciudadana, con justa razón debido a la trascendencia que tiene dicho acto legislativo. Esta reforma crea la posibilidad de que cualquier cambio en el texto de la Carta Magna pueda ser hecho realidad dentro del periodo de la misma legislatura que lo aprobó en primera instancia, toda vez concurran las tres cuartas partes de los votos favorables en su ratificación (es decir, no menos de 45 de 60 diputados, lo cual representa una fuerte legitimidad). En términos muy sencillos, significa que la bancada de Nuevas Ideas puede implementar las reformas constitucionales que estime convenientes en este mismo periodo legislativo, sin tener que esperar hasta 2027 para que la siguiente Asamblea las valide con mayoría calificada.

Un primer elemento para analizar —en el que todos los sectores políticos seguramente están de acuerdo, por ser evidente— es que esta llave recién creada representa un gran poder, de una magnitud que no se había visto en décadas en la historia del país. La diferencia es que, en esta ocasión, dicho poder no es arbitrario sino que proviene del pueblo a través del mecanismo establecido por la democracia representativa: el voto. Ciertamente, el proyecto político del presidente Nayib Bukele y su bancada legislativa ha recibido el respaldo popular en sucesivos eventos electorales, siendo además algo sostenido en el tiempo y de carácter abrumador, dados los números absolutos y relativos. Esta afirmación, dicha con la serenidad que impone la realidad, es clave para entender lo que viene.

Ante tal panorama, surge en la ciudadanía la inquietud natural, racional y emotiva a la vez, de para qué va a usarse un poder así de grande, emanado del soberano. Una primera reacción puede ser invocar el conocido axioma filosófico según el cual el poder es algo negativo por sí mismo, conduciendo a la opresión y posibilitando males endémicos, como la corrupción de quienes lo ejercen. Esta postura es históricamente comprensible, dado el modo como se condujeron los destinos de la nación durante casi dos siglos, pero claramente no es la única posibilidad de conceptualizarlo y ejercerlo: usado correctamente, el poder es una herramienta adecuada para resolver los grandes problemas de la gente, impulsando así el cambio social a través de un liderazgo efectivo y eficiente.

Es desde esta última perspectiva que se debe entender ese acto de confianza realizado por la población, al revalidar de manera consciente el mandato del presidente por un periodo más y ampliarle su mayoría en la Asamblea. Las victorias electorales logradas por el ejecutivo y su complemento legislativo, que han posibilitado la actual correlación de fuerzas para implementar reformas constitucionales de manera inmediata, tienen su base principalmente en el uso que le han dado al poder para combatir el terrible flagelo de las pandillas criminales, enquistado en todas las capas sociales.

La lógica más elemental indica que, si el poder así usado logró enfrentar exitosamente un problema ante el cual otros pactaron y se arrodillaron miserablemente, entonces tiene sentido esperar que el poder del soberano, delegado en esas mismas personas, pueda ir resolviendo otros desafíos mayores, como la exclusión social, cultural y económica.

Por supuesto, ese proceso implica riesgos; por eso, el camino de los cambios tendrá que ser vigilado por la población, quien deberá permanecer atenta para prevenir y señalar las fallas, cuando sea preciso hacerlo, usando las maneras y recursos pertinentes, pues en esa constante interacción entre electores y funcionarios está la mayor garantía para alcanzar las grandes metas nacionales.

Citar a Monseñor Romero

Publicado en Diario El Salvador

En la historia de la humanidad, podemos reconocer a personajes que son considerados como fuentes de autoridad y referencias axiológicas por varias razones. De ellos, es común citar alguna frase o discurso para reforzar la propia postura o refutar la ajena en el debate social. Este recurso se basa en el reconocimiento del peso histórico, la importancia y sobre todo la integridad de dichas personas.

El uso de la cita de autoridad, no obstante, debe apegarse a ciertos requerimientos para cumplir su propósito argumentativo y, sobre todo, para respetar el correcto sentido de lo que dijo la figura venerada. Para ello, hay que entender el contexto histórico en el que dicha persona vivió, sus limitaciones y conflictos, en qué sentido y para quiénes pronunció tales palabras. Esto es imprescindible para evitar hacer una extrapolación indebida, extendiendo la validez de una afirmación más allá de su alcance original al aplicarla a una situación que no es pertinente, instrumentalizándola para que se ajuste a una agenda particular.

