Publicado en La Noticia SV
Todos los partidos políticos son instrumentos para acceder al poder, esto es una verdad tan simple como contundente; de ahí que todas las personas o grupos que simpatizan con ellos —se afilian, hacen activismo o los dirigen— siempre tienen algún interés que, según su criterio, puede ser defendido o materializado a través de estos. La naturaleza de los intereses que motivan la militancia política es muy variada: pueden ser desde los más nobles hasta los más pedestres, colectivos o individuales, objetivos o subjetivos, ocultos o confesados; lo cierto es que nadie está en un partido político sólo por amor al arte.
A partir de lo anterior (no por obvio menos verdadero), hay que entender que en la construcción y gestión de un partido político intervienen muchísimas personas en todos los niveles, cada una de las cuales tiene intereses propios que debe compaginar y equilibrar con otros tantos intereses ajenos, en una relación quid pro quo. De ahí que estas instituciones descansen sobre un complejo andamiaje de lealtades y recompensas, o lo que es lo mismo, pago de favores. Quien crea que estas congregaciones funcionan por puro altruismo, peca de mucha ingenuidad.
Por supuesto, la administración de estas estructuras político-partidarias requiere de mucha sabiduría, a fin de mantener cierto sentido de justicia entre sus militantes, en lo tocante a los beneficios mencionados; pero también exige del mayor apego posible a criterios superiores de honestidad y eficiencia, cuando lo que se da afecta a personas más allá del ámbito partidario (entiéndase, la administración pública).
Aterrizando el tema en la actualidad política nacional, llama la atención una fuerte polémica alrededor del partido Nuevas Ideas, visibilizada en redes sociales por algunos de sus miembros y simpatizantes (muchos llamados “de criterio propio”) y amplificada por uno de sus estrategas más importantes. Se trata de la aparente confirmación, vía audio filtrado, de que en la Asamblea Legislativa habría plazas laborales o de asesores que fueron asignadas no por competencias profesionales, sino por vínculos familiares con un activista cian residente en el exterior. Obviamente dicha práctica, en caso de resultar cierta la denuncia, tampoco sería cosa nueva sino más bien tradicional, pero precisamente allí está el detalle: que el partido del presidente Bukele no tendría que comportarse como “los mismos de siempre”.
La interrogante esencial, más allá de cómo resuelvan el asunto, es hasta qué punto un partido político en el ejercicio del poder puede existir y manejarse de manera esencialmente distinta a como lo han hecho sus antecesores. Aunque esto esté muy normalizado, está claro que otorgar plazas estatales a cambio de apoyos partidarios es algo muy mal visto por la población, no solo porque destina fondos públicos para beneficios particulares, sino también porque atenta contra la eficiencia del Estado.
Este tema revela un pernicioso hábito, profundamente arraigado en nuestra idiosincrasia, del cual ningún partido político —antiguo o nuevo, grande o pequeño— puede declararse libre de culpa. Tampoco es un problema menor o que no traiga consecuencias, pues los resultados electorales han demostrado que la gente repudia estas prácticas y acaba pasando factura (si no, pregunten a Arena y especialmente al FMLN).
En el plano de lo ideal, en la gestión de Nuevas Ideas tendría que prevalecer el interés superior de una causa, que es la refundación nacional bajo principios orientados al beneficio de la población, servir y no servirse del poder, en donde quienes se adhieran a este proyecto lo hagan por convicción y no por dádivas. Pero el mundo real es otra cosa, cinismo aparte. La pregunta clave es si Nuevas Ideas tendrá la inteligencia política suficiente para encontrar un equilibrio práctico entre los apoyos que reciba y las gracias que devuelva, sin deteriorar gravemente su imagen ante la población, previniendo y suprimiendo a tiempo situaciones como la apuntada, que pueden caer en el terreno de lo escandaloso.
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