Dos posturas mineras

Publicado en La Noticia SV

A finales de noviembre de 2024, el presidente Nayib Bukele dio a conocer en sus redes sociales su propuesta de eliminar la prohibición absoluta de la minería metálica en El Salvador, vigente desde 2017. Desde entonces, el debate ha estado en la agenda pública, emergiendo dos posturas opuestas a considerar seriamente: por una parte, el discurso ecologista ortodoxo que apoya la prohibición de toda actividad minera, debido a los impactos ambientales que produce (uso de grandes cantidades de agua, vertido de químicos nocivos, etc.); por la otra, el discurso de la minería responsable, que si bien no oculta las afectaciones medioambientales, considera que es posible minimizarlas, haciendo uso eficiente de los recursos (agua, energía) y gestionando adecuadamente los residuos tóxicos.

La tesis de la prohibición absoluta se justificó en nuestro país a partir de las prácticas mineras históricas irresponsables, especialmente en las minas de San Sebastián, en el departamento de La Unión, donde varias décadas después del cese de operaciones aún persiste un elevado nivel de contaminación del agua por mercurio, cobre y arsénico, entre otros elementos. Si esto se tiene como único parámetro, es evidente que los daños no compensan de ninguna manera los pocos beneficios económicos que supuestamente pudieron haberse obtenido en el pasado. Además de los grupos ambientalistas ya conocidos y la Iglesia Católica, a esta postura también se han sumado (como era previsible) los partidos políticos de oposición. El hecho que El Salvador sea el único país en el mundo que, por ley, se priva de explotar sus recursos mineros, se traduce en una declaratoria universal de incapacidad nacional para lidiar con el tema: mejor “cortar por lo sano”.

La tesis de la minería responsable, en cambio, tiene muchos más desafíos y complicadas ramificaciones. La viabilidad de su implementación en El Salvador pasa por consideraciones no solamente ambientales (uso de agua, gestión de desechos), sino también económicas (porcentaje de beneficios, fondos de garantía y compensación), demográficas (densidad poblacional, desplazamientos forzados), políticas (aceptación social, transparencia de la gestión), etc. Incluso con una regulación estricta en todas las áreas involucradas, aceptar o rechazar un proyecto minero dependería de las condiciones concretas que se ofrezcan y el balance final que se establezca entre riesgos y beneficios. “En los detalles está el Diablo”, reza el dicho popular; de ahí que, para prevenir sorpresas desagradables y consecuencias catastróficas, se necesita poner muchísima atención en “la letra pequeña” de cualquier licencia o contrato que pudiera convenirse con empresas mineras de gran envergadura.

A la fecha de la redacción de este artículo, los diputados/as del partido de gobierno aún no se han pronunciado sobre el tema, pero la sensación es que, al pedirlo el presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas apoyará el levantamiento de la prohibición minera. De ser así, es imprescindible entender que la gestión del tema no puede ser personal sino institucional, la cual requerirá de la convicción, concurso e integridad de todo el estado salvadoreño, con una población siempre atenta y vigilante. El reto que se vislumbra en este escenario es crear controles apropiados, con personas capaces al frente de instancias que puedan monitorear y verificar su estricto cumplimiento.

De las dos posturas expuestas, la más fácil es mantener la puerta cerrada, sin meterse a complicaciones, aunque se descarte el potencial beneficio económico que pudiera obtenerse (incluso para invertirlo en la reparación de los recursos hídricos existentes, contaminados en más del 90 por ciento). En cambio, abrir la puerta a proyectos de extracción minera es el camino difícil, por todo lo que implica en cuanto a responsabilidad ambiental y gestión de riesgos; pero también daría la posibilidad de resolver a mediano plazo problemas económicos como la deuda pública (que asciende a unos 28 mil millones de dólares, que representa más del 80 por ciento del PIB), con la consiguiente mejora de la inversión social. El dilema es si lanzarse o no, considerando riesgos y beneficios: he ahí la cuestión.

El bitcoin: una apuesta ganada

Publicado en Diario El Salvador.

Cuando El Salvador adoptó el bitcoin como moneda de curso legal, a mediados de 2021, la gran mayoría de ciudadanos jamás habían escuchado hablar de esta o cualquier otra criptomoneda. En el debate público que generó esta iniciativa, predominaron las posturas conservadoras, que iban desde la razonable cautela hasta los vaticinios de escenarios económicos catastróficos. El hecho de ser el primer país en el mundo en dar este paso dejaba flotando en el sentido común una pregunta que justificaba razonablemente las dudas: “¿por qué nadie lo había hecho antes?”

La fluctuación del valor del bitcoin en los meses posteriores pareció confirmar los temores. De cotizarse al inicio en $46,000 aproximadamente, pasó por un breve periodo de estabilidad e incluso una notable subida de valor; pero luego, diversos factores a nivel global propiciaron una ola de desconfianza durante 2022, principalmente el colapso de algunas plataformas que operaban con otros criptoactivos y las amenazas de su prohibición (como ya había ocurrido en China). Ciertamente, hubo pánico al ver que el máximo precio entonces alcanzado ($68,789 en noviembre de 2021) cayó un año después a menos de la cuarta parte de su valor: $15,500. Quienes habían pronosticado su fracaso e incluso su desaparición, parecían tener los números.

Sin embargo, el bitcoin no solo sobrevivió a la crisis, sino que comenzó a revalorizarse de manera sostenida durante 2023 y 2024, al punto de sobrepasar sus máximos históricos y ponerse actualmente a tiro de los $100,000. Varios factores económicos contribuyeron a esta recuperación (mismos que sabrán explicar los expertos), pero el hecho es que el bitcoin emergió fortalecido, demostrando ser viable y resistente a las crisis financieras, en razón de lo cual ha aumentado la confianza de los inversores institucionales. El anuncio del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de crear una reserva estratégica en bitcoin en la economía más grande del mundo, es un espaldarazo trascendental en su consolidación.

Si bien es cierto el bitcoin aún no es utilizado mayoritariamente como una moneda de cambio en el día a día, y pese a que sus márgenes de fluctuación aún son relativamente altos, su utilidad como inversión a mediano y largo plazo es cada vez más clara. Que El Salvador tenga en reserva casi 6,000 BTC, con un valor aproximado de 575 millones de dólares, habiendo en invertido en ello la mitad de esa cantidad, tiene ventajas inherentes incluso si no se capitaliza en dólares en este momento: ese monto de respaldo podría revalorizar al país como sujeto de crédito ante organismos internacionales, pudiendo obtener financiamiento para inversión pública en mejores condiciones; además, permitiría afrontar con mayor solvencia una emergencia nacional grave (que ojalá no se produzca) y hace atractivo al país para inversores tecnológicos del sector cripto.

Visto en retrospectiva y a manera de comentario condescendiente, no sería justo señalar con demasiada severidad a quienes criticaron acremente y proclamaron jubilosos la muerte del bitcoin hace apenas un par de años (aunque quien creyó en él tiene cierto derecho a espetarles el clásico “yo se los dije”; sea por conocimiento, intuición o una inusual combinación de ambos). Ciertamente, hace tres años no era descabellado ver mal al bitcoin; por el contrario: lo que resultaba osado, atrevido y riesgoso era tomar el camino de lo nuevo, como todo pionero. Sin embargo ahora, con la ventaja de conocer el pasado, lo que resulta bastante incomprensible es la necedad de quienes aún persisten en ir contra el bitcoin (ya sea con calcomanías o con argumentos alambicados) a pesar de la evidencia, acaso por el capricho personalista de no aceptar con madurez una verdad bastante clara: que el bitcoin es una apuesta que ganó el presidente Bukele.

Marchas marchitas

Publicado en Diario El Salvador

La acción espontánea de salir a la calle a protestar tiene orígenes tan antiguos como las ciudades, pero no fue sino hasta el siglo XVIII, con el desarrollo del pensamiento ilustrado y el inicio de la Revolución Industrial, cuando este recurso pasó a ser un mecanismo organizado para expresar el apoyo o rechazo de la población hacia políticas y personajes públicos, así como para visibilizar y exigir reivindicaciones sociales.

En el transcurso del siglo XIX, las manifestaciones de calle se establecieron como el medio de lucha política por antonomasia para exigir derechos, quedando tal espíritu plasmado en el cuadro "La libertad guiando al pueblo", de Eugène Delacroix en 1830, el cual expresa un mensaje de lucha y unidad entre los distintos sectores sociales. Aquí en El Salvador, también hay un cuadro emblemático: el del pintor chileno Luis Vergara Ahumada, que representa de manera idealizada el primer grito de independencia (5 de noviembre de 1811), con la figura de José Matías Delgado y los demás próceres arengando a la multitud. En el imaginario popular, esta imagen acabó relacionándose con el texto del Acta de Independencia de Centroamérica (15 de septiembre de 1821), en donde se afirma la necesidad de concederla “para prevenir las consecuencias que serían terribles, en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo", como si una enorme manifestación popular hubiese forzado a hacerla.

En diferentes épocas de nuestra historia, hubo notables manifestaciones que se hicieron con el propósito de exigir derechos, pero el apogeo de las grandes marchas reivindicativas salvadoreñas puede situarse en un periodo específico: del 30 de julio de 1975 al 22 de enero de 1980, fecha esta última en que se registra la demostración más multitudinaria, con un estimado de 250,000 personas. Luego, durante la guerra civil, las manifestaciones de calle cedieron protagonismo a la lucha armada; después, ya finalizado el conflicto y durante la primera década de la posguerra, la izquierda volvió a tener alguna presencia en las calles, siendo 2002 el año en que logró volver a convocar a decenas de miles de personas enarbolando la bandera contra la privatización del sistema de salud, que pretendía el entonces presidente Francisco Flores.

