¿Moral por decreto?

Con el concurso de los partidos políticos conservadores, el pasado 11 de febrero la Asamblea Legislativa modificó la Ley General de Educación, a fin de que en colegios, institutos y escuelas nacionales (públicos y privados) se imparta la materia de Moral, Urbanidad y Cívica.

Apartando las dudosas evocaciones nostálgicas de la década de los sesentas (cuando “todo era mejor” y las personas eran “respetuosas y educadas”), esta medida nace como respuesta al evidente deterioro de los valores en la sociedad, agobiada no solo por la violencia delincuencial que alcanza niveles pandémicos, sino por otros índices no menos preocupantes en los que El Salvador se ubica en penosos primeros lugares (p. ej.: agresiones sexuales, corrupción pública y privada, niñas y adolescentes embarazadas, irrespeto a las leyes de tránsito, el insulto como recurso habitual, etc.).

La pregunta clave es qué tan efectiva puede ser esta materia para los fines buscados.

A falta de estudios que demuestren la correlación entre contenidos teóricos y prácticas reales, el resultado de la mencionada iniciativa solo puede estar sujeto a especulaciones basadas en la argumentación discursiva.

En principio, la reflexión sobre contenidos éticos es intrínsecamente provechosa, toda vez no se desnaturalice para convertirla en moralismo de ocasión.

El Ministerio de Educación debe tener sumo cuidado para elaborar un buen programa de estudios con contenidos orientados a promover valores como el respeto, la tolerancia, la justicia, la responsabilidad y la honestidad, entre otros.

Sin embargo, lo más importante en el aula quizá sea el método que se implemente para desarrollar los temas, el cual debe ser participativo, incluyente y que propicie la actividad de los estudiantes en las reflexiones que se hagan. De otra manera, se caerá en el mero sermón que solo reforzará a los ya convencidos, si es que no los aburre.

Una observación importante es que, aun cuando esta iniciativa busca que el aula incida en la sociedad, lo cierto es que las cosas parecen funcionar mayoritariamente en otra dirección: es la sociedad la que incide en el aula.

Si los estudiantes ven que en cualquier trabajo no se progresa por méritos sino por favores y compadrazgos; si niños y niñas tienen claros ejemplos de conductas inmorales en las instancias estatales judiciales, legislativas y ministeriales; si los propios líderes religiosos a quienes siguen sus familias son quienes han cometido abusos sexuales y sus rebaños los justifican o defienden; si las instituciones encargadas de perseguir el delito e impartir justicia son sinónimo de ineficiencia y desconfianza; en una palabra: si el ejemplo no viene de los adultos/as actuales, ya podrán impartir las cátedras que quieran, pero la incidencia será insignificante.

La moral es una convicción y una práctica cotidiana, no viene solo por decreto.

Alerta pensiones

Desde hace varios años, tanto el gobierno como diversas personas e instituciones han venido planteando reformas sustanciales al sistema de pensiones. Los siguientes párrafos explican de modo sucinto el estado de cosas, a fin de tener un conocimiento más realista y opinar con cierto fundamento.

En el antiguo sistema de pensiones ISSS-INPEP (llamado “de reparto”), una persona podía jubilarse con una pensión del 70% de su salario, por una contribución obligatoria relativamente pequeña durante su vida laboral. Naturalmente, la gente lo añora, pero ese sistema quebró aquí y en otros países, porque los pagos pronto acabaron siendo mucho mayores que los aportes. El subsidio suena bien cuando uno no tiene que financiarlo, y el dinero de ese fondo común no corrió la suerte de aquellos panes y peces milagrosamente multiplicados.

La realidad obligó al cambio y fue así como en 1998 comenzó a funcionar el nuevo Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), en el cual cada persona ahorra obligatoriamente durante décadas, vía AFP, aproximadamente la décima parte de su salario y, llegado el momento del retiro, puede disponer de su capital más intereses, ya sea totalmente o en cuotas.