En nuestro país, tenemos a Monseñor Romero como fuente de citas y frases célebres, por ser una de las tres figuras históricas más relevantes, queridas y admiradas por la población, proclamado santo de la Iglesia Católica en 2018. Desde antes de su asesinato en 1980, ya era tenido como referente por la gente más humilde, aunque al mismo tiempo era odiado por los sectores más recalcitrantes de la derecha política y siempre fue visto con desconfianza por la guerrilla insurgente.

Una vez consumado su magnicidio —producto de una infame conspiración derechista— fue la izquierda armada quien comenzó a manipular la figura del mártir, para asociarlo con aquella pretendida revolución de corte marxista-leninista, poniéndolo en todo tipo de pancartas e incluso canciones emblemáticas (“Monseñor, tu verdad nos hace marchar a la victoria final”). Por otra parte y décadas después, cuando los herederos ideológicos del difunto mayor D’Aubuisson vieron que era políticamente incorrecto referirse en malos términos al amado pastor, la derecha civilizada lanzó a través de sus aparatos mediáticos una versión light de San Óscar Arnulfo, presentándolo a lo más como un anciano dulce, inofensivo y piadoso.

Actualmente, no faltan personas e instituciones que siguen tratando de instrumentalizar su voz, citando y trasladando al presente —de manera simplista y mecánica— frases suyas que fueron dichas en un contexto esencialmente diferente, para sujetos distintos y con intenciones que no son las que dichos activistas convenientemente le quieren atribuir.

Si de citar a Monseñor Romero se trata, en algo no hay que confundirse: él siempre defendió a las víctimas y nunca a los victimarios. En los años 70, los principales perpetradores de las vejaciones eran el ejército y los antiguos cuerpos de seguridad, por eso se dirigió a ellos para exigirles el cese de la brutal represión política. Durante la guerra civil de los 80, sin duda les habría hablado en términos igualmente fuertes a ambos bandos combatientes, por ser ellos los principales propiciadores de dolor y muerte. Pero a partir de los 90, quienes fueron sometiendo progresivamente a la gente a todo tipo de sufrimientos hasta llegar a los más abominables actos de crueldad fueron las innombrables bandas del crimen organizado, autores de una masacre lenta e implacable, sostenida en el tiempo, de aproximadamente 100,000 asesinatos en los 30 años posteriores. Siendo fiel a su esencia, seguramente Monseñor Romero los habría encarado a ellos para reclamarles que “son de nuestro mismo pueblo” y “matan a sus mismos hermanos”, recalcándoles que “ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios, que dice ¡no matar!" Y aunque esa intercesión también le hubiera costado la vida, Monseñor Romero la habría hecho con valentía por amor a su pueblo.

Calenturas ajenas y política exterior

Publicado en ContraPunto

No todo lo que dice la sabiduría popular es sabio, porque los tiempos y las ideologías cambian, y lo que una vez fue incuestionablemente cierto puede haber quedado obsoleto; sin embargo, en la tradición oral hay ocasiones en que se hallan auténticas cápsulas de inteligencia emocional (interpersonal y, en ese sentido, políticas), condensadas como pequeños consejos que son ciertamente iluminadores.

Tal es el caso de la recomendación ancestral de las abuelas: “no andés sudando calenturas ajenas”, en referencia a la inconveniencia de tomar partido en pleitos de terceros, especialmente si el asunto objetivamente no nos incumbe; o si, al meter mano, existe la alta probabilidad de acarrearnos consecuencias negativas.