¿Qué pasó después? Se puede plantear y argumentar la tesis de que las grandes marchas reivindicativas de la izquierda paulatinamente dejaron de tener relevancia, proceso que se completó precisamente durante los gobiernos del FMLN. Esto fue así porque llegaron al poder supuestamente como la vanguardia popular, abanderando las justas exigencias de muchos sectores sociales que confiaron en ellos; pero luego, durante dos quinquenios fue quedando claro no solo el alejamiento sino la traición de la dirigencia de ese partido a las aspiraciones populares, a tal punto que hoy nadie puede pensar seriamente en entregarle de nuevo su confianza a quienes así actuaron, aunque ofrezcan acompañar, se inmiscuyan o se suban al vagón de reclamos legítimos de ciertos sectores de la población. Incluso en un escenario hipotético de descontento social (que no es el caso actual), la gente sabe que volver a las calles bajo esa bandera rojiblanca no tendría mayor sentido.

El adjetivo “marchito” significa “ajado, falto de vigor y lozanía”, sinónimo de “mustio, lacio, lánguido, seco, deslucido, apagado, envejecido”. Este calificativo es aplicable plenamente a las marchas organizadas hoy por el FMLN, recurso ya anacrónico con el que buscan montarse con desesperación de supervivencia en cualquier vagón que huela a lucha social, para inyectarse algún tipo de sustancia milagrosa que revierta su decadencia como vanguardia social y rehacer acaso aquella aura redentora, perdida gracias a sus propias acciones destructivas, tanto hacia adentro como hacia afuera de sí mismos.

PMc's concert

Estadio Nacional, San José, Costa Rica.

I always suspected that attending a Paul McCartney concert had to be an amazing experience, but any given epithet falls short once you have checked off that bucket-list item. Despite being an 82-year-old guy, Paul displays tons of on-stage energy through his music, reinforced by the chanting crowd (including me) for about 150 minutes.

The setlist was ok, mixing hits from a lifetime of music: The Beatles, Wings, and Paul’s solo career (despite a few songs that I did not know, my fault). Regarding Wings' songs, I missed only one: Listen to what The Man said, but I can forgive this little omission, considering that Paul and his great band played Jet, Junior’s farm, Let ’em in and, of course, Band on the run.

The funny thing was that, at the end of the concert, Paul said “hasta pronto,” so I conclude he is not thinking about retirement. Indeed, he came from outer space!

Formas de ignorancia

Publicado en ContraPunto

Una persona ignorante es alguien que desconoce algo o que carece de cultura. El calificativo es una descripción, aunque en la mayoría de situaciones comunicativas cotidianas tiene una connotación peyorativa e incluso es usado como insulto. En tanto que ningún ser humano es omnisciente, todos padecemos de ignorancia en alguna medida. Este reconocimiento, plasmado en la frase de Sócrates "yo solo sé que no sé nada", es un acto de humildad intelectual, en cuanto admite los límites del conocimiento humano y promueve una actitud de constante búsqueda y cuestionamiento. En este sentido, bien puede decirse que creerse sabio es la primera y más grave ignorancia; esta es particularmente perjudicial porque cierra la puerta al aprendizaje y al cuestionamiento, generando dogmatismo, arrogancia y una resistencia al cambio y al autoconocimiento.

La ignorancia como vicio se presenta de muchas maneras, más de las que comúnmente se cree. Una muy habitual es la que demuestran ciertas personas que presumen de su nivel educativo, títulos académicos o intelectualidad, cuando descalifican la opinión ciudadana de personas sencillas y humildes sobre temas sociales y políticos, por el solo hecho de que estas no completaron determinados niveles de escolarización. Quien padece este tipo de ignorancia desconoce la teoría de las inteligencias múltiples, especialmente la interpersonal e intrapersonal, las cuales permiten a las personas gestionar sus relaciones con el entorno humano inmediato e interpretar su realidad, formulando conclusiones a partir de su propia experiencia. Una persona puede tener baja escolaridad, pero mostrar cierto tipo de sabiduría en su vida, así como virtudes esenciales para la convivencia; por el contrario, hay gente con títulos universitarios que, no obstante, evidencia graves niveles de estupidez en su conducción por la vida.

En la galería de personajes del entorno político (activistas, periodistas, comentaristas, analistas y conexos), hay muchos que navegan con bandera de listos, pero sus palabras y acciones los colocan en entredicho. Es insólito, por ejemplo, que alguien con título de licenciatura o doctorado presuma públicamente de su falta de filtros para expresarse, más aún cuando son precisamente estas expresiones desbocadas las que le han causado problemas de imagen y credibilidad. También es inaudito que un supuesto intelectual esgrima su título obtenido en el extranjero para justificar su derecho a insultar reiteradamente (en vivo y en directo, aunque con muy poco ingenio) a la mayoría del pueblo.

En casos como los descritos, además de padecer de “la ignorancia de la imprudencia”, estas personas desconocen las diversas teorías lingüísticas que establecen la adaptación del lenguaje a la situación comunicativa (considerando emisor, receptor, código, medio y contexto), en función pragmática para lograr sus objetivos, para lo cual se requiere elegir y dominar ciertos registros lingüísticos. Demostraciones de ignorancia como las descritas son más reprochables en cuanto mayor es el presunto nivel intelectual de quienes las evidencian, pues justamente esa pregonada condición tendría que impulsarles a investigar las implicaciones de la diversidad y complejidad humanas.

Otro caso de esta “ignorancia ilustrada” ocurre cuando, justamente en virtud de su educación y conocimiento sistemático en ciertas áreas específicas, muchas personas viven sumergidas en un mundillo de autovalidación que les aleja de otras perspectivas y puntos de vista. Un término culto relacionado con esta actitud se deriva de la imagen de la torre de marfil como símbolo de belleza y pureza absolutas: el “torremarfilismo”. Este concepto se refiere a la actitud de “aislamiento intelectual, en la que personas —especialmente académicos, artistas o científicos— se desconectan de los problemas y necesidades prácticas de la sociedad”.

“La ignorancia es atrevida”, dice el dicho popular. Paradójicamente, las personas acusadas de ignorantes por su bajo nivel de escolaridad muchas veces se expresan con la humildad que les hace falta a quienes, escudados en sus títulos, viven en el constante atrevimiento de querer imponer a los demás sus puntos de vista parciales, sesgados, sectarios, fanáticos o interesados y, ante su inefectividad persuasiva, ejercen venganza verbal desde la pedantería contra quienes no han podido convencer.

Distorsión interpretativa por la fe

Publicado en ContraPunto.

El Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) dio a conocer, la semana pasada a través de la revista Disruptiva, su encuesta “Rumbo país 2024”. Los resultados se mantienen en la línea general que han venido marcando todas las encuestas recientes, en las cuales la población apoya la gestión del presidente Nayib Bukele, con algunos matices puntuales que han ocupado los espacios de opinión y análisis político.

Los datos que ofrece dicho estudio no deberían ser objeto de duda, en el entendido de que una institución académica responsable no se va a prestar a manipulaciones ni falseos; sin embargo, hay en él al menos una pregunta mal redactada y, sobre todo, una interpretación bastante caprichosa y fundamentalmente errónea en su sentido general por parte de su director, Óscar Picardo.

El título de la portada en el PDF disponible para descarga es “La gente tiene fe…” Sin embargo, en su sitio web está más detallada la intención, pues dice así:

La gente tiene fe… aunque le falten $254.60 para llegar a fin de mes.

Tras presentar 45 gráficas de datos, al final se añade una diapositiva donde se define la fe, junto con un esquema titulado “Comportamiento humano y epistemología”, que en una parte menciona al psicoterapeuta y psicólogo estadounidense Albert Ellis y su modelo para explicar la relación entre los pensamientos o creencias con las emociones y comportamientos. El propósito general de la mencionada diapositiva es mostrar la dicotomía entre el pensamiento de tipo religioso (fe, creencias, emociones) y el científico (razón, evidencias, datos), todo ello para validar la tesis que Picardo ha enarbolado desde hace un buen tiempo en diversos medios, la cual puede formularse así: “El apoyo que la gente le da al presidente Bukele se debe al pensamiento irracional de la mayoría de la población, que se basa en la fe”.

En este complejo tema, hay por lo menos dos errores y engaños graves que señalar. En primer lugar, el dato que a la gente le faltan $ 254.60 para llegar a fin de mes (como señala el título con el que se ha promocionado el estudio) no se desprende de lo que la gente respondió en la encuesta, sino de una interpretación errónea de una pregunta confusa.

La interrogante original (textual, literal) que se formuló, según la lámina 21, es esta:

Aproximadamente, ¿cuánto dinero le hace falta al mes para cubrir sus necesidades?

La interpretación más natural del sentido de la pregunta es “con cuánto dinero al mes logra usted cubrir sus necesidades”. La mala redacción original está reconocida tácitamente por la propia publicación, pues cuando la trasladan a la nota en su sitio web no la transcriben literalmente, sino que la reformulan como “cuánto dinero le falta para llegar a fin de mes”, incorporando la traducción del modismo anglosajón “make ends meet”, en donde la respuesta adquiere ya el sentido de déficit, es decir, la diferencia entre lo que se gana y el costo de lo que se necesita comprar. Esta nueva formulación ni es lo mismo ni es igual a lo que se preguntó.