Casi veinte años después de creado, este sistema de ahorro privado goza de estabilidad financiera, pero por sí mismo sólo es capaz de dar pensiones que apenas superan el 30% del salario. No hay truco. Para subir el monto, además de mejorar las condiciones de inversión de los fondos, tendrían que subir las cotizaciones y aumentar la edad mínima de jubilación (55 años para mujeres y 60 para hombres, las más bajas de Centroamérica). El dinero no crece en arbustos.

Pero el mayor problema no está ahí, sino en el enorme déficit que dejó el anterior sistema público, para cuya solución no se tomaron medidas oportunas ni cuando se cambió al nuevo esquema ni en los años posteriores. El Estado quedó con la obligación de pagar las pensiones de decenas de miles de antiguos afiliados, además de trasladar a las AFP lo aportado por quienes migraron voluntariamente al nuevo sistema y compensar sus beneficios, así como asumir la pensión mínima para los jubilados del SAP cuando se agoten sus saldos. El valor total estimado de dicha deuda supera los veinte mil millones de dólares: eso es lo que el Estado deberá pagar hasta que fallezca el último beneficiario del antiguo sistema público.

Cuando las reservas del ISSS e INPEP se agotaron a principios del milenio, para hacer frente a las obligaciones estatales se creó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) en 2006, que prácticamente es un préstamo forzoso que las AFP deben conceder al Estado. En otras palabras: las pensiones y compensaciones del sistema público se pagan hoy con los ahorros de los afiliados al SAP, pero como el interés pagado a los acreedores es bajísimo (1.4% en promedio), cuando finalmente se amortice la deuda ese capital prestado por los trabajadores/as habrá perdido valor real. Además, está a punto de alcanzarse el límite legal permitido (es decir, esa tarjeta pronto va a topar).

La salida inmediata que el actual gobierno estaría proponiendo es un sistema mixto, donde los ahorros de quienes ganan hasta dos salarios mínimos serían trasladados del sistema privado a uno público, manejados por el Estado. De esta manera, habría fondos frescos para honrar la deuda previsional pública por un tiempo. Las AFP seguirían operando con el resto de la población cotizante, que sería la minoría.

Tal propuesta mueve a desconfianza.

El riesgo de poner esos fondos directamente en manos del Estado sería el mismo que si usted le diera en custodia una barra de oro a un su amigo/a que tiene deudas hasta el cuello, vive asediado por sus acreedores (prácticamente escondiéndose de ellos) y está en mora con varias casas comerciales. Ese valor podría diluirse con facilidad, al tenor de las urgencias del momento, sean políticas o económicas.

La solución a este problema no es fácil y tampoco admite demagogias e irresponsabilidades. Hace falta un análisis multisectorial muy técnico y muy serio, por las implicaciones humanas que tiene. Esto no puede depender de las típicas negociaciones políticas para conseguir los votos necesarios.

Este artículo fue publicado en La Prensa Gráfica, edición del domingo 7 de febrero de 2016.

* Vaya mi agradecimiento para Maryelos y Lourdes, exalumnas y ahora periodistas del área económica, quienes gentilmente leyeron el borrador y me hicieron las observaciones pertinentes a los aspectos técnicos.

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Cinco malas pancartas sobre pensiones

En medio del desconocimiento generalizado, tanto del funcionamiento de los sistemas de pensiones en El Salvador como de la propuesta gubernamental para reformarlos, y entre la propaganda política asociada al tema, se escuchan afirmaciones contundentes que, cuando no son falsas, son verdades a medias que conducen al engaño.

A continuación, se explican de la manera más franca y sencilla posible.

• Las AFP nos roban nuestro dinero

FALSO. Los ahorros de los cotizantes están allí; es más: el 82% de ellos está invertido en títulos, bonos o certificados gubernamentales (el 45% es obligatorio). Lo que la voz popular llama “robo” es el 2.2% del salario individual que cada cotizante paga a las AFP por manejar su cuenta y además el seguro en caso de muerte. Esa comisión es el capital con que dichas instituciones cubren sus costos de operación y además obtienen un buen margen de ganancia, que ronda el 44% (y no está sujeto a las limitantes regulaciones de inversión de los ahorros). Discusión aparte es si esa comisión se les podría rebajar y abonar la diferencia a las cuentas de los afiliados.

