Una vez conocida la denuncia de abuso sexual contra Monseñor Jesús Delgado, hecha a través de la Secretaria de Inclusión Social, así como la aceptación del caso por parte de la jerarquía católica salvadoreña, la gente ha soltado todo tipo de comentarios y valoraciones, que incluyen desde las usuales expresiones declaradamente estúpidas (como insinuar que la víctima o su familia propiciaron los abusos) hasta las defensas inconscientes del agresor (como culpar al celibato o al Diablo que pudo tentarlo).
Como se sabe de acuerdo a lo informado por la SIS, y confirmado por la propia Iglesia Católica, la denunciante tiene en la actualidad 42 años. El abuso sexual continuado fue cometido cuando la víctima tenía entre 8 y 17 años de edad, es decir, entre 1981 y 1990; por tanto, ante la ley el delito prescribió en 2000 y no procede acción penal.
La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué la señora hace la denuncia hasta ahora, 25 años después?
Este tipo de cuestionamientos son pronunciados por personas de buena fe, seguramente sin mala intención, pero tristemente arraigados en esa amalgama de creencias, prejuicios e ignorancias a la que solemos llamar “nuestra cultura y tradiciones”.
Además de las ya conocidas explicaciones de especialistas en el tema, sobre la psicología de la víctima, me parecen pertinentes las siguientes consideraciones para abonar respuestas a dicha pregunta.
Las dejo acá para su análisis.
- Por el aura de divinidad de la Iglesia y sus funcionarios
La Iglesia se enviste a sí misma como divina y hay mucha gente que así lo cree. Fieles devotos se refieren a los sacerdotes como aquellos designados por Dios para guiar a su rebaño.
Aceptar la filiación sobrenatural de una institución y sus funcionarios inhibe fuertemente la denuncia de los delitos que puedan cometer, porque sobre la parte acusadora pesa la amenaza imaginaria de la condenación, así como la acusación real de que su motivación no es buscar la justicia sino sumarse a la “campaña mundial de desprestigio contra la Iglesia”.
No es sino hasta que se entienden las cosas de otro modo y se ven posibilidades reales de que la denuncia reciba atención y adecuada respuesta, cuando es posible actuar de modo diferente. Pero estos procesos pueden tomar mucho tiempo.
- Porque el caso ya no requiere del sistema judicial
Esta razón es paradójica a primera vista, pero no carece de lógica.
El punto de partida es la sensación generalizada que el sistema judicial salvadoreño más bien garantiza la injusticia y la impunidad, y abundan los ejemplos para ilustrarlo.
La hipótesis (por demás imposible de comprobar) es que si los abusos sufridos por la víctima todavía fueran objeto de acción penal, seguramente habría continuado sin denunciarlos, ya que su suerte estaría en manos de un órgano judicial ineficiente y corrupto.
Pero al canalizar la denuncia a través de la Secretaría de Inclusión Social, cuando el delito ya prescribió, el tema se traslada al campo de lo moral, donde las condenas no implican prisión y las reticencias son ciertamente menos feroces.
- Porque hasta hoy hay un fuerte liderazgo reivindicativo
La gente acude allí donde siente confianza y posibilidades de ser atendida.
Según la información publicada, la denuncia se conoció primero en Ciudad Mujer, y de allí pasó al tribunal eclesiástico.
Las luchas reivindicativas feministas son recientes, diversas y mucha gente ha participado en ellas; pero, más allá de simpatías o antipatías particulares, es un hecho cierto que muchas personas, especialmente mujeres, ven en la persona de Vanda Pignato una líder en la defensa de sus derechos.
La aceptación pública de los hechos, por parte de la jerarquía católica, vino solo 24 horas después de que la Dra. Pignato mencionara públicamente el caso. No creemos ser escépticos en exceso si dudamos que el Arzobispado hubiera dicho algo de no ser por la presión mediática derivada de dicha alocución.
La mención particular no va por el culto a la personalidad, sino por la evidencia de que hay acciones personales capaces de incidir en el decurso de los acontecimientos.
- Porque antes la Iglesia habría desestimado el caso
Si la Iglesia Católica manifiesta en la actualidad una política clara y explícita contra delitos sexuales cometidos por sus funcionarios, es porque no le quedó más remedio, tras la avalancha de denuncias y testimonios de las últimas décadas.
Pero en los años ochenta la situación era distinta.
Hay suficientes evidencias para afirmar que la política implícita de la Iglesia Católica era no solo soslayar sino hasta proteger a los agresores. Esto ocurrió al más alto nivel, pues hay fuertes indicios de que hasta el papa Juan Pablo II en un momento arropó con el manto de la protección eclesial al pederasta Marcial Maciel, de los Legionarios de Cristo.
Así pues, mucho sufrimiento y mucha valentía de las personas denunciantes ha tenido que haber a través de los años para que la Iglesia se ponga del lado de las víctimas.
