Contra monumentos infamantes

Desde hace algunos años existe en las afueras de la capital un redondel bautizado por el Concejo Municipal de Antiguo Cuscatlán con el nombre de Roberto D’aubuisson, rotonda que tiene en su centro un monumento sin arte: cuatro placas de mármol con frases conmemorativas de ese personaje que fuera varias cosas terribles en nuestro país, todas ellas debidamente documentadas y sin lugar a dudas, desde funcionario del departamento oficial de torturas de los regímenes militares de los setentas, hasta líder de los “escuadrones de la muerte” de los tempranos ochentas, pasando por su participación en el magnicidio de Monseñor Romero. Curiosamente, mucha gente cree que allí también hay un busto del tristemente célebre personaje, pero no es así: ni sus mismos partidarios se atrevieron a ponerlo en descampado, porque bien saben lo que ocurriría.

La dimensión conceptual de los crímenes de lesa humanidad en que dicho personaje estuvo involucrado quizá sólo sea superada por la ciega necedad de sus seguidores y seguidoras, quienes se refieren a “El Mayor” con una enfermiza veneración. No cesan de repetir que fue y es su “máximo líder” y siguen vendiendo la falacia de que él es casi como el padre de la democracia en El Salvador. Para esta gente, no hay informe alguno de la Comisión de la Verdad que valga, ni son suficientes los testimonios y evidencias de su participación en los horrendos hechos que se le imputan. Desconocen u olvidan en su fanatizado cerebro los hechos pasados, totalmente comprobables, cuando este individuo aparecía en televisión dando los nombres de los “comunistas” que a la semana siguiente eran ejecutados por los sicarios tomados de los oprobiosos y ya extintos “cuerpos de seguridad” del aquel seudo-estado.

La pleitesía que se rinde a la diestra figura de D’abuisson debería ser rechazada incluso por gente con pensamiento de derecha. Se puede ser contrario al comunismo o al socialismo, se puede defender a la libre empresa y a la propiedad privada, se puede y se debe estar en contra de todas las dictaduras y dictadores, incluidos los de izquierda, pero eso no tiene por qué convertir a alguien en discípulo incondicional de un asesino, ni tiene por qué llevar a los extremos de falseamiento histórico que los cultores y cultoras de “El Mayor” han exhibido durante décadas.

No se descarta que entre sus fans haya quienes sinceramente hayan creído, como en una religión, la torcida versión de la historia nacional en donde ese tipo aparece como el gran defensor de “nuestras libertades”, pero eso no los excusa para rehuir una investigación más objetiva sobre la verdad de las cosas. Ellos incluso podrían argüir, como última defensa razonable, que también hay gente de izquierda que anda poniendo los nombres de sus propios ídolos a calles y plazas, lo cual podría ser igualmente insultante para sus adversarios ideológicos. En este caso, la sensatez y el sentido común llamarían a suprimir este tipo de “homenajes”.

Si la Asamblea Legislativa quisiera hacer algo por la reconciliación, debería reformar o hacer una buena ley para erradicar esta nociva práctica de andar haciendo monumentos y poniendo nombres cuestionables a calles, plazas y lugares públicos. Uno de sus artículos debería prohibir taxativamente homenajear a personajes que hayan estado involucrados en hechos de violencia como los aludidos, sean de uno o de otro bando, cuanto más si se trata de magnicidas y genocidas, como el susodicho o su más famoso antecesor, el General Maximiliano Hernández Martínez.

De no hacerlo así, temamos el florecimiento de plazas, calles, avenidas y parques con más nombres infamantes; y pongámonos a cubierto del creciente intercambio de manifestaciones de protesta y repudio que tengan como propósito la demolición vandálica de dichas abominaciones.