La Red Soros Plus

Publicado en Diario El Salvador

A mediados de abril tuvo lugar en Barcelona, España, la Movilización Progresista Global (GPM, por sus siglas en inglés), una cumbre que reunió a líderes y organizaciones del espectro ideológico de la izquierda y el progresismo. Una de las presencias más destacadas fue la de Alexander Soros, de Open Society Foundations, quien reafirmó el compromiso financiero de su red con las causas que promueven. Esta convergencia entre magnates, activistas y mandatarios debe entenderse como la manifestación explícita y ahora pública de un frente político orientado a enfrentar el avance de los movimientos conservadores en el mundo occidental.

De un tiempo acá —en mis artículos, entrevistas y redes sociales— he venido utilizando el término Red Soros Plus para referirme a ese mismo sujeto colectivo que financia, entre otras cosas, la agenda antigobierno en El Salvador. No se trata de un hallazgo aislado: desde hace años, muchos han planteado la necesidad de reconocer la existencia de redes transnacionales de activismo, financiamiento e influencia ideológica, bajo el concepto de “globalismo”. No es una estructura jerárquica en sentido estricto, sino un ecosistema amplio en el que distintos actores coinciden en valores, diagnósticos y prioridades, y que actúan con notable sincronía en momentos clave.

El progresismo, como base ideológica de esta red, se articula alrededor de un anticapitalismo militante y la lucha contra las relaciones de supuesta opresión sobre diversas minorías. Son causas que, a primera vista, resultan atractivas —como el discurso de los derechos humanos—, pero que a menudo sirven de vehículo para la difusión de un neomarxismo sociocultural. El caso salvadoreño ha captado la atención de ese entramado especialmente en materia de criminalidad, pues los resultados obtenidos en seguridad pública desde 2019 chocan frontalmente con la visión que promueve dicha red, donde el énfasis tiende a desplazarse desde la responsabilidad individual hacia factores estructurales como la exclusión y el determinismo social. A partir de ahí, la Red Soros Plus impulsa narrativas y políticas que favorecen interpretaciones permisivas e hipergarantistas del fenómeno delictivo, con la consiguiente tendencia a justificar o defender al delincuente.

Precisamente por la ruptura —no solo discursiva y simbólica, sino práctica— que representa la estrategia de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele, la reacción de la Red Soros Plus ha sido especialmente feroz, intensa y sostenida. Las críticas no son ocasionales sino sistemáticas, para convertirse en un relato consistente que enfatiza denuncias, mientras ignora, minimiza o relativiza logros concretos en un ámbito tan sensible como la seguridad ciudadana. No es solo una discrepancia técnica, sino un choque de modelos y de concepción del orden social.

La convergencia en discursos, enfoques y validación mutua entre actores de la Red Soros Plus refuerza la idea de que operan con coherencia: desde oenegés como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, hasta medios que amplifican esas posturas —como El País y Deutsche Welle, entre otros. En este engranaje, el financiamiento cumple un papel relevante. A nivel local, organizaciones como Cristosal y medios como El Faro han recibido por años este tipo de apoyo. No siempre existe una dirección explícita ni una coordinación formal, pero la coincidencia ideológica previa facilita que los recursos fluyan como un mecanismo de amplificación, consolidando agendas y posicionamientos en distintos niveles.

Que a algunos les parezcan acertadas o equivocadas sus banderas no es el punto. Lo central es reconocer que la Red Soros Plus existe y posee capacidad de influencia, financiamiento y proyección internacional. Negarlo impide comprender el escenario real de las confrontaciones políticas e ideológicas. Dinámicas similares ya se vivieron en el país en los años 70. En estas batallas socioculturales, la ingenuidad —actuar como si se hubiera nacido ayer— se convierte en una vulnerabilidad inaceptable.

El neumólogo del desdén

A finales de los años 90, mi hijo estuvo en control médico durante cierto tiempo con un neumólogo, por un padecimiento que con los años superó satisfactoriamente. Elegimos al galeno porque formaba parte de la red de un seguro médico empresarial que, por aquel entonces, nos daba cobertura. Sus credenciales profesionales eran incuestionables; no así su actitud.

Como es habitual en los seguros médicos privados, los honorarios por consulta tenían una tarifa preferencial. La lógica es un quid pro quo: el profesional cobra un poco menos, pero gana clientes que llegan a él precisamente por ser miembro de esa red.

Con lo que no contábamos era con la discriminación constante que el tipo nos hacía en todas y cada una de las consultas. No importaba la hora a la que llegáramos a la clínica, con o sin cita: el señor siempre, siempre nos atendía de último, incluso después de que hubieran pasado consulta todos y cada uno de los pacientes que pagaban la tarifa normal. Así estuviésemos desde la mismísima madrugada, las horas y horas de espera eran su manera de decirnos que nosotros merecíamos menos de su valiosa atención profesional. Trato de limosneros.

En retrospectiva, sigo sin entender ese comportamiento tan poco ético. Si él no estaba conforme con los honorarios asignados por la red, lo procedente era salirse de ella. ¿Por qué seguir, si no? Porque permanecer para tratar a sus pacientes como personas de segunda categoría hace sospechar que algo en su autoestima debía estar muy dañado.

La caja comelona

El año pasado, en la institución educativa donde laboro, comenzó a difundirse la intención de prohibir los celulares durante la jornada académica, para este año. Personalmente, eso me generó un debate interno: encontraba razones válidas tanto a favor como en contra y no terminaba de tomar una postura clara… hasta que ocurrió algo en clase.