El mencionado axioma bien podría aplicarse para definir lo que parece ser la política exterior del gobierno de Nayib Bukele, en cuanto a no tomar partido, vía declaraciones oficiales, en conflictos que aquejan a otros países, tanto de la región como del otro lado del mundo. Así se entendería, por ejemplo, que El Salvador no emitiera postura oficial acerca de la guerra entre Rusia y Ucrania, pese a las presiones diplomáticas existentes. Otro caso candente donde hasta hoy se ha guardado silencio es sobre la actual crisis diplomática entre Ecuador y México, originada por la captura del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, convicto pero refugiado en la embajada mexicana en Quito. De la misma forma, este principio de fondo explicaría que El Salvador se haya abstenido de adherirse a pronunciamientos sobre temas de inestabilidad política interna, tanto en países vecinos y sudamericanos.

Cabe acotar que, en esta política de observación pasiva, definitivamente no entran los cruces de declaraciones de Bukele con mandatarios foráneos (Boric y Petro, por ejemplo), así como ciertos comentarios indirectos y alusiones sobre temas de política interna en los Estados Unidos (participación en la CPAC incluida); pues en todos estos casos fueron ellos quienes iniciaron las menciones directas y, en este ámbito, cualquier intercambio de dimes y diretes no es sino una respuesta en los mismos términos (técnicamente, calentura propia y no ajena). Tampoco hay que meter en el mismo saco las posibilidades de colaboración que El Salvador pueda aportar, a partir de su experiencia y si así se lo piden, en la construcción de soluciones que los gobernantes de otras naciones estén implementando en sus propios países, especialmente en el tema de seguridad pública, si estos lo solicitan.

Acerca de la conveniencia o no de aplicar la aludida máxima ancestral (no meter las narices donde no nos corresponde), puede haber mucho debate. Para unos, podría poner en peligro ciertas alianzas estratégicas con los países que presionan por obtener un respaldo o declaración acorde a sus intereses (más de un funcionario europeo mencionó que ellos “recordarán” a aquellos países que no se plegaron a la posición de la OTAN frente a Putin); para otros, en cambio, esta manera de no azuzar la leña en otros lugares puede favorecer una mayor amplitud en las relaciones internacionales, las cuales necesariamente se ven restringidas al alinearse a un solo bloque político o ideológico. Otra posible ventaja añadida que se podría esperar es reciprocidad en cuanto a no meterse en nuestros asuntos internos y evitar posibles expresiones de censura, especialmente porque la figura y el estilo peculiar de gobernar de Nayib Bukele han estado en la mira del establishment.

Lo cierto es que solo el tiempo revelará los frutos de esta manera de conducir las relaciones internacionales del país. De momento, hay que reconocer buena dosis de valentía al tomar ese riesgo y, en ello, recuperar algo de la soberanía nacional que se perdió en décadas anteriores… al menos en cuanto a declaraciones internacionales respecta.

De partidos y favores

Publicado en La Noticia SV

Todos los partidos políticos son instrumentos para acceder al poder, esto es una verdad tan simple como contundente; de ahí que todas las personas o grupos que simpatizan con ellos —se afilian, hacen activismo o los dirigen— siempre tienen algún interés que, según su criterio, puede ser defendido o materializado a través de estos. La naturaleza de los intereses que motivan la militancia política es muy variada: pueden ser desde los más nobles hasta los más pedestres, colectivos o individuales, objetivos o subjetivos, ocultos o confesados; lo cierto es que nadie está en un partido político sólo por amor al arte.

A partir de lo anterior (no por obvio menos verdadero), hay que entender que en la construcción y gestión de un partido político intervienen muchísimas personas en todos los niveles, cada una de las cuales tiene intereses propios que debe compaginar y equilibrar con otros tantos intereses ajenos, en una relación quid pro quo. De ahí que estas instituciones descansen sobre un complejo andamiaje de lealtades y recompensas, o lo que es lo mismo, pago de favores. Quien crea que estas congregaciones funcionan por puro altruismo, peca de mucha ingenuidad.

Por supuesto, la administración de estas estructuras político-partidarias requiere de mucha sabiduría, a fin de mantener cierto sentido de justicia entre sus militantes, en lo tocante a los beneficios mencionados; pero también exige del mayor apego posible a criterios superiores de honestidad y eficiencia, cuando lo que se da afecta a personas más allá del ámbito partidario (entiéndase, la administración pública).