Ahora bien, para clarificar un poco esta confusión semántica, la lámina 22 indica que el 45 % de la población dice que no logra hacer ningún ahorro mensual, frente al 54 % que responde afirmativamente; por otra parte, en la lámina 18, el 31 % de los encuestados dice que su presupuesto no le alcanza para cubrir sus necesidades, mientras que el 46 % responde prácticamente que sí pero “muy ajustado” y solo el 23 % expresa que es suficiente.

A partir de lo anterior, podría describirse la situación económica general como tendiente a buena o tendiente a mala, según la interpretación, actitud y postura política del sujeto a cargo. Eso sería válido. Lo que resulta inadmisible es que se saque una conclusión absoluta (“la situación económica está muy mal”) a partir de un dato incierto obtenido con una pregunta confusa: la falacia de la premisa falsa o dudosa.

El segundo y más grave error es el que se refiere a la fe, en cuanto explicación de la opinión aparentemente irracional de un pueblo que estaría en pésima situación económica y, no obstante, apoya a su mandatario.

La definición de fe, usada en la encuesta, es la siguiente:

La fe es un tipo de conocimiento, en donde la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas, enseñanzas o religión, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad.

Esta definición es, ciertamente, más estirada y compleja que la más simple que se deduce del Evangelio de San Juan (capítulo 20, versículo 29), cuando Jesús le dice a su discípulo: “Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron”.

En cualquier caso, el grave error de interpretación que comete Picardo (por distorsión ideológica involuntaria o intención política expresa) es asumir que la gente tiene confianza en el presidente Bukele en contradicción con las evidencias, cuando lo cierto es que la gente confía en su presidente justamente debido a las evidencias, pues bajo su mandato es que se han puesto bajo control a las pandillas que tuvieron sometida a la población por décadas (logro que hasta hace pocos años se consideraba prácticamente imposible de conseguir), hito que ha tenido evidentes implicaciones económicas al liberar a la gente del lastre de la extorsión, permitirle comenzar sus pequeños emprendimientos o recuperar sus viviendas, por mencionar algunas situaciones.

Dicho de otra forma y a modo de cierre, la gente aquí es como Tomás: cree porque ha visto indicadores, elementos, señas de que sí se pueden lograr mejoras. Eso no es fe, sino esperanza fundada en hechos: “estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea”. Otra cosa es que, en el transcurso de este quinquenio, dicha esperanza crezca, se mantenga o se pierda (como sucedió, triste y cíclicamente, en las décadas anteriores), pero eso será motivo de otros análisis. Por el momento y en la coyuntura actual, lo que procede es acreditar y respetar dicha esperanza, no sabotearla ni desacreditarla con razonamientos de ropaje intelectual, pero claramente sesgados.

La necesaria sintonía

Publicado en Diario El Salvador.

Hace unos días, fueron electos siete magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ): cinco por haberse cumplido el plazo de los anteriores, uno en sustitución de otro que había renunciado y el último para cubrir una vacante por fallecimiento. A diferencia del presidente de la república y los diputados, que son elegidos directamente por el pueblo a través de las urnas, las máximas autoridades del Órgano Judicial provienen de una elección de segundo grado hecha por la Asamblea Legislativa, con mayoría calificada.

Durante todo proceso de selección de magistrados de la CSJ, es normal que se escuchen voces que pidan la necesaria idoneidad para el cargo, pero sobre todo la independencia judicial de los funcionarios en cuestión, entendida esta como “el principio según el cual los jueces y tribunales deben poder tomar decisiones de manera imparcial y libre de influencias externas, ya sean políticas, económicas, sociales o de cualquier otro tipo”. Sin embargo, hay que tener claro que la deseada independencia judicial es más bien una formulación ideal, una utopía que como tal no existe en su estado puro, pues lo que hay en realidad son grados o niveles de independencia (cuanto mayor, mejor), dentro de los cuales cabe la discusión acerca de qué candidatos dan indicios más sólidos para desempeñar el cargo con un nivel razonable de apego a este precepto.

Aquí es oportuno recordar que, contrario al deseo y expectativas naturales de las personas, las leyes y procesos jurídicos no suelen aplicarse por sí mismos de manera automática, sino que surten efecto a partir de la acción y la interpretación de seres humanos condicionados por muchísimos factores objetivos y subjetivos; por ello, no es extraño que puedan sostenerse jurídicamente argumentos para una postura a favor y otra en contra, en un mismo caso y basándose en el mismo cuerpo legal. Esto se aprecia con toda claridad en las resoluciones de tribunales colegiados que se toman por mayoría, cuando quienes no lograron hacer prevalecer su postura razonan su voto disidente.

En la práctica concreta, no solo en nuestro país sino en todas las democracias occidentales, lo cierto es que al momento de nominar o elegir magistrados de tribunales supremos siempre se tiene en cuenta un amplio conjunto de elementos fácticos, pragmáticos y de sentido común que intervienen, condicionan y de alguna manera justifican por qué decantarse hacia esta o aquella persona.

En el proceso de selección de los magistrados recién nombrados, la Asamblea Legislativa ha de haber considerado un elemento contextual importantísimo: la política de seguridad pública, que ha permitido poner bajo control el fenómeno delincuencial de origen pandilleril que durante décadas estuvo desbordado y afectó no solamente las vidas y los bienes de las personas, sino que también socavó cualquier posibilidad de desarrollo en otras áreas, como la economía y la educación. Es por ello que, en este ámbito, la línea de interpretación o hermenéutica jurídica de los profesionales del derecho elegidos, especialmente en la Sala de lo Constitucional, no debe estar en disonancia sino en coherencia con la conducción general del país, protegiendo así el interés de la población y descartando el riesgo de que se bloqueen o desmantelen los logros por vía de sentencias insólitas (como ocurría en un pasado no tan lejano).

La Constitución Política de la República de El Salvador, en su artículo 86, establece que los órganos ejecutivo, legislativo y judicial, aun cuando son independientes dentro de sus respectivas atribuciones y competencias, “colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas”. La práctica histórica ha demostrado que solamente con el concurso y sintonía de los tres órganos del Estado es posible enfrentar los desafíos históricos y llevar adelante las grandes transformaciones que demanda la nación.

Esas redes

En 2014 tuve la oportunidad de llevar una delegación de estudiantes del colegio Externado de San José a Nicaragua, con motivo de la primera edición del encuentro artístico de colegios jesuitas centroamericanos “Tejiendo Redes Ignacianas”. En 2016 y 2019 repetimos la experiencia en los colegios vecinos de Guatemala. Hoy, una década después de aquel inicio y ya en su cuarta edición, se me asignó la coordinación general del evento con sede aquí en El Salvador, gran tarea además de la usual de preparar la delegación artística que nos representara.

Armar esta logística consumió decenas de horas, más miles de correos y mensajes con los maestros/as de arte de los colegios hermanos, con las familias anfitrionas y con los compañeros/as docentes involucrados en la organización y logística, con la correspondiente cuota de estrés laboral. Al final, todo valió la pena, porque se tuvo un evento diverso y ameno para todas las partes involucradas. Aquí se construyó una experiencia inolvidable y qué gusto me da haber sido parte de ella.

Los otros símbolos patrios

Publicado en Diario El Salvador

Un símbolo es un “elemento u objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición, etcétera”. Nuestra Ley de Símbolos Patrios establece oficialmente tres: escudo, bandera e himno. Allí también se reconoce la Oración a la Bandera, de David J. Guzmán, “como una exaltación a la patria”; asimismo, en diversos momentos fueron declarados como representativos nacionales el torogoz, el maquilishuat, el bálsamo y el izote.

Sin embargo, existen otros símbolos más allá de los oficiales, que también representan la salvadoreñidad. La manera de detectarlos es bastante sencilla: si su evocación o exposición es asociada claramente con el colectivo y es reconocida como elemento identitario, tanto en la percepción interna de sus miembros como externa desde otros grupos, entonces estamos en presencia de un símbolo patrio fáctico, informal o extraoficial, pero plenamente funcional. El ejemplo más claro lo tenemos en la gastronomía: las pupusas.

Estos símbolos aglutinadores también pueden ser personas que, por sus notables obras y acciones meritorias, llegaron a convertirse en personajes que identifican y representan a la ciudadanía urbi et orbi. Tal estatus se alcanza solamente cuando ya se han superado las controversias y discusiones coyunturales, es decir, cuando ese gran juez que es el tiempo ha dado su sentencia. Tal es el caso de nuestro profeta y mártir, San Óscar Arnulfo Romero, el salvadoreño más universal, cuya palabra y legado son innegables referentes morales.

La cultura y el deporte también son campos fértiles para el surgimiento de personajes que puedan ocupar tan privilegiados pedestales, si bien muchas veces la devoción de las multitudes tiende a la indulgencia con sus yerros, perfectamente humanos. En el ámbito artístico, Alfredo Espino, Salarrué y Claudia Lars son una tríada sólida de autores clásicos salvadoreños que bien podrían representarnos, por cuanto supieron entender y plasmar con singular estilo y depurada técnica la esencia de nuestra tierra y nuestra gente; pese a ello, lo cierto es que no son tan conocidos por las mayorías populares y su trascendencia tampoco llega a ser un claro referente ante la mirada del extranjero. En cambio, en la cancha futbolera sí tenemos a uno que fue, es y será admirado por generaciones, reconocido por propios y extraños: nuestro genio y figura, el Mágico González.

