Mercenarios del deporte

El diccionario de la RAE, en su estricto afán de objetividad, define a un mercenario como un soldado “que por estipendio (paga o remuneración) sirve en la guerra a un poder extranjero”, aunque curiosamente la segunda acepción es “que percibe un salario por su trabajo o una paga por sus servicios”, (según la cual, técnicamente, todos los que tenemos un empleo remunerado lo somos).

La primera vez que escuché esa palabra fue a los cinco años de edad en el programa de televisión “Titanes en el ring”, en donde luchaba “el soldado apátrida”, el Mercenario Joe. Por aquella época no tenía la menor idea de su significado, pero la caracterización escénica del personaje correspondía al bando rudo, o sea, “de los malos”. Las demás connotaciones negativas las fui asimilando no sólo a partir de películas y teleseries, sino y sobre todo en el uso cotidiano del término, el cual contiene la consabida caracterización social: que el mercenario es un tipo sin valores, sin más lealtad que la que el dinero puede comprar, que se vende al mejor postor y en el cual obviamente no se puede confiar. Así pues, me quedó claro que el término “mercenario” está impregnado de significados e implicaciones de orden ético y, en la práctica, es peyorativo.

Al ocuparme del tema de los mercenarios del deporte y nombrarlos de esa manera no es mi propósito insultar a ningún atleta; sin embargo, la realidad lingüística no presenta ninguna otra opción para definir con exactitud la situación de alguien que, por dinero y prestaciones, cambia de bandera en justas deportivas. En este punto, es importantísimo señalar que el orden de los ciertos factores sí altera el producto (como ya lo indiqué en una entrada anterior): no es lo mismo un ciudadano extranjero que por convicción y lazos vitales cambia de nacionalidad y, como parte de su vida en ese nuevo contexto, se le presenta la opción de competir por su país adoptivo; que un ciudadano extranjero a quien prácticamente se le contrata para representar al país y, para que pueda hacerlo, se le nacionaliza.

De estos últimos hemos tenido varios casos, algunos de ellos con la complicidad de la Asamblea Legislativa, que para nacionalizarlos violó la Constitución de la República, pues recordemos que nuestra Carta Magna en su artículo 92, numeral tercero, dice que pueden ser salvadoreños por naturalización “los que por servicios notables prestados a la República obtengan esa calidad del Órgano Legislativo”, siendo evidente que la ley fundamental se refiere a servicios ya prestados, no a los “que se prestarán en el futuro” (como fue el caso de al menos dos futbolistas de la selección nacional que participó en las eliminatorias mundialistas para Francia 1998 y que, pasado aquel momento, volvieron a sus países de origen y no se asomaron más por la Guanaxia tropical).

No es mi punto de discusión si este o aquel mercenario del deporte es alguien capaz, dedicado a su trabajo, campechano, buena gente, camarada o casi hermano (que pudiera ser que lo fuera, como creen quienes lo defienden). Incluso es posible que destine parte de los beneficios aquí obtenidos al noble fin de ayudar a su familia lejana en el país extranjero de donde provino, lo cual quizá hasta legitimaría moralmente su esfuerzo.

El tema central que me interesa plantear, y que parecen haber olvidado los valedores de tales personajes, es mucho más simple, descarnado y desprovisto de sentimentalismos:

¿Hasta cuándo vas a poder contar con sus servicios?

La respuesta es bien sencilla: hasta cuando puedas pagarle y mantener los beneficios que tú o alguien más le ofreció para que se viniera para acá.