Aterrizando el tema en la actualidad política nacional, llama la atención una fuerte polémica alrededor del partido Nuevas Ideas, visibilizada en redes sociales por algunos de sus miembros y simpatizantes (muchos llamados “de criterio propio”) y amplificada por uno de sus estrategas más importantes. Se trata de la aparente confirmación, vía audio filtrado, de que en la Asamblea Legislativa habría plazas laborales o de asesores que fueron asignadas no por competencias profesionales, sino por vínculos familiares con un activista cian residente en el exterior. Obviamente dicha práctica, en caso de resultar cierta la denuncia, tampoco sería cosa nueva sino más bien tradicional, pero precisamente allí está el detalle: que el partido del presidente Bukele no tendría que comportarse como “los mismos de siempre”.

La interrogante esencial, más allá de cómo resuelvan el asunto, es hasta qué punto un partido político en el ejercicio del poder puede existir y manejarse de manera esencialmente distinta a como lo han hecho sus antecesores. Aunque esto esté muy normalizado, está claro que otorgar plazas estatales a cambio de apoyos partidarios es algo muy mal visto por la población, no solo porque destina fondos públicos para beneficios particulares, sino también porque atenta contra la eficiencia del Estado.

Este tema revela un pernicioso hábito, profundamente arraigado en nuestra idiosincrasia, del cual ningún partido político —antiguo o nuevo, grande o pequeño— puede declararse libre de culpa. Tampoco es un problema menor o que no traiga consecuencias, pues los resultados electorales han demostrado que la gente repudia estas prácticas y acaba pasando factura (si no, pregunten a Arena y especialmente al FMLN).

En el plano de lo ideal, en la gestión de Nuevas Ideas tendría que prevalecer el interés superior de una causa, que es la refundación nacional bajo principios orientados al beneficio de la población, servir y no servirse del poder, en donde quienes se adhieran a este proyecto lo hagan por convicción y no por dádivas. Pero el mundo real es otra cosa, cinismo aparte. La pregunta clave es si Nuevas Ideas tendrá la inteligencia política suficiente para encontrar un equilibrio práctico entre los apoyos que reciba y las gracias que devuelva, sin deteriorar gravemente su imagen ante la población, previniendo y suprimiendo a tiempo situaciones como la apuntada, que pueden caer en el terreno de lo escandaloso.

Éxito ampliado

Ha concluido una edición más del Certamen de Debate Intercolegial, organizado por la ESEN, en el cual participó este nuevo equipo Perico del Colegio Externado de San José, bajo mi tutela. La institución ha estado presente desde la primera vez en 2009, pero el agitado ejercicio de acompañamiento y coaching lo vengo realizando hace ocho ediciones, con resultados educativos bastante satisfactorios y una pequeña colección de logros acreditados (4 bronces, 1 plata, 2 oros y cosas aún por contar).

En esta ocasión, nos correspondió el tercer lugar. Si bien nos quedó la sensación de que pudo ser para más, en el transcurso del tiempo hemos aprendido a respetar la diversidad de criterios de los jueces, por lo que —atendiendo al puro resultado— nos declaramos satisfechos.

Mi logro personal más disciplinado (como docente rumbo a la jubilación) lo ubico en otra área, que es la progresiva autonomía de mis estudiantes. Me explico: a veces, en la urgencia competitiva, uno tiende a tener demasiado protagonismo en la construcción del caso a debatir, lo cual puede llegar a quitarles espacio de desarrollo a los y las jóvenes, aparte de significar una importante carga de estrés para mi propia humanidad. En esta ocasión, creo haber logrado avanzar un paso más en la dirección correcta, permitiéndoles saber y sentir que la tarea ha sido principalmente de ellos y entendiendo que el galardón es merced a sus virtudes.

Agradezco mucho a Gabriela Castro y Adriana Hernández, sólidas argumentadoras principales; Lara Lemus, elegante oradora; y Rafael Iraheta, diligente miembro suplente y ojo crítico interno; así como a nuestros apoyos Gabriel Palomo, inspirado redactor; y Samadhi Ayala, combativa asesora.

¡Felicitaciones y muchos éxitos en sus vidas!