La política es, seguramente, el campo menos prolífico para aportar nombres que lleguen a convertirse en símbolos merecedores de respeto y admiración, pese a los intentos de sus partidarios por hacerles monumentos (muchos de los cuales, con el paso de los años, acaban siendo ignorados, despreciados y hasta demolidos). Tristemente, en casi dos siglos de vida republicana, lo que hemos tenido —y en abundancia— no son políticos ilustres sino todo lo contrario, a tal grado que elaborar una lista del oprobio es tan fácil como nombrar, en orden cronológico inverso, a los expresidentes de la república: prófugos, refugiados, procesados, encarcelados, señalados y repudiados por el pueblo. En este ámbito cabe comentar lo siguiente: en atención a su indiscutible popularidad e impacto mediático dentro y fuera del país, muchos mencionan la posibilidad que el presidente Bukele sea recordado de manera distinta a la de sus predecesores; sin embargo, ese veredicto solamente lo dará el tiempo, pasadas un par de décadas después de finalizar su gestión.

En suma, los símbolos que fortalecen la nacionalidad son importantes, no solo por lo que unifican e identifican, sino por los sentimientos de pertenencia y compromiso que pueden inspirar en cada una de las personas, dándole sentido y trascendencia al trabajo diario, teniendo la certeza que ese esfuerzo vale la pena y nos hace partícipes de la tarea colectiva para dejar un mejor legado del que recibimos.

Gestión de conflictos en las instituciones

Publicado en ContraPunto.

Todas las instituciones sociales (religiosas, políticas, militares, gremiales, etc.) tienen mecanismos de coordinación y toma de decisiones para la consecución de sus fines. En dicha labor es esencial el papel de quienes las conducen, para armonizar y administrar no solo los aportes de cada miembro, sino también sus diferencias. Existen distintos estilos y modelos de gestión institucional, que van desde los más verticales (jerárquicos o autoritarios) hasta los más horizontales (participativos, colaborativos), cada uno con sus ventajas y desventajas, dependiendo del tipo y tamaño del colectivo, así como de sus liderazgos.

Las instituciones militares y religiosas, por su misma naturaleza, suelen ser fuertemente verticales, con líneas de mando claramente definidas emanadas desde la cúpula; mientras que las asociaciones civiles y comunales tienden a implementar mecanismos con mayor posibilidad para que sus integrantes expresen diversidad de opiniones y se les tome en cuenta. La familia y la escuela, en cuanto instituciones sociales, han transitado en el tiempo entre unas formas y otras, según los paradigmas vigentes, pero en general se perciben cada vez menos rígidas, con las bondades que eso supone, pero también con los riesgos inherentes a la excesiva permisividad.

En perspectiva histórica, no es difícil demostrar que, como sociedad, nuestro común denominador en la gestión de conflictos institucionales han sido los esquemas de comportamiento que privilegian las reacciones primarias e instintivas de protección (de lo que se considera el propio territorio) y defensa (de aquellas posesiones físicas o afectivas). Así, ante un cuestionamiento o crítica que se recibe por parte de otra persona, el impulso básico de autoconservación actúa y se le etiqueta inmediatamente como enemiga, cediendo a la fácil tentación de atacarla y alejarla, en lugar de buscar un diálogo constructivo y con madurez. Un ejemplo típico es la discusión familiar entre padres e hijos, sea por un noviazgo, un permiso para salir o cualquier otra causa discutible, la cual pronto escala a gritos y amenazas en donde el adulto acaba señalándole la puerta y ofreciéndole la calle al joven, como única alternativa a vivir bajo normas incuestionables, sin abrir la posibilidad de flexibilizarlas, establecer acuerdos sobre la base de la autoridad parental o incluso adaptar las reglas a nuevas realidades.

Un área especialmente interesante para el análisis de los modelos de gestión de conflictos es la que involucra a las fuerzas políticas en la historia del país, particularmente aquellas que en su momento se definieron como revolucionarias en sus luchas contra las dictaduras militares de los años setenta. En aquel contexto de guerra declarada, los cuestionamientos y divergencias internas fueron percibidos como amenazas a la existencia misma de dichas organizaciones. La intolerancia extrema de los psicópatas que estaban en los cargos de dirección de aquellos grupos se concretizó en asesinatos emblemáticos, como los de Roque Dalton (ERP) y Mélida Anaya Montes (FPL). Luego, a partir de la posguerra, los conflictos internos que siguieron existiendo en todo el espectro político e ideológico del país dejaron de resolverse con la eliminación física de la disidencia, dando paso a maneras relativamente pacíficas pero igualmente excluyentes: escisiones y expulsiones basadas en una supuesta búsqueda de pureza ideológica o lealtad absoluta, quimeras que acabaron debilitando a los entonces fuertes partidos políticos, Arena y FMLN.

De un análisis más amplio de todo lo anterior, se tendría que concluir que el camino del aprendizaje y desarrollo de las inteligencias emocionales, aplicadas al ámbito institucional, es largo pero imprescindible. La meta debería ser aprender a gestionar apropiadamente los conflictos naturales dentro de las distintas organizaciones sociales, formadas en última instancia por personas que no necesariamente han de caber en un molde único, pero que pueden sumar esfuerzos en aras de sus fines comunes.

Ajustes al sistema

Pulicado en Diario El Salvador

Desde hace varios meses, en la medida que fue mejorando la seguridad ciudadana, la principal preocupación expresada por la población salvadoreña ha pasado a ser la economía, tal como lo confirman diversos análisis, encuestas y conversaciones. Esto lleva a poner sobre la mesa una reflexión acerca de nuestro sistema económico, entendiéndolo como “el conjunto de principios, instituciones, leyes, políticas y prácticas que una sociedad utiliza para organizar la producción, distribución y consumo de bienes y servicios”.

Siempre se nos dijo que éramos un país capitalista, pero una atenta lectura de la historia nacional lo refuta. Durante el primer siglo de su vida como nación independiente, El Salvador fue poco más que una gran finca semifeudal, en donde la pobreza de las mayorías marginadas era una condición necesaria para maximizar las ganancias de la oligarquía agroexportadora, con el Estado como su instrumento para mantener el statu quo. Fue hasta mediados del siglo XX cuando comenzó un proceso de industrialización, aunque el modelo agrario continuó predominando hasta el estallido de la guerra civil de los años 80, cuando inició su pronunciado declive.

Si por capitalismo entendemos “un sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, la libre empresa y el mercado libre como el principal mecanismo para la asignación de recursos y la determinación de precios”, no sería sino hasta después de la finalización del conflicto armado interno, a mediados de los 90, cuando comienza a delinearse, aunque dependiendo de las remesas como soporte del consumo y la terciarización de la economía; sin embargo, sus pecados de origen fueron la voraz tradición y las nocivas costumbres de las antiguas élites económicas heredadas a los nuevos actores, quienes siguieron viendo al Estado no como ente regulador, garante de los principios liberales, sino como herramienta de abuso y distorsión de las reglas del juego, para ponerlas completamente a su favor.

El partido Arena fue el instrumento político apropiado para tal fin durante 20 años, mientras que el FMLN no tocó ese esquema, más bien se acomodó a él durante 10 años y, junto con sus antecesores, le añadieron un nuevo componente social dañino y desolador al panorama nacional: las pandillas, cuyo caldo de cultivo fue la descomposición social de la posguerra y la exclusión económica.

Harto de un bipartidismo paralizante y de un estado de cosas desesperanzador, el pueblo decidió en 2019 llevar al poder a Nayib Bukele, dándole en 2021 las herramientas legales para gobernar en sintonía con todos los poderes y ratificando esa decisión en 2024. Tras un primer quinquenio marcado por la pandemia del covid y la guerra contra las pandillas como preocupaciones centrales, llega su segundo quinquenio con la economía como prioridad. Algunas señales recientes revelarían la intención de que el país se encamine hacia un capitalismo más inclusivo, no dogmático, implementando medidas que pudieran provocar las críticas de algunos neoliberales radicales, pero que serían necesarias y exigidas por las condiciones concretas de nuestro contexto social, político, histórico y económico.

Si lo que se busca es que la prosperidad de uno influya positivamente en la prosperidad de todos, el Estado debe garantizar condiciones justas para productores, inversionistas, comerciantes y consumidores; por eso mismo, conociendo la tradición de voracidad instalada por siglos en diversas capas socioeconómicas, no se puede dejar todo a la jungla de la oferta y la demanda, especialmente en productos sensibles como la canasta básica y aquellos que cubren las necesidades elementales. Dicho de otra forma: hay que hacer los ajustes pertinentes a este incipiente sistema económico capitalista, fuera de la ortodoxia teórica, para que produzca los beneficios sociales tan largamente esperados.

Por qué Trump embiste a los salvadoreños

Publicado en ContraPunto

El jueves 18 de julio de este año, en su discurso de aceptación como candidato a la presidencia de los Estados Unidos de América por el Partido Republicano, Donald Trump hizo una acusación tan falsa como desconcertante: que El Salvador está enviando intencionalmente a sus criminales a Estados Unidos, como estrategia para bajar sus índices de homicidios. Incrédulos y boquiabiertos, hubo quienes sugirieron que quizá Trump había confundido a El Salvador con Venezuela; pero dos días después, en un mitin en Michigan, repitió el discurso y quedó perfectamente claro que Trump dijo exactamente lo que había querido decir.

Este ataque artero a la política de seguridad implementada en nuestro país por el presidente Bukele ha dejado perplejos a muchos, pues entra en flagrante contradicción con el apoyo explícito que importantes sectores y líderes republicanos, entre ellos el senador Marco Rubio y la congresista María Elvira Salazar, han expresado a la guerra contra las pandillas en reiteradas ocasiones. Hay quienes ven esto como una puñalada trapera a la supuesta simpatía existente entre Trump y Bukele, aun cuando se sabe que en política no hay amistades, sino intereses.