• El gobierno quiere robarse los ahorros de los trabajadores

FALSO. Según se sabe de manera no oficial (entre secretos de pasillo), lo que quiere hacer el gobierno es manejar directamente las cuentas de quienes ganan hasta dos salarios mínimos. Al recibir esas cotizaciones, tendría dinero para cumplir con el pago de pensiones del antiguo sistema público por un tiempo. Las AFP manejarían menos dinero. La duda surge porque para años venideros no está claro de dónde provendrán los fondos para pagar a quienes hoy cotizan y entonces se jubilen.

• El antiguo Sistema Público de Pensiones estaba bien

SÍ PERO NO. Jubilarse con una pensión del 70% del salario es excelente si el dinero viene de las cotizaciones e impuestos de otros. El SPP era insostenible con trabajadores que aportaban al ISSS el 3.5% de su salario, por eso quebró.

• El Sistema de Ahorro Privado solo puede dar malas pensiones

DEPENDE. Aunque es verdad que las pensiones que actualmente puede dar el SAP apenas superan el 30% del salario, esto no se debe al sistema en sí, sino a que gran parte de la inversión es obligatoria hacerla en certificados estatales, que pagan interés bajísimo (promedio 1.4%), mientras que la otra parte tiene varias limitaciones, tanto de ley como pragmáticas en el mercado de valores local. Con una rentabilidad sostenida en el tiempo y cercana al 8% las pensiones futuras casi se duplicarían, pero es ideal. La realidad posible las ubicaría en un término medio.

• No se subirá la edad de jubilación

MUY DUDOSO. Las edades de jubilación salvadoreñas son las más bajas de Centroamérica. Una mujer que se jubile a los 55 años tiene una expectativa de vida de 86 años; es decir: si trabajó 30, vivirá pensionada 31, dos tercios de eso con pensión estatal mínima una vez que agote sus ahorros en AFP. Prometer eso es demagógico o irresponsable.

Ficticias cortinas de humo

cortina de humo
1. f. Artificio de ocultación.
2. f. Mil. Masa densa de humo, que se produce artificialmente para dificultar la visión.

Una de las estrategias de manipulación mental más antiguas es, sin duda, saber desviar la atención de un hecho apuntando hacia otro, según convenga. Esto es un verdadero arte y puede ocurrir tanto en el ámbito familiar como en grandes escenarios políticos. En ocasiones, lo que sirve de distractor puede ser incluso ficticio.

La cortina de humo (así llamada hoy, por el término militar smoke screen) siempre ha existido como recurso, pero desde que los medios de difusión masiva se instalaron como directores de la opinión pública, su importancia creció exponencialmente.

Noam Chomsky la ubica como una auténtica arma propagandística y la película Wag de dog (1997) la desarrolla hasta límites no por inverosímiles menos posibles, como malévola conspiración.

Estar alerta ante cortinas de humo para saberlas detectar y combatir es una buena señal de inteligencia, cosa de gente lista y avezada.

Sin embargo, en la Guanaxia Irredenta que todo lo degrada, se ven cortinas de humo donde no las hay. Este argumento se ha banalizado tanto en el estéril esquema de confrontación dizque ideológica, que con demasiada frecuencia se esgrime para calificar hechos reales e importantes, pero que no son del agrado o conveniencia del inepto/a que así clama.

La captura de los militares del caso jesuitas es una cortina de humo para desviar la atención sobre la reforma de pensiones. La investigación sobre el pacto con delincuentes ("tregua"), del expresidente Funes, es una cortina de humo para desviar la atención sobre el desvió de fondos de Taiwán, del expresidente Flores.

Y así hasta el infinito.

El resultado es que, hoy y aquí, decir que algo es una “cortina de humo” es, de hecho, lanzar una cortina de humo sobre los propios errores, corrupciones e ineptitudes.

Y eso, lejos de representar sagacidad, demuestra estupidez.