Publicado en Diario El Salvador
A mediados de marzo de este año, se conoció un documento titulado “El Salvador en la encrucijada”, elaborado por un grupo de “expertos y expertas”, conocido como GIPES, creado con la finalidad específica de producir dicho material. Pasados varios días de esa entrega, tiempo suficiente para alejarse de reacciones viscerales, es oportuno emitir una valoración ciudadana acerca de su contenido y, sobre todo, su finalidad o propósito.
La afirmación básica de los autores de dicho informe es que tienen “bases razonables para creer” que el actual gobierno salvadoreño ha cometido graves violaciones a Derechos Humanos, en el marco de la política de seguridad pública y el régimen de excepción, en magnitud tal que, según ellos, constituirían crímenes de lesa humanidad. Para sostenerlo, se basan en fuentes de un ecosistema conocido de organizaciones de la “sociedad civil” (Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario, etc.), supuestos testimonios individuales y, además, notas periodísticas de medios afines que los validan y amplifican. Todo esto lleva a pensar en un sistema de autovalidación, un circuito cerrado con características endogámicas.
Una primera lectura crítica exige no confundirse con semejante punto de partida. Una cosa es la posibilidad real de que algunos agentes del orden hayan cometido excesos y abusos —muchos ya sancionados, judicializados e incluso condenados— y otra muy distinta es presentar un escenario de violaciones sistemáticas a derechos fundamentales, como premisa para llegar a conclusiones preestablecidas y recomendaciones temerarias. Es precisamente esta última narrativa la que pone dicho informe en sospechosa consonancia con los cíclicos intentos para sabotear la política de seguridad ciudadana en El Salvador, por parte de un conocido entramado político-ideológico con fuerte financiamiento internacional.
La clave para entender el propósito último del informe del GIPES es analizar sus conceptos clave y, sobre todo, sus recomendaciones explícitas. Un primer elemento que llama la atención es que describen la guerra contra las pandillas como un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, invocando el artículo 7 del Estatuto de Roma. Literalmente, para estos “expertos y expertas” en Derechos Humanos, las pandillas han sido las víctimas y no los victimarios. ¡El mundo al revés!
A todos los 89,000 “pandilleros o percibidos como tales” los ponen en la categoría de “detenciones arbitrarias”. De acuerdo con esa definición, la única solución legal sería, necesariamente, liberarlos de inmediato, pues las autoridades no tendrían ninguna causa legal para mantenerlos presos. Ante la magnitud de esta petición, el rechazo de la ciudadanía ha sido claro, por lo que los autores del informe y sus patrocinadores han debido salir a negar que hayan pedido lo que, de hecho, sí piden. Tiran la piedra y esconden la mano.
Por si no bastara con lo antes expuesto, las recomendaciones explícitas del informe son las que merecen atención y la activación de alertas. Primero, piden quitar el régimen de excepción; es decir, la herramienta principal que ha permitido desarticular a las pandillas, nada nuevo en el discurso opositor. Pero eso no es lo único ni lo más grave. Literalmente, piden “derogar la legislación penal, procesal penal y penal juvenil complementaria a la normativa de emergencia”; o sea, plantean suprimir las herramientas legales con las que cuenta el Estado salvadoreño para enfrentar eficazmente a las estructuras criminales que tanto daño infligieron a la población durante casi tres décadas. También piden “desmilitarizar la seguridad pública”, para que la Fuerza Armada no apoye ni acompañe a la Policía Nacional Civil en patrullajes ni operativos contra la delincuencia. Y, para rematar, piden —bajo subterfugios retóricos— restituir a los magistrados de la antigua Sala de lo Constitucional, así como a los jueces del hipergarantismo. En suma, piden crear el entorno jurídico ideal para el regreso de las pandillas.
Por lo anteriormente expuesto, el informe del GIPES debe ser entendido como lo que es: un informe pro-pandillas. Habrá quienes, por agenda financiada o distorsión ideológica, traten de presentarlo como un aporte a la protección universal de los Derechos Humanos, pero la realidad es otra: su objetivo es revertir los avances logrados y que El Salvador vuelva a ser ese estado fallido que, no hace mucho, fue: una democracia de fachada que nos costó más de 100,000 víctimas mortales y sufrimientos inenarrables.
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