La pregunta es por qué la campaña de Trump ha decidido estigmatizar así a los migrantes salvadoreños, de manera análoga a como lo hizo con los mexicanos en la campaña 2016 (a quienes etiquetó como “criminales, violadores y narcotraficantes”). Más allá de posibles actitudes e ideas supremacistas, la respuesta está en los fríos números y en el desalmado cálculo político electoral.

Según el sitio Real Clear Politics, el panorama para la elección presidencial de noviembre de 2024, contando los votos electorales por estado, estaba así (hasta antes de la retirada del candidato demócrata Joe Biden):

· Estados con ventaja demócrata: 198 votos electorales.
· Estados con ventaja republicana: 219 votos electorales.
· Estados en disputa (“swing states”): 121 votos electorales.

Se necesitan 270 votos electorales para ganar la elección.

Visto sobre el mapa, tenemos los “blue states” (demócratas) versus los “red states” (republicanos). Los grises son los “swing states”, en donde aún no está claro el panorama. Es en estos estados donde la campaña electoral debe ser especialmente intensa.

Ahora bien, ¿qué pintan los salvadoreños en este mapa? Según un censo de 2020, la inmensa mayoría de salvadoreños que viven en EE. UU. residen en los estados de California, Maryland y Nueva York, que son claramente favorables a los demócratas (“solid blue”); en Texas, que se inclina por Trump; y en Virginia, que está en zona gris (disputa cerrada).

Al atacar a los salvadoreños y desacreditar a Bukele, cuya simpatía entre la diáspora es aún más abrumadora que dentro de El Salvador, Trump sabe que el apoyo que pueda perder en estados como California, Maryland y Nueva York es irrelevante, puesto que de todas formas allí no tiene posibilidades de ganar; tampoco pone en gran riesgo su ventaja existente en Texas, ya que aun cuando los salvadoreños tengan voz, no tienen voto (la mitad están sin papeles desde siempre y el porcentaje de compatriotas que ya son ciudadanos es bien bajo).

El uso de la etiqueta anti salvadoreña se dirige, entonces, a los “swing states” como Michigan, Minnesota, Wisconsin y otros, en donde la presencia de salvadoreños y latinos en general es mínima. El propósito de Trump para ganar votos en esos estados es simple: generar xenofobia contra los latinos que entran a miles de kilómetros de distancia por la frontera sur, asustando a la población anglosajona de aquellas tierras con una amenaza fantasma: la vieja táctica del Bogeyman.

En conclusión, este ataque de Trump contra los salvadoreños (que seguramente se repetirá una y otra vez durante la campaña) puede que le cueste la simpatía de nuestros compatriotas en muchos lugares donde le da igual, pues no tiene oportunidad, pero él y su equipo de campaña creen que les dará réditos electorales en los estados donde más lo necesita, así sea a costa de un “backlash”.

Pero más allá de la lógica inmisericorde de los cálculos numéricos, ningún salvadoreño, sin importar su preferencia política local, puede alegrarse o justificar esa campaña estigmatizante, pues tal discurso potencia la discriminación y puede propiciar ataques (verbales e incluso físicos) contra nuestros compatriotas allá. Ojalá no sea así y rectifiquen a tiempo.

La finalidad del arte

Publicado en Diario El Salvador

La reestructuración del Ministerio de Cultura, anunciada recientemente junto con el nombramiento del nuevo titular de dicha cartera de estado, presenta una ocasión propicia para reflexionar sobre una pregunta fundamental relacionada con el objeto y propósito de tal institución; pero antes de formularla, es necesario precisar a qué nos referimos dentro de ese campo asombrosamente amplio que abarca la cultura (“conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”), enfocándonos aquí en la acepción generalizada del término como sinónimo de arte o bellas artes: arquitectura, escultura, pintura, música, danza, literatura (narrativa, poesía, teatro), cine y otras disciplinas nuevas que pudieran incluirse.

Delimitado así el terreno, la pregunta prenunciada en el párrafo anterior es la siguiente: ¿para qué sirve el arte, cuál es su finalidad, cuál su propósito? Tal cuestionamiento es inmensamente más simple que su respuesta, la cual ha sido ampliamente teorizada a lo largo de la historia, oscilando entre dos polos que a primera vista parecen contradictorios: de un lado, el “arte por el arte”; del otro, el utilitarismo.

La doctrina del "arte por el arte" surgió en Francia a principios del siglo XIX y rápidamente se extendió a toda Europa y América. El poeta Teófilo Gautier, uno de sus principales representantes, afirmó con claridad la esencia de esta postura: “el único propósito del arte es la belleza”. Desde tal punto de vista, una obra de arte no tiene que cumplir ninguna función moral, didáctica, política o de cualquier otra índole que no sea estética, pues esta se justifica por sí misma y solamente debe ser juzgada de acuerdo a cánones estrictamente artísticos, técnicos.

En contraparte, la visión utilitaria afirma que el arte debe tener una función práctica y servir a propósitos morales, educativos, religiosos, políticos o de cualquier otro tipo, que se consideren útiles para la sociedad. Ya desde la lejana antigüedad, el filósofo griego Platón afirmaba que el arte debía promover la virtud y la justicia. El arte renacentista de los siglos XV y XVI, aun con su exquisita perfección formal, solo fue posible en la medida en que sirvió a propósitos como la didáctica religiosa, el conocimiento y difusión del humanismo, la promoción de valores morales e incluso la propaganda política y social (promoción de la imagen de poderosos de la época, que fueron los mecenas de aquellos genios). En el siglo pasado, el arte de denuncia y compromiso social tuvo gran auge, sostenido en buena parte por los planteamientos de Jean-Paul Sartre y otros teóricos. Contemporáneamente, el arte se usa cada vez más como terapia para mejorar y fortalecer la salud mental, emocional y física de las personas; asimismo, este también es visto como una herramienta para alejar a los jóvenes de la delincuencia.

Aterrizando en la coyuntura actual, es claro que el trabajo del Ministerio de Cultura en este quinquenio irá por esta última línea, tal como lo expresa textualmente el comunicado oficial del nombramiento del ministro, al asignarle la misión de “impulsar los valores familiares y patrióticos, que son prioridad en la agenda del presidente”.

Por supuesto, en el país seguirán existiendo y presentándose, en diversos espacios gestionados por personas e instituciones privadas, otras expresiones artísticas, tanto en una línea puramente esteticista como también obras al servicio de causas diversas, incluso activismo no necesariamente coincidente con la perspectiva estatal o la idiosincrasia local. Es en ese panorama de conjunto donde hay que visualizar la diversidad de la oferta artística, aprovechando esa variedad de oportunidades para disfrutar de sus valores formales, reflexionar sobre sus valores vitales y desarrollar el propio sentido crítico.

Para personas de amplio criterio

El fin de semana del 15 y 16 de junio se presentó, en el Teatro Nacional de San Salvador, la obra titulada “Inmoral”, producida por el Proyecto Inari, que en su publicidad incluyó el logo del Ministerio de Cultura. Según la nota de un periódico local, es “una fusión entre las artes performáticas drag y las artes dramáticas del teatro”.

El significado pertinente de “drag”, del sitio web WordReference, es un slang o jerga: “associated with the opposite sex, transvestite”, lo cual queda claro en las fotos promocionales pero no en el afiche. Seguramente el término más conocido es el que incluye las dos palabras: drag queen. Se trata, pues, de una obra enmarcada dentro del movimiento LGBT+ cuyo argumento se describe así:

A la protagonista de esta obra, se le es anunciado que su mejor amigo fue asesinado, agregado a esto es violentada por el cuerpo de seguridad y, al regresar a su casa asustada, se da cuenta que todos los fantasmas de su pasado han venido a visitarla.

Luego de las dos funciones de la obra, y seguramente atendiendo quejas de algunas personas que asistieron, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado en donde manifiesta que la compañía teatral “no describió con precisión el contenido de su obra, que resultó ser no apta para todo público”; además, reclama que hayan usado el logo institucional sin su autorización. Por estas razones, se lee, “las funciones restantes del Proyecto Inari en el Teatro Nacional de San Salvador han sido canceladas” (aun cuando aparentemente ya no había más programadas).

Este incidente da pie para revivir el antiquísimo debate sobre la censura. Sabiendo que el arte es una compleja integración de aspectos formales y de contenido, la calidad artística tiende a establecerse a partir del manejo de los registros y códigos propios de cada rama del arte, mientras que el contenido siempre queda sujeto a valoraciones morales, políticas o de cualquier otra índole. Así, la censura puede ejercerse sobre obras que no alcanzan los estándares mínimos de calidad puramente estética o también, como en este caso, contra espectáculos cuyo contenido sea considerado por algún motivo inapropiado, inconveniente, perjudicial, incorrecto, etc. Este debate es infinito y no tiene mucho sentido pretender zanjarlo de una vez por todas (allá cada quién con su opinión).

La postura del Ministerio de Cultura es que dicha institución arrienda los espacios que administra, como el Teatro Nacional, “exclusivamente para eventos culturales que sean apropiados para audiencias de todas las edades”. Este incidente se enmarca en el contexto de una fuerte polémica en la cultura occidental, especialmente en países del primer mundo, sobre la exposición de menores de edad a espectáculos queer. A nivel local, responde a una política explícita de supresión en ámbitos estatales (culturales, educativos, etc.) de cualquier contenido que promueva —explícita o implícitamente— la así llamada Ideología de Género.

De acuerdo a declaraciones de sus productores, la obra “Inmoral” se ha presentado libremente en diversos espacios escénicos desde hace un año. Se entiende que el público ha acudido consciente y a sabiendas de qué va el tema. La polémica actual surge por hacerla en espacios estatales supuestamente familiares, a los cuales ingresarían personas incautas que podrían sentirse ofendidas en sus valores conservadores. Siendo así, acaso habría que añadir obligatoriamente en la promoción de dichos espectáculos esta antigua y nunca superflua prevención: “Para personas de amplio criterio”.