Aunque ya existía la indicación de no usarlos en el aula, siempre había algún estudiante que lo mantenía medio oculto. En esos casos, yo activaba “la caja comelona”: una cajita de plástico donde guardaba los teléfonos para devolverlos al finalizar la hora.

Un día, en una de esas pequeñas batallas cotidianas, la caja “ingirió” un aparatito recién descubierto. Pero lo verdaderamente llamativo fue la reacción del estudiante: un rostro de angustia y desesperación que me sorprendió. Literalmente, suplicaba que no se lo quitara. Pensé que habría algo importante… pero no: estaba jugando en línea.

Ahí entendí que el problema no era solo la distracción, sino un nivel de apego mucho más fuerte, cercano a la adicción, que yo no había dimensionado. Ese episodio terminó por inclinarme a favor de la medida de prohibir los celulares.

Este año, ya sin celulares, el ambiente en clase es más “normal”, dentro de los retos que siempre existen, especialmente desarrollar la atención y el pensamiento analítico.

Lo que no sé es si en casa están compensando el tiempo de pantalla que no tienen en el colegio. 🤔

GIPES, un informe pro pandillas

Publicado en Diario El Salvador

A mediados de marzo de este año, se conoció un documento titulado “El Salvador en la encrucijada”, elaborado por un grupo de “expertos y expertas”, conocido como GIPES, creado con la finalidad específica de producir dicho material. Pasados varios días de esa entrega, tiempo suficiente para alejarse de reacciones viscerales, es oportuno emitir una valoración ciudadana acerca de su contenido y, sobre todo, su finalidad o propósito.

La afirmación básica de los autores de dicho informe es que tienen “bases razonables para creer” que el actual gobierno salvadoreño ha cometido graves violaciones a Derechos Humanos, en el marco de la política de seguridad pública y el régimen de excepción, en magnitud tal que, según ellos, constituirían crímenes de lesa humanidad. Para sostenerlo, se basan en fuentes de un ecosistema conocido de organizaciones de la “sociedad civil” (Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario, etc.), supuestos testimonios individuales y, además, notas periodísticas de medios afines que los validan y amplifican. Todo esto lleva a pensar en un sistema de autovalidación, un circuito cerrado con características endogámicas.

Una primera lectura crítica exige no confundirse con semejante punto de partida. Una cosa es la posibilidad real de que algunos agentes del orden hayan cometido excesos y abusos —muchos ya sancionados, judicializados e incluso condenados— y otra muy distinta es presentar un escenario de violaciones sistemáticas a derechos fundamentales, como premisa para llegar a conclusiones preestablecidas y recomendaciones temerarias. Es precisamente esta última narrativa la que pone dicho informe en sospechosa consonancia con los cíclicos intentos para sabotear la política de seguridad ciudadana en El Salvador, por parte de un conocido entramado político-ideológico con fuerte financiamiento internacional.

La clave para entender el propósito último del informe del GIPES es analizar sus conceptos clave y, sobre todo, sus recomendaciones explícitas. Un primer elemento que llama la atención es que describen la guerra contra las pandillas como un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, invocando el artículo 7 del Estatuto de Roma. Literalmente, para estos “expertos y expertas” en Derechos Humanos, las pandillas han sido las víctimas y no los victimarios. ¡El mundo al revés!

A todos los 89,000 “pandilleros o percibidos como tales” los ponen en la categoría de “detenciones arbitrarias”. De acuerdo con esa definición, la única solución legal sería, necesariamente, liberarlos de inmediato, pues las autoridades no tendrían ninguna causa legal para mantenerlos presos. Ante la magnitud de esta petición, el rechazo de la ciudadanía ha sido claro, por lo que los autores del informe y sus patrocinadores han debido salir a negar que hayan pedido lo que, de hecho, sí piden. Tiran la piedra y esconden la mano.

Por si no bastara con lo antes expuesto, las recomendaciones explícitas del informe son las que merecen atención y la activación de alertas. Primero, piden quitar el régimen de excepción; es decir, la herramienta principal que ha permitido desarticular a las pandillas, nada nuevo en el discurso opositor. Pero eso no es lo único ni lo más grave. Literalmente, piden “derogar la legislación penal, procesal penal y penal juvenil complementaria a la normativa de emergencia”; o sea, plantean suprimir las herramientas legales con las que cuenta el Estado salvadoreño para enfrentar eficazmente a las estructuras criminales que tanto daño infligieron a la población durante casi tres décadas. También piden “desmilitarizar la seguridad pública”, para que la Fuerza Armada no apoye ni acompañe a la Policía Nacional Civil en patrullajes ni operativos contra la delincuencia. Y, para rematar, piden —bajo subterfugios retóricos— restituir a los magistrados de la antigua Sala de lo Constitucional, así como a los jueces del hipergarantismo. En suma, piden crear el entorno jurídico ideal para el regreso de las pandillas.

Por lo anteriormente expuesto, el informe del GIPES debe ser entendido como lo que es: un informe pro-pandillas. Habrá quienes, por agenda financiada o distorsión ideológica, traten de presentarlo como un aporte a la protección universal de los Derechos Humanos, pero la realidad es otra: su objetivo es revertir los avances logrados y que El Salvador vuelva a ser ese estado fallido que, no hace mucho, fue: una democracia de fachada que nos costó más de 100,000 víctimas mortales y sufrimientos inenarrables.