Delfy: 22 de mayo de 1979

Publicado en ContraPunto

A primeras horas de la noche del 22 de mayo de 1979, un grupo de jóvenes manifestantes fue atacado por elementos de los cuerpos de seguridad del gobierno del general Carlos Humberto Romero. Varios murieron, entre ellos mi hermana Delfy Góchez Fernández, estudiante de Psicología de la UCA, quien estaba por cumplir 21 años.

Personalmente, el conocimiento e interpretación de las circunstancias que propiciaron su muerte ha sido un proceso lento y difícil, construido sobre la base de relatos y testimonios dispersos. Desde hace muchos años he tenido claro lo que ocurrió, lo cual pude confirmar posteriormente a través de publicaciones de personas que conocieron de primera mano los hechos, incluyendo algunas sobrevivientes.

El contexto social de 1979 en El Salvador y en toda la región era sumamente convulso. Desde hacía varios años, cinco organizaciones insurgentes se habían venido fortaleciendo, encaminadas a lanzar una ofensiva armada para derrocar a la dictadura militar, vía insurrección popular, ante la evidencia de que todos los espacios de oposición política pacífica habían sido cerrados de manera definitiva, brutal y sangrienta.

Del lado gubernamental, la única respuesta a las demandas sociales era la represión generalizada, incluyendo torturas y ejecuciones extrajudiciales. Los antecedentes del 30 de julio de 1975 y el 28 de febrero de 1977, cuando sendas manifestaciones de protesta habían sido disueltas por militares a balazo limpio en las calles de San Salvador, no habían dejado duda del talante criminal del régimen del coronel Arturo Armando Molina (1972-1977). Tal política continuó bajo el mandato del general Carlos Humberto Romero, quien ascendió al poder en 1977 de la misma forma que su antecesor: vía clamoroso fraude electoral y matanza en las calles.

Mi hermana Delfy había entrado a las luchas sociales a través de las Fuerzas Universitarias Revolucionarias “30 de julio” (FUR-30, con sede en la UCA), que eran parte del Bloque Popular Revolucionario (BPR), frente de masas de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL). Entiendo que en aquel momento era muy difícil mantenerse al margen de una aguda polarización política. En tal contexto, muchos optaron por incorporarse a dichas organizaciones, con la plena disposición de sacrificar sus vidas para alcanzar los nobles ideales de justicia y libertad. (Otra cosa muy distinta es el talante moral de algunos dirigentes de aquellas organizaciones, lo cual se fue revelando en el tiempo hasta confirmar las más amargas certezas.)

El martes 8 de mayo, dos semanas antes de la fecha que titula estos párrafos, un grupo de personas que ocupaban la catedral metropolitana fueron atacadas con armas de guerra por la policía, con saldo de varios muertos que quedaron tendidos sobre las gradas del templo católico. Este hecho dejó en claro una vez más el modus operandi de los cuerpos de seguridad del régimen: cualquier manifestación de protesta iba a ser tratada de la misma forma. A partir de entonces, esa era una verdad ineludible y de conocimiento obligatorio para la dirigencia de los grupos insurgentes, fuesen de la cúpula o de mandos medios.

Por esos días, un grupo de militantes del BPR ocuparon la embajada de Venezuela (colonia Escalón, San Salvador). con fines de protesta política y plantear reivindicaciones sociales. Los miembros del cuerpo diplomático, inicialmente retenidos por los activistas, habían logrado escapar del recinto. A la fecha del martes 22 de mayo, el local tenía cortados los suministros de agua potable y energía eléctrica; además, la sede estaba rodeada por un fuerte dispositivo de seguridad.

Ante tal situación, la dirigencia local del BPR decidió organizar una marcha para romper el cerco policial y extraer a sus compañeros de la embajada. Aunque la actividad fue promovida explícitamente como humanitaria para “llevar agua y alimentos” a los ocupantes, en realidad tenía un propósito militar de rescate.

El hecho es que el BPR, frente de masas de las FPL, mandó a un centenar de manifestantes, la gran mayoría desarmados, prácticamente como grupo de choque contra un cerco policial, a sabiendas de que los agentes del régimen tenían el aval para disparar sus fusiles de guerra G3, en espacio abierto y de manera indiscriminada, con toda la ventaja táctica, sin que necesariamente hubiese provocación de por medio.

En última instancia, yo respeto el compromiso que adquirió mi hermana Delfy en ese contexto social y dentro de la disciplina de la organización a la que pertenecía. Lo que no acepto es que aquellos dirigentes hayan enviado a tanta gente a esa misión, conscientes de que no tenían ninguna oportunidad de éxito y sabiendo que lo único que iba a producir eran muertos en las calles.

En lo que a mí concierne, tengo claro que la bala criminal que mató a mi hermana Delfy salió de un fusil de los cuerpos de seguridad del régimen asesino del general Carlos Humberto Romero; pero también sé que la planificación y el diseño culposo que la colocaron fatalmente en la trayectoria de una bala que todos sabían iba a ser disparada, fueron responsabilidad de la dirigencia de las FPL, a través de sus frentes de masas BPR y FUR-30.

Aquella institucionalidad

Publicado en Diario El Salvador

Desde hace algún tiempo viene sonando repetidamente, en ciertos círculos académicos y periodísticos de la oposición nacional e internacional, un discurso de preocupación y lamento por los conceptos “democracia” e “institucionalidad”, a partir de la premisa que bajo el gobierno de Nayib Bukele estos bienes sociales se estarían perdiendo progresivamente, hasta llegar a un punto de no retorno que los más tozudos califican como “dictadura”.

Puesto que dicho razonamiento ha chocado frontalmente con la realidad electoral de un fuerte apoyo popular a la gestión del mandatario, estos mismos intelectuales han formulado entonces la tesis que, ante la insoportable situación a la que se llegó bajo el reino de las pandillas, el pueblo salvadoreño acabó sacrificando la democracia y su institucionalidad a cambio de la sensación de seguridad.

Tal razonamiento es una falacia y un engaño histórico, porque presupone la existencia real de aquella institucionalidad democrática como esencialmente buena, desvinculándola de su realidad concreta, en la cual hubo un grave deterioro de la seguridad ciudadana precisamente como efecto directo de esa misma institucionalidad.

Es necesario entender que la supuesta democracia de la posguerra fue, en realidad, una partidocracia en la que las dos fuerzas beligerantes, convertidas en instituciones electorales de derecha e izquierda, ganaron la capacidad de bloquearse mutuamente, no para velar por los intereses populares sino para repartirse beneficios y prebendas en negociaciones oscuras con métodos nefastos. En estas prácticas concurrieron otros partidos políticos que, con mayor o menor descaro, asumieron cínicamente el rol de mercenarios, con la excusa de darle gobernabilidad al país, a cambio de pingües beneficios personales.

Como consecuencia de aquel estado de cosas, la falta de atención e interés de aquella institucionalidad para resolver los crecientes problemas de la población, particularmente durante los dos primeros gobiernos de Arena, facilitó enormemente la proliferación de las pandillas, que encontraron su caldo de cultivo en la marginalidad socioeconómica de amplios sectores de la población. Luego, cuando el problema ya fue imposible de ignorar, los dos siguientes gobernantes en turno lanzaron políticas propagandísticas de mano dura y súper dura, pero sin más plan que intervenciones mediáticas y esporádicas carentes de continuidad.

Después vino el primer gobierno del FMLN, que no solo se acobardó ante el desafío de la criminalidad organizada, sino que literalmente se arrodilló ante ella, implementando una tregua que vino a empoderar y convertir en actores políticos a quienes tanto daño estaban causando al país. El segundo gobierno del partido rojiblanco aparentemente intentó dar marcha atrás en esto, al menos a nivel de discurso, pero durante su gestión se tuvieron las cifras más espeluznantes y desesperanzadoras de asesinatos. Todo lo anterior ocurrió, no se olvide nunca, bajo las instancias ejecutivas, legislativas y judiciales de un estado fallido.

Lo que nunca entendieron los gestores y defensores de aquella institucionalidad es que, para combatir a organizaciones criminales de ese nivel, se necesitaba de la acción coordinada y unitaria de los tres órganos del estado, con leyes especiales y procedimientos excepcionales acordes a la lógica y la realidad operativa de dichos grupos, tal como ha quedado demostrado en la praxis.

En esta línea de pensamiento, bien puede afirmarse lo siguiente: no es que hoy se haya perdido la institucionalidad democrática, sino que esta se ha alineado en la misma dirección por mandato del soberano, que es el pueblo, para comenzar a resolver los grandes problemas históricos de los que nunca se ocupó esa decadente clase política que todavía ocupa el espacio de la oposición, si bien cada vez más desintegrada. Esta realidad es la que ha entendido la gente, incluso la más sencilla, y esta es la explicación de las decisiones electorales que han llevado al segundo mandato del presidente Bukele.

El uso del poder

Publicado en Diario El Salvador

La reforma del artículo 248 de nuestra Constitución —aprobada por la Asamblea Legislativa anterior para ser ratificada por la presente, de acuerdo al procedimiento establecido en su mismo texto— ha ocupado la agenda de los diversos espacios de opinión ciudadana, con justa razón debido a la trascendencia que tiene dicho acto legislativo. Esta reforma crea la posibilidad de que cualquier cambio en el texto de la Carta Magna pueda ser hecho realidad dentro del periodo de la misma legislatura que lo aprobó en primera instancia, toda vez concurran las tres cuartas partes de los votos favorables en su ratificación (es decir, no menos de 45 de 60 diputados, lo cual representa una fuerte legitimidad). En términos muy sencillos, significa que la bancada de Nuevas Ideas puede implementar las reformas constitucionales que estime convenientes en este mismo periodo legislativo, sin tener que esperar hasta 2027 para que la siguiente Asamblea las valide con mayoría calificada.

Un primer elemento para analizar —en el que todos los sectores políticos seguramente están de acuerdo, por ser evidente— es que esta llave recién creada representa un gran poder, de una magnitud que no se había visto en décadas en la historia del país. La diferencia es que, en esta ocasión, dicho poder no es arbitrario sino que proviene del pueblo a través del mecanismo establecido por la democracia representativa: el voto. Ciertamente, el proyecto político del presidente Nayib Bukele y su bancada legislativa ha recibido el respaldo popular en sucesivos eventos electorales, siendo además algo sostenido en el tiempo y de carácter abrumador, dados los números absolutos y relativos. Esta afirmación, dicha con la serenidad que impone la realidad, es clave para entender lo que viene.

Ante tal panorama, surge en la ciudadanía la inquietud natural, racional y emotiva a la vez, de para qué va a usarse un poder así de grande, emanado del soberano. Una primera reacción puede ser invocar el conocido axioma filosófico según el cual el poder es algo negativo por sí mismo, conduciendo a la opresión y posibilitando males endémicos, como la corrupción de quienes lo ejercen. Esta postura es históricamente comprensible, dado el modo como se condujeron los destinos de la nación durante casi dos siglos, pero claramente no es la única posibilidad de conceptualizarlo y ejercerlo: usado correctamente, el poder es una herramienta adecuada para resolver los grandes problemas de la gente, impulsando así el cambio social a través de un liderazgo efectivo y eficiente.

Es desde esta última perspectiva que se debe entender ese acto de confianza realizado por la población, al revalidar de manera consciente el mandato del presidente por un periodo más y ampliarle su mayoría en la Asamblea. Las victorias electorales logradas por el ejecutivo y su complemento legislativo, que han posibilitado la actual correlación de fuerzas para implementar reformas constitucionales de manera inmediata, tienen su base principalmente en el uso que le han dado al poder para combatir el terrible flagelo de las pandillas criminales, enquistado en todas las capas sociales.

La lógica más elemental indica que, si el poder así usado logró enfrentar exitosamente un problema ante el cual otros pactaron y se arrodillaron miserablemente, entonces tiene sentido esperar que el poder del soberano, delegado en esas mismas personas, pueda ir resolviendo otros desafíos mayores, como la exclusión social, cultural y económica.

Por supuesto, ese proceso implica riesgos; por eso, el camino de los cambios tendrá que ser vigilado por la población, quien deberá permanecer atenta para prevenir y señalar las fallas, cuando sea preciso hacerlo, usando las maneras y recursos pertinentes, pues en esa constante interacción entre electores y funcionarios está la mayor garantía para alcanzar las grandes metas nacionales.

Citar a Monseñor Romero

Publicado en Diario El Salvador

En la historia de la humanidad, podemos reconocer a personajes que son considerados como fuentes de autoridad y referencias axiológicas por varias razones. De ellos, es común citar alguna frase o discurso para reforzar la propia postura o refutar la ajena en el debate social. Este recurso se basa en el reconocimiento del peso histórico, la importancia y sobre todo la integridad de dichas personas.

El uso de la cita de autoridad, no obstante, debe apegarse a ciertos requerimientos para cumplir su propósito argumentativo y, sobre todo, para respetar el correcto sentido de lo que dijo la figura venerada. Para ello, hay que entender el contexto histórico en el que dicha persona vivió, sus limitaciones y conflictos, en qué sentido y para quiénes pronunció tales palabras. Esto es imprescindible para evitar hacer una extrapolación indebida, extendiendo la validez de una afirmación más allá de su alcance original al aplicarla a una situación que no es pertinente, instrumentalizándola para que se ajuste a una agenda particular.

En nuestro país, tenemos a Monseñor Romero como fuente de citas y frases célebres, por ser una de las tres figuras históricas más relevantes, queridas y admiradas por la población, proclamado santo de la Iglesia Católica en 2018. Desde antes de su asesinato en 1980, ya era tenido como referente por la gente más humilde, aunque al mismo tiempo era odiado por los sectores más recalcitrantes de la derecha política y siempre fue visto con desconfianza por la guerrilla insurgente.

Una vez consumado su magnicidio —producto de una infame conspiración derechista— fue la izquierda armada quien comenzó a manipular la figura del mártir, para asociarlo con aquella pretendida revolución de corte marxista-leninista, poniéndolo en todo tipo de pancartas e incluso canciones emblemáticas (“Monseñor, tu verdad nos hace marchar a la victoria final”). Por otra parte y décadas después, cuando los herederos ideológicos del difunto mayor D’Aubuisson vieron que era políticamente incorrecto referirse en malos términos al amado pastor, la derecha civilizada lanzó a través de sus aparatos mediáticos una versión light de San Óscar Arnulfo, presentándolo a lo más como un anciano dulce, inofensivo y piadoso.

Actualmente, no faltan personas e instituciones que siguen tratando de instrumentalizar su voz, citando y trasladando al presente —de manera simplista y mecánica— frases suyas que fueron dichas en un contexto esencialmente diferente, para sujetos distintos y con intenciones que no son las que dichos activistas convenientemente le quieren atribuir.

Si de citar a Monseñor Romero se trata, en algo no hay que confundirse: él siempre defendió a las víctimas y nunca a los victimarios. En los años 70, los principales perpetradores de las vejaciones eran el ejército y los antiguos cuerpos de seguridad, por eso se dirigió a ellos para exigirles el cese de la brutal represión política. Durante la guerra civil de los 80, sin duda les habría hablado en términos igualmente fuertes a ambos bandos combatientes, por ser ellos los principales propiciadores de dolor y muerte. Pero a partir de los 90, quienes fueron sometiendo progresivamente a la gente a todo tipo de sufrimientos hasta llegar a los más abominables actos de crueldad fueron las innombrables bandas del crimen organizado, autores de una masacre lenta e implacable, sostenida en el tiempo, de aproximadamente 100,000 asesinatos en los 30 años posteriores. Siendo fiel a su esencia, seguramente Monseñor Romero los habría encarado a ellos para reclamarles que “son de nuestro mismo pueblo” y “matan a sus mismos hermanos”, recalcándoles que “ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios, que dice ¡no matar!" Y aunque esa intercesión también le hubiera costado la vida, Monseñor Romero la habría hecho con valentía por amor a su pueblo.

Calenturas ajenas y política exterior

Publicado en ContraPunto

No todo lo que dice la sabiduría popular es sabio, porque los tiempos y las ideologías cambian, y lo que una vez fue incuestionablemente cierto puede haber quedado obsoleto; sin embargo, en la tradición oral hay ocasiones en que se hallan auténticas cápsulas de inteligencia emocional (interpersonal y, en ese sentido, políticas), condensadas como pequeños consejos que son ciertamente iluminadores.

Tal es el caso de la recomendación ancestral de las abuelas: “no andés sudando calenturas ajenas”, en referencia a la inconveniencia de tomar partido en pleitos de terceros, especialmente si el asunto objetivamente no nos incumbe; o si, al meter mano, existe la alta probabilidad de acarrearnos consecuencias negativas.

El mencionado axioma bien podría aplicarse para definir lo que parece ser la política exterior del gobierno de Nayib Bukele, en cuanto a no tomar partido, vía declaraciones oficiales, en conflictos que aquejan a otros países, tanto de la región como del otro lado del mundo. Así se entendería, por ejemplo, que El Salvador no emitiera postura oficial acerca de la guerra entre Rusia y Ucrania, pese a las presiones diplomáticas existentes. Otro caso candente donde hasta hoy se ha guardado silencio es sobre la actual crisis diplomática entre Ecuador y México, originada por la captura del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, convicto pero refugiado en la embajada mexicana en Quito. De la misma forma, este principio de fondo explicaría que El Salvador se haya abstenido de adherirse a pronunciamientos sobre temas de inestabilidad política interna, tanto en países vecinos y sudamericanos.

Cabe acotar que, en esta política de observación pasiva, definitivamente no entran los cruces de declaraciones de Bukele con mandatarios foráneos (Boric y Petro, por ejemplo), así como ciertos comentarios indirectos y alusiones sobre temas de política interna en los Estados Unidos (participación en la CPAC incluida); pues en todos estos casos fueron ellos quienes iniciaron las menciones directas y, en este ámbito, cualquier intercambio de dimes y diretes no es sino una respuesta en los mismos términos (técnicamente, calentura propia y no ajena). Tampoco hay que meter en el mismo saco las posibilidades de colaboración que El Salvador pueda aportar, a partir de su experiencia y si así se lo piden, en la construcción de soluciones que los gobernantes de otras naciones estén implementando en sus propios países, especialmente en el tema de seguridad pública, si estos lo solicitan.

Acerca de la conveniencia o no de aplicar la aludida máxima ancestral (no meter las narices donde no nos corresponde), puede haber mucho debate. Para unos, podría poner en peligro ciertas alianzas estratégicas con los países que presionan por obtener un respaldo o declaración acorde a sus intereses (más de un funcionario europeo mencionó que ellos “recordarán” a aquellos países que no se plegaron a la posición de la OTAN frente a Putin); para otros, en cambio, esta manera de no azuzar la leña en otros lugares puede favorecer una mayor amplitud en las relaciones internacionales, las cuales necesariamente se ven restringidas al alinearse a un solo bloque político o ideológico. Otra posible ventaja añadida que se podría esperar es reciprocidad en cuanto a no meterse en nuestros asuntos internos y evitar posibles expresiones de censura, especialmente porque la figura y el estilo peculiar de gobernar de Nayib Bukele han estado en la mira del establishment.

Lo cierto es que solo el tiempo revelará los frutos de esta manera de conducir las relaciones internacionales del país. De momento, hay que reconocer buena dosis de valentía al tomar ese riesgo y, en ello, recuperar algo de la soberanía nacional que se perdió en décadas anteriores… al menos en cuanto a declaraciones internacionales respecta.

De partidos y favores

Publicado en La Noticia SV

Todos los partidos políticos son instrumentos para acceder al poder, esto es una verdad tan simple como contundente; de ahí que todas las personas o grupos que simpatizan con ellos —se afilian, hacen activismo o los dirigen— siempre tienen algún interés que, según su criterio, puede ser defendido o materializado a través de estos. La naturaleza de los intereses que motivan la militancia política es muy variada: pueden ser desde los más nobles hasta los más pedestres, colectivos o individuales, objetivos o subjetivos, ocultos o confesados; lo cierto es que nadie está en un partido político sólo por amor al arte.

A partir de lo anterior (no por obvio menos verdadero), hay que entender que en la construcción y gestión de un partido político intervienen muchísimas personas en todos los niveles, cada una de las cuales tiene intereses propios que debe compaginar y equilibrar con otros tantos intereses ajenos, en una relación quid pro quo. De ahí que estas instituciones descansen sobre un complejo andamiaje de lealtades y recompensas, o lo que es lo mismo, pago de favores. Quien crea que estas congregaciones funcionan por puro altruismo, peca de mucha ingenuidad.

Por supuesto, la administración de estas estructuras político-partidarias requiere de mucha sabiduría, a fin de mantener cierto sentido de justicia entre sus militantes, en lo tocante a los beneficios mencionados; pero también exige del mayor apego posible a criterios superiores de honestidad y eficiencia, cuando lo que se da afecta a personas más allá del ámbito partidario (entiéndase, la administración pública).

Aterrizando el tema en la actualidad política nacional, llama la atención una fuerte polémica alrededor del partido Nuevas Ideas, visibilizada en redes sociales por algunos de sus miembros y simpatizantes (muchos llamados “de criterio propio”) y amplificada por uno de sus estrategas más importantes. Se trata de la aparente confirmación, vía audio filtrado, de que en la Asamblea Legislativa habría plazas laborales o de asesores que fueron asignadas no por competencias profesionales, sino por vínculos familiares con un activista cian residente en el exterior. Obviamente dicha práctica, en caso de resultar cierta la denuncia, tampoco sería cosa nueva sino más bien tradicional, pero precisamente allí está el detalle: que el partido del presidente Bukele no tendría que comportarse como “los mismos de siempre”.

La interrogante esencial, más allá de cómo resuelvan el asunto, es hasta qué punto un partido político en el ejercicio del poder puede existir y manejarse de manera esencialmente distinta a como lo han hecho sus antecesores. Aunque esto esté muy normalizado, está claro que otorgar plazas estatales a cambio de apoyos partidarios es algo muy mal visto por la población, no solo porque destina fondos públicos para beneficios particulares, sino también porque atenta contra la eficiencia del Estado.

Este tema revela un pernicioso hábito, profundamente arraigado en nuestra idiosincrasia, del cual ningún partido político —antiguo o nuevo, grande o pequeño— puede declararse libre de culpa. Tampoco es un problema menor o que no traiga consecuencias, pues los resultados electorales han demostrado que la gente repudia estas prácticas y acaba pasando factura (si no, pregunten a Arena y especialmente al FMLN).

En el plano de lo ideal, en la gestión de Nuevas Ideas tendría que prevalecer el interés superior de una causa, que es la refundación nacional bajo principios orientados al beneficio de la población, servir y no servirse del poder, en donde quienes se adhieran a este proyecto lo hagan por convicción y no por dádivas. Pero el mundo real es otra cosa, cinismo aparte. La pregunta clave es si Nuevas Ideas tendrá la inteligencia política suficiente para encontrar un equilibrio práctico entre los apoyos que reciba y las gracias que devuelva, sin deteriorar gravemente su imagen ante la población, previniendo y suprimiendo a tiempo situaciones como la apuntada, que pueden caer en el terreno de lo escandaloso.

Éxito ampliado

Ha concluido una edición más del Certamen de Debate Intercolegial, organizado por la ESEN, en el cual participó este nuevo equipo Perico del Colegio Externado de San José, bajo mi tutela. La institución ha estado presente desde la primera vez en 2009, pero el agitado ejercicio de acompañamiento y coaching lo vengo realizando hace ocho ediciones, con resultados educativos bastante satisfactorios y una pequeña colección de logros acreditados (4 bronces, 1 plata, 2 oros y cosas aún por contar).

En esta ocasión, nos correspondió el tercer lugar. Si bien nos quedó la sensación de que pudo ser para más, en el transcurso del tiempo hemos aprendido a respetar la diversidad de criterios de los jueces, por lo que —atendiendo al puro resultado— nos declaramos satisfechos.

Mi logro personal más disciplinado (como docente rumbo a la jubilación) lo ubico en otra área, que es la progresiva autonomía de mis estudiantes. Me explico: a veces, en la urgencia competitiva, uno tiende a tener demasiado protagonismo en la construcción del caso a debatir, lo cual puede llegar a quitarles espacio de desarrollo a los y las jóvenes, aparte de significar una importante carga de estrés para mi propia humanidad. En esta ocasión, creo haber logrado avanzar un paso más en la dirección correcta, permitiéndoles saber y sentir que la tarea ha sido principalmente de ellos y entendiendo que el galardón es merced a sus virtudes.

Agradezco mucho a Gabriela Castro y Adriana Hernández, sólidas argumentadoras principales; Lara Lemus, elegante oradora; y Rafael Iraheta, diligente miembro suplente y ojo crítico interno; así como a nuestros apoyos Gabriel Palomo, inspirado redactor; y Samadhi Ayala, combativa asesora.

¡Felicitaciones y muchos éxitos en sus vidas!

Apuntes para una oposición sana

Publicado en Diario El Salvador

Han concluido las elecciones y es momento de preguntarse sobre la viabilidad de la oposición política de cara a los próximos años, viendo el amplio respaldo popular a la gestión del presidente Nayib Bukele y su bancada legislativa, la reconfiguración de los municipios entre Nuevas Ideas y el conjunto de partidos alternativos pero aliados, la confirmación de la caída sostenida de los otrora grandes institutos políticos Arena y FMLN y, finalmente, el poco o nulo impacto de los partidos opositores emergentes.

Un primer elemento imprescindible para considerar es que, teóricamente y en una sociedad democrática, la oposición política es necesaria, entendida esta como la contraparte argumentativa que desde su óptica puede notar fallos y áreas de mejora del gobierno, proponiendo iniciativas razonables y honestas orientadas a mejorar la gestión pública en beneficio de la población. Conforme a la anterior definición, y teniendo en cuenta discursos y acciones concretas, está claro que la actual oposición ha estado muy lejos de este ideal y, por el contrario, se ha esmerado en decir que no prácticamente a todo y a toda costa, como un infantil capricho. De ahí que cualquier oposición que pretenda ser opción elegible, tendría que aspirar a mucho más que ser simples haters.

Ahora bien, aparte de la necesaria madurez y actitud constructiva, la oposición política no será viable mientras siga estando contaminada por partidos y voceros caducos. En este sentido, aunque legalmente hayan cumplido los requisitos para seguir existiendo, los partidos Arena y FMLN deben aceptar que ya concluyeron sus ciclos históricos (con más pena que gloria) y deberían buscar una salida si no digna, al menos humilde y hasta cierto punto elegante, disolviéndose por voluntad propia en sendas asambleas generales, conforme a sus estatutos.

De igual manera, ciertas figuras opositoras con voz pública (llámense analistas, articulistas o influencers en redes sociales) deberían retirarse de la escena política, en un sano ejercicio de autocrítica y por el bien de su propia causa, pues su presencia y exposición solamente atrae el repudio de la gente. Esto no tiene que ver necesariamente con la edad, sino con enfoques y planteamientos, pues de nada sirve que un personaje sea o se vea joven externamente si su retórica es de un pasado muy obsoleto.

Finalmente, es claro que ninguna oposición va a prosperar si pretende revertir políticas y logros concretos de este gobierno, que han sido entendidos y bien aceptados por la población. El mayor de ellos es la política de seguridad pública, la cual ha aliviado grandemente la espantosa situación de angustia y terror pandilleril a la que el pueblo se vio sometido durante las décadas anteriores. Claro que esta política no ha sido perfecta, pues ha tenido algunos errores procedimentales y costos humanos no intencionales; sin embargo, el discurso opositor nunca fue hacer sugerencias para mejorarla, sino ir con todo en contra de ella para eliminarla. De esa forma, la misma oposición validó la percepción generalizada de que solo iban tras los votos de los afectados para recuperar su anterior estatus, además de seguir una agenda ideológica objetivamente dañina. En términos sencillos, cualquier futura oposición tiene que entender, como imperativo categórico, que los logros en seguridad no se tocan.

En este ejercicio de pensamiento, no se trata de diseñar una oposición a la medida del gobierno, sino de proyectar una gestión opositora propositiva que le convenga al país, a fin de que todos los sectores sean capaces de aportar y sumar esfuerzos, a diferencia de aquella mezquina tradición política de bloqueos, obstrucciones y prebendas mutuas a la que nadie sensato quiere volver.